Al gobernador de Antioquia, Andres Julián Rendón, no sólo le avisaron que la Fiscalía le estaba interceptando sus teléfonos, por los cuales dejó de hablar, sino también, impidió una imputación de cargos y una posible medida de aseguramiento con excusa de viaje. Hoy, un fallo de la Contraloría, que lo favorece parcialmente, es usado por él como estrategia para acusar a la Fiscal General de perseguirlo. Entretanto, la Fiscalía está a punto de tomar una decisión. RAYA recorrió los dos CAI por los que se le acusa de presunta corrupción y encontró, en cada uno, a una patrullera en un cajón de concreto vacío.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
A finales del año pasado, la revista RAYA conoció que la Fiscalía tenía lista la imputación de cargos contra el gobernador de Antioquia del Centro Democrático, Andrés Julián Rendón, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos. En principio, iba a ser en diciembre, pero la vacancia judicial lo impidió. No obstante, en pleno año nuevo, la Fiscalía conoció que la Contraloría el 30 de diciembre, al filo del 2025, le había tirado un salvavidas al gobernador Rendón: un fallo en el que supuestamente ya no existe detrimento patrimonial y el cual ordena archivar el proceso de responsabilidad fiscal, a pesar de que existe un informe de auditoría de esa entidad que años atrás había sostenido lo contrario.
Orden de archivo de la Contraloría por inexistencia de detrimento patrimonial, emitida el 30 de diciembre de 2025.
En el nuevo documento, la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo sostuvo que fueron subsanadas las eventuales irregularidades alrededor de la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía, conocidos también como subestaciones, ubicadas en los sectores de Cuatro Esquinas y el corregimiento San Antonio de Pereira de Rionegro (Antioquia) donde Rendón fue alcalde. La directora de investigaciones Helena Patricia García Maya, sostiene el documento, tiene en cuenta acciones que comenzaron a ejecutarse siete años después de inauguradas las obras para, en teoría, corregir errores previos. Con base en esa tesis, concluyó que no hay ningún daño fiscal atribuible al entonces alcalde Rendón.
“Aunque inicialmente existieron omisiones por parte de los funcionarios responsables en la etapa previa y posterior a la construcción del CAl, las mismas ban sido desvirtuadas con subsanaciones administrativas con la formalizacion de los documentos que permiten la entrada en funcionamiento del inmueble, eliminando asi la condicion necesaria para estructurar un daho fiscal (SIC)”, establece García en el auto que contiene varios errores de digitación, incluso en partes centrales de la argumentación. Este detalle es llamativo tratándose de una decisión que pone fin a un proceso fiscal de cuatro años.
El nuevo fallo de la Contraloría representa el cierre del proceso de responsabilidad fiscal que había abierto esa entidad en 2023, a partir del Informe de Auditoría de Cumplimiento sobre los recursos propios de la Alcaldía Municipal de Rionegro – Antioquia comprendidos en los contratos números 223 de 2016, 282 de 2018 y 356 de 2019. En este, realizado por el contralor delegado para sector defensa, Luis Eduardo Parra, se identificó que los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira —cuya construcción se hizo por un valor que superó los 1.200 millones de pesos— no cumplieron con el fin social para los cuales fueron construidos. Aunque fueron inauguradas públicamente entre 2019 y 2021, las obras resultaron improductivas y se realizaron sin aprobación de la Policía, a pesar que la institución sería la encargada de utilizar la infraestructura. Por lo tanto, estimó el documento, hubo daño patrimonial por más de 1.269 millones de pesos.
Conclusión de la auditoría de la Contraloría de los CAI construidos en Rionegro, realizada en 2023.
Frente al archivo del proceso de responsabilidad fiscal, la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público (VID) de Rionegro le solicitó al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, revocar el oficio de su entidad. Para Óscar Castaño, presidente de la veeduría, el auto no da una explicación clara que justifique el desconocer los hallazgos que dieron inicio al proceso. Además, sostiene que existe una diferencia en la temporalidad. La auditoría de la Contraloría contempló la gestión que se había hecho hasta 2023, por parte de la entonces alcaldía de Rendón, y la investigadora Helena Patricia García incluyó hechos posteriores, sin hacer un análisis a profundidad sobre el daño. Por eso, dice la veeduría, la entidad está obligada a evaluar la utilidad y funcionalidad del gasto desde que se ejecutaron las obras y no solo desde la existencia física de estas que fueron recibidas para supuestamente operar a mediados del año pasado.
El primer punto de contradicción que plantea el nuevo auto de la Contraloría parte de afirmar que los CAI ya se encuentran cumpliendo su función de garantizar seguridad en la zona. Sin embargo, el fallo omitió que ambas estructuras estuvieron abandonadas durante siete y cinco años, respectivamente, periodo en el que incluso fueron punto de encuentro para fiestas de la comunidad. En 2022, la Policía del Departamento de Antioquia le respondió a la veeduría que ninguna de las obras se encontraban dentro de la estructura de la institución y, por ende, no se estaba prestando ningún servicio allí. En el oficio GS-2022-164864, la entidad asegura que la Alcaldía de Rionegro no había “surtido los trámites (...) para su entrega y adición [de las obras]” ni se habían dado los avales de viabilidad y tampoco había contratos de comodato o cesión para la Policía.
Respuesta de la Policía de Antioquia a la Veeduría sobre el funcionamiento de los CAI, emitida en el año 2022.
En 2024, el abandono de estos CAI llevó a que el Juzgado 31 Administrativo de Medellín obligara a la alcaldía a incluir ambas estructuras en el registro nacional de obras inconclusas o “elefantes blancos”. A mediados de 2025, comenzó a haber itinerancia por parte de la Policía dentro de los CAI. Apenas en junio la Policía recibió formalmente las subestaciones mediante contratos de comodato. Estos, sin embargo, sólo habilitan el uso del inmueble y no necesariamente implicaban la creación de una unidad policial con capacidad operativa plena.
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En una respuesta a la Contraloría en mayo de 2025, la Policía aseguró que no se le pueden asignar barrios o zonas oficialmente, ni crear los cargos oficiales de comandante ni conductores o de auxiliares, hasta que no se termine el rediseño de la entidad. Por lo tanto, los uniformados fueron contratados a través de una orden de servicio para cumplir con la asignación de personal. La investigadora de la Contraloría reconoció en el auto que los CAI no están en pleno funcionamiento, pero para archivar se basó en los intentos recientes de la Alcaldía —no durante la administración de Rendón sino de su sucesor y aliado político Rodrigo Hernandez Alzate— por ponerlos en marcha.
En el documento, la investigadora admitió que el CAI de Cuatro Esquinas “aún no había iniciado operación efectiva, se evidencian avances materiales y administrativos que demuestran la inminencia de su puesta en marcha y permiten descartar la existencia de un detrimento patrimonial actual (SIC)”. La conclusión se basa en la idea de “detrimento patrimonial actual”, aunque el proceso fiscal se abrió por la falta de utilidad y función social de la obra desde su entrega, según los hallazgos de 2023. Para la veeduría, ese argumento no resulta suficiente para desestimar las primeras irregularidades.
Para ese momento, además, las subestaciones o CAI tampoco se encontraban incorporados en la estructura orgánica de la Policía. El auto menciona que se estaba trabajando en el acto administrativo para incluir el “CAI de Tres Esquinas” a la institución. La investigadora sostiene que la inexistencia del documento “no constituye un impedimento para declarar el archivo del proceso, en tanto el bien fue recibido material y jurídicamente por la institución competente y se encuentra próximo a entrar en funcionamiento efectivo”. Sobre el CAI de San Antonio de Pereira, el auto no hace ninguna especificación sobre su funcionamiento.
La investigadora reconoce que no está en pleno funcionamiento ni adjudicación los CAI, no obstante se basa en los intentos por lograrlo para ordenar el archivo del proceso.
El 7 de septiembre de 2025, tras el avance del contrato de comodato con la Policía, el gobernador Rendón volvió a Rionegro para grabar un video, que fue replicado por el medio MiOriente, en el que desmintió que los CAI no estuvieran listos para funcionar desde que los inauguró. Pero no hizo referencias a los avales que no gestionó su administración ni al hecho de que durante varios años no hubo uso formal de las subestaciones por parte de la Policía. Por el contrario, Rendón mostró un video del general Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien años atrás había asegurado que los CAI tenían todo para funcionar y que no era responsabilidad del exalcalde garantizar la dotación.
Esta declaración se contradice con lo que tiempo después dijera su propia institución al afirmar que hasta mediados de 2025 no se habían recibido los CAI; igualmente, Rendón tampoco abordó de fondo los trámites administrativos pendientes señalados por la auditoría y se enfocó en la dotación, que no fue el eje central del proceso fiscal. En la misma grabación, el hoy gobernador de Antioquia aprovechó para cuestionar a la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien simultáneamente desarrolla una investigación penal, sobre quien afirmó: “La fiscal de Petro está deseosa de quitarme mi libertad”, sentenció en su video en el que muestra imágenes de un policía en cada uno de los comandos.
Imagen del video difundido por Andrés Julián Rendón, donde se refiere al proceso judicial y sostiene que es objeto de persecución por su condición de opositor.
RAYA recorrió ambas estructuras a mediados de febrero de este año y habló con la población aledaña. Durante la jornada se encontró que todo el día permanecen solitarias y de vez en cuando se ve a una policía dentro de cada una de las instalaciones. Los CAI tampoco cuentan con las banderas de la Policía, del departamento y del municipio como sucede con esta institución. La escena contrasta con lo prometido en 2017, durante la inauguración del CAI de Cuatro Esquinas, cuando el entonces alcalde Rendón anunció que contaría con “nueve motos, tres jefes de inteligencia, un comandante y un conductor con un vehículo patrulla”, según registró El Colombiano y los medios locales Orientese.co y Minuto.30.
En cada CAI hay solo un policía adentro. La comunidad asegura que permanecen solo con un uniformado pero no abandonadas. Fotografías de Camilo Gómez Navarro
En el nuevo auto, la investigadora de la Contraloría García Maya también incluyó un informe técnico, elaborado por el ingeniero Cristian Camilo Gómez Garzón, como parte de sus pruebas para concluir la inexistencia de daño patrimonial. En el documento se verificó solamente que el CAI de Cuatro Esquinas estuviera construido con “los materiales contratados y bajo la normatividad de construcción y sismo resistencia conforme los diseños contratados”. Por lo tanto, encontró García que sí hay concordancia con lo contratado y ordenó el archivo del proceso.
El veedor Oscar Castaño advirtió que esta no es la primera vez que la investigadora busca archivar la investigación sin pruebas suficientes. “Este análisis adquiere especial relevancia si se considera que el mismo despacho ya había ordenado el archivo del proceso de responsabilidad fiscal mediante el Auto No. 02098 del 15 de septiembre de 2025, decisión que fue revocada en sede de consulta mediante el Auto URF2-1468 del 17 de octubre de 2025, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial, al estimarse que no se encontraban desvirtuados los presupuestos que justificaban la continuidad del proceso fiscal”, afirma.
Alerta de la veeduría sobre la intención de la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de archivar el proceso.
¿Y la celebración indebida de contratos?
Pero las irregularidades sobre el proceso de construcción no son las únicas que han sido cuestionadas. Sobre Rendón también pesa una acusación por peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, pues la Fiscalía investiga si la alcaldía de Rendón direccionó dos contratos para la construcción de las subestaciones o CAI, cuyas obras se ejecutaron entre 2017 y 2021. Según el expediente, los proyectos avanzaron, de forma deliberada, sin contar con los estudios técnicos previos ni con el aval institucional de la Policía Nacional, lo que llevó al abandono de las estructuras.
La ejecución estuvo a cargo de la Empresa de Desarrollo Sostenible de Oriente (Edeso), creada por la administración de Rendón como entidad descentralizada para llevar a cabo este tipo de contratos. Sin embargo, desde 2017, la Contraloría ya había advertido que la entidad no contaba con “la capacidad jurídica y la idoneidad para ejecutar el objeto de diferentes contratos”, entre ellos, la construcción del primer CAI en el sector Cuatro Esquinas. A pesar de eso, el entonces alcalde Rendón hizo caso omiso y, además, entregó el segundo contrato para la construcción del CAI San Antonio a la misma empresa. En 2022, Edeso también fue calificada por la Procuraduría como un “contratadero”, es decir, una empresa de papel cuyo propósito era tercerizar y direccionar a dedo los recursos públicos saltándose requisitos como las licitaciones con varios proponentes.
Cuando Rendón aún era candidato a la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía 28 Anticorrupción de Medellín tenía programada una audiencia de imputación por estos hechos. No obstante, la diligencia fue aplazada por solicitud de su abogado que se ausentó asegurando que estaba de vacaciones; posteriormente Rendón fue elegido Gobernador y adquirió fuero judicial. Entonces, el expediente pasó a la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente es investigado.
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En ese momento, Rendón, sus abogados y sus contratistas, varios de ellos hoy funcionarios de la Gobernación, no solo empezaron una carrera jurídica para frenar el proceso, sino también, para deslegitimar la investigación a través de algunos medios de comunicación. En noviembre de 2023, una vez electo Gobernador de Antioquia, fue entrevistado por la W Radio donde aprovechó para decir que los CAI sí estaban funcionando y desestimar cada uno de los cargos de la Fiscalía. Esa entrevista se dio un día antes de que el fiscal general Francisco Barbosa, cercano al Centro Democrático y al entonces presidente Iván Duque, solicitara cancelar la audiencia de imputación. Con la llegada de la fiscal general Luz Adriana Camargo el proceso investigativo se ha intensificado al mismo tiempo que el discurso del Gobernador presentándose como perseguido político y acusando a Camargo de estar aliada con el presidente Petro. Pese a esas acusaciones, el proceso lleva cuatro años en la Fiscalía.
La arremetida de Rendón escaló a mediados del año pasado, cuando recusó —sin éxito— a la fiscal Luz Adriana Camargo ante la Corte Suprema de Justicia. El mandatario alegó que había prejuzgamiento, falta de imparcialidad y persecución política por parte de Camargo, después de que ella afirmara en una rueda de prensa que la imputación ya estaba lista. “(...) ya se formuló imputación...y pues no es persecución, es parte de la actividad que desarrollamos ordinariamente”, dijo en su momento Camargo. La tesis de persecución ha sido reiterada por Rendón en distintos escenarios públicos —entrevistas, redes sociales y actuaciones procesales— y fue respaldada por su partido, el Centro Democrático, que denunció falta de garantías para la oposición.
Además, adquirió mayor fuerza en medio de la contienda electoral que ya comenzaba a proyectarse. “Parece que a Petro y sus aliados les interesa mucho robarme mi libertad, así pondrían un usurpador en la Gobernación de Antioquia. Tener un mandatario departamental de bolsillo les conviene a sus propósitos de permanecer en el poder”, afirmó Rendón en su cuenta de X.
https://x.com/AndresJRendonC/status/1940508755273392485
En agosto de 2025, mientras avanzaba la investigación, el gobernador uribista se enteró sorpresivamente, al parecer por fuentes internas de la Fiscalía, que la entidad estaba realizando interceptaciones a su línea telefónica y a otras nueve personas de su círculo cercano, incluidos exfuncionarios de la empresa Edeso vinculadas con los presuntos hechos de corrupción alrededor de la construcción de los CAI. Algunos de ellos pasaron a ocupar importantes cargos en su actual Gobernación.
El Tribunal Superior de Bogotá avaló esas nuevas evidencias, argumentando que la medida de la Fiscalía era “necesaria, útil y proporcional para avanzar en la indagación” contra Rendón. En esas llamadas, Rendón habría dado a entender que sí direccionó los contratos para que se hicieran con determinada empresa y que los CAI nunca entraron en operación. Sin embargo, públicamente sostuvo que: “Las escuchas a mi teléfono… son muy graves para la democracia. Este es un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia, a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner un gobernador encargado de bolsillo de cara al 2026”, publicó Rendón en agosto pasado en su cuenta de Instagram cuestionando el fallo del Tribunal.
https://x.com/AndresJRendonC/status/1958585809361125877
Hasta entonces, el caso Rendón había quedado en acusaciones e intentos de exculparse. El nuevo documento de la Contraloría en vísperas de año nuevo le dio un respiro a Rendón, pero la Fiscalía tiene dos presuntos delitos que podría imputarle: celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. La defensa de Rendón ha utilizado la nueva orden de archivo por responsabilidad fiscal de la Contraloría para publicitarse como una absolución, según lo han replicado varios medios de comunicación. Aunque la responsabilidad fiscal y la penal son distintas, el nuevo documento le ha dado al gobernador un argumento político para continuar cuestionando la imputación de la Fiscalía.
En las próximas semanas, la Fiscalía debería definir si le imputa cargos o si se desdice de todo lo actuado, incluso, lo que hizo una fiscal local de Medellín que estuvo a punto de ponerlo tras las rejas en 2023. La suerte del gobernador Andrés Julián Rendón la definirá la Corte Suprema de Justicia, pero la narrativa de persecución que ha impulsado contra la Fiscal General está lejos de desaparecer en medio de las campañas electorales de este año, en las que el Centro Democrático, Uribe y otros líderes de la colectividad, alegan ser víctimas de hostigamiento institucional para cohesionar a su electorado y deslegitimar a los organismos de control.
