En estas elecciones presidenciales, Colombia no solo elegirá si exprime sus últimas gotas de hidrocarburos mediante técnicas cuestionadas como el fracking o si desarrolla la hoja de ruta para que el país avance más allá de un modelo económico que se agota. La campaña presidencial se debate entre el pánico al desabastecimiento, la promesa del fracking y la urgencia de una transición justa que proteja las finanzas públicas, reduzca la dependencia de los combustibles fósiles y evite profundizar las desigualdades sociales y territoriales en las regiones minero-energéticas.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
El futuro energético y ambiental de Colombia se jugará en las urnas el próximo 21 de junio. La reciente Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada en Santa Marta, dejó una tarea titánica: para Colombia, continuar el camino que se ha iniciado para eliminar de manera gradual la dependencia de los fósiles; y para los demás países, diseñar la hoja de ruta para que el país elimine gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles. Los más de 50 países asistentes al encuentro coincidieron en que el petróleo, el gas y el carbón ya no deben ser el motor de desarrollo mundial. Sin embargo, esta ambición global choca con una campaña presidencial donde el fantasma del desabastecimiento de gas ha marcado la agenda y donde, en su mayoría, los candidatos han propuesto fórmulas como la implementación del fracking para aumentar la producción de hidrocarburos.
El dilema para el próximo gobierno no es menor: mantener la bandera de Colombia desde el sur global frente a la crisis climática y avanzar en una transición más allá de los combustibles fósiles, o sostener la renta y ampliar la exploración y producción de estos. Las preguntas de fondo son: ¿cómo reemplazar los ingresos fiscales que hoy dependen de las industrias extractivas?; ¿qué efectos podría generar un tratado multilateral?; ¿qué alternativas económicas sostendrán a las regiones petroleras y carboníferas?; y ¿de qué manera se puede avanzar hacia una transición que no profundice las desigualdades sociales y territoriales del país?
La vulnerabilidad del modelo extractivo
Históricamente, Colombia ha tenido un fuerte arraigo económico a la explotación de combustibles fósiles como el gas, petróleo y carbón. La industria de estos dos últimos años ha aportado en promedio un 3,14 % al PIB. En el periodo 2018-2021, las empresas petroleras contribuyeron a las finanzas públicas con un promedio de COP 24,3 billones al año. Entre 2019 y 2022 se generaron COP 33,99 billones en concepto de regalías, de los cuales el 81 % correspondió a hidrocarburos, según cifras de Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Sin embargo, con el paso del tiempo, la probabilidad de encontrar hidrocarburos explotables se ha hecho más baja. La investigación “Declinación de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en Colombia” vislumbra que, a pesar de las altas inversiones en exploración en los últimos 30 años, no se registran descubrimientos comparables con Chuchupa, Cusiana, Pauto y Cupiagua. En 2022, se extrajeron 392 Gpc de gas, pero los nuevos descubrimientos solo alcanzaron a reponer menos del 10 % de lo que consumió el país ese año. En otras palabras, Colombia está encontrando mucho menos gas y petróleo del que extrae y consume, lo que evidencia el agotamiento progresivo de sus reservas.
Sobre el carbón, Colombia es el sexto exportador mundial y el mayor de América Latina. Sin embargo, el contexto internacional no ha sido principalmente beneficioso para esta industria en los últimos años. Según datos de Global Energy Monitor (GEM), en los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el uso del carbón ha perdido fuerza. Mientras en 2015 existían 142 proyectos para construir nuevas centrales de carbón, hoy solo quedan cinco propuestas activas.
En Estados Unidos, a partir de información del GEM, el cierre de plantas de carbón ha continuado incluso bajo gobiernos que defendieron esta industria, como la presidencia de Donald Trump. Durante su primer mandato, lideró el cierre de energía a carbón con 54 GW desconectados, superando el segundo periodo de Obama (49 GW) y la presidencia de Biden (39 GW). Además, la tendencia podría seguir en aumento. Se calcula que se apagarán otros 62 GW de energía basada en carbón en ese país, entre 2025 y 2028.
La dependencia del carbón también expuso la vulnerabilidad de la economía colombiana frente a un mercado internacional de los fósiles volátil. Los países, principalmente europeos, han asumido la tarea de implementar el Acuerdo de París para reducir el calentamiento global, proyectando una sustitución del carbón y el petróleo en un mediano y largo plazo. También, la viabilidad económica de las exportaciones a Asia, que se posiciona como un nuevo mercado, ha puesto en duda si mantener la explotación. Según datos de Coal Trader International de S&P Global Commodity Insights, citada en el medio Portafolio, el costo del flete marítimo hacia el noreste de Asia es 72 % más alto que hacia el noroeste de Europa.
Otras coyunturas, como la inestabilidad en la disponibilidad del petróleo y el gas internacionalmente, por los conflictos en Oriente Medio o entre Ucrania y Rusia, han llevado a un nuevo repunte en los precios del carbón, para reemplazar el suministro de gas ruso en Europa. Igualmente, el actual conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán genera un nuevo estímulo con la destrucción de las plantas de gas natural licuado en Catar y las restricciones al comercio por el estrecho de Hormuz.
Sin embargo, el Instituto de Ambiente de Estocolmo advierte que estos incrementos son coyunturales y no una tendencia estructural. Por otra parte, un aspecto estructural sobre esta discusión es la alta concentración global de las reservas fósiles de petróleo y gas. Un grupo de nueve países concentra más del 90% de reservas de petróleo y, en el caso del gas, cerca del 50% de las reservas están en Rusia, Irán y Catar, suficiente para sostener la producción durante varias décadas más.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas —gremio que reúne a los actores de la cadena del gas—, sostiene que la inestabilidad internacional obliga a repensar la soberanía energética del país. Desde esa perspectiva, el gremio defiende la necesidad de ampliar la exploración local y diversificar las fuentes de energía como medidas de choque. “El tema de seguridad energética ha dejado de ser una variable netamente técnica para convertirse en una piedra angular de estabilidad macroeconómica y soberanía nacional. En Colombia, depender de fuentes externas implica asumir la volatilidad de un mercado global cada vez más inestable”, afirma.
Sin embargo, para sectores que impulsan la transición energética, la creciente inestabilidad del mercado internacional de los hidrocarburos es una evidencia de la necesidad de acelerar acuerdos multilaterales que permitan reducir de manera coordinada y planificada la dependencia de los combustibles fósiles. La discusión ha tomado fuerza alrededor de la necesidad de un instrumento multilateral vinculante que pueda resolver los vacíos de la gobernanza global para la salida de los fósiles, que se discutió en Santa Marta, y que busca además garantizar una transición energética justa para los países y comunidades dependientes de estas industrias, abordando el tema central de la dependencia económica y la deuda.
Sergio Díaz Rodríguez, subdirector de la Estrategia Jurídica de la Iniciativa por un Tratado sobre No Proliferación de Combustibles Fósiles, explica que un instrumento de este tipo permite establecer las reglas claras para los países que busquen hacer la transición más allá del petróleo, el gas y el carbón. “Avanzar en este camino no es fácil, implica discusiones sobre la deuda, financieras, tecnológicas y sociales. Por eso, se debe crear un ambiente favorable para poder hacerlo sin estar sujeto a que un banco te vaya a quebrar porque subió el precio del petróleo, por ejemplo”, explica.
Hasta el momento, los países que participaron en Santa Marta tienen la tarea de diseñar mecanismos eficientes para eliminar gradualmente su dependencia de los hidrocarburos. Además, se crearon tres grupos para avanzar en la construcción de hojas de ruta nacionales para transitar más allá de los combustibles fósiles, trabajar sobre las dependencias macroeconómicas y la arquitectura financiera, y alinear la relación productor y consumidor para la descarbonización y reducción de dependencia fósil. El Ministerio de Ambiente respaldó la creación del primer Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés), que está integrado por científicos y expertos del mundo en clima, economía y tecnología.
Al respecto, Díaz asegura que el Tratado sobre Combustibles Fósiles, que es el objetivo futuro después de las hojas de ruta, permite articular esos esfuerzos de países con reglas claras de cooperación e intercambio económico. Un ejemplo concreto en el corto plazo, dice, sería la creación de clubes de compradores y vendedores o de importadores y exportadores. “Como tienes que seguir consumiendo combustibles fósiles en el futuro cercano y tienes economías atadas a los combustibles fósiles como Colombia, puedes hacer una transición ordenada creando un mercado en el cual solamente pueden participar Estados que estén comprometidos con reducir las emisiones, con reducir gradualmente esa dependencia. Si tienes eso controlado, tus precios no son volátiles y las economías se pueden programar”, agrega.
Diversificar la economía, diversificar la energía
Aunque el mundo depende en gran medida del petróleo, el gas y el carbón, cada vez toma más fuerza la idea de avanzar hacia una transición energética. Impulsada, por una parte, por la urgencia de mitigar el calentamiento global. El año 2025 fue el tercero más cálido registrado a nivel mundial, según el informe “Global Climate Highlights 2025” del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés).
Este fenómeno ya se siente en algunas zonas del mundo como en las islas del Pacífico sur, donde Tuvalu es uno de los países que está corriendo el riesgo de quedar inhabitable ante el aumento del mar. Colombia tampoco ha sido ajena a esa vulnerabilidad ambiental, como se ha evidenciado durante las sequías por el Fenómeno del Niño, que afectó principalmente la matriz energética colombiana basada en un 60% en el agua.
Si bien Colombia no figura entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, Sergio Díaz advierte que el país sí está vinculado a las emisiones globales a través de la exportación de combustibles fósiles. “El Acuerdo de París no regula la producción de las sustancias que generan esas emisiones. En Colombia se suele decir con tranquilidad que solo producimos el 0,6 % de las emisiones mundiales, pero no nos preguntamos de dónde sale el carbón que termina generando emisiones en otros países. Buena parte sale de Colombia. Por eso también deberíamos asumir una obligación de reducción, y eso solo puede hacerse de manera ordenada”, explica.
El debate de la transición energética no se basa solamente en una necesidad ambiental. La Organización El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han insistido en que sus países miembro deben trabajar en una diversificación económica, entre esos Colombia. Para la OCDE, los países altamente dependientes de la extracción de materias primas suelen estar más expuestos a crisis fiscales, volatilidad en los precios internacionales y dificultades para sostener el empleo y el crecimiento económico cuando cae la demanda global de estos recursos. A nivel local, Colombia también ha sido testigo de la problemática social y ambiental de depender exclusivamente de los fósiles, principalmente en el corredor minero del Cesar, tras el cierre de las minas de Prodeco sin un plan de cierre y el desempleo de cientos de trabajadores de la industria.
Al respecto, hay dos visiones: quienes promueven una diversificación económica basada en la explotación de materias primas —en la que se ancla la propuesta de impulsar el fracking— y quienes apuestan porque se vinculen otros sectores económicos, sin profundizar las brechas sociales, fiscales y territoriales.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, sostiene que la transición energética debe basarse en la diversificación de las fuentes de energía y no en el abandono acelerado de los combustibles fósiles. Desde esa perspectiva, defiende que se deben aprovechar los recursos naturales disponibles para garantizar la seguridad energética en un contexto internacional marcado por la volatilidad y los conflictos geopolíticos. Además, advierte, al igual que la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que el país enfrenta retrasos en la ejecución de proyectos energéticos, aumentando su dependencia de los mercados externos.
“Si Colombia tiene un potencial para aprovechar sus recursos utilizando la tecnología, pues también aprovechemos los avances que se han dado en la materia en otros países cercanos, teniendo en consideración nuestros aspectos geológicos, la presencia de las comunidades y la mitigación de cualquier riesgo”, dice. “El gas natural no compite con la transición energética, la hace posible; es el tránsito para generar respaldo y descarbonizar, porque la transición tampoco puede ser un salto al vacío”, afirma Murgas.
Los gremios y algunos sectores políticos defienden el fracking para tener más reservas, asegurando que se podrían mitigar los impactos ambientales. Toman de ejemplo a Vaca Muerta en Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, hasta la fecha se estima que la fracturación hidráulica de un solo pozo consume, solo en sus primeros días de operación, entre 7,5 y 22,7 millones de litros de agua. Esta cantidad, que equivale a entre dos y seis piscinas olímpicas, representa casi la totalidad del agua que el pozo utilizará en toda su vida útil de 20 a 30 años. Además, la técnica genera afectaciones por sismicidad. El Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) de Argentina registró 548 sismos en Vaca Muerta entre 2018 y junio de 2025, con un aumento progresivo: primer semestre de 2025, se registraron 36 sismos; 33 en el 2024; 27 en 2023; 10 en 2022 y 11 en 2021.
Para el desarrollo del proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé, una iniciativa del entonces gobierno Duque para explorar la viabilidad técnica y ambiental del fracking, Ecopetrol estimaba que se utilizarían 300 mil barriles, es decir, casi 48 millones de litros de agua de un acuífero. La compañía también detalló a la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos que el proyecto tendría una ocupación intensiva de territorios. Según Ecopetrol, citado en el informe, perforaría 12.930 pozos en un área potencial de 2.093 kilómetros cuadrados.
Aunque el gas libera menos emisiones de CO2 a la atmósfera, las actividades de exploración y distribución de este combustible fósil liberan metano, con un potencial de calentamiento global 86 veces mayor que el dióxido de carbono en un horizonte de 20 años, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Por eso, distintos estudios han advertido sobre los límites climáticos de este combustible. El IPCC dice que se puede adoptar tecnología y voluntad política y del empresariado para reducir esas emisiones.
Sin embargo, también advierte que continuar expandiendo la infraestructura gasífera puede generar un “bloqueo de carbono” a largo plazo: una dependencia económica y energética que retrase la transición hacia fuentes de energía con bajas emisiones y dificulte evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global. En 2021, investigadores señalaron que, para tener apenas un 60 % de probabilidades de no superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento global, debían permanecer bajo tierra el 89 % de las reservas probadas de carbón, el 58 % del petróleo y el 59 % del gas registradas hasta 2018.
Desde la otra orilla del sector privado, los empresarios de las energías renovables reconocen la importancia que han tenido los hidrocarburos en la economía pero advierten que seguir atándola a materias primas volátiles, puede generar aumentos de ingresos en algunos periodos y depresiones económicas en otros. “Todo el argumento alrededor de los combustibles fósiles es, en realidad, un intento por recuperar el pasado. Es pensar que, porque los retornos llegaron antes, deben seguir llegando en el futuro”, dice Dylan Malloy, director general de Bridging Ventures.
Bridging Ventures es una consultora de impacto, que trabaja con organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, gobiernos, creativos e instituciones financieras. Actualmente, trabajan en la incubación y estructuración temprana de un fondo de financiamiento mixto para inversiones junto a países que están asumiendo compromisos de transición justa. En los últimos dos años han analizado las políticas colombianas para permitir la entrada de capital internacional al mercado e impulsar la transición más allá de los combustibles fósiles.
A partir de ese trabajo, Malloy afirma que la economía colombiana tiene proyección a futuro por la demanda energética y el despliegue de proyectos de energías renovables. “El mercado de energías renovables en Colombia crecerá cerca del 50% hacia el final de esta década o para 2031”, agrega. Sin embargo, coincide en que la discusión sobre esa transición debe ser planificada. “Debe ser gradual, estratégica y con una clara articulación entre el sector público, el privado y el capital financiero”, explica.
Para Malloy, esa planificación financiera debe pasar por subsidios, políticas públicas, bancos multilaterales, industria privada y filantropía, que permitan inversiones a largo plazo, así como garantizar que los beneficios de la transición lleguen a las comunidades locales.
No es solo una transición energética
Catalina Caro Galvis, coordinadora general de la organización Censat Agua Viva, hace parte del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, una articulación de organizaciones que busca incidir en las políticas públicas. Asegura que en los encuentros territoriales coincidieron en que la discusión no debe limitarse a tecnologías ni a la transformación de las fuentes de energía sino a una planificación.
“Más que hablar de transición energética, hablamos de transiciones socioecológicas, porque el problema no es un problema tecnológico, es un problema de un modelo y de cómo las sociedades se han envuelto en un modelo ‘energivoro’, que pide y pide energía. No importa de dónde ni cómo la saques”, asegura. “El problema es que no podemos seguir pidiendo energía en estas cantidades descomunales porque la naturaleza no tiene esa misma capacidad”, advierte.
En concreto, para Caro, esa planificación debe girar alrededor de temas cruciales. Uno de ellos es el fortalecimiento del Estado, que pueda impulsar, sostener y financiar el proceso de transición, así como hacer control frente a los estándares ambientales que cumplan las comunidades y empresas vinculadas a la gestión y producción de la energía. Asimismo, considera fundamental la participación de las comunidades y la gobernanza territorial, para evitar que la minería de los minerales necesarios para la transición energética no siga perpetuando zonas de sacrificio.
“Desde Censat trabajamos alrededor de áreas donde no se puede intervenir porque se está comprometiendo a la humanidad, como es el caso de los páramos”, afirma. No obstante, considera que en la vinculación de las comunidades se puede fortalecer la planificación de las áreas permitidas. “Hay que volver a territorializar la energía, porque a ti te llega la energía y tú no sabes ni de dónde viene. Las mismas comunidades pueden planificar, saben dónde sí y dónde no se puede hacer minería y quieren que se haga. Hay algo claro y es que la gente quiere energía para sus casas”, agrega.
Por su parte, Patricia Suárez, secretaria de la Comisión Nacional para la Protección y Prevención de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, asegura que para los pueblos colombianos y de los demás países amazónicos es urgente hablar del reconocimiento de su autoridad y autonomía territorial, así como de la explotación de los minerales de la transición.
En ese sentido, plantea que en los diálogos alrededor del Tratado han abogado porque se garantice la libre determinación de sus pueblos, el principio de la consulta previa, libre e informada, así como la exclusión de sus territorios para cualquier actividad de fósiles y minerales críticos. A su vez, insiste en que el financiamiento para proteger la Amazonía debe llegar a los procesos territoriales para garantizar la pervivencia de sus comunidades, los indígenas en aislamiento y el resto de la humanidad.
Más allá de las diferencias entre candidatos, la discusión energética dejó de ser exclusivamente técnica y del Estado. La próxima administración tendrá que tomar decisiones sobre una realidad nacional e internacional: las reservas tradicionales de combustibles fósiles y sus precios en un mercado volátil, mientras que gran parte de los mercados internacionales —los mismos que compran el carbón y el petróleo colombiano— avanzan de forma irreversible hacia la descarbonización. La transición no es un debate ideológico sino una tarea a cumplir. Lo que se jugará en las urnas es lo rápido y planificado que será su ejecución.
El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de consolidar la transición energética más allá de los combustibles fósiles como una política de Estado en favor de una economía descarbonizada y diversa. El 21 de junio, la ciudadanía no solo elegirá a un presidente sino el papel de Colombia en la discusión global, su supervivencia financiera y sus esfuerzos para frenar la crisis climática, que afecta y afectará a todo el planeta.
Nota de transparencia: Este análisis hace parte de una alianza comunicativa financiada por la iniciativa por un Tratado sobre Combustibles Fósiles para promover la pedagogía y la discusión pública sobre la transición energética y los combustibles fósiles. La financiación no condiciona la independencia editorial ni los criterios de investigación, contraste y edición de Revista RAYA.
