Revista RAYA revela las pruebas que se le perdieron a la Fiscalía en el proceso contra Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, los llamados "narcofiscales" amigos y excompañeros de la vicefiscal Martha Mancera. Comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juradas develan un entramado de corrupción y crimen en el que los narcos quedaron libres y los fiscales llenos de dinero. El caso pretende entrar al túnel de la impunidad, pero aún hay mucho por descubrir.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Hace más de un mes, en una audiencia contra los fiscales del Valle del Cauca Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, la Fiscalía reveló que algunas pruebas con las que se los acusa de ser "narcofiscales" se perdieron en el tránsito del expediente entre Cali y Bogotá. Entonces, cuando empezó la investigación en 2018, Martha Mancera ya había ascendido de la dirección de Fiscalías en el Valle y se había convertido en la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la entidad, la encargada de investigar, entre otras cosas, el asesinato de los líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. En cambio, sus compañeros y amigos, Aguirre y Nieto, para esa época adelantaban varios procesos que involucraban a tres narcotraficantes reconocidos en el Valle: Eduard Fernando Giraldo, alias “Boliqueso”; Carlos José Robayo, alias “Guacamayo” y Jair Sánchez Hernández, alias “Mueble Fino”, quienes con acciones criminales dentro de la Fiscalía terminaron favorecidos.
El señalado ex fiscal Iván Aguirre Benavides durante un paseo con varios amigos, entre ellos la hoy vicefiscal general Martha Janeth Mancera, y la fiscal Ana Victoria Nieto, hoy procesada por sus presuntas relaciones con narcotraficantes
El caso en su momento generó tanto revuelo que desde Bogotá el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ordenó que lo asumiera el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Álvaro Betancur, que luego terminaría destituido por su accionar corrupto en el escándalo de Odebrecht. A Betancurt se le perdieron una docena de esas pruebas que ahora tienen a la defensa de los llamados "narcofiscales" pidiendo la absolución de sus clientes.
Hoy, la fiscal Ana Victoria Nieto sigue siendo fiscal en Cali e Iván Aguirre se jubiló. Ambos están siendo investigados por soborno en actuación penal, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por omisión. Por este caso también está imputado el intendente retirado de la Policía Jorge Eliécer Lozano, que trabajaba con el fiscal Aguirre y quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. ¿Qué hay detrás de este entramado de corrupción, poder y mafia? ¿Qué tiene que ver la cúpula de la Fiscalía General de la Nación? ¿A quién se pretende proteger entre los narcotraficantes?
El entramado
El 30 de noviembre de 2019 el cuerpo de Jorge Mauricio Guerrero Rivera, alias “Muelas”, apareció descuartizado y con señales de tortura en una carretera del sector de Potrerito en Rozo, corregimiento de Palmira (Valle del Cauca), a pocos kilómetros de Cali. "Muelas", un antiguo conductor de buseta, poseía para la época varios vehículos afiliados a una conocida empresa de transporte y sostenía una relación con una funcionaria de la Rama Judicial, quien interpuso la denuncia por su desaparición.
"Muelas" había sido secuestrado cuatro días antes, el 26 de noviembre, tras acudir a una cita en una panadería del centro de Jamundí, donde fue requerido por varios miembros activos de la Policía y un exagente de la institución: Juan David Rengifo Méndez, quien ya tenía antecedentes por otro secuestro. Ellos lo capturaron ilegalmente y lo condujeron en un vehículo oficial hasta una finca cercana. Allí lo esperaba Jair Sánchez Hernández, alias “Mueble Fino”, un narcotraficante condenado en los Estados Unidos, quién fue el antiguo jefe de sicarios del fallecido capo del Norte del Valle Wilber Varela, alias “Jabón”. "Mueble Fino" había ordenado el secuestro para vengar un supuesto atentado que "Muelas" orquestó contra uno de sus socios narcos.
El hecho pudo pasar desapercibido como un ajuste de cuentas de la mafia, pero terminó, por cuenta de las declaraciones del exagente Rengifo, revelando un impresionante entramado de corrupción judicial en el Valle del Cauca con repercusiones nacionales, pues involucra directamente a Aguirre y Nieto, dos fiscales de alto rango, amigos muy cercanos de la actual vicefiscal general Martha Mancera con quien aparecen en docenas de fotografías departiendo fiestas, cumpleaños y cenas.
El confeso criminal Rengifo se encontraba en libertad, pese a que apenas tres años antes había participado de otro secuestro en Cali: el del ciudadano Juan Víctor Franklin Monsalve, que fue frustrado gracias a un operativo de rescate realizado por el Gaula Militar con acompañamiento de la fiscal Silvana Uribe. De acuerdo con las declaraciones de Rengifo, este secuestro era un ajuste de cuentas por un negocio del narcotráfico en el que estaba inmerso Juan Víctor Franklin.
En esa ocasión, al verse acosado por las autoridades, Rengifo se entregó al intendente Jorge Eliécer Lozano Lenis, el 3 de noviembre de 2016, según su versión, para que este lo condujera ante los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, como efectivamente sucedió. Ese mismo día Rengifo rindió su primer interrogatorio ante los fiscales Nieto, Aguirre y el intendente Lozano. Dos semanas después, el 15 de noviembre de 2016, ofreció una declaración jurada ante los mismos fiscales y la amplió en una tercera declaración del 2 de febrero de 2017. De aquellas diligencias, con inconsistencias y contradicciones que la Revista RAYA evidenció, quedaron varias grabaciones y la transliteración de las mismas que reposan en el expediente de casi 11.000 folios y el cual fue conocido por RAYA.
Años después, en 2021, Rengifo reconocería ante el fiscal Álvaro Betancur que mintió en esas declaraciones juradas por presión de Aguirre y Nieto, lo que explicaría las inconsistencias entre el primer interrogatorio y las declaraciones posteriores: “Diga que ahí participó Octavio Sanmiguel Rentería, que ahí participó la fiscal Silvana Uribe”, contó que fue la solicitud explícita que le hizo la entonces fiscal Ana Victoria Nieto. Frente a lo que Rengifo le contestó: “pero si esa señora nunca participó de ese hecho, yo ni la conozco”.
La respuesta de Nieto, según Rengifo, fue explícita: “la única opción que usted tiene es hablar, o dice eso, o usted mirará qué hacemos”. Rengifo cumplió la petición y en su segunda versión mencionó como partícipes del secuestro a la fiscal Silvana Uribe, reconocida por haber dado golpes certeros a estructuras mafiosas en el Valle del Cauca, y a Octavio Sanmiguel, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que murió tras un infarto luego de ser detenido y despedido de la Fiscalía por culpa de la falsa sindicación.
La defensa de Sanmiguel tuvo acceso temprano a los videos de las declaraciones juradas que Rengifo rindió ante la fiscal Nieto. Por ello, el abogado anotó con lápiz en los márgenes de la transliteración algunos momentos en los que era evidente que el testigo hablaba con un libreto. Específicamente sucedió en la declaración del 15 de noviembre de 2016: “20.10: abogado escribe y él lee la libreta”, y más adelante, justo antes de preguntarle por otros involucrados que no hubiera mencionado, escribió: “35.00 Fiscal escribe y le muestra y voltea la hoja”, dice el documento que revela RAYA. Estos videos hoy están desaparecidos.
Fue durante esta diligencia cuando Rengifo involucró falsamente a la fiscal Silvana Uribe y al funcionario Octavio Sanmiguel, en hechos por los que se retractaría años más tarde, después de su segunda captura en 2020, asegurando que eso fue solicitado, bajo presión, por los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre. Después, para evitar contradicciones en la audiencia ante el juez y ya con la presión de los abogados de Silvana y Octavio, Rengifo aseguró que la fiscal Nieto le indicó cómo debía sortear la situación: “La doctora Ana Victoria me dice: ‘si usted se ve muy acosado diga que va para el baño o algo’”.
Lo cierto es que el 17 de julio de 2017 el secuestrador Juan David Rengifo recuperó la libertad gracias a un preacuerdo confeccionado por la fiscal Ana Victoria Nieto, quién sólo le imputó el delito de hurto calificado, pero no el de secuestro, del cuál claramente había sido uno de los autores, como él mismo lo reconoció en sus declaraciones. Al contrario, las audiencias fueron dilatadas y aplazadas, y aunque se elaboró también un preacuerdo por ese delito, este nunca llegó a aprobarse.
Por esa obra, Rengifo quedó en libertad y volvió a sus andanzas hasta su recaptura el 3 de enero de 2020, esta vez por el secuestro y homicidio de Jorge Mauricio Guerrero Rivera, alias “Muelas”, con el que comenzamos este relato. En dicha oportunidad, para evadir su captura, Rengifo envió 140 millones de pesos al fiscal Iván Aguirre a través de otro fiscal: Iván Ríos, y de quien fuera su abogado de la época, Héctor Alirio Rojas Cruz, ambos ya condenados por este hecho. La mayoría de este dinero, según Rengifo, se lo entregó en Pereira su jefe, el narcotraficante Jair Sánchez Hernández, alias “Mueble Fino”, quien necesitaba a toda costa entorpecer la investigación por el secuestro y asesinato de “Muelas”.
A pesar de recibir el dinero de “Mueble Fino”, los fiscales le incumplieron a Rengifo, éste terminó capturado y decidió delatarlos y buscar un nuevo principio de oportunidad revelando todas las maniobras turbias que Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto fraguaron con él desde su primera captura en 2016. Maniobras que, como ya señalamos, incluyeron: trances de dinero en efectivo, señalamientos falsos contra miembros de la Fiscalía acusados de pertenecer a su banda criminal, mientras pretendían encubrir la responsabilidad de otros criminales contra los que ni siquiera se libraron órdenes de captura como fue el caso de alias "Mueble Fino".
Las pruebas que desaparecieron
Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto en una reunión mientras ingieren licor en la oficina del abogado Raimundo Tello, hoy defensor de Nieto. Tello ha defendido a parapolíticos y narcos, especialmente, en el suroccidente del país.
Quien aparece en la foto, junto con los fiscales Aguirre y Nieto, es Raimundo Tello, un abogado penalista, no cualquiera, amigo de vieja data de los dos fiscales desde cuando trabajaba en la Rama Judicial. Luego, Tello dejó esa labor y se convirtió en defensor del parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra. También fue amigo personal de Hernán Darío Escobar Restrepo, alias “El Hombre de Blanco”, un siniestro abogado de mafiosos asesinado en 2011 en Cali, quien fuera señalado por el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque de haberle servido de testaferro. El difunto Escobar Restrepo también estuvo relacionado con el capo Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”. Carlos Hernán Escobar, quien es yerno del fiscal Iván Aguirre y además su defensor en este proceso, es precisamente el hijo del asesinado “Hombre de Blanco”.
Esa y otras fotografías de la actual vicefiscal Martha Mancera ingiriendo licor con los dos fiscales señalados de corruptos, y las de aquellos junto con el abogado Raimundo Tello, se conocieron en 2021 a raíz del escándalo de los “narcofiscales”.
Un caso que el pasado 13 de septiembre tuvo su audiencia preparatoria con el fin de que tanto la defensa de Silvana y Octavio como la Fiscalía destapen las pruebas que usarán durante el juicio contra los fiscales Nieto y Aguirre. No obstante, Raimundo Tello y Carlos Hernán Escobar, expusieron que varias de las evidencias relacionadas en el escrito de acusación de la Fiscalía desaparecieron. Informes de Policía Judicial, interceptaciones telefónicas y varias declaraciones de Juan David Rengifo, el testigo estrella de los llamados "narcofiscales". Por los hechos ya hay una denuncia contra el agente de policía Yoani Jaimes, quien tuvo bajo su custodia algunos de estos elementos.
En el expediente hay constancias de que estas pruebas estuvieron en el almacén de evidencias de la Fiscalía en Cali hasta el 2021, pero se perdieron después de que el fiscal Álvaro Betancur, luego destituido por el escándalo de Odebrecht, ordenó su traslado a Bogotá.
Una de esas pruebas desaparecidas es el interrogatorio de Rengifo el día de su primera captura, el 3 de noviembre de 2016. Según aseguró el abogado Raimundo Tello, se trata del audio de la entrevista aportado por el intendente de la Policía Jorge Eliécer Lozano Lenis, quien trabajaba como investigador del fiscal Aguirre. Lozano es un antiguo suboficial que en aquella época sostenía contacto con Rengifo, precisamente para que le informara sobre movimientos de la Fiscalía en las investigaciones en su contra. De acuerdo con el relato de Rengifo, su captura obedeció a una entrega pactada con el intendente Lozano, quien está prófugo de la justicia desde el 21 de febrero de 2021 cuando salió del país con destino a Miami, según la información entregada por Migración Colombia. Es más, desde marzo de 2019 había dejado de presentarse a las diligencias judiciales relacionadas con el caso de los “narcofiscales” aduciendo que hacía “uso de buen retiro”, consta en el expediente.
Apenas en mayo de este año la Interpol emitió una orden de captura internacional contra Lozano, luego de que la fiscal Diana Alejandra Cucunubá asumiera el caso y reemplazara a Álvaro Betancur. Según el expediente, Lozano se encontraría en Indianápolis, Estados Unidos.
Aunque el audio que entregó Lozano está perdido, la Revista RAYA encontró la transcripción de ese primer interrogatorio a Rengifo. El documento en poder de RAYA evidencia situaciones irregulares que desde ese momento indican los pactos a los que había llegado Rengifo con la fiscal Nieto. Fue en esta declaración donde habló del presunto determinador del secuestro de Juan Víctor Franklin Monsalve. Aseguró que era un narcotraficante de apellido Salas y que tenía una compraventa de vehículos cerca a la Avenida Pasoancho de Cali, llamada “Todo Autos”. Se trataría, según pudo confirmar Revista RAYA, de José Luis Salas Bastidas, quien aún figura como propietario de la consignataria Todo Autos JS, en el sur de la capital del Valle.
No obstante, una vez Rengifo mencionó por primera vez a “Salas” en su testimonio, ocurrió algo extraño, que quedó registrado en la primera transcripción del interrogatorio que aquí revelamos. Rengifo se mostró confundido y pidió parar la grabación para comentarle algo a la fiscal Ana Victoria Nieto: “Juan David Rengifo: en el sur, se llama Todoautos, Pasoancho más o menos. Ana Nieto Fiscal: no te pongas la mano porque no se te escucha, que no te tapes la boca. Juan David: ¿Puede parar un momentico?. Ana Fiscal: Que no se tape. Juan David: No, es que le quiero decir algo, pero…” En ese momento cortan la grabación. Cuando se retoma la diligencia, la fiscal Nieto pregunta tranquilamente: “bueno, nos estabas contando de ese gordo, ¿qué sabes?”, mientras Rengifo prosigue su relato.
La interrupción es sumamente llamativa porque luego en el proceso quedará probado, y Rengifo así lo confirmó en posteriores declaraciones, que la fiscal Nieto libró una orden de captura errónea contra un José Luis Salas Pinilla, pero diferente al de Cali. Se trata de un ciudadano oriundo de Pitalito (Huila), homónimo al sujeto que Rengifo había mencionado, sin ninguna relación con la ciudad de Cali y mucho menos con el secuestro de Franklin Monsalve.
Revista RAYA se comunicó con este último y alegó que él también es víctima de un montaje judicial y negó cualquier vinculación con el secuestro de Juan Víctor Franklin Monsalve, aunque declinó dar más explicaciones. Se comprometió a contactarnos con sus abogados, pero eso no ocurrió.
Iván Aguirre, el fiscal de las absoluciones
Iván Aguirre, Ana Victoria Nieto y la hoy vicefiscal Martha Mancera, juntos en un paseo de amigos.
La defensa del fiscal Iván Aguirre, liderada por su yerno y abogado Carlos Hernán Escobar, aseguró que los elementos de prueba faltantes en el proceso favorecerían a su defendido. Sin embargo, es todo lo contrario: una de las pruebas embolatadas contiene evidencias que incriminan a Aguirre.
La revista RAYA la encontró. Se trata del informe de investigador de campo FPJ-11 No. 11-287904 del 31, de agosto de 2021, junto con sus anexos que incluyen un CD y un BLUE-Ray, el cual contiene evidencias sobre viejos procesos judiciales en los que Aguirre habría favorecido a narcos y sicarios, en algunos casos entorpeciendo las investigaciones contra ellos, en otros ofreciendo dinero a los implicados para que incriminaran falsamente a personas sin relación con los crímenes.
Así quedó probado en juicio con unas declaraciones del sicario José Luis Maldonado, alias “El Lobo”, un cobrador subordinado al hoy extraditado narcotraficante Eduard Fernando Giraldo “Boliqueso”.
En una sentencia del Juzgado Segundo Penal Especializado de Cali por el homicidio de Juan Carlos Salazar Giraldo, un ganadero paisa asesinado en Cali en septiembre de 2016 presuntamente por órdenes de "Boliqueso", se determinó que las declaraciones de "El Lobo" no eran propias sino que “provenían de unos sujetos interesados en hacerle daño a los acusados y a otras personas, al parecer si por problemas de mando y dirección de organizaciones que se han dedicado históricamente a actividades de narcotráfico”.
Lo revelador de este asunto es que tanto alias "El Lobo" como su madre, la señora Monguí Maldonado, dijeron recibir presiones del fiscal Iván Aguirre para declarar contra personas que nada tenían que ver en aquel homicidio, lo que derivó en que al final la acusación contra varios de los presuntos criminales se viniera abajo, resultando en la absolución de todos los implicados.
Hay que conectar este hecho con un oficio que envió el 22 de febrero de 2022 Emely Salcedo Borja, fiscal 23 especializada de Cali, al fiscal Álvaro Betancur cuando este le solicitó los elementos probatorios que obraban en la actuación del fiscal Aguirre contra alias "Boliqueso".
“Se puede constatar que este caso fue del interés del doctor Aguirre Benavidez desde antes de iniciarse, toda vez que tiene relación con otro [...] en el que se realizó un allanamiento ordenado por el entonces fiscal Jairo Daniel Fonseca [...] en la cual se incautó sustancias estupefacientes, y munición para armas de fuego, siendo capturado un sujeto en flagrancia”, aseguró la fiscal Salcedo en su carta: “Días después el fiscal Iván Aguirre estaba preguntando por este caso, según lo informó uno de los investigadores”.
En una declaración jurada anterior, el 5 de agosto de 2021, esta misma fiscal aseguró que el modus operandi de Aguirre consistía en capturar a mandos medios de las organizaciones criminales para encubrir a los jefes: “[Aguirre] adelanta los casos, saca las órdenes de captura, unos preacuerdan, y ya cuando es contra las personalidades de más poder y de más estatus, devuelve el caso para que la fiscal que no conoce el caso adelante el juicio”, esto, según ella, daba como resultado que al final toda la labor de la Fiscalía se derrumbara en los tribunales, saliendo los criminales absueltos.
La Fiscal Salcedo detalló que ese había sido el mismo modus operandi efectuado en otros casos, como el del coronel Jairo Casallas, jefe de la SIJIN en Cali, investigado por su presunta relación con una conocida banda de asaltantes de bancos y también en otra investigación contra una estructura de sicarios conocida como “Los Briñez”.
La cúspide de todo este entramado de sobornos, manipulación de testigos, absoluciones y criminales favorecidos por Aguirre la encontramos en una denuncia penal interpuesta por él, en la que pide ser investigado. En ella detalla cómo un sujeto que transportaba insumos para un laboratorio de cocaína terminó libre gracias a una de sus maniobras. La denuncia es por prevaricato por acción y tiene fecha del 22 de julio de 2014, aunque los hechos narrados ocurrieron un año antes, el 1 de agosto de 2013, cuando un patrullero capturó en Jamundí al sujeto Luis Guillermo Bravo Castillo con un cargamento de bicarbonato, carbonato y otros insumos para procesar cocaína. Dicha decisión, según su propia denuncia, fue consultada con la entonces directora de Fiscalías del Valle, hoy vicefiscal general, Martha Mancera.
Según el documento, a pesar de que las pruebas de laboratorio confirmaron la naturaleza de las sustancias, Aguirre decidió “en consenso con la doctora Martha Janeth Mancera, fiscal coordinadora de la Unidad Especializada para ese entonces, la libertad inmediata del señor Bravo Castillo” usando el argumento de que no había “prueba de certeza” sobre las sustancias incautadas.
Bravo Castillo fue recapturado el 13 de mayo de 2014, curiosamente entre las interceptaciones de otra fiscal que llevaba la investigación apareció una llamada de Liliana Marín Alzate, también detenida por el caso, en donde aquella hablaba de pagos de entre 15 y 20 millones de pesos al fiscal Aguirre a cambio de la libertad de Bravo Castillo, lo que el capturado ratificó en entrevista con la Policía Judicial.
En este punto del relato hay que mencionar un documento anónimo que circuló en 2021 con fotos de fiestas y reuniones privadas, evidencias que fueron extraídas del celular de la fiscal Nieto, prueba que la defensa de ambos fiscales solicitó que se tuviera en cuenta en el juicio. El documento contiene una serie de fotografías entre la vicefiscal y sus amigos, incluso, en el mismo comedor con el polémico abogado Raimundo Tello, defensor de narcos y de la fiscal Ana Victoria. En varias de ellas a Mancera se le ve plácida, compartiendo con estos personajes en el Valle y fuera de ese departamento.
Los narcotraficantes implicados en esta trama de corrupción y mafia, algunos de los cuales conformaron una estructura criminal que la Fiscalía bautizó en uno de sus organigramas como “La Gran Alianza”, una confederación de antiguos jefes del Cartel del Norte del Valle para repartirse las rutas de la droga y las oficinas de cobro ilegal en Cali.
Varios de ellos eran Eduard Fernando Giraldo, alias “Boliqueso”, Carlos José Robayo, alias “Guacamayo” y Jair Sánchez Hernández, alias “Mueble Fino”, quienes hoy responden ante la justicia, a pesar de que durante años las labores investigativas en su contra se atascaron entre memoriales, sobornos y falsos testimonios. Ahora corresponderá a los tribunales esclarecer el rol de Aguirre y Nieto en toda esta maraña de corrupción y mafia que los salpica desde hace más de una década.
Mientras tanto, la vicefiscal Mancera deberá también explicar por qué el caso ha sido tan entorpecido dentro de la entidad. Más aún cuando el testigo Juan David Rengifo contó lo que le dijo el fiscal Aguirre después de su segunda captura en enero de 2020: “Y no vas a hablar de "Mueble Fino", y saque a su familia de Riofrío, porque usted sabe que "Mueble Fino" es muy peligroso”.
