RAYA conoció un documento desclasificado de las Fuerzas de Defensa de Israel con la cifra de ciudadanos extranjeros, tanto binacionales como de múltiples nacionalidades, que han participado directamente en las operaciones militares del genocidio en Gaza. Más de cien colombianos estarían involucrados en uno de los peores crímenes de lesa humanidad del siglo XXI, mientras el lobby progenocidio opera impunemente en nuestro país, reclutando políticos, influencers, periodistas y estudiantes de colegios y universidades.
Unidad Investigativa Revista RAYA
La Revista RAYA accedió a un documento desclasificado de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) que registra a 112 colombianos enlistados en las fuerzas armadas israelíes durante la invasión a la Franja de Gaza y el subsecuente genocidio que el Estado de Israel comete desde octubre de 2023 contra los palestinos en ese pequeño enclave junto al mar Mediterraneo.
Lea la investigación: Las empresas detrás del genocidio en Gaza
El documento oficial, obtenido por abogados de la ONG Hatzlacha mediante la ley de libertad de información de ese país, indica que, con corte a marzo de 2025, más de 50.000 soldados enlistados en el ejército israelí eran nacionales o residentes de otros países. La Revista RAYA tradujo el documento del hebreo al español para su análisis.
En el listado figura la cifra de 112 colombianos binacionales —con ciudadanía colombiana e israelí— y otros 27 residentes colombianos con nacionalidad múltiple, es decir, con ciudadanía o residencia colombiana e israelí y al menos otra ciudadanía o residencia adicional.
Según este documento oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, que fue desclasificado, 112 colombianos participaron directamente del genocidio en Gaza
El documento conocido por RAYA además revela la vinculación de ciudadanos de más de 100 países a las fuerzas de la ocupación israelí durante este periodo. La lista de nacionalidades la lideran Estados Unidos, con 12.135 combatientes, seguido de Francia con 6.127, Rusia con 5.067, Alemania con 3.901, Ucrania con 3.210, y Reino Unido con 1.686 soldados. En América Latina encabeza Argentina, con 609 reclutas, y lo siguen Brasil, con 505, y México, con 181.
RAYA logró corroborar la presencia de, al menos, cuatro de estos colombianos —algunos exalumnos de un antiguo y prestigioso colegio colombo israelí ubicado en Bogotá— en el Ejército de Israel durante el genocidio en curso. Una de ellas es una joven que posa en fotos con el uniforme y las insignias de la Brigada Golani, una unidad de infantería con un oscuro prontuario de violaciones a los derechos humanos en la larga historia de guerras y agresiones de ese país contra otros Estados de la región.
Entre otras, la Brigada Golani, en la que milita la joven colombiana, fue responsable por la tristemente célebre masacre de 15 paramédicos palestinos de un convoy humanitario en la ciudad de Rafah, en marzo de 2025.
La participación de ciudadanos colombianos en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han desatado el genocidio de Gaza no es un asunto menor, toda vez que el Estado colombiano es parte de los Convenios de Ginebra y también ratificó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y como tal, está obligado a investigar y sancionar a quienes participen o colaboren con dichos delitos. El artículo 4 de este tratado internacional establece que los países firmantes se comprometen a aplicar “las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio”.
Varias colombianas y colombianos han servido en las Fuerzas de Defensa Israelíes a lo largo del genocidio en Gaza.
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948 y ratificada por Colombia en 1959, mediante la Ley 28 de ese mismo año. Al aprobarla, los Estados partes confirmaron que el genocidio constituye una violación al derecho internacional y se comprometieron a prevenirlo y sancionarlo.
La Convención recalca igualmente la obligación de perseguir y sancionar no solamente a los perpetradores materiales de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, sino también a sus cómplices y a quienes los instiguen públicamente. Juana Acosta, profesora de derecho internacional en la Universidad de la Sabana, explicó a RAYA que el Código Penal colombiano, además, tipifica el delito de genocidio y provee una norma de “extraterritorialidad” que se aplica a los ciudadanos que hayan cometido este tipo de delitos en territorio extranjero.
Estos delitos, de acuerdo con la profesora Acosta, incluyen el asesinato o la lesión grave de miembros de un grupo nacional, étnico, religioso o racial determinado, su sometimiento a condiciones de existencia que conlleven su destrucción total o parcial, o medidas destinadas a impedir nacimientos o a trasladar forzosamente grupos de personas, entre otras. Acosta añadió que “si se cumplen los requisitos de comisión del delito, dependerá de las pruebas y evidencias que recojan la Fiscalía y los jueces”, aclarando que la responsabilidad penal es individual.
Lina Mejía Torres, experta en Derecho Internacional Humanitario, coincide en que el Estado colombiano está obligado a investigar y juzgar a quienes hayan participado del genocidio “bajo el principio de jurisdicción universal y extraterritorialidad”. Mejía indica que es la Fiscalía colombiana, en coordinación con la Corte Penal Internacional, la encargada de encauzar a los posibles responsables de actos de genocidio. A la luz de los Convenios de Ginebra, todos los Estados parte tienen la facultad de juzgar a perpetradores de crímenes de guerra, independientemente de dónde se hayan cometido los delitos.
Esto implica que Colombia tiene la obligación explícita de investigar, no solamente a los ciudadanos colombianos que se hayan unido a las filas del ejército israelí y hayan cometido crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en territorio palestino, sino también a cualquier ciudadano extranjero que entre al territorio colombiano luego de haber participado, colaborado o instigado en la comisión de estos hechos.
Un elemento relevante que las autoridades colombianas deberán considerar a la hora de investigar la posible participación de ciudadanos colombianos en estos crímenes de guerra es que la legislación israelí sobre el servicio militar obligatorio exime a personas con doble nacionalidad que residan fuera del país. En consecuencia, aquellos ciudadanos colombianos que se hayan incorporado al ejército israelí durante el genocidio lo habrían hecho de manera voluntaria.
Según datos ampliamente aceptados por observadores internacionales, más de 72.000 palestinos han sido asesinados por las Fuerzas de Defensa Israelíes desde el comienzo de la invasión a Gaza en octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, de acuerdo con la organización Save The Children. También existe una alta probabilidad de que la cifra sea mucho mayor, toda vez que decenas de miles de víctimas podrían seguir desaparecidas bajo los escombros que han dejado los bombardeos.
El 85% de las viviendas e infraestructuras civiles de la Franja de Gaza fueron destruidas por la agresión israelí, incluidas escuelas, acueductos y hospitales, y según estimaciones de las mismas Fuerzas de Defensa Israelíes publicadas por el diario británico The Guardian, cuatro quintas partes de las víctimas fatales fueron civiles palestinos no combatientes, la mayoría de ellas mujeres, niños y ancianos que no tomaban parte en las hostilidades.
El mayor número de ciudadanos extranjeros que participaron del genocidio en Gaza fue de estadounidenses. Superaron los doce mil combatientes.
Varias ciudadanas colombo-israelíes han publicado en redes sociales su participación en maniobras militares con las Fuerzas de Defensa Israelíes antes y después de octubre de 2023, cuando comenzó el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. El servicio militar en Israel dura tres años.
Colombia aún no cumple con su obligación a la luz del Derecho Internacional
La Hind Rajab Foundation, un grupo de litigio basado en Bélgica, cuya misión es incentivar que se investigue y sancione internacionalemte a los perpetradores de crímenes de guerra en Gaza, interpuso en abril del 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía colombiana en contra de Gabriel Ben Haim, un ciudadano franco-israelí que participó como francotirador en el genocidio y que se encontraba entonces en territorio colombiano.
Puesta en aviso y facultada por el principio de jurisdicción universal, la Fiscalía tenía la obligación de investigar y, dado el caso, de propiciar sanciones contra Ben Haim. Sin embargo, la Hind Rajab Foundation le comunicó a RAYA que, casi un año después, las autoridades colombianas aún no han abierto un caso formal ni tampoco han anunciado ninguna medida investigativa en respuesta a su denuncia. La Fiscalía, por su parte, informó a esta revista que la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos adelanta una indagación preliminar que se encuentra en la recolección de elementos probatorios. “Eso es lo que le corresponde hacer a la Fiscalía sobre el asunto”, respondieron voceros de prensa de la entidad.
Sobre si existen protocolos para detectar e investigar a potenciales criminales de guerra que retornen al país luego de haber servido en el ejército de Israel, la Fiscalía no emitió ninguna respuesta.
El Ministerio de Defensa colombiano contestó a RAYA que no tiene información sobre la vinculación de colombianos a las fuerzas israelíes y que no se ha contemplado si esta situación tiene alguna implicación para esa cartera. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores —al cual está adscrito Migración Colombia— ofreció atender nuestras preguntas vía correo electrónico, pero al cierre de esta edición no obtuvimos ninguna respuesta.
El lobby del genocidio en Colombia
“¿Genocidio? ¿Cuál Genocidio?”, es el título de una de las más recientes columnas en el diario El Espectador del lobista colombo-israelí Marcos Peckel: “Es muy sencillo y no da lugar a interpretaciones: Israel no ha cometido genocidio en Gaza”, sigue su encabezado.
Peckel es profesor de la Universidad del Rosario y columnista con una amplia difusión en medios tradicionales del país como El Espectador y El Tiempo, y es conocido por replicar sus en redes sociales bulos estigmatizantes y la propaganda bélica del régimen de Benjamin Netanyahu, quien desde 2024 se encuentra prófugo de la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También, durante años, Peckel ha servido como operador político organizando viajes para periodistas, editores, comentaristas e influencers colombianos en tours propagandísticos todo-pago a Israel y los territorios palestinos ocupados, como lo demostró una investigación del medio independiente antioqueño El Armadillo en 2024.
“Entre ellos están Fidel Cano, director de El Espectador; Diego Santos, activista de redes sociales y columnista de El Tiempo; Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche de NTN 24; María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol; Stephany Echavarría, editora internacional de El Tiempo; Giovanni Celis, director de Red+ Noticias; y Luz María Sierra, directora de El Colombiano”, detalló la publicación de El Armadillo.
Estos viajes de propaganda y diferentes actividades de lobby, en busca de sumar adeptos que legitimen el genocidio y lo disfracen de ofensiva militar, son adelantadas bajo el sello de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, CCJC, un grupo fundado en 2008 que se autodefine como el “organismo representante de las comunidades judías del país” e incluye dentro de sus objetivos misionales “apoyar al Estado de Israel”.
Allí, junto a Peckel, con frecuencia figura George Isaak Levy Preuss, también portavoz de la CCJC y representante legal de la empresa blindadora Blindex S.A., investigada por la Fiscalía por su presunta participación en un esquema de corrupción y unificación de precios para acceder a multimillonarias licitaciones de compra, alquiler y blindaje de vehículos para entidades del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la Corte Suprema, según lo reveló el periodista Daniel Coronell. 
Isaac Herzog, presidente de Israel, junto a George Isaak Levy Preuss, representante legal de Blindex S.A. (izquierda) y el lobista Marcos Peckel (derecha). Los rodean periodistas colombianos como Fidel Cano, director de El Espectador. En la tercera fila figura el actual cónsul de Israel en Colombia, Kobi Valer, quien también es coronel de la reserva del IDF.
Marcos Peckel atendió una breve llamada con la Revista RAYA en la que se negó a aclarar cómo se financian los viajes propagandísticos a Israel que él mismo organiza: “esa información no se la voy a dar”, aseveró tajantemente. Agregó que no tiene ni ha tenido ningún tipo de vinculación contractual con el gobierno israelí, y que su labor responde a una “vinculación emocional, identitaria” con el Estado de Israel. Por último, Peckel enfatizó que él nunca, “de ninguna manera”, ha intercedido en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para el Ejército israelí.
Marcos Peckel, señalado en múltiples ocasiones por publicaciones estigmatizantes y racistas en redes sociales, con frecuencia ataca a quienes critican las acciones militares de Israel en Gaza, y reproduce la propaganda bélica del régimen israelí y de grupos como Betar, señalado por observadores y registros públicos como un movimiento extremista.
Además de la CCJC, en Colombia existe un entramado de grupos e instituciones que hacen apología a la ocupación, al apartheid y a la limpieza étnica en Palestina; desarrollan actividades de solidaridad y recaudo de fondos en apoyo a Israel y a sus fuerzas armadas, y organizan viajes para ciudadanos colombianos a Israel y a los territorios palestinos ocupados ilegalmente.
Una de estas organizaciones es Keren Kayemet, un fondo sionista creado a principios del siglo XX para comprar tierras y fomentar el asentamiento de judíos en Palestina. Su rol en el desplazamiento forzado de comunidades palestinas y la construcción de asentamientos ilegales e infraestructura militar israelí ha sido documentado por observadores internacionales.
El capítulo de esta organización en Colombia es muy activo y, entre otras iniciativas, ha convocado a colombianos a un viaje a Israel que inicia el próximo 26 de abril. El tour incluye, según su programa, visitas a una base militar, al parlamento y a la Corte Suprema israelí, encuentros con soldados heridos en Gaza, y una visita a la tumba de Theodor Hertzl, el abogado húngaro que fundó el sionismo moderno, el movimiento etnonacionalista y supremacista que impulsa hasta hoy la colonización judía de Palestina.
Propaganda bélica del ejército israelí compartida en las redes sociales de Keren Kayemet Colombia.
Otro frente importante del lobby progenocida es el cristianismo sionista. El Pastor Raúl Rubio, por ejemplo, es un bogotano que pasó de ser un empleado bancario a convertirse en pastor cristiano y luego a crear la ‘Fundación Mesiánica Yovel’. Rubio no tiene raíces judías ni conexión alguna con Israel, sin embargo, utiliza la kipá -el gorro ceremonial judío-, dice ser practicante de la Torá, mezcla el hebreo y el español en sus intervenciones, y ha adoptado varios símbolos de la religión judía en las prácticas de su culto.
Pese a esa apropiación de las escrituras, las imágenes y los términos del judaísmo, la comunidad judía liderada por Peckel y Levy parece estar cómoda con el pastor Rubio, al punto de que le han concedido ser representante de Keren Kayemet Colombia y viajar a Israel en su nombre. A cambio, el pastor Rubio ha probado ser un ferviente defensor del genocidio, portando siempre una bandera de Israel, e incluso uniformando a los seguidores de su culto —y a sus niños— con prendas de las Fuerzas de Defensa Israelíes durante sus actos religiosos.
Entre rituales religiosos y apología directa al militarismo israelí, se evidencia la instrumentalización de niños en las actividades del lobby progenocidio en Colombia.
Rubio fue uno de los conferencistas en la “Convención Nacional de Defensores de la Patria” de Abelardo de la Espriella, el pasado 3 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde subió al escenario frente a unos 15.000 asistentes y habló en nombre del pueblo judío: “Hoy les digo, el pueblo judío les ama, la nación de Israel les ama, y seguro el doctor Abelardo va a restaurar las relaciones porque está escrito: bendeciré al que te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Dios bendiga sus vidas, Am Israel Jai”. Pocos días después, De la Espriella anunció públicamente que, de llegar a la presidencia, trasladaría la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén, un gesto de apoyo al proyecto colonial de Israel en Palestina.
Otra institución nodal del lobby progenocidio es un colegio colombo-israelí, cuyas actividades frecuentemente traslapan la enseñanza y celebración de la cultura judía, con la apología militarista de la ocupación y el genocidio de los palestinos. Por ejemplo, en 2024, con ocasión de la despedida del exembajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, se realizó un acto en la sede de la Comunidad Hebrea Sefardí en Bogotá, durante el cual un grupo de niñas de primaria de esta antigua institución educativa bailaron frente a los asistentes vistiendo camisas del ejército israelí. En otras ocasiones, el colegio ha invitado a personajes como Gabriel Schorr, un exparacaidísta del ejército de Israel dedicado a promover una visión sionista del conflicto árabe-israelí, para que den charlas a los estudiantes.
Entre la comunidad de este colegio es bien conocido el “Beití”, un viaje de los estudiantes de décimo grado a Israel durante el cual los jóvenes visitan instalaciones militares, según le confirmó un egresado de la institución a RAYA. “A través de Beití, el viaje a Israel del CCH fortalecemos nuestra identidad judeo sionista y nos acercamos a Israel”, dice una publicación de la cuenta de Facebook del colegio.
RAYA pudo confirmar que por lo menos una de las colombianas activas en las Fuerzas de Defensa Israelíes durante el genocidio en curso es egresada de esta institución educativa colombo-israelí.
En junio de 2024, organizaciones del lobby israelí organizaron un acto de despedida al embajador israelí Gali Dagan. Las niñas de primaria del Colegio bailaron con prendas del ejército de Israel. El colegio organiza tours a Israel en donde los niños y niñas comparten con soldados y visitan guarniciones militares
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En todo caso, pese al esfuerzo de propagandistas como Peckel, Levy y Rubio por esconder las atrocidades perpetradas por Israel en Palestina, una creciente lista de organizaciones humanitarias, expertos legales, centros de estudios y Estados han argumentado profusamente por qué la matanza de gazatíes, que se intensificó a partir del 7 de octubre de 2023, sí cumple a cabalidad con la definición legal de genocidio, tal como hemos reportado en la Revista RAYA desde que comenzó la invasión israelí a la Franja de Gaza.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro Palestino para los Derechos Humanos, la prominente ONG israelí B’Tselem, la Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio, The Elders (el grupo de líderes globales del que hace parte el expresidente Santos), y el Instituto Lemkin (fundado por Raphael Lemkin, el abogado judío que acuñó el término “genocidio”), son algunas de las entidades que hoy definen el conjunto de atrocidades de Israel en Gaza como un genocidio.
Igualmente, Estados como Irlanda, Turquía, Argelia , Bélgica, Bolivia, Bosnia, Brasil, Chile, China, Colombia, Egipto, Indonesia, México, Eslovenia y España, entre otros, han reconocido explícitamente el genocidio, o se han sumado a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de las obligaciones estipuladas en la Convención de la ONU contra el Genocidio.
Con el paso de los días surge nueva evidencia que incrimina a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Palestina, que aún no cesan, mientras que cada vez más personas y organizaciones alrededor del mundo se suman a la lucha contra la impunidad. En todo caso, como lo demuestran las experiencias de Ruanda, Bosnia, y el mismo Holocausto, el camino de la justicia para las víctimas de genocidios siempre es largo y doloroso.
