El Ministerio de Ambiente revocó una resolución que buscaba proteger 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía, después de que una asociación minera solicitara retirar la medida, alegando que no se había consultado a comunidades afrodescendientes. Ahora, una jueza de Bogotá admitió una tutela que cuestiona esa decisión y podría restablecer la protección. Organizaciones de Mocoa advierten sobre los riesgos para las fuentes de agua y los territorios, pese a la existencia de otras restricciones ambientales.
Por: Redacción Revista RAYA
El futuro ambiental de la Amazonía colombiana empezó a debatirse en los tribunales del país. El pasado 27 de octubre, la jueza Yanira Perdomo Osuna, del Juzgado Trece Administrativo de Bogotá, admitió una tutela contra el Ministerio de Ambiente luego de que el ministro, Fabio Arjona, revocara la resolución que impedía nuevas concesiones mineras y contratos petroleros en la Amazonía. La medida buscaba proteger la selva, sus fuentes de agua y los territorios de las comunidades que la habitan. El gobierno de Abelardo de la Espriella justificó la decisión porque la resolución, expedida el 4 de agosto de 2026, se aprobó sin haber concluido la consulta previa con comunidades afrodescendientes de Villagarzón, Putumayo.
En la tutela, admitida por la jueza, el accionante argumentó que el Ministerio tomó la decisión sin aportar nuevos estudios, sin participación ciudadana, ni sustento técnico y desconociendo que retirar esa restricción especial equivale a cerca del 42 % del territorio continental colombiano. La revocatoria no autoriza por sí sola nuevas minas o actividades petroleras, pero abre la puerta para que grandes inversionistas y empresarios extranjeros concentren sus ojos sobre la selva amazónica.
La tutela la interpuso el líder ambiental y abogado Luis José Escamilla Moreno. Aunque en el documento reconoció que existió una irregularidad formal en el trámite inicial, ya que la consulta previa con las comunidades de Villagarzón no había finalizado al momento de expedir la resolución, sostuvo que el mecanismo para corregir la falla no debía ser la revocatoria total y desprotección del territorio, sino la adopción de una medida de protección temporal que congelara el ingreso de proyectos extractivos mientras se subsana la consulta previa: “Es que la corrección de un defecto de consulta previa no puede convertirse en un mecanismo de desprotección ambiental durante el tiempo necesario para rehacer válidamente el procedimiento”, dice la tutela.
La resolución original ya contemplaba una medida transitoria: su artículo 13 establecía que la reserva no produciría efectos sobre los territorios colectivos afrodescendientes ni sus prácticas tradicionales mientras no concluyera la consulta previa. El Ministerio consideró insuficiente esa fórmula porque sostuvo que las comunidades debían participar antes de que se expidiera la medida, no después.
La consulta previa con pueblos indígenas había concluido en julio de este año, pero seguía pendiente la de las comunidades afrodescendientes. El 28 de octubre, diez organizaciones, entre ellas, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), rechazaron la revocatoria y pidieron terminar esa consulta sin retirar la protección de la selva.
La postura oficial se conoció el 23 de octubre, cuando el ministro Arjona anunció la revocatoria de la resolución. En su cuenta de X aseguró que la medida no garantizaba por sí sola la protección efectiva del bioma amazónico. “Por el contrario, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región y son, precisamente, los principales aliados de la conservación”, escribió. Un día después, Escamilla presentó su tutela, evidenciando lo que para él sería una contradicción del Minambiente al dejar desprotegida la amazonía de las manos de proyectos mineros. Según sustentó, con base en la resolución oficial, para el Gobierno retirar la norma no genera un retroceso ambiental porque en la región continúan vigentes figuras de conservación como Parques Nacionales y Resguardos Indígenas.
Sin embargo, explicó que eso es engañoso porque esas figuras son solo parches o polígonos reducidos y dispersos en la región. “Que exista un parque natural en un municipio específico no significa que la selva ubicada a cientos de kilómetros quede protegida frente a nuevas solicitudes extractivas”. A continuación, profundizó por qué figuras como los resguardos indígenas no equivalen a un cerrojo minero o petrolero. En este caso, puntualizó que de 68 solicitudes en evaluación, 47 se superponen, al menos parcialmente, con resguardos indígenas. “En consecuencia, el resguardo es una institución territorial y étnica de enorme importancia constitucional, pero su mera existencia no puede ser convertida en una prohibición sectorial automática equivalente a la barrera de nuevas concesiones o contratos”.
En su tutela, Escamilla le pidió al juzgado que le ordene al Ministerio de Ambiente adoptar un instrumento que mantenga la exclusión de nuevas concesiones mineras, contratos petroleros y licencias ambientales en la amazonia, mientras concluye la consulta previa de las comunidades afro de Villagarzón. El 27 de octubre, cuatro días después de presentar la demanda, el juzgado admitió la tutela para estudiarla.
La togada decretó la totalidad del material probatorio solicitado por el abogado, entre otros, como la entrega de los expedientes administrativos de la resolución 1405 del Ministerio de Ambiente. Asimismo, le ordenó a la cartera, al Instituto SINCHI, a Parques Nacionales y al IDEAM comparar los mapas de las zonas protegidas, área por área, para que identifique con claridad qué áreas conservan una figura de conservación y cuáles quedan en situación de desamparo sin la resolución ambiental. Para eso le dio dos días a cada entidad para enviar la información solicitada.
RAYA habló con el abogado Escamilla sobre cómo va el proceso con el que busca la protección de la selva del Amazonas y así respondió: “Las entidades ya le respondieron al juzgado, entonces la jueza está valorando las pruebas y en el término de diez días debe proferir sentencia. Voy a estar verificando las contestaciones para responder con alegatos.”. También anotó que para respaldar su tutela puso como antecedente una decisión de la Corte Constitucional de 2017, que determinó que ante una falla en un trámite de participación realizado por el Minambiente en la delimitación del páramo de Santurbán el acto quedó viciado, pero se mantuvo la protección ambiental mientras la autoridad corregía el procedimiento. “Yo espero que la juez aplique exactamente la misma regla de Santurbán en la selva amazónica”.
El abogado Escamilla sostuvo que la revocatoria de la reserva amazónica responde a una práctica premeditada del gobierno De la Espriella: identificar vicios formales en normas vigentes para retirar salvaguardas sobre ecosistemas estratégicos y zonas de producción alimentaria. De acuerdo con el jurista, este mecanismo deja la "autopista libre" para destrabar solicitudes mineras e hidrocarburíferas.
Constanza Carvajal, académica y activista socioambiental del Colectivo Hilos de Vida Guardianes de la Andinoamazonia, cuestionó la postura de algunos concejales de Mocoa (Putumayo) que dan por muerta la protección de la amazonia: “Mientras la jueza haya aceptado la tutela no la podemos dar por muerta ni por derogada”, dijo. La admisión de la tutela, sin embargo, no suspendió la revocatoria. Desde su rol, de defensa del agua, la montaña y el territorio en el piedemonte andinoamazónico frente a proyectos extractivistas, Constanza organizó la recolección de escritos de respaldo a la tutela movilizando a gobernadoras y lideresas indígenas de Mocoa, así como a profesores e investigadores universitarios de la Sede Amazonía de la Universidad Nacional y de la Universidad de la Amazonía en Caquetá.
La líder ambiental advirtió que la caída de la resolución podría abrirle las puertas definitivamente al proyecto de la multinacional canadiense Copper Giant Resources Corp. (antes Libero Copper & Gold), para que explote uno de los mayores yacimientos de cobre y molibdeno de la región andino-amazónica conocido como Libero Cobre y que estaría ubicado a unos 10 kilómetros del casco urbano de Mocoa.
El proyecto Libero Cobre en Mocoa se ha consolidado como un foco de disputa entre la expansión minera y la defensa del agua y el territorio amazónico. Aunque la empresa tiene tres títulos mineros, carece del aval ambiental para iniciar la extracción de cobre en la Amazonia. La revocatoria retiró la prohibición general de nuevas concesiones, pero no autoriza por sí sola a la empresa a explotar el yacimiento ni demuestra que haya cambiado su trámite ambiental. Habitantes del municipio denuncian que la empresa intensificó sus operaciones de exploración en la montaña. En un comunicado del 27 de octubre, la compañía reportó actividades con un cuarto equipo de perforación, pero ese dato no demuestra que su instalación haya sido consecuencia de la revocatoria. Mientras tanto, persisten las controversias legales y la oposición social a la minería en la región.
