Detrás de los expedientes que llevaron al Consejo de Estado a declarar la suspensión del decreto, figuran líderes gremiales como Jaime Alberto Cabal de Fenalco, concejales y dirigentes del Centro Democrático, candidatos al Congreso y reconocidos abogados y lobbistas de grandes empresas, quienes han impulsado el hundimiento en el Congreso de reformas como la laboral. RAYA identificó lo que representan las personas que demandaron para tumbar el “salario mínimo vital”.
Por: María F. Padilla Quevedo y Tatiana Portela
Fueron 16 las demandas que frenaron provisionalmente el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro, a finales de 2025, aumentó el salario mínimo a dos millones de pesos y lo presentó como “salario mínimo vital”. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, el magistrado del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo, declaró la suspensión temporal del decreto al considerar, según él, que su expedición desconoció parámetros técnicos: la inflación, la productividad y el comportamiento económico del país. Aunque el decreto expedido por el Gobierno sí menciona estos aspectos, el auto cuestiona la forma en la que fueron integrados y sustentados. El Gobierno incluyó un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que presenta el “salario mínimo vital” como una medida para “eliminar salarios excesivamente bajos y promover el trabajo decente”.
La decisión se tomó esta semana mientras el alto tribunal adopta una determinación de fondo y dicta la sentencia sobre la legalidad del decreto. Pero más allá del debate técnico jurídico, ¿quiénes son los políticos y abogados que quieren tumbar el salario mínimo vital? Se trata de líderes gremiales, políticos de derecha y abogados de grandes empresas en pleitos contra sindicatos que han actuado en detrimento de los derechos laborales de la clase trabajadora. Sin embargo, cualquier ciudadano podría interponer algún recurso de súplica o tutela para revertir esa decisión.
Uno de los líderes gremiales es Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Se ha declarado el gran opositor del decreto de aumento al salario desde que el presidente Gustavo Petro lo anunció en diciembre de 2025. Cabal lidera un gremio con más de 15 mil afiliados, entre grandes empresas como Alpina y Nutresa, hasta pequeños comerciantes y tenderos. Desde que fue elegido en septiembre de 2019 como presidente de Fenalco, se ha consolidado como uno de los dirigentes más influyentes y polémicos del país. Aunque Fenalco suele tener asiento en la concertación, esta vez el gremio no asistió a la mesa de negociación citada por el Gobierno en diciembre pasado, antes de que el Ejecutivo fijara el salario por decreto.
El principal argumento de Cabal es que el aumento del salario mínimo vital “afectaría” a los trabajadores porque, según él, se perderían “772.340 empleos y se cerrarían innumerables mipymes”. “El presidente es mentiroso y engaña a los colombianos para hacer política. Es pan de hoy y hambre para mañana", afirmó en su momento a los medios de comunicación. Por eso solicitó la suspensión de la medida. Bajo el supuesto de que no “obedecía a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino básicamente a arbitrariedad y a una improvisación”, como aseguró en un video en respaldo a la demanda que instauró en el Consejo de Estado.
Esta no es la primera vez que Cabal se opone a las medidas que el Gobierno ha defendido como prioritarias para beneficiar a millones de colombianos, bajo la premisa de que busca el bienestar de los trabajadores y de los pequeños empresarios. El caso más representativo fue la reforma laboral, a la que señaló de destruir el empleo en el país. “Lo peor que le ha pasado al país es la reforma laboral”, dijo en una entrevista con Bocas. Incluso, felicitó a los congresistas conservadores, del Centro Democrático, Liberal y Colombia Justa Libres, quienes hundieron en su momento la iniciativa del ejecutivo.
Le interesaría leer: Los cuestionamientos que rodean a los senadores que pretenden hundir la reforma laboral
Aunque Cabal no es un político de carrera, su influencia y acciones lo ubican en la extrema derecha frente al tema económico. Es ingeniero y economista, proveniente de una familia empresarial del Valle del Cauca, ha mezclado su profesión con la política electoral. Inició su carrera en el Banco Mundial en Washington y ha alternado roles en el sector privado y público: fue presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), y del Consejo Gremial Nacional. Además, fue ministro de Desarrollo Económico durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana Arango. Finalmente, fue embajador en Corea del Sur y Austria en el mandato de Juan Manuel Santos antes de que llegara a la presidencia de Fenalco.
Jaime Alberto Cabal con los alcaldes de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín invitados al Congreso de Fenalco 2025. Foto: @AlejandroChar
Jaime Alberto Cabal y sus conexiones políticas son la radiografía de una organización gremial de lazos fuertes con el uribismo. El 26 de septiembre de 2025, Fenalco celebró el Congreso Nacional de Comerciantes en Medellín. En el evento, recibieron al expresidente Álvaro Uribe Velez entre aplausos y ovaciones hasta que subió al escenario. Un mes atrás, Uribe había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por manipulación de testigos. En la tarima, Cabal lo recibió: “Bienvenido, presidente. Tiene la palabra”.
Los integrantes de la junta nacional y de Antioquia de Fenalco subieron a la tarima junto a Uribe para darle un reconocimiento. “Consideramos que usted ha hecho mucho por Colombia”, le dijo Cabal al expresidente antes de leer el documento en el que resaltaban: “su servicio a la nación, su defensa a la democracia (…) su legado continuará inspirando a Colombia”.
Entrega del reconocimiento por parte de Cabal a Álvaro Uribe durante el Congreso Fenalco 2025.
En la presidencia de Fenalco también han estado: Sabas Pretelt De la Vega, exministro del Interior y de Justicia de Uribe condenado por la “Yidispolítica”, quien fue presidente del gremio entre 1988 y 2003. Guillermo Botero, exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque. Botero salió del gabinete ministerial en medio del escándalo por el bombardeo a un campamento de las disidencias de las extintas Farc, en el que murieron al menos ocho menores de edad.
Al congreso de Fenalco también estuvieron invitados los precandidatos presidenciales de derecha: Paloma Valencia Laserna, del Centro Democrático; Juan Manuel Galán Pachón, del Nuevo Liberalismo; Enrique Peñalosa, del Partido Verde Oxígeno; Juan Daniel Oviedo, del movimiento “Con Toda por Colombia”; la experiodista de la revista Semana Vicky Dávila y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Al lado de ellos estaban: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia del Centro Democrático; Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, quien llegó apoyado por Álvaro Uribe; y Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, respaldado también por partidos de derecha. Los tres han sido férreos opositores al gobierno Petro.
Le interesaría leer: La estrategia política de los empresarios para impedir las movilizaciones a favor de la reforma laboral
Otro de los demandantes para tumbar el salario mínimo vital fue Juan Diego Muñoz Cossio, quien actualmente es candidato al Senado con el número 11 por el partido Creemos. Esta colectividad fue fundada por el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez,pero su base electoral está en el uribismo paisa. Hace una semana, a través de su cuenta de Instagram, hizo pública su demanda contra el aumento del salario argumentando que era una forma de “proteger a la gente” contra “una forma de gobernar de manera irresponsable”. “¿qué prefieren?, ¿recibir hoy 10 pesos, mañana 10 y pasado mañana otros 10, o recibir hoy 100 y mañana nada? Gobernar no es tomar decisiones irresponsables ni asaltar a la gente”, señaló en el video.
Muñoz hizo parte de la estructura electoral de Fico Gutiérrez desde la etapa de recolección de firmas hasta la obtención de la personería jurídica, consolidándose como uno de sus líderes más notorios. En el actual escenario electoral, su partido decidió respaldar la candidatura presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Esta información se hizo oficial el 28 de enero de 2026, en la página oficial del Creemos, en donde el candidato presidencial posa junto a varios integrantes de ese partido, incluido Muñoz Cossio.
Juan Diego Muñoz Cossio en el evento de adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Partido Creemos
En su discurso, Muñoz Cossio ha sostenido una línea crítica frente al Gobierno Petro. Aunque no milita formalmente en otras colectividades, comparte posturas con el Centro Democrático y Cambio Radical, especialmente en asuntos de seguridad, defensa de la empresa privada y oposición a las reformas sociales. Desde esta orilla, se ha opuesto a las mesas de diálogos de paz, y a las reformas laboral, pensional y de salud.
Otro de los protagonistas de la demanda para hundir el salario mínimo vital es el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Luis Guillermo de Jesús Vélez Álvarez. Es economista con doctorado, columnista del diario El Colombiano. Fue elegido cabeza de la lista abierta por decisión directa del expresidente Álvaro Uribe, con quien mantiene una relación de larga data desde la Universidad de Antioquia y a quien ha apoyado públicamente tras la condena de primera instancia contra el exmandatario. Vélez demandó y ha compartido posiciones similares a las de Fenalco.
Luis Guillermo Vélez actualmente hace campaña pública por Paloma Valencia a la Presidencia y Uribe al Senado. Foto: Luis Guillermo Vélez Alvarez
Desde el sector público y privado, Vélez trabajó con Empresas Públicas de Medellín (EPM) entre 2001 y 2006. Además, asesoró como consultor privado el cuestionado megaproyecto Hidroituango en temas regulatorios y financieros. Desde el año pasado, ha promovido la suspensión temporal del salario argumentando falta de sustento jurídico y económico. Tras la decisión del Consejo de Estado, así celebró públicamente en su cuenta de X: “La mayoría de los ciudadanos por lo menos intuye que el aumento del salario mínimo tenía como objetivo comprar consciencias (SIC) para favorecer al heredero, y si nosotros, la oposición, huimos del debate con cobardía, estaremos bajando nuestras banderas en señal de rendición a la ideología intrínsecamente corrupta del socialismo”, aseguró.
Detrás de la demanda contra el salario mínimo también hay antiguas figuras públicas como abogados y economistas con tentáculos dentro del empresariado colombiano. Uno de ellos es Alejandro Linares Cantillo, exmagistrado de la Corte Constitucional entre 2015 y 2022. Llegó allí con el respaldo de los partidos Liberal y Conservador. Linares es un abogado y jurista bogotano con amplia trayectoria en el sector público y privado. Fue viceministro de Agricultura del gobierno de César Gaviria, con el que tienen una estrecha cercanía. Fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol en el mandato de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2015, y socio de la firma de abogados Gómez‑Pinzón Zuleta, a donde regresó tras su periodo como magistrado. Su carrera ha estado ligada a la asesoría a grandes empresas, experiencia en derecho corporativo y participación en políticas públicas.
Hoy, Alejandro Linares Cantillo se desempeña en el sector privado como socio de la firma Gómez‑Pinzón, pero sigue siendo un operador jurídico de peso, asesorando a empresas y participando en litigios de alto perfil. Su nombre volvió a cobrar relevancia tras la demanda que presentó contra el salario mínimo vital, argumentando vulneraciones de procedimiento legal y afectación de derechos empresariales. En entrevista con Semana, Linares aseguró que su recurso se centra en la desproporcionalidad del aumento: “Aunque el gobierno tiene facultad para fijar el salario mínimo, no puede hacerlo de manera desproporcionada, pues el decreto se apartó de los márgenes acordados en la mesa de concertación: 7,1 % propuesto por empresarios y 16 % por las centrales obreras. Fijar una cifra mucho más alta rompe el equilibrio de la negociación tripartita”, dijo.
Un antiguo funcionario del expresidente Iván Duque también entró en el listado de quienes pretenden tumbar el salario mínimo. Se trata de Juan Pablo Liévano Vegalara, abogado y columnista habitual del diario La República. Fue Superintendente de Sociedades en el gobierno Duque. Aunque Liévano no ha estado afiliado formalmente como dirigente a ningún partido, durante su nombramiento se conoció que era yerno de Carlos Hollmes Trujillo, el excanciller fallecido de Duque.
Lievano junto a Trujillo y su esposa en la boda del empresario Serafino Iacono y la reina del Huila 1997 María Paola Mejía. Foto: El Universal
Liévano ha sido un crítico abierto del gobierno actual. En una de sus columnas en La República tituló: “Un decreto ilegal y anti‑fraterno”. Con eso rechazó el salario mínimo vital, argumentando que, aunque el Ejecutivo tiene facultad para fijar el salario mínimo, su aumento del 23 % fue “excesivo”, desconociendo la necesidad de concertación laboral, la sostenibilidad fiscal y los efectos sobre las empresas y la creación y conservación de empleo formal y de calidad.
Las relaciones entre el empresariado y los abogados también han sido determinantes en las demandas ante el Consejo de Estado. Ese es el caso de Humberto Jairo Jaramillo Vallejo, abogado paisa de la firma que lleva su mismo nombre. Se ha enfocado en el derecho laboral y comercial. En su perfil, publicado en la página web de la firma, reposa que Jaramillo es conjuez de la Corte Suprema de Justicia y ha sido apoyo del empresariado como consejero técnico en las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en ocho oportunidades. Además, es miembro del Comité de Laboralistas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Aunque este gremio afirmó que no demandó el decreto, es probada la demanda de uno de miembros.
Pero Jaramillo no es el único abogado de empresas que hacen parte de la demanda. Otro de ellos es Heimy Blanco Navarro de la firma barranquillera de abogados Chapman Wilches, especializada en derecho laboral. Navarro es gerente de litigios de la firma y profesora de la Universidad del Norte. Fue conjuez de la Sala de Descongestión Laboral de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre 2024 y 2025. Ha representando al empresariado en la Comisión de Empleadores de la 111ª y 112ª de la Conferencia Internacional del Trabajo, realizadas en 2023 y 2024.
Heimy Blanco Navarro durante su nombramiento como conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Fotografía: Chapman Wilches
“Desde Chapman Wilches, seguimos comprometidos con la defensa de un entorno laboral justo, que favorezca la estabilidad económica del país. Por eso hemos presentado la demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025 ante el Consejo de Estado”, publicó en su cuenta de Linkedin la abogada Blanco. La firma ha estado ligada a grandes empresas y políticos colombianos. Su fundador Charles Chapman López ha sido abogado de Bavaria, Cerrejón y Prodeco, desde donde ha liderado despidos masivos de trabajadores de la industria carbonífera y tiene estrecha relación con senadores de los partidos Conservador y de la U.
Le interesaría leer: Charles Chapman, el abogado de grandes empresas que le metió la mano a la reforma laboral en el Senado
Por último, aparece un “académico”: Jorge Alberto Restrepo Torres, economista y director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) de la Universidad Javeriana de Bogotá. Se opone rotundamente al aumento del salario mínimo y ha asegurado que el gobierno Petro tiene un sesgo antiempresa. No obstante, el profesor Restrepo tiene un antecedente no menor: ha defendido los intereses de la multinacional del banano, condenada por financiar a paramilitares, Chiquita Brands. Según un informe publicado por él, al parecer financiado por la empresa, buscó justificar que el dinero que los empresarios de Chiquita le dieron a paramilitares en el Urabá antioqueño no tuvo relación con la violencia en la región, según lo reveló Vorágine. Restrepo fue contratado por esa empresa para construir su defensa, como reportó la Liga contra el Silencio en el recuento del último juicio.
Desde su cuenta de X, Jorge Restrepo ha sido crítico de las medidas económicas del gobierno Petro.
El pulso sobre el salario mínimo vital apenas empieza y el presidente Petro ya ha dado luces de que no dará el brazo a torcer. El gobierno tiene ocho días para expedir un nuevo decreto que sustente las variables como la inflación, la productividad y el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) sobre las cuales se justifique el incremento del salario. El presidente anunció que cumplirá el falló. “Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución. Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo con la Constitución”, publicó en su cuenta de X. Pero a la luz de las nuevas exigencias del Consejo de Estado, según Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el cálculo del salario podría ser similar o mayor a los dos millones de pesos fijados por el Gobierno.
Es claro que la definición del valor del salario no es un asunto puramente técnico, sino una discusión de naturaleza eminentemente política, que obedece a modelos de estado, de sociedad y de desarrollo que no son neutrales. No sorprende que los partidos políticos, académicos y medios de comunicación se opongan a una medida que rompe el molde neoliberal que se ha impuesto por décadas en el país. Pero sí llama la atención que algunos candidatos presidenciales, en medio de la contienda electoral, ahora están defendiendo públicamente el aumento del salario mínimo que estableció el Gobierno, cuando hasta hace pocos días se oponían férreamente a él. Son sus aliados políticos y económicos, los gremios que los financian, los que han logrado la suspensión del decreto de aumento de salario vital. La implicación y consecuencias electorales de esta disputa aún están por verse.
