Una seguidilla de incendios golpea la Patagonia argentina desde diciembre pasado. En entrevista con RAYA, Sofía Nemenmann (CAJE) sostiene que el problema no es solo cómo empezó cada foco, sino la falta de prevención y recursos, el enfoque oficial que trata el fuego como “crímenes aislados” y la estigmatización a pueblos originarios, en medio de disputas por la tierra y el agua.
Por: Enrique Gamboa
Desde el 9 de diciembre de 2025, una serie de incendios forestales mantiene en emergencia a la Patagonia argentina. En la Comarca Andina, en zonas como Puerto Patriada, el fuego avanzó hasta áreas cercanas a viviendas; y en espacios protegidos, como el Parque Nacional Los Alerces, las llamas arrasaron bosque nativo en plena temporada de tormentas eléctricas. De acuerdo con reportes oficiales y balances recogidos por organizaciones ambientales, decenas de miles de hectáreas han resultado afectadas en distintos puntos del sur del país.
Las causas que se investigan son diversas: desde rayos durante tormentas hasta acciones humanas en zonas boscosas de alto tránsito turístico. Sin embargo, para quienes habitan el territorio y acompañan estos procesos desde hace años, el debate no puede quedarse solo en el origen puntual de cada foco. “El problema central es que el Estado llega tarde, con pocos recursos y sin políticas sostenidas de prevención”, advierte Sofía Nemenmann, codirectora ejecutiva de la Asociación Argentina de Abogadas Ambientalistas (CAJE), en entrevista con Revista RAYA.
Desde el acompañamiento a movimientos territoriales, la incidencia política y la acción jurídica, CAJE trabaja en la defensa de la justicia social y ecológica en Argentina. Para Nemenmann, los incendios que hoy atraviesan la Patagonia no son hechos aislados ni excepcionales: se repiten cada verano con mayor severidad y exponen un problema estructural agravado por decisiones políticas recientes, discursos negacionistas sobre el cambio climático y un debilitamiento sostenido de la política ambiental.
Las llamas arrasan los bosques nativos de la Patagonia argentina. Crédito: Sofía Nemenmann @sofia.nemen
En paralelo a la emergencia, el presidente Javier Milei ha sostenido posturas públicas de negación o minimización del cambio climático y ha impulsado reformas para modificar normas de protección ambiental y uso del suelo con el argumento de “atraer capital extranjero y más inversión”. Entre ellas, intentos de cambiar artículos que prohíben actividades económicas en terrenos incendiados, habilitar desmontes vinculados a la megaminería en zonas verdes y flexibilizar evaluaciones ambientales. Aunque varias de estas iniciativas fueron frenadas por la justicia, organizaciones ambientales advierten que sí se concretaron recortes presupuestales y reordenamientos institucionales que afectan directamente la prevención y la respuesta frente al fuego.
Según análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y verificaciones periodísticas, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego sufrió en 2025 una reducción presupuestal cercana a la mitad respecto del año anterior, y para 2026 se proyecta un recorte aún mayor. A esto se suma la decisión del Gobierno nacional de trasladar el Servicio Nacional de Manejo de Fuego desde el sector ambiental al Ministerio de Seguridad, un cambio que, según especialistas, refuerza una mirada punitiva y desvincula los incendios de su raíz climática y ecológica.
¿Qué papel ha jugado el negacionismo de Javier Milei sobre el cambio climático en los incendios que se están presentando en la Patagonia?
La verdad es que el negacionismo climático del Gobierno Nacional tiene consecuencias muy concretas en estas situaciones, sobre todo por el cambio institucional que ha sufrido la problemática de incendios. Esto tiene que ver con que el verano pasado el Gobierno Nacional anunció el traspaso del Servicio Nacional de Manejo de Fuego desde la subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, tratando a los incendios como un tema de seguridad y de crímenes aislados y quitándole su raíz ambiental. Y por otro lado está el tema presupuestario. Por ejemplo, tenemos información de que desde 2023 los brigadistas no reciben equipamiento nuevo. Es duro pensar que detrás hay un Estado que está negando la problemática de los incendios y está queriendo cambiar su eje.
Los incendios en Argentina ya cumplen cerca de dos meses. Crédito: Sofía Nemenmann @sofia.nemen
¿Cuál ha sido el papel del Gobierno de Javier Milei frente a esta emergencia?
Voy a intentar decir esto sin reírme, pero ha subido una foto creada por inteligencia artificial felicitando a un brigadista forestal y un comunicado agradeciendo a los brigadistas. Que es una falta de respeto directamente para quienes le están poniendo el cuerpo al incendio, ya que están absolutamente precarizados, no tienen jubilación, no son reconocidos como trabajadores de riesgo. Ni siquiera se digna a venir al territorio, sino que crea con inteligencia artificial una imagen saludándolos. Ese fue el posicionamiento público del presidente en este contexto. Y no mucho más.
Se habla mucho del combate al fuego, pero usted insiste en la prevención. ¿Por qué se repiten los incendios en la Patagonia?
El desafío que se presenta es que a nivel nacional no se viene trabajando de manera integral la problemática de los incendios desde la prevención, sino más bien se enfrentan con un sistema más reactivo. O sea, que la inversión viene más puesta en herramientas de combate y equipamiento de incendios una vez el fuego ya inició, y no tanto en la prevención y mitigación de daños.
¿Desde cuándo se arrastra esta falta de prevención?
Esta es una problemática que está desde hace años. La frecuencia y la severidad de los incendios se fue alterando en la región y nunca hemos visto, ni tenido, políticas ligadas a la prevención y mitigación de daños. Siempre fue un sistema reactivo. Desde el CAJE y los vecinos que habitamos la Patagonia venimos exigiendo que tanto a nivel provincial como nacional se cambie el formato de combate de incendios y que se trabaje durante todo el año en la prevención y no solamente durante los tres meses de verano cuando el daño ya es inminente. Estamos atravesando incendios de dimensiones y comportamientos extremos para los que no hay capacidad de combate en el mundo cuando el fuego toma cierta dinámica.
Sofía Nemenmann directora del CAJE
¿Existe relación entre los incendios y los intentos del Gobierno de modificar leyes como las de bosques, tierras y fuego?
Nos parece importante remarcar que lo que están haciendo también es una campaña comunicacional de desinformación feroz, porque las tres leyes —bosque, tierras y fuego— que hoy protegen el territorio argentino están vigentes. Anunciaron tantas veces que las iban a derogar que incluso entre organizaciones hay confusión sobre si siguen o no en pie. Hay una guerra de comunicación y fake news con el avance de las ultraderechas. Lo cierto es que quisieron derogar la ley de tierras para poder cambiar el uso del suelo después de un incendio y aumentar la cantidad de hectáreas vendibles a capitales extranjeros y empresas inmobiliarias. Lo intentaron, pero eso se frenó con una medida cautelar y hoy está bloqueado por la justicia.
Mencionó intereses inmobiliarios o extractivos como posibles beneficiarios ¿Cree que alguien podría esconder un interés en que se incendien los bosques?
Es muy difícil saber a ciencia cierta quién originó el fuego, es complicado identificar a la persona que tiró el encendedor. Pero lo que siempre hubo son las amenazas de emprendimientos inmobiliarios que históricamente tuvieron interés en la Patagonia. Sabemos que el fuego es un mecanismo barato para abrir terreno y ganar espacio, por lo cual no se puede descartar esa opción.
Eso se conoce como la “embestida inmobiliaria”. ¿Puede dar un ejemplo concreto?
Para poner un ejemplo, este verano tuvimos un incendio en Bariloche. Un propietario estaba intentando construir, de manera ilegal, un glamping por encima de la cota permitida. Como no le daban permiso para abrir una calle que quería construir, entonces prendieron fuego.
¿Qué interés concentra la Patagonia para los grandes capitales extranjeros?
La Patagonia siempre ha sido muy codiciada, principalmente por su acceso al agua. Acá hay reservorios de agua dulce en muy buenas condiciones. Como en otros lugares tienen selva y biodiversidad, acá tenemos agua, que es el bien más preciado. También hay intereses de megaminería queriendo entrar al territorio periglaciar. Pero, sobre todo, existe un interés por aumentar el porcentaje de tierras en manos de extranjeros.
¿Hay datos sobre grandes extensiones en manos de extranjeros?
Hace poco el Conicet, nuestro bastión científico, presentó un mapa sobre el porcentaje de tierra en manos de extranjeros. Lo encabezan grandes terratenientes estadounidenses, pero también hay ingleses, italianos e incluso capitales cataríes que están creciendo en cantidad de terrenos. Es un problema de soberanía saber quién es dueño de los lugares que habitamos.
Se espera que el fuego en la Patagonia se apague entre marzo y mayo, cuando llegue la temporada de otoño a la zona. Crédito: Sofía Nemenmann @sofia.nemen
El presidente Milei acusó a líderes mapuches de ser responsables de los incendios, aunque la Fiscalía descartó esa hipótesis. ¿Qué lectura hace de esas acusaciones?
Es muy importante remarcar que el racismo está siempre a la orden del día, y en Argentina ni hablar. En la Patagonia hay una tendencia estatal a señalar, sin ningún tipo de prueba ni costo político, que fueron las comunidades originarias las responsables. Es casi un hábito. En medios de comunicación se escucha a gobernadores, ministros e incluso al presidente culpando sin pruebas a los pueblos originarios.
También circuló el supuesto “Plan Andinia”. ¿Qué puede decir sobre esa versión?
Esa narrativa está vinculada a teorías conspirativas sobre judíos queriendo fundar una segunda Israel en la Patagonia. Son fantasmas históricos de la región, pero están absolutamente desmentidos. Eso lo descarto. Lo que sí hay es una gran circulación de turistas que dificulta saber con certeza quién prendió el fuego.
¿Cuándo esperan que se apaguen las llamas en su totalidad?
En general, los grandes incendios en la región se terminan apagando en otoño, entre marzo y mayo, cuando comienzan las lluvias. Son incendios muy complejos, de comportamiento extremo, que demoran en extinguirse. El incendio de Puerto Patriada, por ejemplo, se dispersó por distintas localidades con momentos de riesgo diferentes. Hay personas que viven en absoluta alerta. El costo es ambiental, social y económico, pero también hay un costo enorme en salud mental, que es muy difícil de reparar, sobre todo cuando hay un Estado que insiste en presentar los incendios como hechos aislados.
