En Colombia, la reforma agraria se ha convertido en una prioridad para avanzar en la paz. A finales de febrero, durante una Conferencia Internacional realizada en Cartagena con participación de delegaciones de más de 100 países, el Gobierno y organizaciones campesinas, negras e indígenas discutieron una hoja de ruta para profundizar cambios en el campo. El foco estuvo en la distribución de tierra productiva y en la producción de alimentos, junto con un diagnóstico reiterado en el debate: el uso inadecuado del suelo, especialmente por la expansión de la ganadería extensiva en zonas con vocación agrícola.
Por: Redacción Revista RAYA
Organizaciones campesinas, indígenas, afro, raizales y palenqueras presentes en el ICARRD+20, trazaron el camino para profundizar la reforma agraria.
En un país donde la tenencia concentrada de la tierra ha sido motor de desigualdad y violencia, la reforma agraria no se mide únicamente por anuncios ni por firmas. Se mide por algo más simple y más duro: si quienes trabajan en el campo pueden sostener la vida y producir comida con tierra útil, agua disponible, crédito, asistencia técnica y rutas para comercializar. Por eso, la pregunta que atraviesa cualquier intento de reforma no es solo “cuántas hectáreas”, sino qué cambia en la relación entre propiedad, uso del suelo y control de los bienes comunes.
Esa discusión fue uno de los ejes centrales de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), realizada en Cartagena, y en su antesala, el Encuentro Internacional de Economías para la Vida (Ecoovida 2026), que reunió a organizaciones sociales, comunidades étnicas y movimientos populares de más de 100 países. La apuesta de quienes llegaron desde los territorios fue clara: poner la experiencia campesina, indígena y afrodescendiente en el centro, no como invitada decorativa, sino con su criterio para examinar y analizar cuál podría ser el camino para una reforma real.
En Cartagena se dejó claro que la reforma no puede limitarse a “entregar títulos” porque el problema no es solo la falta de papeles o de tenencia de tierra. Para las comunidades, el éxito depende en fortalecer el tejido comunitario, impulsar la asociatividad solidaria en Colombia. Allí, advirtió que más del 66% del territorio en la frontera agrícola tiene usos inadecuados, con suelos fértiles ocupados por actividades que no corresponden a su vocación, como la ganadería extensiva, mientras la agricultura campesina se concentra en superficies pequeñas. En el mismo reporte, el IGAC señaló un coeficiente de Gini de 0,89 para la propiedad rural privada, un dato que refuerza la idea de que la desigualdad no es marginal, sino estructural y persistente.
Organizaciones sociales presentes en el espacio de territorios solidarios en el marco del segundo encuentro ICARRD+20 en Colombia.
Ese cruce entre concentración y uso del suelo ayuda a entender por qué las organizaciones insisten en que hablar de “tierra” sin hablar de “agua” es incompleto. “Hay que democratizar estos espacios donde el campesinado pesquero produce comida. El agua se está privatizando, y ese es un mandato nuestro: por la tierra, el agua y los territorios. Es algo importante que destacar, que eso no quede en el papel”, dijo Ediver Suárez, líder del movimiento de trabajadores campesinos del Cesar. Su frase amarra tres temas que suelen tratarse por separado: reforma agraria, gobernanza del agua y defensa del territorio frente a intereses que expulsan o subordinan la producción local.
La agenda de la Conferencia también incorporó el enfoque de género, no como añadido retórico, sino como condición práctica de la reforma. En los debates se insistió en que las mujeres rurales siguen enfrentando barreras legales, herencias desiguales y obstáculos financieros que limitan su acceso a la tierra y a los programas productivos. Por eso, el planteamiento fue más allá del título de propiedad e incluyó infraestructura de cuidado, saneamiento, acceso a recursos y financiación que reconozcan su papel en la economía rural. Si la reforma no cierra esa brecha, la desigualdad se reacomoda y se reproduce dentro de la misma política que dice combatir.
Lideresa indigena resaltando que la reforma agraria debe incorporar un enfoque de género para garantizar justicia territorial.
En ese contexto, el momento político central fue la firma del Acuerdo de Voluntades, suscrito por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y por vocerías de pueblos indígenas (Ricardo Camilo Niños), comunidades negras (Luz Mary Rosero) y movimiento campesino (María Leonor Yonda). El acuerdo quedó presentado como una hoja de ruta para una reforma estructural agraria, pecuaria y acuaria, y fijó cuatro compromisos: mandato institucional para responder a las bases, blindaje de largo plazo, un espacio permanente de seguimiento con voz y voto para organizaciones, e impulso internacional ante instancias multilaterales para vincular reforma agraria y acción climática.
La Ministra de Agricultura Martha Carvajalino y las comunidades sociales firmaron el Pacto Nacional por la implementación de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural Integral y Popular.
El Gobierno divulgó un balance de resultados bajo la administración Petro, con cifras de compra o adquisición de tierras, formalización y creación de nuevas Zonas de Reserva Campesina. Ese balance, sin embargo, convive con una exigencia que evita el tono de boletín: la necesidad de trazabilidad pública. Para que una cifra tenga sentido en el terreno, debe poder responder preguntas básicas: dónde están los predios, quiénes fueron beneficiarios, qué inversión posterior se hizo y qué condiciones productivas quedaron garantizadas. Sin esa información, la reforma corre el riesgo de narrarse como acumulación de logros sin que se vea el cambio en la vida rural. y garantizar soberanía alimentaria con justicia social y de género. En otras palabras, que la tierra no sea un activo inmóvil, sino una base material para producir alimentos y sostener territorios con autonomía.
No basta con mencionar obstáculos en abstracto. Cuando se habla de “falta de mayorías en el Congreso”, el efecto real suele verse en demoras normativas, disputas presupuestales y bloqueos políticos que ralentizan la ejecución o la vuelven frágil ante cambios de gobierno. Y cuando se habla de “presiones externas”, las organizaciones suelen referirse a tensiones entre soberanía alimentaria y agendas que priorizan exportación, extractivismo o “competitividad” sin garantías para economías campesinas. Si esos frenos no se describen con ejemplos verificables, al menos deben quedar presentados como lo que son: alertas de actores sociales que reclaman control ciudadano sobre el cumplimiento.
En esa línea, los voceros insistieron en que el camino todavía tiene deudas. José Sánchez, de Censat, enfatizó que la agroecología y la descarbonización del campo deben ser pilares de una transición que no repita la dependencia de economías fósiles. Según estimó, la justicia territorial y climática sólo será posible si se articulan agua, tierra, semillas y conocimiento ancestral, con políticas que protejan bienes comunes y fortalezcan la producción de alimentos. Es una forma de decir, en registro práctico, que reforma agraria y crisis climática no pueden tratarse como temas separados.
Al tomar en cuenta ese escenario, la Declaración final y el Acuerdo de Voluntades quedan como un punto de partida, no de llegada.
