En diciembre pasado pesaba 78 kilos, hoy bajó a 70. Mide 1,86 cm y ha intentado suicidarse dos veces tras las torturas infringidas por autoridades ecuatorianas. Hoy, el exvicepresidente de izquierda, Jorge Glas, está recluido en una cárcel de máxima seguridad tras siete años de estar privado de la libertad con pruebas cuestionables por presuntos hechos de corrupción y con pocos derechos a su defensa. El gobierno de Daniel Noboa le ha sumado más de 30 procesos penales. Su abogada dice que buscan su muerte.
Por: Redacción Revista RAYA
El pasado 16 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dijo públicamente haber otorgado la nacionalidad colombiana al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido en una cárcel de máxima seguridad, un lugar destinado para los asesinos, violadores y narcos del vecino país. Su evidente deterioro en la apariencia física contrasta con su edad: 56 años. Su abogada Sonia Vera, quien se encuentra en el exilio, así lo denunció: “Más allá del tema político y de las afinidades que se puedan o no tener con Jorge Glas, lo están matando en vida”, dijo desde Bruselas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha llamado la atención sobre el trato inhumano que le está prestando el gobierno de Daniel Novoa, su viejo oponente en la arena política.
Tras la cumbre de Trump-Petro en Washington, el mandatario colombiano volvió a insistir en que adelantaba gestiones para la liberación de Glas y reiteró que es un ciudadano colombiano: “Los ecuatorianos no nos han puesto resistencia porque el ciudadano colombiano Glas llegue a Colombia, como los tratados internacionales obligan”, dijo el primer mandatario en una entrevista con Caracol Radio.
Glas fue extraído a la fuerza desde la embajada de México en Quito, la noche del 5 de abril de 2024. El hecho se materializó luego de que las fuerzas policiales y militares ecuatorianas agredieran a personal mexicano y torturaran a Glas. Esa acción violó no sólo el asilo que tenía el líder político, sino también, la soberanía al ingresar a territorio extranjero de manera forzosa y armada, una norma internacional consagrada en la Convención de Viena. El hecho fue condenado de manera simultánea y provocó la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas por parte de México.
De la misma manera ha reaccionado el gobierno ecuatoriano contra Colombia, desde donde el presidente Petro ha rechazado las torturas contra el exvicepresidente Glas y ha abogado por su humanidad. Noboa ha reaccionado, según analistas de lado y lado de las dos naciones, como un líder que no quiere conciliar, sino atizar el conflicto a escala regional. De hecho, una de sus más recientes medidas, tras las protestas de Petro, fue la imposición de sanciones comerciales consistentes en aranceles del 30% sobre las importaciones procedentes de Colombia y elevó al 900% el costo del transporte de hidrocarburos colombianos vía sus oleoductos. Colombia respondió imponiendo aranceles a productos ecuatorianos y suspendiendo la venta de energía al país vecino. Días antes, el 20 de enero de 2026, Petro había publicado en X una imagen del exvicepresidente Glas y un mensaje: “Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, y a renglón seguido pidió su liberación.
https://x.com/petrogustavo/status/2013731006914666929
Jorge Glas, ejercioendo como Vicepresidente de Ecuador
“Lo están matando de hambre, le han reducido las raciones alimenticias a un 70%”. Jorge Glas en diciembre pesaba 78 kg. Actualmente pesa 70 kg. Y él es un hombre que mide 1,86”, relató la abogada Sonia Vera. Gracias a las medidas cautelares de la CIDH, dijo, pueden verlo una vez por semana vía Zoom: “es realmente ver a un hombre morir”.
Un año atrás, Glas intentó suicidarse tomando decenas de pastillas de medicamentos psiquiátricos. En Ecuador, sus opositores dicen que él busca salir de prisión fingiendo sus trastornos de salud mental. Sin embargo, hay un tema de fondo que la abogada Vera ha documentado con informes forenses: “Mucha gente se burla del tema psiquiátrico de Jorge, pero él tiene un cuadro psiquiátrico gravísimo. Lo que pasa es que él es un sobreviviente de las masacres carcelarias. Recordemos que en Ecuador hubo más de 600 personas masacradas. Jorge sobrevivió en la cárcel de Cotopaxi, que también era una cárcel de máxima seguridad.”
Por esa razón, Glas ha sentido en riesgo inminente su vida durante su paso por esa prisión. “Él vio cómo las cabezas rodaban, cayó en charcos de sangre, vio cómo gente estaba descuartizada. Obviamente, él tiene crisis psicóticas, ve sangre en las paredes, tiene pesadillas, tiene ideación suicida.” RAYA tuvo acceso a informes técnicos de médicos y psiquiatras que dan cuenta de la grave situación de Glas.
Aparte de algunos de los informes forenses sobre el estado de salud mental de Glas.
Según la abogada, durante el procedimiento de captura dentro de la Embajada de México, Glas fue víctima de tortura, golpizas y dislocación de pulgares. Luego, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad como un “régimen de peligro, tortura y muerte lenta”. Actualmente, aseguró Vera, la situación de Glas es urgente porque está en un pabellón con enfermos por tuberculosis: “Él es un sobreviviente y el Estado, desde que lo encarceló, lo ha puesto en un riesgo inminente para que en cualquier momento él muera.”
La CIDH ha actuado desde el 31 de diciembre de 2019. Ese año, otorgó medidas cautelares cuando Glas se encontraba recluido en la cárcel de Latacunga. Dichas medidas buscaban proteger su vida frente a padecimientos crónicos y amenazas de muerte por parte de otros reclusos. En abril de 2024, tras su captura en la sede diplomática mexicana, la CIDH volvió a pronunciarse sobre su situación y sobre el deber del Estado ecuatoriano de respetar estándares internacionales en un contexto de crisis diplomática por la inviolabilidad de la sede.
El 10 de febrero de 2025, la CIDH amplió el alcance de las medidas cautelares ante la “situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable” que afectaba a Jorge Glas. En esa resolución, advirtió que el exvicepresidente no recibía la atención médica oportuna y recordó la obligación estatal de garantizar acceso a salud y condiciones adecuadas de detención. Según Vera, el exvicepresidente padece dieciocho afecciones médicas, entre ellas, un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos.
La defensa de Glas ha denunciado reiteradamente la falta de garantías procesales y la ausencia de independencia judicial. Por ejemplo, jueces que fallaron a favor de Glas para una detención domiciliaria fueron posteriormente destituidos o procesados penalmente. “Los persiguen, los destituyen, los sancionan, los meten presos y finalmente algunos han tenido que irse del país”, aseguró la abogada Vera. Y agregó: “Nadie en el Ecuador se va a arriesgar a dar una sentencia a favor de Jorge Glas porque lo van a perseguir.”
En noviembre del año pasado, el presidente derechista Daniel Noboa presentó a Glas como un trofeo político al trasladarlo a la cárcel El Encuentro, una prisión que construyó a imagen y semejanza de las que se ufana el señalado dictador de El Salvador, Nayib Bukele. En su red social X Noboa exhibió dos fotos del exvicepresidente con uniforme naranja y una frase: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”.
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“Ahí se mezcló a Glas con personas que tenían sentencias duras, líderes de bandas criminales, supuestamente a los más peligrosos”, dice Carolina Bazante, fundadora del medio independiente ecuatoriano Lupa Media. “No ha habido una visita permitida para periodistas, nosotros no hemos podido acercarnos, nadie, absolutamente nadie”, aseguró la periodista.
Esa cárcel, calificada como de máxima seguridad, fue inaugurada en noviembre de 2025 y, según Noboa, cuenta con duras medidas de aislamiento total para 736 internos. Organizaciones de DDHH denunciaron falta de agua potable, alimentación deficiente y condiciones inhumanas. La Defensoría del Pueblo solicitó visitas para verificar si la obra en realidad había terminado y cuenta con condiciones (avance del 35-45% al inicio) y verificar para la ONU si existen posibles torturas.
El lawfare ecuatoriano como mecanismo de poder y tortura
Durante el gobierno de Rafael Correa, Glas fue uno de los hombres fuertes de Ecuador. Nació en Guayaquil el 13 de septiembre de 1969, en el seno de una familia de ascendencia judía por vía de su abuelo paterno, el inmigrante alemán Heriberto Glas Cohen, quien huyó del nazismo.
Desde muy joven conoció a Correa y, tras graduarse como ingeniero eléctrico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), se convirtió en uno de los líderes del proyecto de la Revolución Ciudadana. Con la llegada a la presidencia de su fuerza política en 2007, ocupó diversos cargos de poder: fue gerente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones y ministro coordinador de los Sectores Estratégicos. En 2013 fue elegido vicepresidente para el tercer mandato de Rafael Correa, cargo que ejerció hasta 2017 cuando la presidencia la ganó el correísmo por medio de quien había sido vicepresidente durante gran parte del periodo de Correa, Lenin Moreno.
Sin embargo, ese fue el punto de quiebre para el inicio de la persecución al correísmo y el exilio. A partir de entonces, el correísmo perdió el poder ejecutivo o presidencial tras una “traición” de Moreno al proyecto político de izquierda. Tras el hecho, en Ecuador se produjo una ofensiva institucional que derivó en procesos y exilios de varios exfuncionarios cercanos al expresidente Rafael Correa, incluido él mismo. Por otro lado, una cuestionada Fiscalía presentó acusaciones contra Glas en lo que denominó el desmantelamiento de una estructura de corrupción institucionalizada.
La primera sentencia contra Glas fue por el caso Odebrecht. En diciembre de 2017, Glas fue condenado por asociación ilícita en causas de corrupción. El tribunal declaró haber probado que el exvicepresidente formó parte de una red que adjudicó contratos a la multinacional brasileña a cambio de sobornos. Para ello, presentó como evidencias confesiones de directivos de la propia constructora, quienes reconocieron haber manejado una estructura transnacional de sobornos que operó en Ecuador. Según el expediente y testimonios del caso, se habrían pagado alrededor de 35 millones de dólares a cambio de contratos estatales. La justicia también presentó audios y grabaciones difundidos públicamente e incorporados al proceso entre el contralor Carlos Politi y el representante de Odebrecht; en uno de esos diálogos se afirmaba que Glas “estaba haciendo caja” para la campaña de 2017.
La defensa de Glas, a cargo de la abogada Sonia Vera, manifestó dudas sobre las evidencias con las que fue juzgado. Incluso, dijo a RAYA que “Glas fue el primer ciudadano no brasileño que se benefició de la extensión de la nulidad en el caso Odebrech, ya que las pruebas utilizadas contra él habrían sido las mismas que fueron utilizadas contra el actual presidente de Brasil Luz Inacio Lula da Silva, quien quedó libre en 2019 tras el fallo del máximo tribunal de ese país.
En un documento, la defensa resume lo que fue ese proceso para Glas: “La condena se basó en testimonios obtenidos sin garantías procesales y sin prueba directa de beneficio patrimonial. Esta decisión ha sido gravemente cuestionada, y su legitimidad se debilitó aún más tras la resolución del Supremo Tribunal Federal de Brasil, en agosto de 2023, que anuló las pruebas utilizadas en su contra al considerar que fueron obtenidas de forma irregular y sin las debidas garantías procesales”.
Lo cierto es que, para 2023, Glas debería haber salido en libertad por el cómputo de penas del primer proceso. Sin embargo, se sumaron otras dos condenas que, según su defensa, presentaban aún más vacíos. En 2020 fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado. Según la Fiscalía, se logró demostrar la existencia de un esquema de financiamiento irregular para las campañas políticas del partido oficialista Alianza PAIS. Empresas donantes —incluidas grandes contratistas vinculadas al Estado— habrían recibido contratos estatales a cambio. Junto a Glas, fue condenado por el mismo delito el expresidente Rafael Correa.
La defensa argumentó: “En este proceso fue condenado junto al expresidente Rafael Correa sobre la base de una figura inédita y jurídicamente inexistente en el derecho penal: el llamado “influjo psíquico”, lo que constituye una violación directa del principio de legalidad penal. Según esta tesis, Correa y Glas habrían irradiado influencia psicológica para inducir a otros funcionarios a cometer el delito de cohecho. La sentencia se dictó sin pruebas directas ni individualizadas, en un tiempo récord y con graves vulneraciones al debido proceso”.
En 2023, la defensa de Glas solicitó la unificación de penas, de modo que la condena de ocho años fuera absorbida por la de seis años de la primera sentencia. La justicia ecuatoriana lo aceptó. Pero el 30 de junio de 2025, ya con Daniel Noboa en la presidencia, se dictó una tercera condena por el caso de la reconstrucción de Manabí. Fue sentenciado nuevamente a 13 años de prisión por el delito de peculado; según el tribunal, desvió los fondos de la emergencia tras el terremoto de 2016 para favorecer a determinadas empresas en la reconstrucción de esa ciudad. Además, se le impuso una multa de 250 millones de dólares y se le inhabilitaron los derechos políticos por veinticinco años. Además, la abogada aseguró que Glas enfrenta más de 30 investigaciones penales abiertas, muchas de las cuales han superado los plazos legales establecidos.
El pasado 28 de enero, la Fiscalía del Ecuador allanó la casa de la principal opositora del presidente Noboa: la excandidata presidencial de Fuerza Ciudadana, Luisa González. También lo hizo en las viviendas del excandidato Andrés Arauz, de un asambleísta de la provincia de Pichincha y de la exsuperintendente de compañías Suad Mansur. Los operativos se llevaron a cabo tras una denuncia de un testigo bajo reserva de identidad por un presunto lavado de activos. Según el órgano judicial, a las campañas habría ingresado dinero ilícito (en efectivo) procedente de Venezuela.
La investigación podría ser un caso más de persecución penal, si no se leyera como parte de un patrón más amplio denunciado por sectores académicos y políticos: acusaciones de que la justicia ecuatoriana opera como herramienta para neutralizar oposiciones y utiliza mecanismos de lawfare de manual.
Según investigaciones del Clacso, como el estudio Lawfare en Ecuador: Guerra contra la democracia y el derecho del Observatorio Lawfare, y La guerra por otros medios de Silvina Romano, en Ecuador, poderes políticos y económicos han perfeccionado los mecanismos de persecución judicial contra la oposición política. De acuerdo con esos estudios, el patrón combina persecución administrativa desde la Contraloría, que ha armado informes sin sustento por “responsabilidad penal” y luego fueron usados en procesos judiciales. Pablo Celi, excontralor de ese país, fue condenado en 2023 a 13 años de cárcel por participar en este tipo de fraudes al lado de la delincuencia organizada.
Pero ha sido la Fiscalía quien ha estado en el centro del debate. Bajo la dirección de la cuestionada Diana Salazar, abusó de la prisión preventiva y de testimonios no sustentados en evidencias a cambio del 90% de la reducción de la pena. Con estos mecanismos instrumentalizó la justicia para chantajear.
El caso paradigmático de este mecanismo es el conocido como el caso “Sobornos” (2021-2016) que significó la segunda condena contra Glas, contra el expresidente Correa en el exilio y otros funcionarios de su administración. En ese caso se acusó a Rafael Correa como autor mediato de una estructura de sobornos y fue condenado en un proceso expreso que duró cinco meses. Los investigadores de Clacso encontraron que la prueba principal era dudosa: un cuaderno de procedencia desconocida. Y el testimonio de un cooperador que no fue contrainterrogado por la defensa. Correa fue condenado por una figura jurídica inexistente, según la Fiscalía, su responsabilidad era vía “influjo psíquico”.
Para los investigadores, el caso Glas también es ejemplo de estos mecanismos de la justicia ecuatoriana. Porque reúne los siguientes elementos en su contra: múltiples e irregulares procesos penales, prisión prolongada, incluso, tras cumplir su primera condena, tortura y violación a sus derechos humanos.
