Tras las presidenciales de Honduras el pasado 30 de noviembre, Salvador Nasralla acusa a Grupo ASD —empresa colombiana contratada para operar el sistema oficial de conteo preliminar— de fallas, restricciones a observadores y reinicios del sistema electrónico sin veeduría. La divulgación de resultados tuvo apagones y demoras. En Colombia, ASD arrastra cuestionamientos por la suma errónea de votos en elecciones pasadas y tendrá la misma tarea en las de 2026.
Por: Redacción Redacción RAYA
Tras las cuestionadas elecciones en Honduras, inmersas en acusaciones de fraude electoral, el candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal, hasta ahora segundo en el conteo por un margen estrecho, ha señalado que detrás de las fallas en los comicios está la empresa colombiana contratista para manejar el software de conteo y otras funciones electorales: el Grupo ASD S.A.S.
La empresa había sido contratada para operar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) —un sistema de divulgación preliminar que no reemplaza el escrutinio oficial— hoy en el foco de la crisis nacional tras una serie acumulada de fallas técnicas que bloquearon y ralentizaron el flujo de información. Nasralla y su equipo dieron detalles en rueda de prensa de las fallas de la empresa colombiana en los comicios a la que se refirió como “la corrupta compañía ASD controlada por el Partido Nacional”.
En su denuncia el candidato señaló las que según él serían varias irregularidades cometidas durante las elecciones: “Intentaron limitar la presencia de nuestros observadores, aplicando restricciones solo a liberales y ejerciendo sobre ellos seguimiento e intimidación. 2)El sistema presentó fallas justo cuando se procesaban actas que favorecen al Partido Liberal y durante el conteo de totales. 3) También aparecieron errores al procesar actas. Los técnicos de ASD reiniciaron equipos sin la presencia de operadores ni observadores, una acción que compromete la transparencia del proceso.”
https://x.com/SalvaPresidente/status/1998962192612204830
La empresa contratista Grupo ASD S.A.S. atribuyó la caída a una afectación causada por un volumen inusual de solicitudes. Pero el medio hondureño Contracorriente, que consultó a tres técnicos, concluyó que hubo “una pérdida del 100 % de paquetes tanto desde Honduras como desde más de 40 países, un patrón que no corresponde a fallas internas habituales —como problemas de backend, balanceadores o cachés— y que, por el contrario, es consistente con una desconexión total del sistema, ya sea por una mitigación anti-DDoS extrema o por una orden del propio CNE para aislar el servicio.”
Los resultados de los comicios en Honduras sufrieron problemas desde el comienzo. El primer corte del CNE salió casi cuatro horas después del cierre de algunas urnas y divulgó más del 34% de resultados preliminares, según Reporteros de Investigación. En el primer gran apagón descrito por ese medio, sólo se había transmitido el 57,3 % de las actas. Los resultados iniciales empezaron dos horas después, luego en los días siguientes, la divulgación se mantuvo intermitente y entre el 1 y el 4 de diciembre la publicación de las actas fue errática y lenta. Incluso el 3 de diciembre, según los reportes, sin previo aviso a las actividades electorales, el sistema se detuvo totalmente por un supuesto mantenimiento. Y, a siete días de la elección (7 de diciembre), Reporteros de Investigación reportó 48 horas sin divulgación. En un otro momento crítico del conteo (79.60%) la divulgación volvió a estancarse y finalmente entre el 5 y el 6 de diciembre la divulgación se detuvo del todo y el país quedó en un limbo informativo.
Nasralla apunta a dos supuestos «socios hondureños» de la empresa colombiana Grupo ASD: Walter Castellanos y Germán Martell, mencionados por el propio candidato como “socios” en publicaciones en redes sociales, donde también los vincula con el Partido Nacional. Ese señalamiento se inserta en un clima de alta polarización y ha sido rechazado por voces del Partido Nacional, que han exigido que Nasralla lo sustente ante tribunales.
El Partido Nacional es el mismo partido del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico y luego indultado bajo la figura de “perdón total” por Donald Trump, en una decisión que reactivó la controversia política en Honduras. (Leer RAYA) También han apuntado contra David Matamoros Batson, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuestionado en Honduras por su rol en la crisis poselectoral de 2017.
De hecho, el pasado 20 de noviembre la magistrada del Consejo Nacional Electoral, CNE, Fabiola Márquez, entregó a ese organismo el resultado de una investigación de su despacho, utilizando métodos de la ciencia de los datos, para analizar cómo se realizó el escrutinio o conteo de votos en las elecciones de juventudes municipales del 19 de octubre pasado.
RAYA conoció las conclusiones de esa investigación y lo que revelan debe poner en alerta a todos los partidos políticos: persisten los errores en los resultados entregados por el software de escrutinio, es decir, el sistema estaría restando votos a casi todos los partidos, pero la gran pregunta es: ¿cuáles son los partidos que resultan más perjudicados y cuáles beneficiados?
El estudio consistía en analizar toda la documentación electoral de las elecciones de juventudes, que debe quedar en la página web de la Registraduría. Sin embargo, durante los primeros siete días del escrutinio esta información no estaba completa en la página web, como lo denuncia la magistrada Fabiola Márquez.
De hecho, varias evidencias que recaudó la investigación, muestran barreras de acceso a los formularios y actas sin cargar al sistema en esos primeros siete días.
Por eso, la investigación se centró en la información completa que pudo obtener de las mesas instaladas en Cali y Armenia, 980 en total, las cuales evidenciaron datos distintos entre los formularios que llenan los jurados de votación en las mesas, llamados E14, y los formularios llamados E24, que son los que genera el software de escrutinio tras recibir los datos de los E14. Es decir, según esta investigación de la magistrada Fabiola Márquez, existen discrepancias de información del 4.2% en los votos de Armenia, Quindío, y del 6.7% en los votos de Cali, Valle, entre formularios E14 y E24.
Esta revelación es sumamente grave, pues la empresa encargada de hacer ese escrutinio y el de las elecciones de 2026 en Colombia, es el Grupo ASD, el mismo que actualmente está envuelto en un escándalo por un presunto fraude en las elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes en Honduras. Así lo confirmó el CNE de Honduras esta semana:
De hecho, en un documento refundido que encontró Señal Investigativa, queda claro que el Grupo ASD, dentro de la unión temporal, tiene a su cargo el suministro del software que contabilizará los votos en las elecciones de Colombia en 2026: “41 DOCUMENTO UNION TEMPORAL ok: El Grupo ASD S.A.S.: I) Poner a disposición de la Registraduría un área locativa para llevar a cabo el proceso de verificación de las firmas de apoyo para respaldar la inscripción de candidaturas. II) Disponer de una solución informática para el procesamiento de datos electorales. III) Disponer de una solución de apoyo tecnológico y servicios logísticos para la realización de los escrutinios del orden auxiliar, municipal, distrital y general. IV) Servicio de digitalización y publicación en la web de las actas de instalación y registro general de votantes E-11.
Lo grave del asunto es que la empresa colombiana ASD también suministró y controló el software de escrutinio en las elecciones de 2022, cuando el Pacto Histórico descubrió que le estaban robando 390 mil votos, pues cientos de actas entre los E14 y los E24 no coincidieron. Sobre esto, el entonces candidato presidente Gustavo Petro escribió: “Todos nuestros abogados en las mesas escrutadoras deben cuidar los votos tanto del Pacto como de Fuerza ciudadana. Es un hecho que han desaparecido decenas de miles de votos en mesas de jurados homogéneos. Al menos 29.000 mesas”.
Es más, la empresa ASD fue la encargada de confirmar, contratada como auditora por el CNE, que no se podía acceder al software bajo el cual en 2014 les robaron tres curules al congreso al movimiento Mira con mismas características que aún hoy se denuncian. Así se refería ese escándalo en marzo de 2014 el senador Carlos Alberto Baena.
Cuatro años después de esta denuncia, el consejo de estado le dio la razón al Mira, pues según este partido político el software que se utilizó en los escrutinios sufrió de manipulación indebida e ilegal por posibles alteraciones o manipulación del sistema que fue la génesis de las diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24.
RAYA consultó al registrador nacional, Hernán Penagos, sobre el papel que desempeñará el Grupo ASD en las próximas elecciones y si, a pesar de su cuestionado desempeño en Honduras, seguirá siendo garante de los escrutinios en las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia en 2026. Sin embargo, hasta el cierre de este programa no obtuvimos respuesta.
Por lo pronto, la denuncia de la magistrada del CNE, Fabiola Márquez, cobra relevancia, pues sus hallazgos dejan ver que en unas elecciones tan pequeñas como las de juventudes, donde apenas se instalaron 20 mil mesas, persisten las diferencias de votos entre los dos formularios importantes: el E14 y el E24. Por eso, la magistrada Márquez llama a todos los partidos a estar alerta y al CNE a realizar una auditoría independiente que garantice la transparencia de las próximas elecciones.
El historial del Grupo ASD
La empresa fue fundada por el bogotano Armando Flores Pinzón y ha logrado un crecimiento importante de la mano de contratación pública. Nació, según su acta de constitución, con el fin de procesar información y operar como una consultora tecnológica.
Un medio hondureño que puso la lupa en la empresa resumió así su crecimiento: “En 2001, se transformó en Sociedad Anónima. En 2008, estableció entre las actividades de su objeto social el procesamiento de datos electorales. En 2011, adoptó el nombre de Grupo Asesoría en Sistematización de Datos S.A. Y en 2014, pasó a ser una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), su figura actual.”
En Colombia, según información de la propia compañía disponible en su página web, la empresa ha participado en al menos 72 procesos electorales durante los últimos años y, por lo general, su participación se da a través de consorcios y uniones temporales. Grupo ASD es una pieza central de la “Unión Temporal Soluciones Informativas Electorales”, el consorcio que ha estado a cargo de la operación tecnológica de las elecciones presidenciales en 2014, 2018 y 2022.
Más recientemente en 2024, el grupo ASD estuvo inmerso en otra controversia electoral como parte de otro consorcio que se presentó como único oferente para un contrato electoral. Según reportes periodísticos, Grupo ASD se presentó junto a la cuestionada empresa Thomas Greg & Sons y la Compañía Colombiana de Seguridad Transbank por un contrato de más de 41 mil millones para la ejecución de elecciones en 42 municipios, incluyendo la elección de Juntas Administradoras Locales.
El hecho evidencia que la empresa Thomas Greg & Sons y sus socios aliados, Grupo ASD, han sido contratistas mimados de la registraduría colombiana como lo describe el medio Cuestión Pública. No es extraordinario el caso donde le otorguen contratos al consorcio como oferentes únicos y se plantean preguntas sobre si los términos de contrataciones permiten a otras empresas competir de manera justa. La adjudicación de contratos electorales a los consorcios que integran Grupo ASD y Thomas Greg & Sons los han convertido en los dueños de la contratación pública electoral, a pesar de los antecedentes.
El Grupo ASD fue socio con el 7% de participación en los recientes comicios a los Consejos de Juventudes y Consulta Interpartidista de 2025. En esos escrutinios, la magistrada Fabiola Marquez del Consejo Nacional Electoral emitió un informe del 20 de noviembre donde señala varias irregularidades.
Si bien estos hechos no comprometen directamente al Grupo ASD, si a unas elecciones más de las que hizo parte. La magistrada denunció: discrepancia estadística en los formularios E14 y E24, bloqueo de acceso a documentación, concretamente a los portales de consulta de formularios E14 digitalizados lo que impidió la verificación independiente.
El Grupo ASD también ha Sido contratista de otras entidades del Estado como el ICFES, el ICBF, el Ministerio de Vivienda y la Fiduprevisora, acumulando más de 200.000 millones de pesos en contratos y licitaciones públicas según datos de la plataforma de contratación estatal SECOP.
Estos antecedentes preocupan de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El Grupo ASD es parte de la unión temporal que operará los comicios de ese año. El reciente "colapso operativo" en Honduras en 2025 lleva a preguntas: ¿qué mecanismos de custodia física garantizarán que el código fuente para 2026 sea plenamente auditable por veedores independientes? ¿Qué protocolos de transparencia y operación en tiempo real se exigirán para monitorear el sistema y prevenir “fallas” como las de Honduras?
