En 2023, 525 mujeres fueron víctimas de feminicidio. En 2024, la cifra continúa en aumento. Esta aterradora realidad, que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras, afrodescendientes e indígenas, exige medidas contundentes para transformar la estructura patriarcal que la sustenta. Es hora de erradicar el feminicidio y construir una sociedad segura y digna para las mujeres de los pueblos.
Por: Observatorio Feminicidios Colombia del Centro de Conocimientos y Acción política Republicanas Populares.
Cada 8 de marzo las mujeres del planeta nos unimos en un acto de lucha y determinación. Tomamos las calles no solo para expresar nuestras demandas y denunciar las injusticias que aún persisten, sino también para celebrar las luchas ganadas.
Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Las nefastas cifras de empobrecimiento y violencia contra las mujeres y niñas, especialmente las de clase trabajadora, afrodescendientes e indígenas, son un recordatorio constante de la desigualdad que impera en nuestro mundo.
La violencia ha sido utilizada históricamente como un mecanismo para regular y controlar diversos aspectos de la vida. No solo se aplica a nivel individual, sino que también se emplea como un dispositivo para establecer orden en contextos colectivos, comunitarios y grupales. En este sentido, la violencia se configura como una forma de interacción que crea y comunica significados colectivos, regulando así el orden social.
Cuando la violencia se dirige hacia mujeres y niñas, adquiere un significado particular. Nos lleva a cuestionar los propósitos de la violencia patriarcal y su relación con la lucha de las mujeres trabajadoras, empobrecidas, afrodescendientes e indígenas alrededor del mundo.
En Colombia, las mujeres se enfrentan a desafíos únicos y desgarradores. Los feminicidios y transfeminicidios arrebatan vidas y destruyen comunidades enteras. Desde el Observatorio Feminicidios Colombia del Centro de Conocimientos y Acción política Republicanas Populares, utilizamos el activismo de datos y otras estrategias para realizar un seguimiento detallado de estos crímenes.
Nuestros análisis revelan que la violencia feminicida en Colombia es un fenómeno complejo con múltiples causas. Si bien está estrechamente relacionada con la expansión del narcotráfico, las economías criminales y la militarización, también es producto del sistema económico neoliberal.
El control del mercado por parte del sistema económico neoliberal, por encima del poder del Estado, genera condiciones precarias de trabajo y explotación permanente para las mujeres. Esto profundiza las condiciones de empobrecimiento extremo y aumenta las brechas de desigualdad. Cuando estas condiciones se articulan con otras formas de violencia, como el racismo, las desigualdades estructurales que las mujeres han vivido durante siglos se intensifican.
Esta aproximación nos permite identificar patrones recurrentes y comprender la complejidad del feminicidio. Es fundamental abordar la violencia feminicida desde una perspectiva integral que tome en cuenta todas las causas que la generan.
En 2023, Colombia se vio azotada por una ola de feminicidios: 525 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 254 (48%) a manos de hombres armados pertenecientes a bandas criminales. El arma más utilizada fue el arma de fuego, presente en el 54% de los casos (286).
La tendencia se mantiene en 2024. De los 64 feminicidios registrados en enero, 31 (48%) fueron perpetrados por hombres en armas. Un dato especialmente preocupante son las cifras registradas en los departamentos del Atlántico y Magdalena (8 casos cada uno). Los feminicidios están directamente relacionados con la presencia de bandas narco-mafiosas, disputas territoriales y el manejo de economías criminales. En todos estos casos, las mujeres fueron baleadas y ultimadas por sicarios.
Las retaliaciones militares hacia las mujeres, en el contexto de bandas criminales, son una cruda realidad que tiene sus raíces en la dinámica de poder y control que estas estructuras ejercen sobre las comunidades. La perspectiva de Rita Segato, en su obra "La guerra contra las mujeres" (2016), nos ayuda a entender la violencia como un acto simbólico que busca perpetuar la desigualdad y la subordinación de las mujeres, que busca comunicar un mensaje de poder y control.
La obtención de armas como poder simbólico y estructurado dentro de la gramática cultural del patriarcado obedece a la exaltación del guerrero audaz, osado, valiente y viril. Quien posee las armas, obtiene el poder para decidir sobre la vida de otras personas, para someterlas, para adquirir bienestar, respeto y seguridad para sí y para otros asociados a su círculo más íntimo de convivencia- El arma de fuego es un elemento que anula el diálogo, la comprensión, el debate, la búsqueda de salidas frente a un conflicto. Es por ello que, al analizar el uso de las armas de fuego en la violencia feminicida neoliberal, encontramos que no hay posibilidad de diálogo, encuentro o conciliación de los sujetos feminicidas frente a la negación o ruptura del orden patriarcal, demostración de fuerza o poder que exhiben en el cuerpo de las mujeres.
Es importante destacar que no todos los feminicidios son perpetrados por miembros de estructuras criminales. Sin embargo, la cercanía a estas facilita su ejecución, ya que proveen acceso a armas y un contexto de violencia que normaliza la muerte. Adicionalmente, el aumento de la militarización en ciertas zonas del país también incrementa las posibilidades de feminicidio. La presencia de armas y la lógica de guerra crean un ambiente en el que la vida de las mujeres se devalúa y se facilita el control sobre ellas. El uso de armas de fuego y la conexión con estas estructuras criminales evidencian el poder simbólico de las armas en el patriarcado.
En enero de 2024 se observó un aumento en los operativos policiales relacionados con la violencia contra las mujeres. Estos operativos incluyen revisiones de antecedentes, capturas por violencia intrafamiliar, porte de armas, acceso carnal e intento de homicidio.
Feminicidios en espacios públicos
Los datos sobre los lugares donde ocurren los feminicidios son alarmantes. En 2023, más de la mitad (52%) de los casos se registraron en espacios públicos, abiertos y de tránsito. Esta tendencia se mantiene en 2024: en enero, casi la mitad (48%) de los feminicidios se cometieron en lugares públicos, mientras que el 32% se produjeron en espacios privados.
Estas cifras desmontan la idea de que la violencia feminicida se limita al ámbito privado. La realidad es que una gran cantidad de estos crímenes se cometen a la vista de todos, en lugares públicos. La repetición de la violencia en espacios públicos tiene un objetivo claro: imponer el orden patriarcal. A través de estos actos se envía un mensaje contundente: las mujeres, especialmente las trabajadoras, empobrecidas y racializadas como afrodescendientes e indígenas, no tienen derecho a la humanidad, la vida, el respeto, la protección ni el cuidado.
Si bien la violencia feminicida suele asociarse al ámbito privado, a las relaciones afectivas entre la víctima y el victimario, la realidad es mucho más compleja. La mitad de los casos ocurren en espacios públicos, lo que revela una profunda significación. Su perpetración en lugares públicos obedece a la necesidad de mostrar y ejercer poder y control territorial.
Las bandas narco-mafiosas, por ejemplo, utilizan el feminicidio como una herramienta para ratificar su control territorial. Al asesinar mujeres en espacios públicos, estas bandas envían un mensaje claro: tienen el poder sobre la zona, incluso por encima de las autoridades estatales.
Este tipo de violencia tiene un impacto devastador en las comunidades. No solo causa dolor y sufrimiento a las víctimas y sus familias, sino que también crea un clima de terror y miedo que limita la libertad y el desarrollo de las mujeres.
En este 8 de marzo, hacemos un llamado urgente a la acción. Es necesario recordar que los feminicidios y transfeminicidios en Colombia, como en muchos otros países, afectan principalmente a las mujeres trabajadoras, a quienes hoy conmemoramos.
Estos crímenes no son actos “pasionales” ni fortuitos. Son parte de un "paisaje" de violencia que, en muchas ocasiones, se asume como "natural". Es inaceptable que la mayoría de estos feminicidios queden en el silencio y la impunidad.
Desde el 2012 estamos haciendo seguimiento a la violencia feminicida neoliberal y nos hemos encontrado con una institucionalidad (gubernamental municipal, regional y nacional) que ha desatendido nuestros análisis y llamados a crear estrategias para salvar la vida de las mujeres. HOY encontramos voluntad política y disposición por parte del Gobierno Nacional para enfrentar de manera contundente la violencia feminicida neoliberal a través de políticas redistributivas para las mujeres y del enfrentamiento a bandas criminales. Así mismo reconocemos la posición contundente de un presidente que por primera vez en la historia pide disculpas por la acción insuficiente del Estado frente a la prevención de las violencias hacia las mujeres y que se compromete con su erradicación.
