En diciembre de 2025, la Fiscalía trasladó a Barranquilla el expediente del megatanque de agua potable más grande del continente, en el que existen pruebas por coimas y desvío de recursos públicos. El alcalde Alex Char ha sido señalado por el contratista, principal testigo, como el destinatario de los dineros para pagar gastos de campaña electoral. Casi ocho años después, no hay imputaciones; otro de los testigos clave vive en Miami y el caso vuelve a la tierra del clan Char donde el denunciante ha sido perseguido a tiros por sicarios, sin contar con protección del Estado.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El 15 de diciembre pasado, cuando el país se preparaba para las fiestas de fin de año, la Fiscalía General de la Nación trasladó, de las oficinas centrales de Bogotá a un despacho en Barranquilla, la investigación por el presunto cobro de coimas en el contrato para la construcción de un megatanque en la capital del Atlántico. Una obra iniciada en 2015 y diseñada para abastecer de agua potable a 800.000 personas, pero que, tras años de retrasos y denuncias por el desvio de los dineros públicos, la obra quedó inconclusa. Aunque el tanque debió construirse en 2017, eso no pasó, y lo que empezó como un proyecto de interés social terminó convertido en uno de los casos de corrupción que más enredos judiciales le ha generado al tres veces alcalde de Barranquilla, Alejandro o Alex Char, desde su segundo mandato (2015 y 2019).
El traslado del expediente se presentó cuando las víctimas esperaban un avance en la imputación de cargos contra los funcionarios, exfuncionarios y particulares señalados de cometer actos de corrupción. Uno de ellos es Alejandro Char, actual alcalde de la ciudad y también en la época de la contratación del megatanque. Luis Enrique Guzman, contratista de la obra y principal testigo del caso, denunció al alcalde, ante la Fiscalía, de que él mismo pagó las coimas durante la adjudicación y ejecución del contrato con el fin de pagar las deudas de la segunda campaña de Char, dijo el testigo.
De acuerdo con su relato, que reposa en los archivos de la Fiscalía, todo empezó en 2015 cuando aceptó la invitación de Carlos Vengal, uno de los principales contratistas de la segunda administración de Char, para hacer parte del negocio. Según él, Vengal le propuso poner 2.300 millones de pesos anticipadamente para construir el megatanque. “Me muestra el contrato, yo lo reviso con un ingeniero, saco mis cuentas y el contrato era rentable. Daba para pagar los 2.300 millones y ejecutarlo en el tiempo que supuestamente se debía ejecutar. Daba una utilidad de plata”, dijo Guzmán en un interrogatorio en poder este medio.
Según la investigación, Alejandro Char tenía como “hombre del maletín” a Héctor Amaris, alias el “Oso Yogui”, su amigo y hombre de confianza que habría desempeñado la función de transportar el dinero en efectivo correspondiente a coimas. Según Guzmán, él le entregó los 2.300 millones de pesos a Vengal y al “Oso Yogui” en un apartamento supuestamente para pagar la campaña de Char. “El alcalde le dio la orden al “Oso Yogui” de entregarle los 2.300 millones de pesos a Luis Fernando Vásquez, dueño del concesionario Toyota en Barranquilla para saldar una deuda de recursos que terminaron financiando la campaña de Char”, dijo el contratista ante la Fiscalía.
Es más, en Señal Investigativa en febrero de 2025, el contratista adicionó: “Me exigieron el pago de coimas para que la obra avanzara y sobre todo para que me pagaran todas las actas. Era una exigencia de coimas por parte de los funcionarios del distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana”. Desde mediados de 2017, Guzmán ha sido amenazado y ha sufrido atentados contra su vida tras exigir que le devolvieran, según él, más de 3.000 millones de pesos que había pagado en coimas. Sin embargo, como eso no pasó, decidió denunciar las presuntas ilegalidades.
Programa Señal Investigativa "Habla testigo clave contra Alex Char y el ‘Oso Yogui’" https://www.youtube.com/watch?v=dv27mtG1tQ8
Una de las personas que podría profundizar sobre este caso es el propio “Oso Yogui”, quien, antes de que le quitaran el caso, fue requerido en varias oporunidades por la fiscal Paola Flórez para redir su declaración sobre estos hechos, sin embargo, nunca llegó a las citaciones. La última vez que evadió ese llamado fue el 31 de enero de 2025 cuando el ente investigador lo citó vía Zoom, ya que está en Miami, Estados Unidos, pero no se presentó.
Diez días después de la fallida citación, el “Oso Yogui” compartió un comunicado público en el cuál aseguró estar decidido a colaborar con la justicia, denunciando a su exjefe y actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. En el comunicado dijo que fue “testigo de prácticas corruptas lideradas por Alejandro Char, con sus socios estratégicos, testaferros, colaboradores cercanos, directores de su partido político, funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla y diversas empresas fachadas”. En ese mismo documento, aseguró que iba a aportar pruebas documentales y registros financieros de desvíos de recursos públicos, a través de contratos manipulados y apropiación indebida de activos que afectaron el patrimonio de Barranquilla, entre ellos, el del megatanque de agua. Ha pasado un año desde esa promesa, la Fiscalía lo sigue esperando (no se sabe si lo busca), pero tras la carta su silencio ha brillado.
La investigación por el megatanque de fiscalía en fiscalía
Antes del traslado del expediente a Barranquilla, en diciembre de 2025, la investigación estaba a cargo de la Fiscalía 16 anticorrupción de Bogotá que desde 2022 trabajaba en la tarea de esclarecer la corrupción en la construcción del megatanque, que fue presentado por el propio Char “como una obra única en el mundo”. Durante el tiempo en que el proceso estuvo en el despacho de la fiscal Paola Flórez se realizaron más de 40 acciones judiciales, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables de los desvíos de dinero. Las dos última actuaciones que hizo la Fiscalía sobre ese caso sucedieron el 25 de octubre pasado y el 15 de diciembre cuando el expediente regresó a Barranquilla.
Para Luis Enrique Guzmán, contratista y principal testigo, fue una sorpresa el traslado del expediente a Barranquilla. “Yo no sé nada. Me estoy enterando en este momento. Toca preguntar por qué frenaron el caso cuando ya estaba adelantado y es de relevancia nacional. La actual fiscal (Paola Flórez) había trabajado en el caso y avanzado mucho. Ya había realizado control de legalidad de pruebas y me había citado a una audiencia de principio de oportunidad”, le respondió a RAYA al ser consultado por el traslado del expediente. Una diligencia clave que no se ha realizado y que implica formalizar el aporte del principal testigo ante un juez, a cambio de eventuales beneficios judiciales.
La Fiscalía, a través de sus canales de prensa, le aseguró a RAYA que la decisión del traslado del expediente se debe a la reorganización en la Dirección Especializada contra la Corrupción y a tener más presencia en el territorio. Según la entidad, este cambio le da mayor relevancia al caso al quedar en manos de “una fiscal de mayor jerarquía”. Asimismo, envió un mensaje a las víctimas, que después de ocho años siguen esperando resultados: “El cambio permite tener una mejor comprensión de lo que se está investigando. Mayor agilidad para atender las audiencias que se programen en Barranquilla y acceder con facilidad, sin necesidad de comisiones, a la recolección de elementos materiales probatorios o evidencias”.
Hasta hoy, lo denunciado por Luis Enrique Guzman en 2018 no ha sido esclarecido por parte de la Fiscalía. En este lapso han pasado cuatro fiscales generales (Néstor Humberto Martínez, Fabio Espitia, Francisco Barbosa y Martha Mancera) y aún la investigación se encuentra en etapa de indagación. El primer fiscal en investigar el caso fue Gustavo Orozco Pertuz, de la fiscalía 56 del patrimonio económico de Barranquilla. Un fiscal que es conocido en la ciudad por ser cercano a la familia Char y quien hoy se encuentra pagando una pena de tres años de cárcel por el delito de prevaricato por omisión, tras la ratificación de una condena en su contra, por parte de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Corte, Orozco Pertuz le metió mano a un proceso judicial que se adelantaba contra el exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Jaller Raad, acusado de liderar un entramado delictivo entre 2014 y 2016, causando un detrimento patrimonial a la institución de más de 10.000 millones de pesos. De acuerdo con la sentencia, Orozco Pertuz retardaba injustificadamente las órdenes emitidas desde Bogotá para que trasladara el expediente desde Barranquilla hacia la capital del país. “El condenado se abrogó arbitrariamente la facultad de ejercer una suerte de control difuso de legalidad”, se lee en la sentencia de 2024.
Es más, antes de la condena el fiscal Orozco Pertuz también administró otro caso en el que Alejandro Char era el denunciado. Se trata del proyecto La Loma que buscaba urbanizar las orillas del río Magdalena en Barranquilla con la construcción de 3.500 viviendas. Tal como lo reveló Cuestión Pública la inversión era de 500.000 millones de pesos y al menos un tercio de los terrenos habrían sido obtenidos en la primera alcaldía de Char (2008 - 2011). Por la presunta compra ilegal de los terrenos el alcalde fue denunciado en 2015 por los posibles delitos de falsedad en documento público y fraude procesal para adueñarse de esas tierras.
El denunciante de estos hechos es Fabián Enrique Araujo, abogado y dueño de unos de los terrenos, quien denunció que el fiscal Orozco Pertuz “no ha presentado escrito de acusación ante un juez de control de garantías y se ha mostrado renuente a impulsar la investigación contra Char”. Por ese motivo, presentó una queja ante la Fiscalía. Sobre el caso del megatanque, que también involucra a Char y que estuvo en manos del fiscal Pertúz, coinciden los denunciantes en afirmar que el funcionario del ente investigador no realizó ninguna acción para establecer si hubo una red de coimas.
En una entrevista con Maria Jimena Duzan en 2020, Luiz Enrique Guzman aseguró que el fiscal Orozco Pertuz lo amenazó para que dejara de presionar por los resultados de la investigación. Seis años después, esa misma versión la relató a RAYA: “Lo único que hizo fue citarme una vez a su oficina amenazarme y decirme que él iba a terminar mal era yo, que había gente muy poderosa metida en el proceso. O sea, en vez de investigar lo que yo estaba diciendo lo que hizo fue denunciarme”, sostuvo.
En 2019, con la llegada de Fabio Espitia como fiscal general encargado, luego de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, el expediente del megatanque fue traslado de Barranquilla a Bogotá y asignado a la Fiscalía Primera Especializada Anticorrupción, a cargo de la fiscal Ángela María Santana. Según Guzmán, durante los primeros ocho meses la fiscal hizo un trabajo juicioso y avanzaba en las tareas investigativas hasta que sucedió algo extraño: “resulta que el abogado Iván Cancino, contratado para defender a la Alcaldía de Barranquilla, quien hacía parte del proceso de megatanque, nombró a una prima hermana de la fiscal Santana como su abogada suplente en el proceso. “Casualmente en Colombia hay casi un millón de abogados y resulta que Iván Cancino pone como su abogada suplente a una prima hermana de la fiscal”, dijo Guzmán. Tras esta denuncia, Santana se declaró impedida en 2019 y se alejó del caso. RAYA buscó el nombre de la prima de la fiscal y el impedimento de Santana, pero no hay registros públicos y la fiscal no respondió las preguntas de RAYA.
Después de la fiscal Santana, el caso pasó a otro despacho: la Fiscalía 13 Anticorrupción de Bogotá. Sin embargo, dijo Guzman, nunca se realizó ninguna actividad investigativa: “ni siquiera me contactó o me hizo una llamada el fiscal”. En 2022, en medio del auge mediático del caso por las declaraciones del testigo en los medios, el fiscal general de ese entonces, Francisco Barbosa, ordenó el trasaldo del expediente a la oficina a cargo de Paola Florez. Fue en ese despacho donde se realizaron más de 40 actividades judiciales para saber si hubo o no una red de coimas en las que habría particiado Alejandro Char.
Con el traslado del expediente de Bogotá a las tierras del clan Char varias de las diligencias solicitadas por la fiscal Flórez en el marco de la investigación quedaron en suspenso. El traslado se produce cuando el expediente estaba en fase de actuaciones concretas —interrogatorio pendiente al “Oso Yogui” y análisis contables del contrato del megatanque— y obliga a reiniciar el pulso institucional del caso en un nuevo despacho. Por ahora, Char cumple su tercer mandato como alcalde de Barranquilla sin que la justicia lo haya alcanzado por estas y otras acusaciones. Entre tanto, su partido anunció que apoyará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, su abogado y amigo.
