Indígenas y campesinos de Cajibío (Cauca) libran una desigual batalla para recuperar tierras ancestrales en poder de la compañía Smurfit, antes Cartón de Colombia, una multinacional con sede en Irlanda, que acapara casi 70 mil hectáreas en el país. Los choques han terminado en muertos, heridos y amenazas contra las comunidades.
Revista RAYA - Fotografías: Juan Santoyo - Human Conet
El 27 de julio de 2021, apenas unos meses después del estallido social que conmocionó al país, unos 150 campesinos de Cajibío (Cauca) ingresaron con hachas y machetes a despejar una enorme plantación de árboles de pinos de la multinacional Smurfit, también conocida en el país como Cartón de Colombia. En otro predio cercano un grupo de indígenas Nasa y Misak hacían lo propio. Su consigna era clara: no saldrían del lugar hasta lograr una negociación con la empresa, que acapara miles de hectáreas de tierra fértil sembrada con monocultivos forestales que tanto comunidades como ambientalistas la rechazan por sus graves afectaciones al ambiente, la biodiversidad y al tejido social de los lugares en donde echan raíces.
Campesinos recorren uno de los terrenos en disputa en noviembre de 2024. En algunas parcelas ya han cosechado maíz y fríjol. /Fotos: Juan Santoyo
La respuesta del entonces gobierno de Iván Duque ante la protesta fue tan violenta como desproporcionada. Durante una semana indígenas y campesinos soportaron las arremetidas violentas del Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como Esmad, las cuales provocaron, el 2 de agosto de 2021, el asesinato del joven campesino Samir Camayo. Camayo cayó víctima de un disparo con arma de fuego en medio de la represión brutal de la Policía, por ello la misma semana de su asesinato la Procuraduría abrió una investigación preliminar para determinar si los uniformados tuvieron responsabilidad en el crimen, aunque la indagación nunca prosperó.
Este hecho estremeció a la comunidad y provocó una asonada contra la alcaldía de Cajibío dos días más tarde. Desde entonces el repertorio de hechos suele repetirse casi de manera invariable: las comunidades entran a los predios para sembrar alimentos y casi enseguida aparece la Policía, el Ejército o, incluso, los operarios de la multinacional, quienes agreden a los campesinos forzando al desalojo. Después, aparecen panfletos con amenazas contra los líderes, incluso, se han registrado agresiones directas de parte de empleados de la empresa contra los manifestantes. En esta puja, los campesinos completaron tres años mientras intentan una negociación de los predios, por ahora fallida, debido a la voluntad nula de la multinacional.
“Pensamos que las tierras deben volver a las comunidades, es una lucha política y estratégica contra el capitalismo, contra el extractivismo, esta es una lucha más grande que un pedazo de tierra”, aseguró María*, una lideresa local, durante un recorrido que RAYA hizo por la región en el marco de una misión de prensa con la ONG Minga. María precisa que el conflicto con la multinacional se remonta a hace cuatro décadas, cuando Cartón Colombia llegó a la región comprando haciendas y tumbando los últimos relictos de bosque nativo para reemplazarlo por pino.
De hecho, Cajibío ha estado en el foco de los intereses de la multinacional desde hace medio siglo cuando la compañía entendió que le resultaba más rentable sembrar grandes monocultivos forestales en lugar de talar las selvas vírgenes del Pacífico, como lo venía haciendo desde mediados de la década de 1950, para alimentar su enorme planta de producción de papel ubicada en Yumbo, Valle del Cauca.
En 1969 la empresa adquirió los primeros predios con el objetivo de desarrollar plantaciones forestales en la finca Chullipauta, en límites entre Popayán y Cajibío, mientras compraba madera a destajo a contratistas extranjeros en El Tambo y Tacueyó, lo que provocó el primer conflicto por tierras de la multinacional con el Sindicato Agrario de Córdoba y Tierras Blancas, cuyos documentos de denuncia se remontan a 1971. Desde aquellos años los campesinos denunciaron presiones indebidas de la empresa, amenazas y el asesinato en extrañas circunstancias de un aserrador de apellido Villaquirán.
Desde entonces la multinacional no ha parado de acaparar tierras en la región y el país. Datos del Plan de Manejo Forestal de la compañía indican que entre 2021 y 2025 la empresa llegará a las 67.879 hectáreas en tres núcleos de explotación forestal repartidos entre Cauca, Valle, Quindío, Risaralda, Caldas y Antioquia. Tan sólo en Cajibío se estima que la compañía explota más de 3.000 hectáreas, entre propias y arrendadas, sobre terrenos que antes eran bosques nativos o estaban dedicados a la producción de alimentos.
Los habitantes más viejos recuerdan que en Cajibío la mayor expansión de la empresa ocurrió cuando compraron un gran terreno a mediados de los ochenta a un hacendado del pueblo llamado Marco Tulio Bravo. Fue la finca La Primavera en San Gabriel, donde arrasaron la vegetación nativa con obreros traídos desde Buenaventura, pues en esos años la empresa todavía explotaba la selva virgen del puerto más importante del Pacífico gracias a una concesión otorgada por el gobierno en la zona del Bajo Calima.
En esa época, el Movimiento Cívico de Cajibío, aglutinado en torno a las tiendas comunitarias campesinas, acudió a las vías de hecho para impedir la expansión de los monocultivos forestales que desde el primer momento se vieron como una amenaza para la economía campesina de la región. Hubo sabotaje a las plantaciones, quemas y el rechazo generalizado a la presencia de la multinacional en la zona.
“Lo que las comunidades queríamos era que ellos no compraran más tierra, pero eso nunca se cumplió”, aseguran los pobladores. La explicación de los labriegos es simple: el acaparamiento de tierras por parte de la multinacional destruye la economía campesina y de subsistencia del municipio, rompiendo por completo el tejido social. Además, denuncian afectaciones a los cursos de agua y pérdida de biodiversidad: “ni un pajarito se ve en esas pineras”, se queja Jorge, un hombre de rasgos indígenas y mirada firme: “ellos también son desplazados”.
En la memoria de los más viejos persiste un foro municipal de 1992 por la defensa del agua, la tierra y la vida, al que asistieron 1.500 personas para oponerse a las plantaciones de pino. ”Ellos entraron con la excusa de que daban empleo, ponían a los campesinos a pelar la madera”, asegura una lideresa: “instalaron un colegio en la vereda Cenegueta, el Instituto Forestal, y eso sirvió para bajar la tensión que había con las comunidades”, añade.
Los campesinos han intentado por más de veinte años negociar las tierras sin obtener resultados positivos. Ahora solicitaron la creación de un Territorio Campesino Agroalimentario, que aún está en trámite. /Fotos: Juan Santoyo - Human Conet
Actualmente hay tres grandes fincas con monocultivos forestales ocupadas por indígenas o campesinos en la región. Juntas suman casi 1.300 hectáreas que la empresa se niega a vender, proponiendo otras alternativas como donar proyectos productivos individuales para criar gallinas o huertas hidropónicas.
Los líderes comunitarios llegaron hasta las últimas instancias, logrando una reunión con los altos directivos de la multinacional en Irlanda, durante una gira de incidencia por Europa entre agosto y noviembre de este año, apoyada por varias ONGs europeas, sin que aquello hubiera podido destrabar la negociación.
Las propuestas de la empresa no son inocentes, pues siempre van atadas a “emprendimientos” que no requieren tierra para trabajar. Según los líderes de Cajibio, son estrategias que buscan negarle a los locales su derecho al territorio, mientras la empresa extranjera acapara miles de hectáreas con los mejores terrenos que deberían estar sembrados de alimentos. Aunque algunos campesinos e indígenas tienen todavía fincas en la zona, estas son minifundios diminutos que no alcanzan a sustentar un núcleo familiar completo, tal cual lo resumió uno de los campesinos: “las familias crecen, pero las tierras no”.
Por ahora la negociación sigue estancada porque la compañía se niega a ofertar alguna de las fincas para que sea adquirida por el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras, pese a que ello fue una de las peticiones expresas de las comunidades durante los pactos de transformación territorial que se hicieron en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana.
Por ello, los campesinos no están dispuestos a ceder. “Acá la empresa no usa mano de obra, sólo winches [una maquinaria para extraer la madera con cables], al campesino lo tienen jodido”, asegura un anciano que ha participado de las ocupaciones a las fincas: “con esta recuperación no solamente se recupera la tierra, se recupera la tranquilidad, la soberanía alimentaria, la autonomía, ser libres en nuestro territorio”.
En el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana se realizó el pacto para la transformación del territorio en Cajibío y una de las principales peticiones fue “recuperar el territorio” en poder de la multinacional. No obstante, el Estado no ha cumplido con este propósito.
Un contexto de agresiones y amenazas contra la comunidad
La amenaza más grave llegó el 23 de marzo de 2023, después de una reunión que diferentes líderes agrarios e indígenas de Cajibio sostuvieron con delegados de la multinacional para dirimir el conflicto. En el panfleto, firmado con logos y cabezote de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, se amenazaba de muerte a doce líderes campesinos e indígenas del Cauca a quienes se señalaba de ”invadir tierras de propiedad privada, poniendo en zozobra a la población”, asegurando que no se permitirían más afectaciones contra las plantaciones de Smurfit Cartón de Colombia. En sus redes oficiales el Clan del Golfo jamás desmintió la autoría del panfleto, algo que sí ha hecho con otras amenazas falsas que circulan a su nombre en distintas regiones del país.
En el mensaje prometían “retomar el accionar militar contra los que afecten el progreso de este país” y daban un plazo de diez días a los líderes para abandonar la región, rematando con una acusación directa a los campesinos de ser “impulsados” por los grupos guerrilleros.
Varios de los mencionados en la amenaza antes habían sido interlocutores con la empresa, de este modo los campesinos consideraron que las intimidaciones estaban directamente relacionadas con el conflicto. Por esa razón, realizaron una denuncia pública a través del Coordinador Nacional Agrario (CNA), una organización que agrupa decenas de organizaciones agrarias en todo el país.
La multinacional Smurfit respondió un mes más tarde entablando una querella penal ante la Fiscalía, pero no en contra del Clan del Golfo sino que empapelaron a las organizaciones campesinas: “con el objetivo de que se judicialicen a los responsables de esta calumnia”. Y aseguraron que se trataba de “información falsa y malintencionada, que vulnera el buen nombre de la compañía”, según un comunicado replicado por varios medios de comunicación locales.
Con este panfleto el Clan del Golfo amenazó a varios líderes indígenas y campesinos que luchan contra la multinacional Smurfit, antes conocida como Cartón de Colombia
A estas intimidaciones se suman agresiones directas como las sufridas por Esteban*, un joven campesino que fue interceptado por sujetos armados desconocidos cuando recorría una vía rural de la zona, quienes lo obligaron a abandonar el territorio. “No lo queremos ver más por la zona”, le dijeron. José*, un veterano campesino, líder de los paros agrarios de hace una década contra el gobierno de Juan Manuel Santos, asegura que sujetos extraños en camionetas de alta gama han aparecido en su vereda preguntando por él.
Una docena de líderes y lideresas que tienen relación con la lucha por la tierra en Cajibío han tenido que abandonar el Cauca, mientras que otro grupo de campesinos, algunos llegados de municipios distantes y que no han participado de la primera recuperación de tierras, terminaron asentados en una de las fincas, donde han sostenido choques y agresiones en contra de los primeros ocupantes.
Todo este ambiente enrarecido sucede en medio del contexto de deterioro acelerado de la situación humanitaria en el departamento del Cauca, hoy controlado en buena parte por los grupos disidentes y residuales de las extintas FARC en cabeza de Iván Mordisco, quien está dedicado a controlar y regular las rutas del narcotráfico mientras despliega una ofensiva violenta y de exterminio contra el movimiento social en la región.
RAYA contactó por correo electrónico a Nicolás Pombo, encargado forestal de Smurfit quien ha estado al frente de algunas negociaciones con las comunidades, Al cierre de esta edición no había dado respuesta a nuestras consultas.
Los tentáculos de Smurfit en la política colombiana
La historia de la empresa y su trayectoria en el país se ha desarrollado en paralelo con los entresijos del poder. En 1944 un grupo de empresarios paisas y vallunos crearon la compañía Cartón de Colombia, entre ellos, don Manuel Carvajal, cabeza del poderoso Grupo Carvajal, y el empresario John Gómez Restrepo, quien tuvo una larga trayectoria en la política antioqueña como concejal de Medellín, diputado y secretario de Gobierno departamental, senador y representante a la Cámara.
La empresa se asoció desde el comienzo con la Container Corp, una multinacional norteamericana productora de cajas y empaques que luego fue absorbida por el Smurfit Group en 1986. De origen irlandés, al conglomerado Smurfit se le considera la multinacional papelera más grande del mundo con presencia en cuarenta países e ingresos por más de 11 billones de euros en 2023, según reportes de la misma compañía.
Desde el comienzo la empresa ha mantenido buenas relaciones con todos los gobiernos de Colombia durante los últimos ochenta años, siendo evidente la cercanía directa de los altos ejecutivos y dueños de la multinacional con varios Presidentes de la República. La empresa también mantiene lazos con importantes políticos locales en las regiones donde tiene cultivos forestales y ejerce influencia: Cauca y Valle, Antioquia y el Eje Cafetero.
El presidente conservador designado Roberto Urdaneta (1951-1953) inauguró uno de los primeros molinos de la empresa para fabricar papel kraft en 1953. /Fotos: Cartón de Colombia
Izquierda: El General Bernardo Lerma, comandante de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, Gustavo Gómez, gerente de la multinacional en Colombia, y Raúl Orejuela, gobernador liberal designado del Valle del Cauca entre 1974 y 1976. Derecha: Carlos Holguín Sardi, cacique conservador del Valle, junto a monseñor Pedro Rubiano y algunos miembros de la familia Smurfit en un evento de la compañía.
En 1994, cuando la multinacional cumplió medio siglo en Colombia, el presidente César Gaviria condecoró a su propietario Michael Smurfit con la cruz de Boyacá. Derecha: María Cristina de Gómez, Gustavo Gómez (gerente en Colombia), Ana Milena Muñoz de Gaviria, Michael Smurfit, César Gaviria Trujillo, Claudine Smurfit y Alan Smurfit. /Fotos: Presidencia
Altos ejecutivos de Smurfit en el país respaldaron a nombre de la compañía la elección de Álvaro Uribe en 2002. Por otra parte, miembros del Grupo Carvajal como Alfredo Carvajal, antiguo accionista minoritario de la empresa, fueron muy cercanos al expresidente.
En 2004 el presidente Uribe condecoró a Alfredo Carvajal, empresario valluno y ficha de Smurfit Cartón de Colombia, pues fue accionista minoritario de la compañía. /Foto: Presidencia
Además, el ministro de minas de Álvaro Uribe durante su primera Presidencia, llamado por él su “ministro estrella”, el empresario vallecaucano Luis Ernesto Mejía Castro, tras salir del gobierno ocupó un asiento en la junta directiva de Smurfit Cartón de Colombia.
La compañía también tiene tentáculos en las Corporaciones Autónomas de los departamentos, encargadas de preservar el ambiente y la biodiversidad, en los departamentos donde tienen monocultivos forestales. Altos ejecutivos de la empresa aparecen en fotos durante eventos sociales con directivos de esas Corporaciones, lo que constituye un posible conflicto de intereses, pues las corporaciones son las entidades encargadas de vigilar que se cumpla la normatividad ambiental.
El empresario Henry Eder (exalcalde y antiguo director de la Corporación Autónoma del Valle, padre del actual alcalde de Cali, Alejandro Eder), Nicolás Pombo, director forestal de Smurfit, y a la derecha Rubén Darío Materón, director de la Corporación Autónoma del Valle, entidad que en teoría debe vigilar que Smurfit cumpla la normatividad ambiental. Foto tomada en 2019, durante una condecoración que el gobierno de Iván Duque otorgó a la multinacional.
Eso podría explicar por qué a pesar de las reiteradas denuncias de comunidades y ambientalistas sobre presuntos hechos irregulares cometidos por la compañía, como la tala no autorizada de vegetación nativa, las quemas de rastrojos y barbechos o los daños a fuentes hídricas, ésta siempre sale bien librada ante las Corporaciones Autónomas Ambientales, que no suelen imponer multas o sanciones contra la multinacional.
Tribunales como el Consejo de Estado han condenado a la empresa por graves irregularidades ambientales después de largos pleitos originados en denuncias interpuestas por las comunidades frente a la inacción de las Corporaciones Autónomas. Uno de estos litigios terminó con un fallo a favor de una comunidad indígena en Sotará (Cauca) tras constatar los daños que los monocultivos forestales de la multinacional provocan a varios afluentes de la región.
*Los nombres de las fuentes fueron cambiados por seguridad.
