Desde 2013, tres juzgados de Medellín solicitaron que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las pruebas que lo vinculan con las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, y con los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza. Sin embargo, a pesar del cúmulo de pruebas y de las repetidas compulsas de copias desde hace 13 años, los expedientes siguen sin una decisión de fondo por la Fiscalía sobre si vincula formalmente a Uribe como lo piden las víctimas o si archiva.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La noticia cayó como un trueno sobre la opinión pública del país. En septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó las primeras copias con las declaraciones de más de treinta paramilitares que salpicaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su rol en la conformación de los grupos de Autodefensa en Antioquia, cuando él fue gobernador de ese departamento entre 1995 y 1997.
El magistrado detrás de la investigación era Rubén Darío Pinilla Cogollo, quien tuvo a su cargo los casos de Justicia y Paz contra los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, la poderosa estructura criminal al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, quien sometió a sangre y fuego al extinto Bloque Metro de las Autodefensas para consolidar su poder en Medellín y buena parte de Antioquia.
Vea la versión de este informe en televisión en el programa Señal Investigativa
Uribe ha atacado al exmagistrado Pinilla desde entonces, llamándolo exguerrillero y “enemigo” suyo desde la adolescencia, pues ambos fueron estudiantes de Derecho en la Universidad de Antioquia a mediados de la década de 1970. Las acusaciones de Uribe hacia Pinilla señalándolo de haber pertenecido a grupos ilegales son falsas y calumniosas, pues el exmagistrado ha trabajado toda su vida en la rama judicial desde que se graduó de abogado en 1980.
El magistrado Pinilla constató de primera mano, con testimonios y documentos, que buena parte de la expansión paramilitar en Antioquia habría sido permitida y auspiciada desde la Gobernación, en cabeza de Álvaro Uribe, con la colaboración decidida del empresario Pedro Juan Moreno Villa, quien fuera su secretario de gobierno y mano derecha. Estos hechos fueron denunciados por el abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo antes de su asesinato.
En la sentencia de Justicia y Paz del Bloque Cacique Nutibara, suscrita por Pinilla, se establece de manera textual que “el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por estos”.
Entre los hechos narrados en la sentencia se profundiza en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, así como en las masacres de El Aro y La Granja en Ituango (Antioquia), cometidas por los paramilitares de Salvatore Mancuso entre 1996 y 1997.
El Tribunal es claro en señalar la posible responsabilidad de la Gobernación de Antioquia de la época en dichos crímenes, insistiendo en que “no parece creíble que esa operación, que duró 10 días e implicó la movilización de una tropa numerosa y la sustracción y movilización por carretera de unas 1.200 cabezas de ganado, contara y dependiera sólo de la cooperación de un teniente y un suboficial. Menos aún si hay evidencia de que la Gobernación al mando de Álvaro Uribe Vélez y el Comando del Batallón Girardot fueron informados de lo que estaba sucediendo en El Aro y del apoyo de un helicóptero del Ejército”.
Tras este recuento de crímenes y hechos que salpican directamente a Álvaro Uribe, el exmagistrado Rubén Darío Pinilla dijo en 2013, justo antes de compulsar copias en su contra para que fuera investigado, que no era “posible estar dentro de una piscina y no mojarse”, en una clara referencia a las conocidas relaciones con la mafia y los paramilitares del entorno más cercano de Uribe, incluyendo a su hermano Santiago, condenado por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre del año pasado por haber delinquido junto al grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.
Uribe ha negado desde los años noventa las acusaciones que lo vinculan directamente a las masacres de Ituango y el asesinato de Jesús María Valle. En 1998, cuando el diario El Colombiano reveló las primeras versiones de la ONG Semillas de Libertad que lo señalaban como posible determinador del asesinato de Valle, el propio Uribe envió una carta a la periodista Ana Mercedes Gómez, directora del Colombiano, asegurando que todo era un ataque contra su honra y su buen nombre:
“Tuvimos una diferencia verbal (con Jesús María Valle), a través de una cadena radial, porque entendí que mi deber era defender la palabra del comandante de la Cuarta Brigada. Lo inaudito es establecer la relación de causa-efecto entre esta diferencia y el asesinato”, escribió entonces el exgobernador y exmandatario.
Pero las evidencias que la justicia ha recopilado en contra del expresidente son tan sólidas y contundentes que otro magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Óscar Bustamante Hernández, volvió a compulsar copias el 24 de septiembre de 2017 para que se lo procese por los mismos crímenes.
Esta vez la compulsa ocurrió tras la condena de los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio, dos ganaderos del municipio de Ituango que fueron hallados culpables de haber colaborado con el Ejército y los paramilitares en la planeación y ejecución de las masacres de El Aro y La Granja. En entrevista con RAYA y Señal Investigativa, la investigadora Nubia Ciro Zuleta describió a los hermanos Angulo como los articuladores de la incursión paramilitar en Ituango, quienes asumieron “el liderazgo, se reunieron con comerciantes del pueblo y asignaron cuotas económicas para garantizar la llegada de los paramilitares”. Ciro Zuleta ha acompañado y trabajado con las víctimas de ambas masacres, El Aro y La Granja.
Los testimonios de los hermanos Angulo y otras pruebas incorporadas al expediente apuntan nuevamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. De hecho, ambos hermanos revelaron en 2025 ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) que los crímenes de los paramilitares en Ituango se habían coordinado con la Gobernación de Antioquia de la época.
La sentencia del Tribunal Superior de Medellín que confirmó el fallo en contra de los hermanos Angulo da como un asunto probado que el asesinato de Jesús María Valle ocurrió por sus denuncias contra el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe.
En el fallo de primera instancia se lee que “frente a la materialidad del homicidio, esta no admite discusión, está plenamente demostrado: la razón del mismo es clara: las denuncias hechas por él de la coparticipación en las masacres de La Granja y El Aro por parte de los grupos paramilitares, el Ejército, la Policía y la misma Gobernación de Antioquia de ese entonces. En vísperas de ese hecho se había agudizado el enfrentamiento del abogado y defensor de derechos humanos con esas personas y autoridades que lo consideraron objetivo militar”.
Finalmente, en octubre de 2025, la jueza Marcela Castro Martínez, del Juzgado Tercero Penal de Medellín, solicitó nuevamente investigar a Álvaro Uribe por su presunto rol en el asesinato de Jesús María Valle. Pero esta vez agregó un nuevo crimen: el del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en Bogotá por integrantes de la banda La Terraza, un crimen que fue confesado por el exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano alias “Don Berna”.
Esta compulsa de copias ocurrió tras la condena al antiguo subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, José Miguel Narváez, hallado responsable de haber instigado el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, plagiada por la banda La Terraza el 21 de mayo de 1999 en Medellín, tras órdenes de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Don Berna.
Vea la investigación completa de Señal Investigativa sobre el secuestro de Piedad Córdoba:
La sentencia contra Narváez también pidió investigar a Santiago, el hermano del expresidente Uribe, condenado el año pasado por haber cometido crímenes junto al grupo paramilitar Los Doce Apóstoles; además, por esos mismos hechos, pide investigar al general Carlos Ospina, antiguo comandante de la Cuarta Brigada en Medellín.
José Miguel Narváez fue un cercano colaborador de Álvaro Uribe durante su presidencia y la justicia ha probado que él trabajaba para los paramilitares por lo menos desde mediados de la década de los noventa, siendo asesor de las Autodefensas. Después Narváez resultaría procesado y sentenciado por múltiples crímenes como el asesinato del periodista Jaime Garzón y el escándalo de chuzadas del DAS que tuvo lugar, precisamente, cuando Uribe fue presidente.
Lea la investigación: Las movidas de Uribe para frenar indagatoria en su contra por masacres
Hasta ahora son tres jueces distintos los que han ordenado que se procese a Álvaro Uribe por su posible responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. También urge investigar el papel que cumplió en la conformación de los grupos paramilitares en Antioquia, cuyos expedientes duermen en los anaqueles de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, quien, como lo revelamos en otra investigación exclusiva, decidió postergar hasta después de las elecciones el llamado a indagatoria que estaba listo contra el expresidente Uribe por estos crímenes.
“La investigación por la masacre de El Aro se quedó engavetada, es una complicidad, es la omisión, para no investigar, hay montones de denuncias de víctimas”, concluye la investigadora y lideresa social Nubia Ciro: “eso solo da para pensar que la Fiscalía prefiere callar para no investigar al expresidente Álvaro Uribe. Cuánto poder tiene él sobre la rama judicial para detener una investigación; más allá de los testimonios, están las denuncias de miles de campesinos y campesinas, y las atrocidades que vivieron”.
