Tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un posible fraude en las elecciones del 8 de marzo, se conoció que el Grupo ASD había renunciado días antes al consorcio electoral por las irregularidades técnicas en los resultados electorales de Honduras en 2025. Sin embargo, RAYA encontró contratos posteriores, testimonios y registros de simulacros que muestran continuidad operativa, incluso, probando el software de escrutinio que se usará en las próximas elecciones legislativas.
Por: María F. Padilla, Tatiana Portela y Edinson Bolaños
El pasado 20 de enero, sin anuncio público, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, que ganó el contrato para hacer las elecciones este año en Colombia, le solicitó a la Registraduría Nacional permitir que una de sus empresas socias, Grupo ASD, cediera su participación en la organización electoral que tenía a su cargo. Esto es: suministro de software informático para la contabilización y procesamiento de votos en los escrutinios y una solución tecnológica para la realización de los escrutinios en todos los órdenes territoriales, una tarea sensible que esa empresa ha desarrollado en las elecciones presidenciales de 2014, 2018 y 2022 en Colombia.
En el documento contractual ASD justificó la decisión de manera clara: por los cuestionamientos públicos que la rodean en Honduras, donde un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y un excandidato presidencial la han señalado por presunto fraude en las elecciones presidenciales del país centroamericano a finales del año pasado. Esa es la principal razón que expone esta empresa para renunciar al contrato y a las funciones que tenía: “Para garantizar la objetividad y transparencia en el proceso y evitar ataques interesados e infundados respecto del proceso de Honduras sobre el cual a la fecha no existe notificación alguna de autoridad administrativa o judicial”, dice el documento.
Fragmento del otrosí de cesión de participación, en el que el Grupo ASD reconoce el impacto reputacional en su contra por el proceso electoral de Honduras.
Sin embargo, esa cesión no se hizo efectiva de inmediato. Según la documentación en poder de RAYA, la Registraduría aceptó la salida de ASD el 13 de febrero pasado, casi un mes después. Ese movimiento, no obstante, no fue de conocimiento público en ese momento y estalló pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro hablara de un presunto mecanismo de fraude en el que estaría involucrado ASD. En esa alocución, el presidente presentó a una excontratista de dicha empresa, quien declaró en público y ante las cámaras, que durante el preconteo de votos de hace 4 años ella, como contratista, recibió órdenes de recibir llamadas telefónicas que le dictaban votos mucho antes de que se cerraran las urnas. Además, Petro habló de un presunto fraude técnico, que es lo mismo que se denuncia en Honduras y que sucedió en Colombia en 2014 y en 2022: que las actas muestran unos votos y el software de preconteo otros.
Al día siguiente de la denuncia presidencial, el 24 de febrero, el periodista Jorge Espinosa divulgó un fragmento del documento contractual para sostener que ASD había renunciado “hace días” a la organización de las próximas elecciones.
Otrosí de la cesión de participación del Grupo ASD en la que queda constancia de la aprobación por parte de la Registraduría el 13 de febrero.
Consultado por RAYA sobre por qué esa renuncia no se comunicó a la opinión pública tratándose del contrato electoral más sensible del país, Jaime Hernando Suárez, el registrador delegado en lo Electoral, respondió que no existía obligación porque el trámite estaba en Secop (sistema de contratación pública), una explicación que puede cubrir la formalidad, pero que deja abierta la discusión sobre transparencia y la paz electoral. A partir de ahí, el debate público se concentró en sí en realidad ASD “salió” o no del proceso. Sin embargo, los documentos que hoy revela RAYA muestran otra capa de la historia.
La aseveración de que ASD salió del proceso electoral del próximo 8 de marzo ha sido recogida por medios de comunicación como La Silla Vacía y Caracol Radio, entre otros, quienes dieron por hecho esta renuncia en el papel, pero en la realidad, en la práctica, ocurre otra cosa. RAYA encontró evidencia documental y recogió testimonios que muestran que la empresa continúa operando en simulacros con sus operarios contratistas, quienes se encargarán de diferentes funciones que comprometen los resultados el día de las elecciones. RAYA conoció dos testimonios con sus contratos, firmados por la empresa ASD, quienes además aportaron pantallazos de citación a capacitaciones por parte de ASD y reuniones con funcionarios superiores de la Unión Temporal mucho después de que la Registraduría aceptara su renuncia al contrato y de que quedara en firme la decisión. Es decir, mientras la Registraduría, en cabeza de Hernán Penagos, se demoró un mes en aprobar la salida de la empresa, ésta avanzó con contratistas, software y maquinaria para el día de las elecciones, lo cual hace inviable su no presencia en los comicios.
Contrato firmado entre ASD y los contratista que están en capacitaciones para el proceso de escrutinio el próximo 8 de marzo.
Llama la atención que el contrato de prestación de servicios que firmaron los contratistas con ASD, se les impuso la obligación de, en caso de detectar algún mecanismo de fraude durante el proceso electoral, informar de manera reservada a sus superiores. Expertos en derecho penal y electoral consultados por RAYA aseguran que una cláusula de confidencialidad sobre el conocimiento de un delito, sería ilegal, y por lo tanto inaplicable, dentro de un contrato civil de prestación de servicios. Este hecho no sólo constriñe el derecho de todo ciudadano a denunciar sino que va en contravía a los esfuerzos del Estado que despliega una gran capacidad institucional para combatir los delitos electorales durante los comicios.
Cláusula de reporte de irregularidades en el contrato firmado entre ASD y los contratistas.
La continuidad de ASD no se limitó al papel. RAYA conoció que estos dos contratistas, que están participando en simulacros y reuniones, según sus testimonios, son coordinados por ASD. El martes 24 de febrero, 11 días después de la supuesta salida de ASD del consorcio de elecciones, uno de los contratistas participó en una prueba del software, en la que les prohibieron ingresar con teléfonos celulares y tomar fotografías. Esta fuente explicó cómo funciona el proceso: “Cuando ya están listos los formatos de recepción telefónica los recoge el patinador, los llevan y se escanean y se suben a una base de datos. Luego, pasa a verificación y, en un computador, por el sistema Sorin, que es el software de reconocimiento inteligente, lo que hacen es que ya cuando están digitalizados los formatos de recepción telefónica, entonces ubican por casillas cómo están escritos los números y se puede ver básicamente cómo los escribieron en el formato de recepción telefónica”, relató la fuente tras su participación en los simulacros.
En todas las jornadas a las que han llegado los testigos, siguiendo instrucciones de ASD, cuentan que son recibidos por Fernando Bautista, a quien identifican como uno de los representantes de Thomas Greg & Sons, la compañía que lidera el consorcio, y que fue la empresa contratista para los pasaportes colombianos desde 2007 hasta 2025, cuando el presidente Petro decidió reducir ese monopolio y concentrarlo en el Estado. De hecho, es una empresa filial de Thomas Greg la que en la formalidad asumió las tareas de ASD, es decir, Manejo Técnico de Información S.A., pero ASD también ha informado que todo seguirá igual: “Se han surtido algunos ajustes de carácter formal que no afectan en modo alguno la prestación de servicios logísticos contratados ni las actividades programadas”, dice el mensaje que le llegó a uno de los contratistas el pasado 25 de febrero.
El personal operativo no es lo único que ha dejado en pie ASD antes de dejar la Unión Temporal. El software de escrutinio que tenía a su cargo es el mismo sobre el que la Registraduría ha venido trabajando para hacer pruebas y capacitaciones, el mismo que será utilizado en las elecciones del 8 de marzo, como lo confirmó el registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernándo Suárez Bayona, durante la presentación del código fuente de esa solución tecnológica. Al ser consultado por RAYA sobre los diferentes cuestionamientos que existen contra ASD, Suárez se limitó a dirigir la responsabilidad a la Unión Temporal liderada por Thomas Greg & Sons. Asimismo, aseguró que aunque la cesión legal quedó en firme el 20 de febrero en Secop (la plataforma de contratación pública), aún falta el proceso de empalme y entrega total de la operación a pocos días del inicio de las votaciones en el exterior y a nivel nacional.
Documento de otrosí publicado en Secop con firma de los representantes de la Unión Temporal certificando la cesión el 20 de febrero pasado.
Esta información, revelada hoy por RAYA, sugiere que la salida formal de ASD no implica que se haya terminado su influencia sobre el software de escrutinio ni en el desarrollo de las elecciones de 2026. La magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fabiola Márquez, en diálogo con RAYA llamó la atención sobre este punto que indica la continuación de los sistemas, metodologías, infraestructuras tecnológicas y personal técnico que la cuestionada compañía habría aportado y que, según la magistrada Márquez, permanecen incrustados en la operación de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE 2026). “Un cambio de nombre jurídico en el consorcio no equivale a un cambio de plataforma tecnológica ni de personal operativo”, dijo.
El registrador Jaime Hernando Suárez ha estado vinculado a la supervisión de distintos contratos de Thomas Greg & Sons desde que ha estado en la Registraduría, es decir, 1995.
El presidente Petro también recordó este lunes que el software, que se va a utilizar el próximo 8 de marzo, estuvo asociado al caso de fraude de las elecciones de 2014, cuando el partido político MIRA perdió tres curules, que después fueron restablecidas por una decisión que implicó hallazgos de fraude por parte del Consejo de Estado. Se identificaron irregularidades en los formatos de preconteo cuatro años después de pasadas las elecciones. Sobre los comicios de 2022, una testigo fue presentada por el presidente Petro en su rueda de prensa del pasado 24 de febrero, cuando denunció un presunto mecanismo de fraude que sigue vigente. Allí, la joven aseguró que fue contratada de ASD en esas elecciones y que tenía la labor de recibir los resultados de las mesas por llamada telefónica. Sin embargo, aseguró que antes del cierre de las urnas comenzó a recibir información de votos para algunos partidos. La situación irregular que describió la denunciante coincide con el relato de los contratistas que hablaron con RAYA de cómo funciona el día de las elecciones el preconteo de los votos.
La cabeza visible detrás de ASD es Armando Florez Pinzón, quien fundó la compañía. Aunque públicamente no es reconocido, su perfil ha resonado tras la adquisición de la torre Colseguros hace dos años, después de que fue subastada. Hoy, allí se realizan las capacitaciones de los contratistas y se ha hecho el conteo de votos de distintas elecciones de Colombia y la evaluación de las pruebas Icfes en 2024. En una entrevista con El Espectador, Florez contó que viene de una familia humilde del barrio Bella Suiza, en Usaquén, estudió medicina en la Universidad Nacional, pero después se pasó a la carrera de Administración de Sistemas en la Universidad Tadeo. Al poco tiempo, fundó ASD. Su cercanía con Tomas Greg aún es desconocida.
Armando Flórez, representante legal del Grupo ASD, que este año cumple 44 años de funcionamiento. Fotografía: Imagen de video de la Cámara de Comercio de Bogotá
Honduras: el escándalo electoral que arrastra ASD
A finales del año pasado, la empresa o el Grupo ASD de Colombia empezó a aparecer en los titulares de la prensa internacional a raíz de las denuncias de presunto fraude en las elecciones presidenciales de Honduras. Las fallas técnicas, apagones injustificados y actas que no coincidían con los números del software, postergaron los resultados por varias semanas, irregularidades que fueron atribuidas a la empresa colombiana, por diputados, por el propio CNE y por uno de los candidatos más opcionados a ganar. De hecho, eso generó disturbios y protestas en varias ciudades del país, incluida su capital, Tegucigalpa.
Según el candidato Salvador Nasralla, quien denunció el presunto fraude, la empresa colombiana habría recibido una coima por parte del partido Nacional, de extrema derecha, el cual se quedó con la presidencia de la República por medio de Nasry Asfura. Así lo ha reiterado en entrevista con esta revista: “El Partido Nacional actúa a través de personas que pertenecen a su partido, no actúa como partido haciendo el pago a la compañía ASD. Son personas como las que te mencioné que probablemente hay más, no estoy seguro cuánta gente está involucrada. Pero el partido consiguió los fondos”, aseguró Nasralla.
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Y describió cómo se habría ejecutado el fraude con la mano de ASD: “Desde la noche del 30 de noviembre nos dimos cuenta que venía que había una mano negra ahí actuando y luego cuando empezamos a recibir las actas el día primero de diciembre y empezamos a comparar los resultados que reflejaba el sistema con las actas que llegaban a nuestro poder, y podíamos ver que estaban adulteradas”, manifestó.
ASD ha asegurado que no existe ningún proceso judicial vigente ni ninguna sanción en curso en su contra, sin embargo, cuando renunció al contrato para las elecciones de Colombia en 2026, la empresa manifestó que sufría un coletazo de reputación por lo sucedido en Honduras, como ya lo hemos relatado.
Todo comenzó tras la contratación de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S para gestionar y operar el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) en los comicios de noviembre de 2025. El conflicto inició cuando, tras el cierre de urnas, el sistema entró en un “apagón técnico” intermitente que no duró unos minutos, sino 96 horas (del 1 al 4 de diciembre). Durante este vacío informático, el candidato Salvador Nasralla del partido Liberal, denunció que ASD restringió el acceso a los servidores como una estrategía de dosificación de datos para manipular el algoritmo. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, afirmó que la empresa colombiana ASD realizó un mantenimiento no autorizado que interrumpió el proceso electoral.
Circular con la que el Consejo Nacional Electoral de Honduras formaliza la adjudicación al Grupo ASD.
El fuerte debate en Honduras se concentró en buscar la responsabilidad en la empresa colombiana ASD y ésta respondió en un comunicado así: “durante la jornada de hoy se presentó una afectación en la disponibilidad de nuestra infraestructura tecnológica. Esta situación se derivó de un inusual y elevado volumen de solicitudes registrado a partir de la divulgación de DINAES el 30 de noviembre de 2025, a las 22:30 horas”. En el mismo documento agregó: “tras habilitar el tráfico hacia el portal oficial, se observó un comportamiento anómalo que superó ampliamente las estimaciones contempladas en las pruebas de carga realizadas previamente”. Incluso, el propio CNE advirtió que se registraron dos ataques de hackers que afectaron la transmisión de datos.
El pasado 12 de enero, la Procuraduría General de la República del país centroamericano solicitó al pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe detallado sobre el proceso de contratación de la empresa Grupo ASD, adjudicatario de la implementación del preconteo (TREP), el escrutinio general y la divulgación de resultados. El objetivo principal es determinar si la empresa cumplió con todas sus obligaciones contractuales, pero si se confirma que hubo fallas la Procuraduría podría presentar demanda para recuperar el dinero, anular el contrato; incluso, de confirmarse pistas de sobornos o robo de dinero podría enviar estas pruebas al Ministerio Público para que se abra una investigación penal. “Lo anterior se solicita para efectos de análisis jurídicos y eventuales acciones en defensa de los intereses del Estado”, señala el documento.
Comunicado de la Procuraduría General de la República solicitando un informe sobre el proceso de contratación de ASD para analizar posibles acciones jurídicas que hayan afectado al Estado hondureño.
“La presunta maniobra de fraude se consolidó mediante una inyección atípica de votos durante las fases de desconexión. Al reactivarse el flujo, el sistema procesó actas de zonas rurales controladas por el oficialismo con una velocidad que superaba la capacidad física de la transmisión, permitiendo que Nasry Asfura superara a Nasralla por un margen estrecho del 0.74%”. Así lo señaló el equipo de campaña del ex candidato presidencial Salvador Nasralla. La consejera del CNE, Ana Paola Hall, calificó esto como “acciones no consentidas”, mientras que la OEA confirmó que las fallas de ASD obligaron a procesar manualmente el 38% de las actas. “Esto dejó más de 2,700 actas en un limbo legal, pero a pesar de las pruebas técnicas e inconsistencias en el código fuente, el Tribunal de Justicia Electoral rechazó las impugnaciones de la oposición”, denunció la campaña de Nasralla.
Tras semanas de alta tensión y protestas masivas en Tegucigalpa, el desenlace se selló con una declaratoria oficial, el 24 de diciembre de 2025, otorgando la victoria definitiva a Nasry Asfura, el candidato del partido Nacional, cuyo contrincante acusa de haber pagado una coima a ASD; el candidato del presidente Donald Trump y del expresidente narco, indultado también por Trump, Juan Orlando Hernandez. Finalmente Asfura fue juramentado como presidente de Honduras el pasado 27 de enero, dejando al país sumido en una profunda fractura social. El grupo ASD se retiró del país bajo una estela de acusaciones, provocando que el Congreso iniciara una reforma para prohibir la contratación de empresas extranjeras en futuros conteos de voto, lo que fue opacando el debate contra la empresa colombiana que salió agachada y por la puerta de atrás.
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En Colombia, la nueva empresa que tendrá a cargo la participación de Grupo ASD será Manejo Técnico de Información S.A, como lo establece el otrosí de cesión. Sin embargo, cuando el registrador Jaime Hernando Suárez fue consultado sobre cuál es la empresa que tomará las funciones de ASD, él se limitó a decir que es la Unión Temporal Tomas Greg. Esta no es la primera vez que Manejo Técnico de Información tiene un rol clave en las elecciones del país. En el año 2014, la Registraduría contrató a la Unión Temporal Soluciones Informáticas, en la que además estaban el Grupo ASD, Thomas Greg & Sons, Thomas Processing & Systems y Carvajal. En esa oportunidad, ocurrió el fraude contra el partido MIRA. El Consejo de Estado confirmó que hubo manipulación en el sistema de escrutinio de votos, irregularidades en los formatos E-14 y reconoció, años después, la elección de los congresistas a esa colectividad.
Por su parte, la magistrada Fabiola Márquez González del Consejo Nacional Electoral (CNE) alerta que Manejo Técnico de Información S.A. no tiene antecedentes documentados en la ejecución de contratos como el que asume con la salida de ASD. Es más, Manejo Técnico de Información S.A. tiene como representante legal a María José Forero Hermida, quien, a su vez, es la representante legal de Securid S.A.S., ésta última también integrante de la Unión Temporal Tomas Greg, lo que demostraría una relación administrativa entre ambas empresas dentro de la misma unión. También, tiene como función ser la operadora biométrica para las autenticaciones oficiales de identidad ante la base de datos de la Registraduría Nacional.
Fragmentos del otrosí de cesión de participación de ASD en la que se observa que María José Forero Hermida trabaja como representante legal de las dos empresas.
Las elecciones del 8 de marzo, para escoger Congreso y votar en las consultas interpartidistas, están a punto de realizarse en medio de denuncias del presidente Petro de un viejo mecanismo que está vigente y que posibilitaría un fraude. Aunque el registrador Hernán Penagos ha intentado mostrar que hay garantías para su realización, la presencia de empresas cuestionadas dentro y fuera de Colombia —como ASD— deja dudas sobre la transparencia en los próximos comicios. Lo que está en juego no solo es la elección de congresistas y el próximo Presidente de la República, sino la credibilidad de un sistema electoral que desde el fallo del Consejo de Estado en 2014 se mantiene sin mayores mutaciones, a pesar de las pruebas y nuevos casos de alteración de resultados por medio del software de escrutinio.
