Desde Washington, tras su primera reunión con Donald Trump este martes, el presidente Gustavo Petro afirmó que “hay decenas de muertos calcinados” en la frontera con Ecuador. RAYA recorrió la región y recogió testimonios que aseguran que esas muertes son producto de tres explosiones en zona rural de Nariño, que serían el resultado de operaciones secretas de los Estados Unidos.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Horas después de salir de su primera reunión con Donald Trump en Washington, este martes 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que “en estos días hemos incautado casi quince toneladas de cocaína sin muertos. Pero en la frontera con el Ecuador hay decenas de muertos calcinados. Son dos métodos diferentes, dos maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico, una brutal e interesada, que termina promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes, y otra inteligente”.
Sobre “los cuerpos calcinados” Petro no ofreció detalles de quiénes fueron los responsables. Pero Revista RAYA recogió durante la última semana de enero testimonios de la comunidad de Nariño y de funcionarios, a quienes protegemos su identidad, quienes sostienen que estos muertos se produjeron a raíz de tres explosiones ocurridas en Llorente, Mosquera y Rosario, en Nariño, y corresponderían a ataques coordinados de una posible operación encubierta de Estados Unidos.
Uno de esos cuerpos calcinados era el de William Arbey Paz, un afrocolombiano de 44 años, padre de cinco hijos, oriundo de Tumaco, trabajaba como mecánico y electricista en un pequeño taller que había montado en el corregimiento de Llorente, uno de los mayores enclaves cocaleros del país, con más de 22 mil hectáreas cultivadas en 2023 según la organización INDEPAZ.
William tenía por costumbre desplazarse en motocicleta entre los caseríos cercanos, a través de trochas y caminos selváticos , para efectuar reparaciones y trabajos a domicilio. Por eso, la noche del 22 de enero quedó atrapado en un paraje cercano al resguardo Awá de Inda Zabaletas, donde lo habían llamado para que arreglara una planta eléctrica dañada. William, según sus familiares, no pertenecía a ningún grupo armado ilegal y no hacía parte de estructuras narcotraficantes. Tampoco registra antecedentes judiciales en bases de datos públicas.
William Arbey Paz, mecánico y electricista que murió durante el presunto ataque
El cuerpo de William, con quemaduras, fue uno de los pocos que pudieron reconocerse tras la violenta explosión que tuvo lugar esa misma noche en el caserío donde lo habían citado para la reparación de la planta. Otros cadáveres quedaron irreconocibles porque fueron carbonizados por completo, como puede apreciarse en un video grabado por los sobrevivientes que fue difundido por habitantes locales.
La explosión ocurrió sobre un entable utilizado para procesar pasta base de coca de los cultivos vecinos. El saldo fue de ocho muertos y una decena de heridos, según reportes oficiales, aunque familiares aseguran que las víctimas fatales ascienden a doce, incluidos menores de edad y personas aún no identificadas. Desde esa noche en la zona comenzaron a circular versiones contradictorias sobre las causas del hecho.
La explosión ocurrió en la víspera de la visita del presidente Gustavo Petro a Llorente, el 23 de enero pasado, un corregimiento a pocos kilómetros del lugar de la explosión. Allí, el mandatario anunció la entrega de tierras a comunidades afrocolombianas e indígenas de Nariño, así como avances en los acuerdos de sustitución y erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito, pactos logrados en el marco de la negociación de paz con la Coordinadora Bolivariana, una de las mayores disidencias del país comandada por Walter Mendoza.
En noviembre pasado, el presidente había denunciado públicamente que existía un plan de la inteligencia norteamericana para crear, con testigos falsos, un caso en su contra por narcotráfico. Durante su discurso en Llorente, tras la explosión, el mandatario se refirió al hecho y se preguntó: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?, eso suena a traición, eso suena a mentira”.
RAYA confirmó, con fuentes de alto nivel enteradas de las negociaciones con la Coordinadora Bolivariana, que en esa mesa de diálogos se trató el tema de la explosión de Llorente. Según tres fuentes diferentes, los voceros de esa disidencia atribuyeron el hecho a un posible ataque de militares norteamericanos o en alianza con militares ecuatorianos. La hipótesis no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente por el Estado colombiano, ni por los Estados Unidos. Dos ataques de precisión similares habrían ocurrido en los dos días siguientes a la visita de Petro a Llorente, en parajes del litoral pacífico nariñense.
El segundo de los ataques tuvo lugar en el Pital de la Costa, un caserío costero entre Tumaco y el municipio de Mosquera; el tercero habría ocurrido en inmediaciones del río Rosario, en zona rural al norte de Tumaco.
Un dirigente social de Tumaco, con contacto directo con comunidades de Mosquera y la costa pacífica, explicó que la explosión en el Pital de la Costa dejó al menos tres personas muertas y dos heridas, quienes fueron evacuados en lancha por el mar hasta Tumaco. Los heridos fallecieron un día más tarde debido a la gravedad de las quemaduras. “Hay nerviosismo, no se conoce la verdad de los hechos”, aseguró el líder social , quien pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.
El tercer ataque habría ocurrido en inmediaciones del río Rosario, en zona rural de Tumaco. Sobre este hecho no existen reportes oficiales de víctimas, ni registros en la prensa local o nacional. Sin embargo, RAYA confirmó que la información fue conocida por los equipos del Gobierno Nacional que participan en la mesa de negociaciones con la Coordinadora Boliviariana. Este ataque habría ocurrido por fuera de los territorios indígenas, en una zona habitada por colonos y campesinos.
Un funcionario adscrito a una dependencia oficial relacionada con la Presidencia de la República explicó a RAYA que desde la última semana de enero, se maneja la hipótesis de que las tres explosiones estarían conectadas y que se trataría de ataques con drones lanzados, presuntamente, desde el Ecuador con apoyo de los Estados Unidos. De manera independiente, otra fuente adscrita a una entidad de inteligencia del Estado confirmó dicha versión y agregó que la Presidencia maneja la información hace dos semanas.
Líderes indígenas del pueblo Awá que conversaron con RAYA explicaron que manejan la misma hipótesis, aunque dijeron que existe la posibilidad de que los ataques sean atribuibles a la disidencia Urías Rondón, adscrita al grupo comandado por Iván Mordisco, que no está en diálogos de paz con el Gobierno Nacional, o a una facción del Frente Oliver Sinisterra que se habría separado del grupo de la Coordinadora Bolivariana comandado por Mendoza. Sin embargo la ocurrencia de tres eventos coordinados y precisos en puntos distantes de la geografía nariñense debilita esa hipótesis, toda vez que estos grupos rivales de la Coordinadora Bolivariana no tienen una presencia consolidada en esos territorios donde se dieron las explosiones.
Las fuentes consultadas por RAYA coincidieron en que los incendios de los laboratorios no se produjeron por accidentes, sino por ataques cuya autoría aún no ha sido atribuída ni reivindicada por ningún actor armado.
Luis Escobar, el gobernador de Nariño, aseguró después de la primera explosión que el hecho no guardaba relación con el conflicto, aunque no precisó las causas. RAYA intentó comunicarse varias veces con Escobar a su número personal y a través de una de sus asistentes, pero al cierre de este reportaje no se había obtenido respuesta.
El silencio oficial sobre los tres ataques podría enmarcarse en la visita del presidente Gustavo Petro a Washington para su reunión con Donald Trump. En medio de un clima de tensión y a pesar de la diplomacia paralela que desplegaron alcaldes, gobernadores, congresistas y políticos colombianos de ultraderecha para sabotear la normalización de relaciones de Petro con los Estados Unidos, el encuentro en la Casa Blanca entre ambos mandatarios se realizó en términos cordiales este 3 de febrero.
Sin embargo, el mandatario norteamericano en varias oportunidades ha amenazado en público a Petro bajo señalamientos sin pruebas públicas conocidas de permitir el funcionamiento de “fábricas de cocaína” dentro del país. La última de esas amenazas ocurrió en enero pasado, después de que Estados Unidos realizara una operación militar en Venezuela y secuestrara al presidente en ejercicio Nicolás Maduro.
En 2025, Trump firmó órdenes ejecutivas que le permiten a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operaciones encubiertas de espionaje y sabotaje en Colombia. También designó a las organizaciones narcotraficantes del hemisferio como terroristas, atribuyéndose poderes para realizar bombardeos y operaciones militares en otros países sin que exista una declaratoria formal de guerra aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.
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En múltiples alocuciones públicas Trump aseguró que su gobierno se preparaba para lanzar ataques terrestres a las instalaciones que producen narcóticos en México y Colombia, mientras desarrolla desde septiembre pasado una campaña de bombardeos a botes en el Caribe y el Pacífico bajo el argumento de que sirven para transportar drogas, ofensiva que ha dejado 126 muertos según reportes del New York Times, entre ellos, varios colombianos.
El presidente Gustavo Petro denunció el caso de Alejandro Carranza, un samario asesinado en noviembre pasado en un bombardeo en aguas del Caribe. La familia de Carranza asegura que aquel no era un traficante de drogas, sino un humilde pescador que estaba con su bote varado en alta mar.
Del otro lado de la frontera, los anuncios públicos confirman que ya hay operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas del Ecuador con unidades militares de los Estados Unidos. El principal anuncio se hizo el 25 de enero, tres días después de la explosión de Llorente, durante la visita de Joseph Humire, el subsecretario adjunto de defensa de los Estados Unidos, quien realizó reuniones oficiales en la Cancillería en Quito.
En una rueda de prensa en la que participaron la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, Gabriela Sommerfeld; el ministro del Interior, John Reimberg; el responsable de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el comandante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas Henry Delgado, este último dijo a varios medios de ese país que “los operativos conjuntos buscan mejorar la seguridad en la frontera norte y definir los puntos y centros de acopio para actividades de narcotráfico y sus rutas de salida por el Pacífico”.
La prensa ecuatoriana vinculó el anuncio de coordinación militar con los Estados Unidos con la tensión diplomática y fronteriza con Colombia, desatada después de que el presidente Daniel Noboa anunciara aranceles unilaterales contra nuestro país en una represalia por la supuesta falta de voluntad para combatir el narcotráfico en la frontera. De hecho, la primera reunión bilateral entre cancilleres para desescalar las tensiones iba a realizarse ese mismo 25 de enero pero fue cancelada por los ecuatorianos, que en su lugar hicieron la rueda de prensa con el subsecretario de defensa norteamericano.
El 28 de enero Daniel Noboa suspendió su participación en el foro de la CAF en Panamá, donde compartió escenario con Gustavo Petro, para regresar de urgencia al Ecuador a “liderar el bloque de seguridad”, de acuerdo con la prensa ecuatoriana. La Cancillería del Ecuador no explicó por qué Noboa había cancelado intempestivamente sus actividades en la CAF, sin embargo, el excandidato presidencial y opositor ecuatoriano Andrés Arauz denunció que Noboa habría pedido a las fuerzas armadas del Ecuador preparar un escenario bélico contra Colombia.
El ministro del interior ecuatoriano John Reimberg declaró al diario El Comercio que el regreso anticipado de Noboa tenía como propósito liderar una reunión de seguridad urgente debido a la situación de emergencia que “sacude al país” y que su presencia era fundamental “para que conozca de acciones importantes que se van a realizar en estos días en Ecuador”.
Daniel Noboa junto a sus ministros y altos mandos militares el 28 de febrero en una reunión urgente de seguridad que lo obligó a cancelar su participación en un foro en Panamá - Foto: Presidencia del Ecuador
El corregimiento de Llorente, cercano al punto donde ocurrió la primera explosión, está ubicado a menos de veinte kilómetros en línea recta del borde fronterizo y a menos de cincuenta kilómetros de San Lorenzo, el centro urbano más importante del noroccidente del Ecuador.
Tan sólo seis días antes del primer ataque contra laboratorios de coca en Nariño, el 16 de enero la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) advirtió a las aerolíneas norteamericanas sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo del Pacífico colombiano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación durante dos meses, hasta marzo, según lo reportó el diario New York Times.
La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos advirtió a las aerolíneas estadounidenses sobre posibles operaciones militares en el espacio aéreo del Pacífico que se desarrollarían desde el 16 de enero hasta marzo
Según la FAA, esta medida se dio “debido a actividades militares e interferencias del GNSS (siglas del sistema de navegación global por satélite) existen riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo”. De hecho, esa entidad federal publicó un mapa en donde podrían sobrevolar aeronaves militares estadounidenses sin el notificador encendido en todo el Pacífico colombiano, ecuatoriano, centroamericano y mexicano.
Finalmente, el 23 de enero, el mismo día que Petro visitaba Llorente, aviones de guerra norteamericanos atacaron otro supuesto bote cargado de drogas en aguas internacionales cerca de Ecuador y Colombia matando a tres de sus tripulantes. Aparentemente hubo un sobreviviente colombiano que fue rescatado y atendido en Bogotá, según contaron a RAYA fuentes de la Defensoría del Pueblo, sin que haya confirmación oficial de este hecho.
Imagen difundida por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Se trataría del bombardeo número 36 a supuestas lanchas que transportan narcóticos, esta vez en aguas del Pacífico cercanas a Tumaco
No existe un pronunciamiento oficial de los Estados Unidos confirmando o desmintiendo la realización de ataques terrestres contra instalaciones sospechosas de procesar narcóticos en Colombia. Previo a la violenta incursión militar norteamericana en Venezuela, ocurrida el 3 de enero pasado, hubo varios ataques de precisión con drones contra chozas de pescadores e instalaciones industriales en la región de Maracaibo y la Alta Guajira, todos fueron atribuidos a los Estados Unidos por la prensa internacional.
El primero de ellos fue el bombardeo con drones de la CIA a una bodega de insumos químicos y materias primas para la industria cerca al lago de Maracaibo el 24 de diciembre de 2025, según lo confirmó el propio Donald Trump.
RAYA se comunicó con oficiales de prensa de la Embajada Norteamericana en Colombia para consultar por los señalamientos de las comunidades y funcionarios oficiales que atribuyen los tres ataques ocurridos en Nariño a operaciones militares encubiertas de los Estados Unidos. Al cierre de este reportaje no habíamos obtenido una respuesta oficial.
Los Estados Unidos han utilizado ampliamente los ataques de precisión con drones, una práctica que viene desde el primer gobierno de Barack Obama, cuando se desplegó una estrategia denominada entre los teóricos militares como “la guerra remota”. Estos ataques han sido comunes en países como Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen, con bombardeos dirigidos desde portaviones o bases militares de Estados Unidos hacia objetivos precisos en pequeños pueblos y aldeas montañosas a cientos de kilómetros de distancia. No obstante, fueron ampliamente cuestionados por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que los califica con el término “homicidios no legítimos” por la gran cantidad de muertos civiles que producen.
