Chile llega a las urnas con voto obligatorio y un mapa político polarizado. El bloque de derecha, encabezado por José Antonio Kast y Evelyn Matthei, promete “recuperar el orden”. Jeanette Jara, de las entrañas del movimiento del presidente Gabriel Boric, busca sostener el proyecto progresista en medio de críticas y pocos avances frente a la promesa revolucionaria.
Por: Tatiana Portella
Especial desde Chile
Más de 15 millones de chilenas y chilenos se preparan para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric en unas elecciones que podrán redefinir el rumbo político del país. Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, la jornada se realizará bajo el sistema de inscripción automática y con voto obligatorio, un cambio que podría alterar significativamente la participación ciudadana y el mapa electoral.
Ocho candidatos competirán por llegar a La Moneda, aunque, según las últimas encuestas, solo cuatro aparecen con posibilidades reales de avanzar: tres representan distintas vertientes de la derecha -del liberalismo autoritario al ultraconservadurismo- y una candidata encarna la apuesta oficialista de continuidad progresista.
Jeanette Jara, exministra del Trabajo y Previsión Social, fue elegida candidata del bloque de gobierno tras imponerse con el 60 % de los votos en las primarias internas, donde superó a Carolina Tohá, exministra del Interior. Su elección reflejó un consenso dentro del oficialismo, que buscó unificar fuerzas en torno a una sola abanderada.
Ese mismo 16 de noviembre, además de la presidencia, se elegirán los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados y 23 de los 50 cupos del Senado, configurando un nuevo escenario legislativo para el próximo gobierno. Será una elección estratégica: definirá el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, y con ello la viabilidad del proyecto político que resulte vencedor.
Encuestas anticipan una segunda vuelta
De acuerdo con la última encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CADEM), publicada el 19 de octubre —la última que puede difundirse antes de los comicios, por ley-, la candidata oficialista Jeanette Jara encabeza la intención de voto con un 26%.
En segundo lugar aparece José Antonio Kast, del Partido Republicano, con un 22%, seguido de Evelyn Matthei, de la centroderecha, con un 14%; Johannes Kaiser, del Partido Libertario, con 12%; y Franco Parisi, también del sector derechista, con 11%, en un virtual triple empate dentro del margen de error.
Tanto CADEM como del Centro de Estudios Públicos (CEP) coinciden en que el principal desafío para el oficialismo no es ganar la primera vuelta, sino imponerse en la segunda, que se realizaría el 14 de diciembre. Según ambos estudios , Jara perdería ante Kast por 16 puntos porcentuales (33% versus 49%), y enfrentaría dificultades similares frente a los demás candidatos de la derecha e incluso ante postulantes que se autodenominan independientes como Marco Enríquez-Ominami.
El peso del desgaste del Gobierno
Este complejo panorama electoral está estrechamente vinculado con la percepción ciudadana sobre la gestión del presidente Gabriel Boric. En la tercera semana de octubre, el 31% de los encuestados aprueba su labor, mientras que un 64% la desaprueba, según CADEM. La caída en la aprobación presidencial —que se ha mantenido en torno al 30 % durante más de tres años de gobierno— se ha convertido en un lastre para la candidatura oficialista, que enfrenta un electorado desencantado y una oposición fortalecida.
El gran reto para la izquierda chilena será reconstruir una mayoría social capaz de superar el 50% de los votos en un contexto donde el Gobierno de Boric no logró traducir en reformas estructurales las demandas que surgieron del estallido social de 2019.
La elección del 16 de noviembre se perfila, así, no solo como una disputa por el poder político, sino también como una medición del desgaste del proyecto progresista que llegó al gobierno con grandes expectativas, pero que ha enfrentado una fuerte resistencia institucional y empresarial que frenó muchas de las transformaciones prometidas.
Bloques en disputa
Aunque la derecha ha intentado instalar el relato de que “Chile se hace pedazos” y de que el país vive una crisis económica. Bajo esta consigna, los sectores conservadores han articulado un discurso de restauración nacional que asocia el desorden y la supuesta crisis al gobierno progresista, promoviendo la idea de que la estabilidad sólo puede recuperarse mediante mano dura, austeridad y reducción del Estado. Este relato, amplificado por los medios hegemónicos y respaldado por la oposición, ha buscado impedir que gran parte de la ciudadanía perciba los avances y transformaciones concretas que ha experimentado el país en los últimos años.
Las cifras oficiales cuentan otra historia; los indicadores económicos desmienten ese diagnóstico catastrofista. En el segundo trimestre, la economía creció un 3,1%, impulsada por el dinamismo de los servicios, el comercio y la inversión.
La inflación por su parte, se redujo drásticamente, pasando del 14% en 2022 al 4,5% en 2024, mientras que Chile alcanzó cifras récord en exportaciones, superando por primera vez los US$100 mil millones. Además, la inversión extranjera directa marcó un récord histórico, con un aumento del 68% respecto a 2023.
A ello se suma un avance sustantivo en materia salarial, ya que el salario mínimo pasó de $350.000 en 2022 a más de $510.000 en 2025, consolidando una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores.
No obstante, el desgaste del gobierno y el descontento social han abierto espacio para una derecha que se presenta como garante del orden y la estabilidad. Según datos del CEP, la delincuencia es hoy señalada como el principal problema que el próximo gobierno deberá enfrentar, por encima de la economía o la salud. Este énfasis —amplificado por los grandes medios— ha desplazado del debate público las causas estructurales de la desigualdad y ha legitimado una agenda punitiva que capitaliza la oposición.
Un artículo de la BBC, basado en datos y una entrevista con Daniel Johnson, director de la Fundación Paz Ciudadana, muestra una brecha entre percepción y realidad. Aunque un 63% de los chilenos dice que el crimen es su mayor preocupación —más que en países como México o Colombia—, Chile registra solo 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio regional.
El medio británico advierte que, pese a mantener niveles de violencia bajos, la tasa de homicidios se ha duplicado en una década, y Chile es hoy el segundo país más preocupado del mundo por la inseguridad, según Ipsos. Johnson señaló que las candidaturas han incorporado el miedo ciudadano en su discurso, lo que amplifica la sensación de vulnerabilidad y convierte la inseguridad en un eje central del debate político.
El gobierno de Boric, por su parte, tampoco ha estado exento de críticas: las dificultades para comunicar sus logros, la lentitud en algunas reformas estructurales y la falta de cohesión en su coalición han limitado su capacidad de proyectar una narrativa clara frente a la ofensiva conservadora.
En este escenario, las candidaturas de Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi, encarnan distintas vertientes de la derecha chilena
José Antonio Kast, hijo de inmigrantes alemanes llegados en la década de 1950, es el líder y fundador del Partido Republicano. Aunque perdió frente a Gabriel Boric en las elecciones presidenciales anteriores, consolidó su figura como referente del nacionalismo conservador. Su programa gira en torno al orden público, la seguridad y la reducción del Estado, una visión económica cercana al discurso del presidente de Argentina, Javier Milei.
Propone un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses y una reducción de impuestos a las empresas, sin detallar cómo se lograría dicho ajuste sin afectar subsidios sociales o programas públicos.
En temas como el aborto, matrimonio igualitario, equidad y feminismo está del lado ultra conservador, desechando de tajo cualquier avance en este tipo de derechos, además, mantienen un discurso negacionista, posiciones abiertamente regresivas. Conserva afinidad con el dictador Augusto Pinochet y aunque intenta moderar su tono evita pronunciarse sobre derechos humanos y memoria histórica, lo que también le ha costado, según analistas, el descenso en las encuestas.
Evelyn Matthei, hija del general Fernando Mathei, oficial de la Fuerza Aérea que tras el golpe de Estado de 1973 regresó a Chile para asumir la dirección de la Academia de Guerra Aérea, fue parte de la élite militar que avaló y encubrió violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la dictadura. . Su hija ingresó en 1988 al partido Renovación Nacional, junto con el fallecido expresidente Piñera, consolidándose como una figura central de la derecha tradicional. Aunque en los últimos años ha intentado proyectarse como política moderada, ha sido cuestionada por referirse a Pinochet como “presidente” y por eludir responsabilidades históricas de su entorno familiar. Sus propuestas están en torno a la seguridad y la estabilidad económica, sin renunciar del todo a ciertos programas sociales del actual y mantiene una postura ambigua frente a los discursos negacionistas dentro de su coalición
Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, es hermano de Axel Kaiser, subdirector de la Fundación Faro, organización dirigida por el argentino Agustín Laje y hoy bajo la mira por su presunta participación en la estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA, vinculada al entorno del presidente argentino Javier Milei.
Según un reporte presentado por la Radio U de Chile, en el marco de la denuncia presentada contra Milei, el abogado Gregorio Dalbón apuntó a la fundación por poner a disposición sus cuentas para recibir los fondos del caso $LIBRA. Señaló la responsabilidad de Laje y del asesor presidencial Francisco Caputo, afirmando que el uso de más de 10 mil dólares dentro de la organización configura un delito consumado.
En el plano político, Johannes Kaiser se ubica aún más a la derecha que José Antonio Kast. Su programa propone una reducción drástica del gasto público, la privatización de servicios básicos y una visión revisionista de la dictadura militar. Ha generado controversia por su tono negacionista, su rechazo a las políticas de memoria y sus discursos misóginos, llegando incluso a cuestionar el derecho al voto femenino. También ha justificado un nuevo golpe de Estado, declarando que lo apoyaría “tajantemente, sí”, y ha planteado indultar a los condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco, lo que ha sido interpretado como un intento de rehabilitar la impunidad. Frente al Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual gobierno, Kaiser lo descalificó afirmando que está mal diseñado, ignora lo esencial: que usted empieza por identificar y luego buscar” Finalmente su mirada sobre la migración irregular, es parecida a la de Donald Trump: propone negar educación y atención en salud a quienes entren de manera irregular, desconociendo convenios internacionales suscritos por el Estado Chileno.
Franco Parisi, por su parte, mantiene un discurso populista con énfasis en la eficiencia del gasto público y propuestas de tipo tecnocrático. Aunque evita definirse ideológicamente, sus planteamientos económicos se alinean con el liberalismo de mercado y una visión más distante del Estado social.
El bloque oficialista y los independientes
Del lado del oficialismo, la candidata Janette Jara representa la apuesta por la continuidad del actual gobierno. Su trayectoria política comenzó en 1989, cuando se integró a las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), donde militó durante una década antes de incorporarse al Partido Comunista en 1999, llegando a formar parte de su Comité Central. En sus años universitarios, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, consolidando su liderazgo dentro del movimiento estudiantil.
Ex ministra del Trabajo y Previsión Social, Jara impulsa un programa centrado en la ampliación de derechos sociales, la reforma previsional y una mayor redistribución económica, pilares que buscan consolidar el legado del presidente Gabriel Boric.
Su propuesta también refuerza el compromiso con los derechos humanos, la igualdad de género y una postura crítica frente a las tendencias autoritarias que resurgen en la región. En contraste con los discursos de la derecha, Jara plantea una visión de Estado activo y garante, que combina crecimiento económico con justicia social.
A ella se suman tres candidaturas independientes con énfasis diversos: desde posiciones progresistas vinculadas a la ecología y la participación ciudadana, hasta propuestas más liberales en lo económico. Aunque sin grandes posibilidades de triunfo, podrían incidir en la dispersión del voto y condicionar la definición de una eventual segunda vuelta.
Dimensión geopolítica: Chile en una balanza internacional
Más allá del plano interno, la elección chilena tendrá profundas consecuencias geopolíticas. Un eventual triunfo de la ultraderecha podría reorientar la política exterior hacia una mayor alineación con Estados Unidos y un distanciamiento de los bloques progresistas latinoamericanos, encabezados por gobiernos como los de Brasil y Colombia.
Asimismo, un eventual gobierno de derecha podría tomar distancia del bloque de los BRICS —donde Chile ha mostrado interés como observador— y acercarse a naciones con gobiernos de orientación ultraconservadora, como Argentina, Paraguay, Perú o Bolivia, fortaleciendo una agenda regional basada en el libre mercado y la seguridad fronteriza.
Aunque las encuestas dan por perdedora en segunda vuelta a la candidata del Gobierno, Jeanette Jara, para la filósofa Luciana Cadahia esto aún no está del todo claro. “Si prestamos atención a cómo se han desarrollado las elecciones en los últimos tres años, han sido desconcertantes y se definen en el último momento”, indica. Además, sostiene que “las encuestas tradicionales no están ajustadas a la realidad porque el voto es muy volátil” y concluye que, aún así, Jeanette Jara, tendría altas probabilidades de quedar electa como presidenta de Chile.
Por el contrario, un gobierno de continuidad o de centroizquierda mantendría una diplomacia multilateral, abierta a la cooperación con América Latina, China y la Unión Europea, buscando un equilibrio entre la inserción económica global y una política exterior con énfasis en los derechos humanos, la sustentabilidad y la autonomía regional.
En términos internos, los analistas prevén que, de llegar la extrema derecha al poder, se produciría una exacerbación de los valores nacionalistas chilenos y estigmatización de migrantes latinoamericanos, sobre todo en contra de migrantes venezolanos y haitianos. “La situación migratoria se va a volver más compleja, posiblemente adoptando la política de Trump que ya implementa Milei, en Argentina, no solo estigmatiza la figura sino que busca una persecución de carácter judicial”, explica la filósofa Cadahia.
Frente a la defensa de los Derechos Humanos y la persistente estigmatización, se advierte un panorama preocupante, especialmente para las disidencias sexuales, la clase trabajadora y los pueblos originarios. Según Cadahia, en este último caso, dicha situación se remonta a discursos profundamente arraigados en el tiempo. “Esta estigmatización se debe al discurso patriarcal y blanco del fascismo; es un discurso muy peligroso y profundamente enraizado, que mantiene un vínculo directo con la dictadura de Pinochet”.
En el ámbito cultural, se observaría una exaltación de la figura del “ciudadano de bien” y la conversión del enemigo interno, ya sea colectivo o individual, a aquellos que buscan garantizar la agenda de derechos humanos, sociales y ambientales.
En materia económica, aunque se habla de una posible ruptura de relaciones comerciales con China y de una eventual alineación total con Estados Unidos, Cadahia considera que este escenario sería muy perjudicial, dado que, las relaciones entre Chile y China han funcionando muy bien a lo largo de la historia reciente. No obstante, advierte que “en ninguno de los países donde gobierna la extrema derecha hay prosperidad económica ni desarrollo industrial”, y que predomina más bien “un mecanismo financiero de despojo y extracción donde unos pocos actores se benefician en el juego global”.
En términos de relaciones exteriores, la filósofa subraya la necesidad de prestar atención a la relación entre el Estado de Israel y la comunidad palestina en Chile, una de las más numerosas del continente. Señala que sería muy delicado que se produzca estigmatización hacia los palestinos o un alineamiento acrítico con las políticas del Estado de Israel, especialmente considerando que la hegemonía israelí-estadounidense en organismos internacionales se ha venido debilitando.
En este contexto, Chile podría convertirse en un punto de inflexión en el mapa político del continente. Lo que ocurra en este país resonará más allá de sus fronteras: el resultado podría inclinar la balanza regional hacia un eje liberal-ultraconservador, en sintonía con los gobiernos de Javier Milei y Daniel Noboa, o reafirmar el bloque progresista que aún sostienen líderes como Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
El desenlace de los comicios chilenos no solo definirá el rumbo interno del país, sino también el alineamiento político del Cono Sur en un escenario global cada vez más polarizado.
