Reficar, la refinería de Cartagena, ha vuelto a ser noticia por una falla eléctrica que frenó su operación unas horas, en medio de rumores de escasez de combustible para aviones. Dicha falla depende de una construcción que se convirtió en el mayor escándalo de corrupción de este siglo, incluso, diez veces mayor al de Odebrecht. A pesar de que sucedió en los gobiernos de Uribe y Santos, ni la plata ni los responsables de cuello blanco han aparecido. 

Por: Redacción Revista RAYA

Esta semana las portadas de los medios corporativos amanecieron con titulares alarmistas sobre un supuesto desabastecimiento de combustible para aviones que, según informaciones imprecisas, obligaría a la cancelación de vuelos en la mayoría de aeropuertos del país, generando una crisis inminente en el sistema de interconexión aérea. Con el pasar de las horas la noticia mutó y dejó ver un cruce de versiones contradictorias entre la empresa Terpel (una de las mayores distribuidoras de combustibles en el país), la estatal Ecopetrol y el Ministerio de Minas. Sin embargo, a pesar de esa explosión de noticias, hasta el momento no se han cancelado los vuelos en masa como se vaticinó. En un mensaje oficial, la Aeronáutica Civil anunció medidas y sanciones para las aerolíneas que cancelen vuelos sin justificación. Avianca y Latam, las mayores operadoras en el país, informaron que ninguno de sus vuelos sería cancelado y la operación seguirá con normalidad.

Según el Ministro de Minas, Andrés Camacho, no existe ningún problema con la producción de combustible JET A1, producido por Ecopetrol, aunque se reportó una falla eléctrica en la Refinería de Cartagena, más conocida como Reficar, subsidiaria de Ecopetrol que produce una quinta parte del combustible del país. “Hemos solicitado una investigación sobre el diseño y la construcción de Reficar”, aseguró Camacho el pasado 27 de agosto, y se preguntó: “¿cómo es posible que tenga un fallo estructural una refinería que es la más moderna del país, después de todos estos años y costos que ha tenido su construcción?”

Una vieja historia de corrupción

La modernización de Reficar fue licitada durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe con el argumento de que Colombia no podía depender únicamente de la refinería de Barrancabermeja y la antigua refinería de Cartagena, pues un fallo en alguna de ellas amenazaría el suministro de combustible para el país. Desde hace dos décadas, el proyecto es noticia por los problemas en su planeación y ejecución, que la convirtieron, según varias investigaciones periodísticas, en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. 

El balance de la Fiscalía es aterrador y decepcionante. Preocupante por las dimensiones del desfalco, decepcionante porque la justicia no ha llegado a los máximos responsables. Un documento oficial de la entidad, fechado en 2017, habla de que las investigaciones encontraron giros de dinero sin soporte en el contrato de construcción de la refinería que superaron  los 600.000 millones de pesos en 2016. La cifra de dinero oficial que desapareció sólo puede ser comparada con otro gran escándalo de corrupción de los tiempos recientes: Odebrecht. La Fiscalía aseguró en su momento que los sobrecostos de Reficar equivalen a 18 veces el valor del caso Odebrecht, un desfalco incalculable.

Los sobrecostos fueron calculados por la Contraloría General de la República, que comparó el presupuesto inicial de la obra, que era de 3.7 billones de dólares, con el costo final de la construcción, 8 billones de dólares; además del lucro cesante de inversiones que tardaron una década en dar rentabilidad. La empresa contratista Chicago Bridge and Iron (CBI) manejó mal los recursos, incurriendo en gastos no relacionados con la obra, como cenas, fiestas, lujos personales de sus empleados y ejecutivos, incluso, bebidas alcohólicas. En un informe citado por la Fiscalía, de uno de los documentos de auditoría, quedó plasmado ello: “El informe de gastos del Sr. Alan Black (uno de los empleados) incluye los cobros de las bebidas alcohólicas, pero no todos estos cobros para bebidas alcohólicas se descontaron y algunos fueron facturados por CB&I. De acuerdo con la política de reembolso de gastos de viaje de Reficar, las bebidas alcohólicas no son reembolsables”, dice el documento. Y más adelante complementa: “El informe de gastos del Sr. Palomares Raymond (otro ejecutivo) incluye cobro por servicio de SPA, estos servicios no se consideran un gasto adicional de acuerdo con la sección 6.4”.

Las irregularidades fueron sistemáticas. Se pagó por empleados que nunca trabajaron, se subcontrató por pagos duplicados y rubros de mantenimiento de equipos ya contemplados en el contrato inicial. Se acordaron gastos reembolsables sin facturas, ni soportes durante años, sin que nadie controlara estos manejos administrativos. Un caso de megacorrupción que empezó con noticias similares a las que hoy se están conociendo alrededor de los recursos públicos de la salud manejados por la EPS privadas. Un escándalo que se calcula, hasta ahora, en 11 billones de pesos. 

Los responsables del desastre en Reficar

Según el exministro de Hacienda y exdirectivo de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, parte del problema fue la mala planeación de la obra, cuyos diseños fueron modificados sobre la marcha. Sin embargo, esta explicación no permite entender el desastre como parte de un proyecto de privatización de las empresas públicas petroleras por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con Libardo Espitia, el marco legal que permitió el descontrol de Reficar fue el decreto ley 1750 de 2003 que cambió la naturaleza de Ecopetrol a una sociedad por acciones sometida al derecho privado. Además, se promovió que la refinería fuera una empresa subsidiaria, que vendió la mayoría de sus acciones a la multinacional Glencore, que no tenía ninguna experiencia construyendo y operando refinerías.

Glencore luego abandonó el negocio y Ecopetrol tuvo que recomprar su participación en la compañía. El expresidente Uribe reconoció en sus redes sociales que fue un mal negocio: “La salida de Glencore de Reficar le generó un castigo económico. Ecopetrol recompró en el 2009 el 51% de Reficar a Glencore por USD$544 millones, USD$246.5 millones menos que lo pagado por la firma suiza años antes”.

Cuando se destapó el escándalo en el 2016 el presidente Juan Manuel Santos, que ya llevaba seis años gobernando, aseguró que la culpa era de Uribe: En su alocución, Santos aseguró que había que llegar al “fondo del asunto” y que caería “todo el peso de la ley”, insistiendo en que la responsabilidad era de su antecesor: “El origen, el pecado original de todo esto, sucedió en el Gobierno anterior. Eso no tiene que ver con mi Gobierno”, dijo entonces a los medios. 

Esto no era cierto, ya que, aunque el mal diseño y planeación de la obra ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, muchas de las irregularidades en la construcción de Reficar ocurrieron entre 2010 y 2016, durante las dos presidencias de Santos. Fue en ese momento cuando empezó la investigación, que resultó decepcionante. Las responsabilidades políticas y penales se limitaron a la imputación de Orlando Cabrales y Felipe Castilla, condenados a cinco años de cárcel. Ambos fueron presidentes de la compañía.

Media docena de funcionarios menores fueron sancionados por la Contraloría en un proceso de responsabilidad fiscal, mientras que el Estado entabló un pleito jurídico internacional con la empresa contratista Chicago Bridge and Iron (CBI) por las irregularidades mencionadas, pleito que fue fallado a favor del Estado colombiano el año pasado. 

Funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Uribe y Santos, que formaron parte de la junta directiva de Ecopetrol, fueron exonerados y no tuvieron que responder por el desastre. En la lista de funcionarios que pasaron por Reficar y por Ecopetrol en esos años figuran Joaquín Moreno Uribe, Fabio Echeverry Correa y Luis Carlos Villegas; los exministros de Hacienda Mauricio Cárdenas, Amilkar Acosta y Juan Carlos Echeverry, así como decenas de funcionarios de rango menor que fueron vinculados a la investigación de la Contraloría pero salieron bien librados. 

En junio de 2018 un auto de la Contraloría exoneró a los funcionarios del gobierno Santos que aún seguían vinculados al caso. Por ello, muchos analistas y líderes de opinión calificaron el caso Reficar como un decálogo de impunidad, ya que nadie respondió por los sobrecostos y el detrimento económico que le supuso a la Nación. Ahora, cuando han pasado dos décadas del gobierno que concibió el proyecto y una década del gobierno que lo ejecutó, Reficar vuelve a ser noticia por una falla eléctrica “estructural” que, al menos en los titulares, amenazó con dejar sin combustible a los aviones del país. Pero el trasfondo de la historia es más complejo.