El asesinato y desaparición de Esneider Flórez Manco, un joven campesino con discapacidad mental retenido por soldados de la Cuarta Brigada, destapó una cadena de operaciones irregulares por la Fuerza Pública en Antioquia. RAYA documentó cuatro casos recientes denunciados como ejecuciones extrajudiciales, con escenas del crimen manipuladas y presiones operacionales previas por parte del Gobernador de Antioquia tras el ataque a un Black Hawk en Amalfi.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
El 6 de octubre pasado, el joven Esneider Flórez Manco, un joven campesino de 26 años con discapacidad mental del municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia, salió temprano de su casa para recorrer las trochas de las montañas cercanas, como lo había hecho casi toda su vida. Ese mismo día se perdió su rastro y la familia no volvió a saber de él hasta luego de diez días cuando su cuerpo apareció torturado en un paraje boscoso, cerca de la base militar Antorcha adscrita a la Cuarta Brigada del Ejército ubicada en zona rural de ese municipio.
Vea la versión para televisión del caso de Esneider Flórez Manco en Señal Investigativa
Esneider fue capturado la mañana del 7 de octubre en las inmediaciones de la base militar mientras un helicóptero realizaba el abastecimiento de víveres. Como no portaba documentos, los soldados lo retuvieron al considerarlo un posible informante del Clan del Golfo, la estructura criminal que delinque en esa zona del país. Una vez bajo custodia militar, fue conducido a una garita de vigilancia dentro de la base, donde varios soldados y oficiales comenzaron a golpearlo para obtener una confesión sobre su supuesta pertenencia a ese grupo ilegal.
Detalles de la base militar y los puntos en donde estuvo retenido y fue torturado Esneider Flórez
Al no obtener ninguna confesión, los militares movieron a Esneider durante cinco horas por distintos puntos de la base y lo sometieron a torturas: ahogamiento con agua y bolsas plásticas, golpes, culatazos, amenazas con fusiles y navajas; luego lo desnudaron para amarrar sus partes íntimas, obligándolo a decir lo que no sabía, pues el joven sufría de discapacidad mental.
“Lo cogen y lo tiran a la zanja de arrastre, lo golpean en las costillas, decían que le partieran un tobillo, llegó Divian Fernando Ruiz Rojas y lo golpeó con una piedra en el tobillo mientras mi sargento Gutiérrez lo retenía”, dice uno de los testimonios en poder de la Fiscalía General de la Nación. “El soldado negrito le pegaba culatazos en el hombro. Miguel Angel Caicedo Hernández también le cargó el fusil y amenazó con pegarle un disparo en el pie. Ahí llega mi teniente y ordenó el dispositivo”.
Fotografía enviada por uno de los militares a un oficial de inteligencia cuando tenían a Esneider capturado dentro de la base militar
Varias fotografías, junto con registros de comunicación, muestran que el teniente Leider Ortiz, jefe de la base militar, se comunicó con un mando superior para reportar la detención. Informó que el joven había dicho pertenecer a la estructura “Carolina Herrera”, pero, por su situación de enfermedad, ese nombre lo repetía, según sus familiares, porque correspondía a un perfume usado por su hermana y que le gustaba mucho. Es claro, que no existe en Colombia ninguna estructura criminal con esa denominación, y el único nombre que podría asemejarse —el Frente Carolina Ramírez de las disidencias— opera en el extremo sur del país, a cientos de kilómetros de Antioquia.
El superior del teniente Ortiz le advirtió que podía tratarse de un error, pues esa estructura no operaba en la zona y no tenía alianza con el Clan del Golfo, sino con las disidencias de las FARC. De inmediato le ordenó garantizar el buen trato al capturado, pero Ortiz no acató la instrucción.
A causa de su discapacidad mental, Esneider nunca entendió qué sucedía, ni ofreció respuestas coherentes a los soldados. Al final de la tarde, los uniformados lo encerraron en el baño de la base, donde el joven falleció por la golpiza recibida durante horas. “Lo golpeaban con las manos en las costillas y le pegaban patadas en la cabeza y en los pies, estaban como locos, pensaban que eso era un pogo”, declaró uno de los soldados que testificó en contra de sus compañeros.
A las 5 de la tarde, con el cuerpo de Esneider sin vida en el baño, los mandos militares ordenaron al enfermero de la base verificar si tenía pulso. Al constatar que había muerto, tomaron las huellas dactilares para suscribir un documento de supuesto buen trato. Así lo indicó el testimonio de otro soldado: “Ese señor no se movía, ya estaba listo, los comandantes vieron que estaba fallecido. Vi que le sacaron las huellas de las manos con un papel, ahí estaban los tres comandantes, el teniente, el sargento y mi cabo segundo Córdoba”.
El cuerpo fue envuelto en una hamaca militar y trasladado de noche hasta el borde de un río cercano, donde quedó abandonado. Allí fue hallado diez días más tarde. Un mensaje enviado por uno de los uniformados para alertar a la Policía de Frontino sobre el crimen desató la investigación interna del Ejército, que permitió capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La Fiscalía les imputó los delitos de tortura, homicidio agravado y desaparición forzada. Todos permanecen detenidos en una guarnición militar.
Estos son los mandos militares implicados en la ejecución extrajudicial de Esneider Flórez Manco
El caso fue tan grave que el presidente Gustavo Petro se pronunció: “He querido que la Fuerza Pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violaciones de derechos humanos”.
Los otros casos de operaciones irregulares
Pero el asesinato y posterior desaparición de Esneider Flórez Manco no es el único episodio reciente de presunta ejecución extrajudicial en el departamento. La Unidad Investigativa de la Revista RAYA conoció tres casos adicionales que estarían relacionados con el afán de mostrar resultados operacionales después del ataque de las disidencias a un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional, en el que murieron 13 uniformados el pasado 21 de agosto durante un operativo de erradicación forzada de cultivos ilícitos en Amalfi, en el nordeste de Antioquia.
Vea la versión para televisión del los otrs tres casos de falsos positivos en Señal Investigativa
De acuerdo con el abogado y defensor de derechos humanos Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, habría presiones y un discurso guerrerista desde la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Andrés Julián Rendón, quien ha pedido en público a las tropas “arreciar” en su ofensiva. Precisamente un mes después del ataque al helicóptero de la Policía Nacional, tropas de la Cuarta Brigada anunciaron la captura en combates de varios señalados disidentes, presuntamente vinculados al ataque. Entre ellos estaba Andrés Felipe Morales Londoño, hoy privado de la libertad. El enfrentamiento habría ocurrido en San Andrés de Cuerquía, al norte del departamento.
Sin embargo, el boletín de prensa del Ejército informó que dos mujeres y un hombre habían sido abatidos en combate, sin precisar identidades. A las mujeres se las presentó como alias “Tania” y alias “Ida”. Además, se publicó una foto del material incautado, donde sobresale un viejo fusil AK-47 con la culata amarrada con correas negras. Ese fusil corresponde al mismo que aparece en las fotografías del levantamiento de los cadáveres, colocado encima de una de las mujeres que el Ejército señala como integrante de la disidencia.
La escena se observa alterada: ambas mujeres aparecen con sudaderas y botas de caucho nuevas, con los fusiles ubicados encima de sus cuerpos, ambas boca abajo. La posición de los cuerpos indica que no murieron en ese lugar, sino que fueron acostadas sobre las camas con las heridas hacia abajo. Tampoco hay rastros visibles de sangre en la escena.
Las fotos del levantamiento revelan inconsistencias significativas con la versión oficial de que su muerte fue producto de un combate. La escena parece manipulada. Uno de los fusiles corresponde a la incautación reportada en el operativo.
Fuentes cercanas al caso dijeron a RAYA que ambas mujeres serían civiles que estaban en el caserío donde ocurrió el combate y habrían caído en medio del asalto. Una de ellas sería menor de edad y estaba en embarazo.
Un tercer caso habría ocurrido el pasado 30 de octubre con el supuesto abatimiento de Samuel Alexis Sánchez, a quien la Policía presentó como alias “Mano de Tigre”, señalado como explosivista de la disidencia del Frente 36 y presunto responsable del ataque al helicóptero Black Hawk.
Su muerte ocurrió durante un allanamiento en una finca de Barbosa, un municipio cercano a Medellín, donde la Policía reportó la incautación de armas, uniformes militares, panfletos de la disidencia y un bulto de abono que, según la institución, serviría como precursor para fabricar explosivos. Otras dos personas murieron en el operativo.
Pero allegados de Samuel Alexis aseguran que él no era “Mano de Tigre” ni pertenecía a la disidencia, sino que trabajaba en actividades de minería en el Nordeste de Antioquia. Una fuente relacionada con el caso aseguró que Samuel Alexis estaba acostado en su cama cuando lo mataron y que, hasta la fecha, la familia no ha podido acceder a información legal clave para establecer las circunstancias de su muerte, como el número único en el sistema SPOA.
El último caso de presunta ejecución extrajudicial ocurrió en el municipio de Urrao, occidente antioqueño, donde integrantes de la Policía Nacional habrían retenido y golpeado a Juan José Seguro, un joven señalado de consumir sustancias psicoactivas.
De acuerdo con una denuncia de la Personería municipal en poder de RAYA, Juan José habría sido retenido por la Policía en la madrugada del 27 de octubre, en el barrio Cristo Rey, cuando estaba bajo efectos del alcohol. Los uniformados lo habrían conducido a los calabozos del comando, donde fue golpeado hasta perder el sentido.
Juan José Seguro, asesinado a golpes el 27 de octubre en Urrao, presuntamente por integrantes de la Policía Nacional
En la denuncia consta que fue la misma Policía la que trasladó al joven al hospital del municipio, donde lo entregaron a su familia ya muerto y con evidentes rastros de tortura. El acta de defunción indica que su muerte fue “no natural”, es decir, un homicidio. Por este caso no hay capturados ni judicializados, pero las autoridades investigan el rol de los uniformados en el crimen.
RAYA llamó al teléfono del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para preguntarle por estos crímenes y por las presuntas presiones a las tropas que, según organizaciones de derechos humanos, vendrían desde su administración. Sin embargo, al cierre de este reportaje seguíamos sin obtener respuesta.
También le enviamos un cuestionario por WhatsApp, pero, como ha ocurrido desde que Rendón llegó a la Alpujarra, se ha negado a responder a los periodistas que investigan su gestión.
