Una querella busca establecer la posible responsabilidad del expresidente en los mal llamados “falsos positivos”. Después de dos años de trámite, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si reabre la investigación por crímenes de lesa humanidad. Máximo Castex, defensor de las víctimas, asegura que hay esperanza a partir de los precedentes en casos similares en su país y luego de que la JEP haya afirmado que la cifra ha pasado de 6.402 a 7.837 casos documentados.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
A miles de kilómetros de Colombia, once familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales buscan que el expresidente Álvaro Uribe sea juzgado en Argentina por crímenes de lesa humanidad. Su apuesta se sostiene en el principio de la jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar estos crímenes sin importar dónde fueron cometidos.
Desde noviembre de 2023, las familias —de cuatro víctimas identificadas y siete aún sin identificar— presentaron una querella contra Uribe por su presunta responsabilidad en los mal llamados “falsos positivos”: el asesinato de miles de civiles presentados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate por integrantes de las Fuerzas Militares durante su gobierno, entre 2002 y 2010. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ese periodo se registraron más de 6.402 casos, justamente durante los dos gobierno de Uribe.
La demanda ha tenido avances y retrocesos en Argentina. Actualmente, está archivada de manera provisional por el juez federal Sebastián Ramos, quien consideró que los hechos debían ser investigados en Colombia. Sin embargo, las familias sostienen que en el país persiste la impunidad sobre estos hechos, debido a que no existen investigaciones sobre la posible participación del expresidente en esos crímenes.
Recientemente, las víctimas, junto a la Corporación Jurídica Libertad (CJL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP); además del abogado argentino Máximo Castex y el asesor internacional Bénédict De Moerloose, buscan que la querella sea desarchivada y se reabra la investigación. En la última audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Argentina, cuatro víctimas pudieron contar ante los jueces la importancia de la demanda.
RAYA habló con Máximo Castex, abogado y profesor reconocido por su trabajo alrededor de la jurisdicción universal en Argentina, donde ha llevado casos de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Ha impulsado acciones contra los crímenes del franquismo en España y representa a las víctimas colombianas en la querella contra Álvaro Uribe por falsos positivos. En conversación, detalló la importancia de su país en la investigación de estos delitos y los caminos que tienen las familias en la búsqueda de justicia.
RAYA: ¿Cuál es el objetivo de la querella contra el expresidente Álvaro Uribe?
Máximo Castex: Hay un gran objetivo, que es tratar de investigar y establecer la responsabilidad del exmandatario Uribe en cuanto a las órdenes de lo que se conoce como los falsos positivos. Ese es el objetivo primordial. Obviamente, por los impedimentos que existen en Colombia al respecto. También, hay siete víctimas que no han podido ser identificadas. Si logramos que la investigación empiece, uno de los puntos serían las posibles exhumaciones y estudios respecto a esas personas. Es una tarea muy ardua y muy difícil, pero pensábamos lo mismo del caso Mendieta en la querella española y, después de cuatro años, se logró el objetivo.
RAYA: ¿Qué pruebas tienen y qué podrían establecer una relación entre el expresidente y los crímenes que denuncian?
Máximo Castex: La querella ya tiene un disco rígido de pruebas, entre propios discursos de Álvaro Uribe, resoluciones de la JEP, leyes o reglamentos, decretos… Lo que buscamos ahora es que la Cámara (de Apelaciones) establezca que le asiste la razón a las víctimas y revoque ese archivo. A partir de ahí, se empieza a trabajar en la recolección de otras pruebas, como las declaraciones de las víctimas sobre los hechos y las limitaciones legales que ha habido en Colombia para investigar a Uribe.
Después, el objetivo es reunir las pruebas para una indagatoria, que es el acto en el que se le atribuye a una persona la comisión del delito. Para eso se requieren unos elementos precisos que permitan establecer y vincular un hecho a una persona.
Por el momento, estamos lejos de eso por la decisión de archivo. Sin embargo, no hay que olvidar que en el caso colombiano hay un requerimiento de instrucción. El fiscal impulsó la investigación y sugirió medidas de prueba. Para empezar a trabajar sobre esas medidas, hay que esperar la decisión de la Cámara.
RAYA: La semana pasada hubo una audiencia ante la Cámara de Apelaciones. ¿Qué ocurrió allí?
Máximo Castex: Este es un caso que ya tiene más de dos años de presentado. En la audiencia del día martes pedimos que se revoque el archivo y que se dé instrucción al doctor Ramos a que convoque a las víctimas para escucharlas. En esa audiencia, cuatro víctimas hablaron sobre qué les causó la decisión de archivo y sus expectativas. Por eso pedimos que se tome una declaración testimonial más amplia, en la que puedan hablar sobre sus motivos, y las circunstancias, datos y pruebas respecto a los crímenes que denunciaron.
RAYA: La querella colombiana en Argentina ha tenido reveses y hoy se está buscando su desarchivo. ¿Es normal que ocurra esto en este tipo de demandas?
Máximo Castex: En todas se ha visto la misma reacción jurisdiccional en un primer momento: la decisión de archivo. Luego, se logra revertir esa determinación, como pasó en los casos del franquismo, de Myanmar y de Venezuela, en los que yo intervengo. Luego, las partes querellantes lograron revocar y se lograron medidas de prueba.
En el caso del franquismo, por ejemplo, solicité 12 extradiciones respecto de dos personas que estaban imputadas como autores de aplicar tormentos a varias víctimas y se abrieron los procesos de extradición en España. El juez de instrucción Ramos, quien lleva ese expediente, es el mismo que lleva el de Colombia y tiene bajo su juzgado la decisión de archivo que fue apelada.
Sobre el franquismo, también se logró el proceso de exhumación que fue positivo para la querellante y la apertura de los consulados argentinos, en distintos países del mundo, para recibir denuncias y que la prueba pudiera viajar a través de la valija diplomática. Los casos que ya se tramitaron y se siguen tramitando nos dan muchas herramientas y aprendizaje para hacer lo mismo en el caso colombiano.
RAYA: ¿Qué escenarios tienen las víctimas frente a la decisión que tome la Cámara de Apelaciones?
Máximo Castex: En caso de que se mantenga el archivo queda una instancia más para apelar. Es como una organización vertical: está el juez de instrucción, que es el que instruye e investiga. Por encima de él está la Cámara de Apelaciones Federal, que es donde estamos ahora, y queda el último órgano jurisdiccional, que es el más importante, la Cámara de Casación Penal Federal.
Si la decisión es en sentido favorable, que es lo que esperamos, que la Cámara de Apelaciones revoque la decisión de archivo, le dé la razón a la parte querellante y vuelva al juzgado del doctor Ramos para efectos de continuar con la investigación. Ahí aparece el abanico de posibilidades probatorias y medidas que comentaba antes. También puede determinar que falta tomar para librar exhortos y para efecto de pedir más información, revoca y reabre la investigación solo para esos fines. Aún no sabemos con qué argumentación va a fallar la Cámara.
RAYA: ¿Cómo ha sido la relación con las autoridades colombianas frente a este caso?
Máximo Castex: Las medidas de prueba que se vayan solicitando, se instrumentan a través de exhortos o rogatorias internacionales. Los encargados de diligenciar y de tramitar esas solicitudes son las cancillerías respectivas y ahí, la propia Cancillería se encarga de hacer las solicitudes pertinentes. Pero estas causas también tienen dificultades.
Por ejemplo, desde Colombia nos llegó un informe final, muy escueto, que habla de dos procesos supuestamente que se tramitan ante la Comisión de Investigación y Acusación (del Congreso). Es una breve carilla con descripciones del número de causa, la parte denunciante y una breve descripción del hecho. Eso no basta para poder establecer si estamos hablando de los mismos hechos denunciados. Eso lo dijimos en la audiencia. No nos ha llegado información de JEP. Eso lo dijimos en la audiencia. Entonces volvimos a insistir sobre esa cuestión.
RAYA: Como usted lo señala, esto también depende de la voluntad política de los Estados. Se acercan elecciones en Colombia y en varios países de la región. ¿Qué tan vulnerable es la jurisdicción universal frente a los cambios de gobierno y qué riesgo tiene la querella colombiana?
Máximo Castex: Sobre esa cuestión remarco dos aspectos. El primero es que a nivel internacional vemos un claro retroceso en lo que es el rechazo a todo este tipo de presiones desde algunos jefes de Estados. Después, en particular lo que sí veo es que la Cancillería Argentina tiene bastantes problemas y demoras. Eso es lo que uno puede ver, pero eso también depende de los cambios de gestión.
De momento, lo cierto es que lo que tenemos palpable son las resoluciones judiciales y no se aparta de lo que fue la misma reacción de todos los jueces federales de archivar con distintos motivos. El caso venezolano está más avanzado, se apeló y se revocó el archivo. Ahora es el momento del caso colombiano.
RAYA: En la práctica, entonces, no ha habido interferencia decisiva de esos cambios de gobierno?
Máximo Castex: Pidiendo colaboración siempre hay trabas. Eso es una constante en todas las causas de jurisdicción universal. Hay distintas acciones: no responder o responder tarde. Por ejemplo, los exhortos del caso español tardaron un año en ser respondidos. Lo que sí veo es que la Cancillería argentina no está funcionando como se quisiera. Está tardando de más. Ahí es clave el rol del querellante. Debe insistir y reiterar, es el que marca el pulso de la investigación mucho más que el fiscal.
RAYA: ¿Por qué buscar en Argentina la justicia que las víctimas aseguran no haber encontrado en Colombia?
Máximo Castex: Argentina ya tiene experiencia en casos de jurisdicción universal. Acá se lleva el caso de la querella del franquismo de España, de Venezuela, de Myanmar con la comunidad rohinyá, Nicaragua, Colombia y, a finales del año pasado, se asumió la de la República de Irán, que es la más novedosa. Otra cuestión es la larga trayectoria que tienen los juzgados federales argentinos en la investigación y juzgamiento de los propios crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina durante nuestra dictadura. Llevó muchos años pero se lograron infinidad de juicios.
Esos dos elementos llevan a distintas víctimas y países a elegir a Argentina por el gran conocimiento y la cantidad de años que viene investigando este tipo de crímenes aberrantes. Creo que el último aspecto es el lingüístico. Es mucho más sencillo por el idioma manejar este tipo de casos acá, a diferencia de las complejidades que podría tener hacer esto en Alemania.
RAYA: Argentina ha tenido una amplia experiencia alrededor, a diferencia de otros países en Latinoamérica, en el juzgamiento de los máximos responsables estatales. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado la justicia argentina en estos casos?
Máximo Castex: Son causas muy difíciles, pero no imposibles. Hay varios ejemplos de cómo lograr el juzgamiento de las máximas autoridades responsables en cada uno de esos casos. Obviamente hay trabas porque en los casos de jurisdicción universal se multiplican, porque se instrumentan a través de exhortos y rogatorias internacionales, en las cuales las partes dependemos de que esa información llegue de los países de origen a Argentina. La verdad es bastante difícil. La lucha es tratar de romper esas trabas y lograr alguno de los objetivos de la querella.
Hay resoluciones judiciales del Estado requerido que se oponen a colaborar con la investigación. Esto es moneda frecuente, es la primera respuesta que uno ve en este tipo de causas.
RAYA: Argentina enfrenta sus propios desafíos judiciales. ¿Cómo logra al mismo tiempo investigar crímenes de otros países bajo jurisdicción universal?
Máximo Castex: En la medida de sus posibilidades, ante la falta de recursos, se puede hacer. Fue increíble cuando tomé conocimiento de que la jueza Servini había ordenado una exhumación. Es decir, una jueza argentina pide una exhumación para abrir una fosa a 60 kilómetros de Madrid y se logra hacer por los canales diplomáticos.
Que las víctimas vengan por la justicia argentina, porque más allá de las trabas, de la falta de recursos, de lo complejo que son las causas, es cierto que la justicia argentina puede, con todas sus limitaciones, tener en curso investigación de sus delitos cometidos en el país y abocarse a los demás.
También es cierto que la gran mayoría de las causas vinculadas a los crímenes nacionales de la dictadura argentina, la gran mayoría ya fue investigada, se realizaron los juicios y se lograron las condenas, con algunas absoluciones. Hoy la cuestión versa sobre las condiciones de ejecución.
Al margen de eso, ponerse a investigar este tipo de causas es muy complejo y, además uno tiene que trabajar sobre una sociedad que desconoce, y por eso las querellas avanzan sobre estas explicaciones: en qué consistió la modalidad y el patrón de los falsos positivos. Desde el inicio se le trata de allanar el camino al juez. Tenemos que darle las herramientas a un juez que está a miles de kilómetros.
A su vez, la forma para informarse son los canales de la cooperación internacional, que también es compleja y también demora. En el caso colombiano, el juez Ramos decidió notificar al propio Uribe de la resolución de archivo. Esto se traduce en demoras. Uno tiene también que manejar esos tiempos.
Lo que tiene el tiempo es que mientras uno espera, los autores o las víctimas fallecen. En el caso Mendieta, teníamos a una persona de 89 años cuando viajó a Argentina a radicar la denuncia y era una marcha contrarreloj para lograr la recuperación de los restos de sus padres antes de que la querellante falleciera. Siempre lo tomo como ejemplo de algo que terminó bien. En resumen, se puede hacer.
RAYA: En casos de otros países que ya llevan un camino adelantado, ¿ha habido algún tipo de juzgamiento o algún efecto que haya cumplido las expectativas de justicia de la víctima?
Máximo Castex: Depende de los objetivos de los diversos grupos de víctimas. El mejor ejemplo es el de España: hay varios grupos de víctimas y me refiero a los crímenes que querellan. Hay un grupo que pudo identificar a un autor. Saben quién es la persona que lo torturó con nombre y apellido y lo denuncia. El objetivo en este caso es lograr la responsabilidad de esa persona.
Pero otros, quizá porque el hecho fue cometido hace mucho tiempo y ya no hay un autor que perseguir, buscan la restitución de los restos de una persona a través de exhumación y eso sí se logró en el caso español. Pudimos solicitar la exhumación, realizarla con un equipo de antropólogos y ubicar y realizar los estudios de ADN, que dieron como resultado que ese era el padre, los restos del padre de la querellante.
Otros perseguirán lograr documentación, informes, tratar de alcanzar, aunque sea lo más parecido a la verdad de lo que le pasó a un familiar. En el caso español, hay familiares de quienes fueron deportados a campos de concentración como Mauthausen-Gusen, y no tenían ni siquiera información al respecto.
RAYA: Desde su experiencia, ¿la jurisdicción universal sí ha logrado acabar con la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad?
Máximo Castex: Depende de lo que se entienda por impunidad. No todas las víctimas entienden el concepto de impunidad de igual manera. A muchas les basta una medida reparatoria, por ejemplo, muchas víctimas españolas ya hablaban en este sentido de ser escuchadas por primera vez en su historia, ningún juez español las había escuchado. Recuperar los expedientes procesales por los cuales fueron condenados sus familiares. Ver a las personas que fueron torturadas, ver al en el proceso de extradición. En algunos casos, se han pedido las capturas internacionales a través de Interpol.
En fin, ahí no solo está visto como la condena. Argentina tiene más procesos en estado de investigación y no de condena, todavía no se ha alcanzado, no se ha podido superar la indagatoria. Es decir, el acto antes de imputación. En el caso del franquismo hay un ex ministro franquista que fue indagado y, en un primer momento, fue procesado. La jueza entendió que tenía elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal, pero bueno, ahora revocó esa resolución.
Hay otras cuestiones que tendrán que ser analizadas, sobre todo el juicio en ausencia [permite juzgar a imputados que no están presentes], que a partir del año pasado está previsto en la legislación argentina federal. Pero no se ha resuelto en ningún caso de la jurisdicción universal todavía. Es una posibilidad.
RAYA: ¿Cuál es la principal ventaja que tiene la jurisdicción universal para que las víctimas sigan acudiendo a este principio?
Máximo Castex: Vale la pena porque es la herramienta posible frente a la adversidad en el propio Estado. Si la víctima no puede buscar y lograr justicia, ni siquiera para que las reciban, porque he hablado con las víctimas colombianas y manifiestan eso. En este caso, el propio autor del crimen es un integrante del Estado, es una fuerza del Estado. Las víctimas siempre se preguntan: “¿a dónde voy a recurrir si el que cometió el crimen es el mismo al que tengo que recurrir para pedir justicia?”. Siempre están en esa disyuntiva.
Entonces, la jurisdicción universal es la que permite a otro Estado tratar de investigar y, objetivamente, ahondar en esa investigación. En el caso argentino, la legislación permite facultades importantes para facilitar la investigación, por ejemplo, si el imputado está en una zona, se puede pedir la extradición. Tiene muchas muchas herramientas para ofrecerle al juez. En algunas le asistirá la razón y en otras no, pero tiene toda esta posibilidad.
RAYA: ¿Cuándo podría haber noticias sobre el futuro de la querella?
Máximo Castex: No hay un plazo. Lo que vemos es que la sala viene fallando muy rápido. Desde que entró en la Cámara, se tardó 15 días en fijar audiencia. Con las víctimas y los compañeros colombianos podemos pensar en que tendríamos información dentro de un mes. Pero no hay un plazo establecido para que tengan que fallar.
