A cuatro meses de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Álvaro Uribe anticipó en X una posible decisión de la Fiscalía sobre el expediente de El Aro, La Granja, San Roque y el asesinato de Jesús María Valle. Según fuentes cercanas al proceso, el llamado a indagatoria estaba proyectado para enero, pero no se produjo tras la ofensiva pública del expresidente que mostró que tenía información interna de la Fiscalía. Luego, Uribe agitó la tesis de persecución electoral y su defensa pidió nuevas pruebas que siguen dilatando el proceso.
Por: Unidad Investigativa de la Revista RAYA
El 28 de enero de este año, el expresidente Álvaro Uribe publicó un críptico mensaje en su cuenta de X. Aludiendo a una supuesta información que le habrían entregado durante sus reuniones políticas en Bogotá, escribió: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”. Sin entregar mayores detalles, dijo que para ello se usarían declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Tres días después, el 31 de enero, profundizó esa información y en otro mensaje en X dejó entrever que tenía información interna de la Fiscalía: “Uribe, en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a Ud, otro dijo que después de elecciones”. Además, agregó que el proceso sería por las masacres de El Aro y La Granja y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, que en su conjunto es uno de los expedientes más graves que ha rodeado al exmandatario desde hace décadas.
Ese mismo 31 de enero, la revista Semana publicó un artículo en el que sostenía que “la Fiscalía está a punto de tomar una decisión de fondo” en el expediente de El Aro y Jesús María Valle. La revista consultó al abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, quien aseguró que no había fundamento para llamar a indagatoria al expresidente por este caso. El artículo también ubicó el expediente en la coyuntura preelectoral y reprodujo la tesis de la defensa según la cual la eventual decisión tendría un interés político contra Uribe.
Casi dos meses después, el 24 de marzo pasado, el abogado Granados presentó ante la Fiscalía una solicitud de práctica de pruebas para alistar su defensa en el marco de ese proceso. Entre otros requerimientos, pedía, por ejemplo, copia del proceso contra Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido testigo clave contra Uribe y su hermano Santiago en relación con sus vínculos con grupos paramilitares. También solicitó los datos biográficos de todos los funcionarios que integraron el esquema de seguridad de Uribe mientras fue gobernador. Según la defensa, esos uniformados serían testigos de todos los movimientos del expresidente y podrían desvirtuar la acusación. Ese requerimiento del abogado Granados también fue filtrado a la revista Semana.
Esas movidas de Uribe y su defensa tenían una razón detrás: la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, que lleva ese proceso, ya habría tenido listo el llamado a indagatoria al expresidente Uribe. Incluso, según conoció RAYA con fuentes cercanas al proceso, ya estaba proyectada una fecha para esa diligencia durante el mes de enero.
El proceso es concretamente por tres masacres: la de San Roque ocurrida en 1996; la de La Granja, también de 1996; y la de El Aro, en octubre de 1997, cometidas cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Y también por el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998.
La votación a la que se refería Uribe en su mensaje del 31 de enero se habría dado en un comité interno de la Fiscalía que evaluó el llamado a indagatoria al expresidente. Según fuentes cercanas al proceso, la información sobre ese comité se filtró, habría terminado en manos de Uribe y desde ese momento él y su defensa empezaron a agitar públicamente la idea de que el llamado a indagatoria se daba para afectar las elecciones presidenciales. En ese contexto, la diligencia no se produjo, y la Fiscalía accedió a la práctica de pruebas solicitada por el abogado Granados.
Consultada sobre ese aplazamiento o ausencia de decisión frente al llamado a indagatoria contra Uribe, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía aseguró que “no es cierto” que se hubiera detenido por la coyuntura electoral y que el proceso continúa en práctica de pruebas. RAYA también contactó a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, pero no hubo respuesta.
El proceso que relaciona al expresidente Uribe con esas tres masacres en Antioquia y el homicidio de Jesús María Valle no apareció en esta coyuntura electoral, sino que data de décadas atrás. Durante años pasó de despacho en despacho de la Fiscalía hasta 2014, cuando Uribe asumió como senador de la República. Entonces, los expedientes en su contra pasaron a la Corte Suprema de Justicia, a cargo del magistrado César Reyes. En ese mismo despacho cursó el caso por fraude procesal y manipulación de testigos que enfrentó a Álvaro Uribe con Iván Cepeda y que terminó con el expresidente condenado en primera instancia y absuelto en segunda, un caso que hoy está en casación.
Cuando Uribe renunció al Senado en agosto de 2020, el expediente por la masacre de El Aro, así como el de fraude procesal, regresó a la Fiscalía General de la Nación. Para ese momento, el ente investigador lo dirigía Francisco Barbosa, amigo personal del entonces presidente Iván Duque y ahijado político de Álvaro Uribe. Durante esa administración, el expediente no avanzó y, por el contrario, uno de los fiscales de Barbosa le recibió a Uribe una versión libre en noviembre de 2023, en la que el expresidente no fue interpelado por los señalamientos de fondo que le han hecho.
Sin embargo, durante el último año el proceso en la Fiscalía ha tomado un nuevo impulso que ahora tiene a Uribe a las puertas de un llamado a indagatoria, que es la vinculación formal al proceso penal, si todo continúa su curso normal.
En el expediente por la masacre de El Aro existen por lo menos dos testigos clave que lo han señalado. Uno es el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien en distintas instancias de la justicia ha sostenido que la masacre se planeó entre la Gobernación de Antioquia, dirigida por Álvaro Uribe, a través de su secretario de Gobierno Pedro Juan Moreno; la cúpula de la IV Brigada del Ejército Nacional y los paramilitares comandados por Carlos Castaño y por él mismo, con el objetivo de rescatar a unos secuestrados que las FARC mantenían en esa zona.
En una entrevista con el periodista Daniel Coronell en junio de 2024, a su regreso a Colombia, Mancuso ratificó esa versión: “El señor Pedro Juan Moreno nos pidió a los comandantes de las autodefensas que por favor organizáramos una operación militar en el área para recuperar esos secuestrados y para ejecutar una operación de castigo contra la guerrilla, una operación en la cual se nos entregó un listado (...) con esa lista en mano ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones”.
Según Mancuso, la lista se la entregó el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, Alfonso Manosalva Fórez. Por esa razón, el ex alto oficial ha sido señalado de participar en la planeación de la masacre a pesar de que su muerte se haya producido en abril de 1997, seis meses antes de que se perpetrara la matanza. En su reemplazo llegó el general Carlos Ospina Ovalle, a quien la justicia también ha pedido hoy investigar.
El otro testigo que señaló a Uribe en varias oportunidades fue Francisco Enrique Villalba Hernández, alias de ‘Cristian Barreto’, uno de los paramilitares que participó directamente en la incursión a El Aro. Su versión coincide con la de Mancuso en que el origen de la masacre fue una alianza entre la Gobernación, la IV Brigada y los paramilitares para rescatar secuestrados en poder de las FARC y atemorizar a la población de esa zona señalada de estar bajo el control guerrillero.
Villalba fue más explícito en situar a Álvaro Uribe en una reunión en la que se habría planeado la masacre. Según él, sucedió en una finca en el corregimiento La Caucana, en el municipio Tarazá, Antioquia. Así lo declaró ante la Fiscalía en febrero de 2008:
Fiscal: “—Indique si en esa incursión de El Aro hubo ayuda o participación de miembros de la fuerza pública:
Villalba: Sí doctor, de la IV Brigada, lo digo porque antes de la masacre hubo una reunión, hubieron retiradas de tropas de los retenes, suspendido los retenes de tropa en la carretera, y una reunión que tuvimos en La Caucana tres días antes de eso y sé que ellos los militares llegaron ahí, llegó ese Manosalva, llegó ese que fue general después, Ospina, también estuvo este, un comandante de la Policía José Serrano, que dijo que habían unos secuestrados arriba, también fue el mayor Parra Niño de la Policía de Sincelejo y un patrullero que vino con él de apellido Acuña, ahí estuvieron unos militares, un teniente de la IV Brigada no recuerdo el apellido, era de la tropa de la IV Brigada que estaba en Puerto Valdivia, una contraguerrilla, estuvo también Santiago Uribe y Álvaro Uribe que era gobernador cuando eso.
—Usted oyó en forma personal hablar a alguno de los hermanos Uribe en aquella reunión de La Caucana?
A Álvaro Uribe, decía recomendaciones, que los secuestrados, que todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos.
—Diga si él se identificó en algún momento o fue presentado como el Gobernador.
Él fue presentado por el señor Mancuso.”
La declaración de Villalba ha sido calificada por Uribe como mentirosa, aduciendo que el testigo situó al general Manosalva en una reunión tres días antes de la masacre, cuando ya había muerto seis meses antes. No obstante, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en noviembre de 2008 Villalba ratificó la reunión de La Caucana y señaló de cómplices a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago. Cinco meses después, en abril de 2009, mientras pagaba su pena en casa por cárcel, fue asesinado por sicarios en la puerta de su casa en el municipio de La Estrella, Antioquia.
Por ahora, la Fiscalía tiene en sus manos decidir si llama a indagatoria o archiva el viejo expediente contra Uribe, por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, el exfiscal Eduardo Montealegre, denunciante del caso, anunció que interpondrá una tutela para que el ente investigador resuelva el caso de fondo o de lo contrario irá a la Corte Penal Internacional (CPI).
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