El contrabando mueve cerca de US $7.400 millones al año, según la DIAN, más del doble de la inversión nacional en ciencia. La mercancía ilegal se concentra en cigarrillos, whisky y celulares, pero una nueva política fortalece controles en puertos y fronteras, incorpora inteligencia artificial y refuerza la cooperación con otras entidades. ¿Qué está logrando?
Por: Petrit Baquero*
Vengo desde la Alta Guajira
salvando guardas hasta aquí,
porque yo traigo, negra linda
un contrabando para ti…
Sé que te están aconsejando
para que olvides mi querer,
pero aunque sea de contrabando
yo te prefiero a ti, mujer
Sergio Moya Molina, “El Contrabandista”
El contrabando es y ha sido una realidad avasallante en Colombia. De hecho, Colombia ha sido un país en donde el contrabando ha sido en varios casos una tradición con numerosas historias. Además, en buena medida —se puede decir—, el país se hizo en parte al compás del contrabando, por lo que existen numerosos testimonios sobre aquellos aventureros, con sus rutas, encuentros con “la ley”, conflictos, triunfos y fracasos, que, a través de diferentes medios, traían de lugares a veces muy lejanos lo que era difícil de conseguir, por diferentes razones, en los territorios locales, logrando que, de cierta manera, la gente se integrara, a través de muchos objetos, a las dinámicas de vida de otros escenarios que, en una ubicación periférica en la economía mundial, representaban en diferentes momentos la civilización, la modernidad, la elegancia, el capitalismo, la revolución, el conocimiento y el placer, entre otras cosas. Pero, claro, lo hacían sin pagar impuestos, sin declarar de dónde venían los productos y, por supuesto, de forma ilegal, lo cual resultaba —y sigue resultando— ser claramente problemático.
A la vez, como las relaciones son generalmente de ida y vuelta, hubo —de hecho, hay— también contrabando de exportación, es decir, desde Colombia hacia el resto del mundo, pues distintos productos legales, con gran demanda a nivel mundial, se exportaban legal, pero también ilegalmente, es decir, de contrabando, lo cual desarrolló durante mucho tiempo y, a veces con gran continuidad, rutas de importación y exportación que, en ocasiones son las mismas, aunque a veces no. Con esto, productos como el café, el cacao, el oro, las esmeraldas, las plumas de aves exóticas para sombreros (muy famosas a finales del siglo XIX), el caucho y la ropa, entre muchos otros, se exportaron legal e ilegalmente, lo cual posteriormente se sumó al tráfico de sustancias, como las denominadas drogas (marihuana, cocaína, heroína…), que, al ser ilegalizadas, constituyeron claramente un contrabando bastante lucrativo.
Vale decir que las grandes fronteras que tiene Colombia, que históricamente han estado desprotegidas, han facilitado el flujo de productos venidos de otros lugares sin mayores inconvenientes. Y en estos escenarios se configuraron rutas históricas por lugares como el Urabá, La Guajira, Cúcuta, Leticia, Ipiales y, por supuesto, Barranquilla y Buenaventura que obedecen a largas rutas comerciales con agentes en diferentes escenarios. El contrabando de gasolina, por ejemplo, un producto que ha sido históricamente subsidiado en Venezuela, generó por varias décadas la existencia de organizaciones dedicadas a su importación a Colombia mediante dinámicas que se naturalizaron por la población mientras las autoridades en gran medida las permitían. Pero hay muchos casos más por el estilo.
Evidentemente, las actividades de contrabando no son una excepcionalidad de Colombia, sino una realidad que prácticamente ha tocado a todos los países de la tierra configurando realidades históricas e incluso centros poblacionales enteros. Ante esto, dependiendo de los niveles de institucionalización, presencia estatal e interiorización de la ciudadanía a determinados parámetros, diferentes estados han ido desarrollando con el tiempo leyes, normas, políticas y acciones por parte de las autoridades correspondientes para controlar el contrabando, pues este, en gran medida, perjudica a quienes han decidido seguir las reglas, pagar impuestos y no apelar a las prácticas ilegales. Por esto, el que el contrabando sea socialmente aceptado por grandes sectores poblacionales y que, además, cuente con el favor de los funcionarios que deberían perseguirlo y controlarlo, mientras se dificulta trabajar de manera “legal”, puede constituir un incentivo para violar la ley y actuar de manera ilícita, por ejemplo, por medio de las prácticas de contrabando. Al respecto, no se niega que la existencia de prácticas tradicionales de contrabando en Colombia específicamente, muchas de las cuales tienen décadas de estarse implementando, además de un acostumbramiento de sectores de la población a conseguir todo tipo de productos que llegan al país de manera ilegal, manifiestan fuertes dificultades para controlarse, y ese es en gran medida un serio problema para Colombia en la actualidad.
Los nombres de notorias figuras ligadas al contrabando como “Papa Fidel” (Fidel Baquero), en los años treinta del siglo XX; “el Padrino” (Alfredo Gómez López) y “el Rey del Marlboro” (Jaime Cardona Vargas), durante los años setenta; “la Reina de la coca” (Verónica Rivera de Vargas), en los años setenta y ochenta; “el Hombre Marlboro” (Santander López Sierra), en los años noventa, y “Papá Pitufo” (Diego Marín Buitrago), de los noventa hasta la actualidad, entre otros, todos en su momento con fuerte incidencia social y hasta cultural; relaciones políticas de alto nivel y carreras delictivas de larga duración, son solo unos pocos ejemplos de lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en Colombia y sobre lo cual se han intentado desarrollar acciones para enfrentar y controlar al contrabando, no solo en torno a esos nombres rimbombantes, sino también con respecto a toda una estructura social que, si bien devenga su sustento de estas actividades, perjudica a sectores significativos del resto de la sociedad que se ven en dificultades para realizar exitosamente su trabajo bajo los parámetros de la legalidad, al tiempo que puede haber históricamente un alto número de funcionarios y personas influyentes involucradas y beneficiadas con estas actividades.
Y entonces, ¿el contrabando?
Sobre el fangoso Orinoco
un bote va resbalando
y un indio firme en el remo
transporta su contrabando (…)
Carga cerveza importada,
trae veinte pantys franceses,
trae Marlboro americano
y tres radios japoneses
Rubén Blades, “Contrabando”
El contrabando es una actividad que, en el contexto de operaciones de importación o importación de productos, busca eludir el control de la autoridad aduanera y el pago de las obligaciones tributarias. Si bien, como ya se dijo, ha habido numerosos ejemplos de actividades de contrabando en el país, el hecho de que sea una actividad ilegal constituye un delito que causa un serio perjuicio económico a la hacienda pública, es decir, a las arcas estatales con las consecuentes problemáticas para la ejecución de políticas públicas efectivas para la sociedad. La DIAN destaca que este impacto fiscal es uno de los ejes centrales de su labor de control y fiscalización.
En distintos escenarios, no ha sido fácil enfrentar las actividades de contrabando, así se haya avanzado notablemente en los últimos años. La línea difusa que históricamente a veces ha habido en Colombia entre lo legal y lo ilegal (sobornar a un agente de tránsito ante una infracción, dar comisión por la entrega de un contrato, ofrecer dinero en una licitación pública, agarrar un objeto, como un celular, si está “pagando” en algún lugar; “colarse” en el sistema de transporte público, como Transmilenio…) dificulta el accionar de las autoridades para lograr cambios efectivos. De hecho, no solo en lugares periféricos, es decir, en las descuidadas fronteras o en lugares alejados del centro político y económico del país, el contrabando ha sido socialmente aceptado, pues, en antiguos escenarios en que la economía colombiana estaba cerrada, lugares como los Sanandresitos (llamados así por el puerto libre de San Andrés y Providencia que se declaró así en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla), que históricamente acogieron gran parte del contrabando que llegaba a Colombia por diferentes fuentes y de distintos lugares, para vender productos como electrodomésticos, licores, ropa, cigarrillos, maquinaria industrial, comidas y bebidas, entre muchos más, fueron tradicionalmente visitados y dinamizados por la población en general. Y hay escenarios similares a los Sanandresitos, denominados “El Hueco”, “El Diamante”, “San Victorino” y muchos más, en los que ocurren u ocurrieron situaciones parecidas. Este tipo de comportamientos sociales ha sido objeto de esfuerzos recientes del Estado y de la DIAN para fortalecer la cultura de legalidad y cerrar espacios a la informalidad.
Esto permitió el surgimiento de individuos que, al frente de grandes organizaciones, consiguieron convertirse en los dueños del contrabando en el país, con conexiones cercanas con otras actividades delincuenciales y, por supuesto, relaciones con actores de la institucionalidad que han permitido su accionar. De hecho, para que la delincuencia organizada tenga éxito, en muchos casos ha requerido de relaciones permanentes con agentes involucrados en las fuerzas estatales y gubernamentales, como políticos, policías e integrantes de las aduanas, además de legisladores y congresistas que promueven leyes y tratamientos favorables. En ocasiones, se trata de un acuerdo tácito que, de vez en cuando, da golpes a organizaciones específicas, mientras otras continúan existiendo y, de hecho, fortaleciéndose, con lo cual el flujo de contrabando no cesa. Asimismo, sectores del establecimiento han estado involucrados, aprovechando su capital social, en el contrabando, al punto de que grandes fortunas se hicieron al compás de este modo de actuar que, en muchas ocasiones, no se desarrolla en torno a rutas ocultas, sino por medio de los grandes puertos y aeropuertos colombianos, contando con el favor de quienes, muchas veces, deberían controlarlo y perseguirlo.Este panorama pertenece a contextos históricos con capacidades institucionales distintas a las actuales, que hoy cuentan con herramientas y estándares de control mucho más robustos.
Vale decir que, al ser Colombia, desde hace casi cincuenta años, el principal productor de cocaína del mundo, el contrabando ha sido una manera obvia de blanquear dinero. De hecho, Fabio Castillo, el recientemente fallecido periodista, escribió en su libro “Los Jinetes de la Cocaína” que todo cigarrillo de Marlboro de contrabando que se vendía en los semáforos del país lavaba un dólar para Pablo Escobar. Y, de hecho, el tráfico de drogas es una forma de contrabando, aunque con connotaciones más grandes por la declaración de “Guerra contra las Drogas” que generó una gran persecución y una prohibición que, precisamente, hace que estas sustancias sean inmensamente caras en los principales mercados consumidores, lo cual le hace un grandioso negocio.
Al tiempo, como Colombia ha sido muchas veces un escenario violento, las actividades al margen de la ley que inevitablemente se conectan con otras actividades delictivas, resultan siendo proclives a que se presenten muchas acciones violentas que pueden escalar hasta convertirse en sangrientas guerras que se llevan por delante a notorias figuras de esos entornos, como ocurrió con la recordada “Guerra del Marlboro” en 1973 entre contrabandistas antioqueños, que se acompañan de los intentos por controlar escenarios de contrabando, como los Sanandresitos, que enfrascaron a estructuras delincuenciales de alto nivel, como el denominado “Bloque Capital” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, como nunca antes, controló al crimen organizado en la ciudad de Bogotá, no con pocas acciones violentas contra todo aquel que se resistiera.
En los últimos años, tal y como pasó en el pasado con otros individuos, han salido a la palestra nombres como el de Omar Ambuila, un antiguo trabajador del puerto de Buenaventura que fue capturado y extraditado a Estados Unidos luego de que unas fotografías muy ostentosas de su hija generaran sospechas y propiciaran una investigación que demostró las prácticas corruptas del funcionario que recibió grandes sobornos para permitir la entrada y salida de productos sin pagar los impuestos correspondientes. Claro que solamente Ambuila fue capturado y extraditado, pero ninguna otra persona más que trabajara con él en el puerto corrió la misma suerte, lo cual es, cuanto menos, sospechoso y hace pensar que se trató solo de un “chivo expiatorio” utilizado a los que están detrás de él y deben pertenecer a otros estamentos sociales.
Igualmente, el nombre de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, quien sería, desde hace tres décadas, el zar público del contrabando en el país, se empezó a mencionar de forma permanente, al conocerse que intentó financiar la campaña de Gustavo Petro con 500 millones de pesos, aunque, según se ha podido determinar, ese dinero fue devuelto al haber sospechas de su origen non sancto. Este individuo habría consolidado sus actividades sustentándose en sus cercanas relaciones con sectores institucionales de nivel local, regional y nacional, al punto de financiar —o intentar hacerlo— campañas presidenciales desde hace 30 años o incluso más tiempo. Ante esto, se organizó un grupo especial encargado de investigarlo, el cual fue desmantelado por razones poco claras, sobre lo cual vale la pena preguntar ¿qué pasó?
Algunos tipos de contrabando
Allá en la Guajira arriba
donde nace el contrabando
el Almirante Padilla barrió a
Puerto Lopez lo dejó arruinao
Pobre Tite, pobre Tite,
pobre Tite Socarrás
Ahora se encuentra muy triste
lo ha perdido todo por contrabandeár
¿Ahora pa' dónde irá, ahora pa' donde irá?
A ganarse la vida el Tite Socarras
¿Ahora pa' dónde irá, ahora pa' donde irá?
A ganarse la vida sin contrabandear
Rafael Escalona, “El Almirante Padilla”
En Colombia, el contrabando significó, para 2023, según la DIAN, cifras estimadas en unos US$ 7.400 millones, lo cual deja ver la magnitud de los movimientos de dinero que implica, si así se le puede llamar, este “sector” económico del país.
Para establecer este tipo de aproximación, la DIAN elabora anualmente el informe de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas, utilizando la denominada “metodología estadística espejo”. Con este enfoque, es posible identificar discrepancias entre el valor de las importaciones legales registradas en Colombia y el valor reportado de las exportaciones legales por los socios comerciales.
Esa metodología estima al contrabando como la suma del contrabando abierto y el contrabando técnico por subfacturación, siendo el primero al ingreso de una mercancía al país sin el cumplimiento oficial de una declaración de importación y por tanto sin el pago de los impuestos y derechos a la importación, a pesar de existir un registro de exportación hacia Colombia por parte de un país socio comercial, que se subdivide en subfacturación, sobrefacturación, cambio de procedencia y cambio de subpartida arancelaria. Los productos que más se contrabandean hacia Colombia en esta modalidad son cigarrillos, tabaco y whisky, en primer lugar; turborreactores de empuje, puertas, ventanas y sus marcos, en segundo lugar; automóviles, partes, accesorios y “superfosfatos”, en tercer lugar, y “contadores de líquido y de electricidad”, en cuarto lugar. Los lugares de procedencia de estos productos son principalmente Aruba, Reino Unido, Estados Unidos y Eslovaquia, lo cual no deja de sorprender, pues muchos no tenían a algunos en el radar. Estas cifras hacen parte del análisis que la DIAN realiza sobre los principales orígenes y tipologías del contrabando abierto.
Por su parte, el contrabando técnico es la introducción de una mercancía al país, que, a pesar de realizarse bajo una declaración oficial de importación, se ejecuta con manejos o estrategias fraudulentas o engañosas, tales como la omisión o manipulación de la información de los datos de la declaración, el cambio intencional de precios o de las características de la mercancía y el cambio del país de procedencia, buscando omitir el cumplimiento de los requisitos aduaneros y tributarios. Entre los productos de contrabando de esta modalidad se encuentran smartphones para redes inalámbricas, televisores, computadores portátiles y ventiladores de mesa, en primer lugar; tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja y el aceite de soja en bruto, en segundo lugar; productos inmunológicos, vacunas para medicina humana y maíz, en tercer lugar, y medicamentos y palas mecánicas autopropulsadas, en cuarto lugar, lo cual, como se puede ver, es toda una amalgama de productos provenientes principalmente de China, Bolivia, Estados Unidos y Alemania.
Cuadro 1. Estimación de la distorsión por contrabando abierto por principales países de procedencia
Cuadro 2. Estimación de la distorsión por contrabando técnico por subfacturación por principales países de procedencia
Estas categorías del contrabando son las que más le cuestan a la hacienda pública en términos de reducción del recaudo fiscal, pues expresan las serias discrepancias existentes entre el valor de las importaciones legales registradas en Colombia y el valor reportado de las exportaciones legales por los socios comerciales. Pero esta situación involucra otras actividades ilegales, pues el contrabando es un mecanismo fuente para el lavado de activos y al tiempo un canal de reintegro de las economías ilícitas, por lo que, en una lógica económica, al reducirse un fenómeno, necesariamente se tendría que reducir el otro.
Las grandes organizaciones criminales con incidencia en el contrabando operan bajo estructuras empresariales complejas y transnacionales que adoptan prácticas de evasión fiscal, manipulación documental y corrupción institucional, para intercambios comerciales ficticios, subfacturación y sobrefacturación de mercancías, y uso de empresas fachada o de papel, contrabando técnico y abierto, todo en un contexto en el que se ha llegado a llevar a cabo una captura institucional que potencia, naturaliza y difumina la corrupción, frente a lo cual ha sido necesario llevar a cabo serias acciones de depuración de algunas entidades y organizaciones, además de efectivas actuaciones contra las organizaciones más poderosas, lo cual, sin duda, genera complicaciones que pasan por amenazas, acciones violentas, resistencias y choques entre diferentes instancias.
¿Qué se está haciendo para frenar el contrabando en Colombia?
Jiménez su apelativo,
su nombre Jesús Amado;
peleó con la Policía
de Brownsville en el Rio Bravo,
no le quitaron la carga
por ser un gallo jugado.
Como a las once del día
hicieron una llamada
que en una cámara de hule
su contrabando pasaba
que amado lo cruzaría
a las dos de la mañana
Los Tigres del Norte, “Juan Amado”
Frente a un problema estructural que es el que representa el contrabando para que el Estado consiga un mayor recaudo por los productos que llegan y salen, y lograr un mejor desempeño de las finanzas públicas, los gobiernos históricamente han implementado una serie de acciones que pasan por la identificación y posterior persecución a las estructuras y redes involucradas en estas actividades que, como se ha mencionado, en ocasiones involucran a actores de la institucionalidad o personajes con grandes conexiones políticas.
Si bien la mayoría de las acciones en contra de varias de estas organizaciones de gran contrabando no causan mucho revuelo, al menos de forma masiva, la aparición pública de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, puso sobre la palestra la existencia de algo que todos sabían, pero no conocían a profundidad, que son las grandes organizaciones que, sustentadas en una intrincada red de corrupción, han funcionado durante muchos años sin ser prácticamente molestadas, además con un modus operandi que involucró durante años, incluso décadas, la financiación a campañas políticas a todo nivel, incluyendo las de alcance presidencial.
Al respecto, fue el interés de Buitrago de entregar, por diferentes medios, 500 millones de pesos a la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro, seguramente para garantizar que sus actividades continuaran sin mayor persecución de las autoridades, lo que lo hizo mucho más visible de lo que era. La campaña presidencial de Petro, como se ha podido establecer, al observar que los orígenes de esos dineros no eran tan claros, devolvió el dinero y el escándalo mediático llevó a que el denominado “zar del contrabando” huyera a Europa donde ha permanecido, mientras el gobierno colombiano ha intentado por diferentes métodos que regrese a Colombia.
Pero el caso de “Papá Pitufo” es seguramente uno entre muchos más y si bien no se puede negar su importancia dentro de las grandes redes de contrabando que hay en Colombia, es un hecho claro que se trata de una actividad con mucha tradición, intereses de todo nivel y mucha más gente involucrada que, seguramente, está detrás moviendo los hilos, lo cual hace que su identificación, persecución y posible desmantelamiento sea muy difícil, porque se pisarían callos que, de pronto, tocarían instancias tradicionalmente intocables.
Ante esta situación, el gobierno colombiano ha implementado una serie de acciones que si bien comprenden que terminar por completo con lo que ha sido una actividad de décadas e incluso siglos es muy complicado, han conseguido, al menos, golpear algunas estructuras dedicadas al contrabando en varios de sus frentes (o parafraseando a un expresidente de hace varias décadas, “bajar el contrabando a sus justas proporciones”). Para conseguirlo, en primer lugar, es necesario llevar a cabo serios análisis de redes criminales, trazabilidad documental, inteligencia financiera y articulación con organismos nacionales e internacionales de control, fortaleciendo la respuesta institucional frente al delito económico transnacional.
Es relevante también establecer intercambios institucionales de información y operaciones que permitan actuar de manera conjunta a las entidades relacionadas frente a este tema, como ocurre con la DIAN que, a través de la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal y la Subdirección de Fiscalización Aduanera, debe consolidar mecanismos de cooperación con la UIAF, la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades, para compartir información y ejecutar controles coordinados en zonas críticas, robusteciendo la lucha contra el contrabando y el fraude aduanero. A esto se debe sumar la cooperación y el intercambio internacional, a través de mecanismos y acuerdos bilaterales con aduanas, agencias y organismos multilaterales para el intercambio de información y el combate de redes criminales transnacionales vinculadas al contrabando, el tráfico de mercancías y el fraude fiscal. Y no se puede olvidar el trabajo en las oficinas regionales, a través de mesas de trabajo, conocimiento de los distintos escenarios y contextualización de estos a nivel nacional.
Esto permitiría reducir los flujos de mercancía ilícita que alimentan economías subterráneas y evaden el control fiscal y aduanero; disminuir el lavado de activos, pues, al cerrar los canales de ingreso y salida irregular de bienes, se limitaría la posibilidad de legitimar capitales a través de operaciones ficticias o trianguladas, y finalmente conseguir el aumento del recaudo, ya que la formalización del comercio exterior y la reducción de operaciones ilegales fortalecen la base gravable y mejoran los niveles de recaudo tributario y aduanero. Con esto, se fortalecería la política fiscal y de legalidad económica, lo cual sería de gran ayuda para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el fortalecimiento de la competitividad del país.
Estas acciones deben desarrollarse estableciendo controles, tanto en las zonas primarias aduaneras, que se ejercen en los puertos, aeropuertos y pasos de frontera, y las que están a cargo de esta en las llamadas zonas secundarias, que son aquellas fuera de los puertos, aeropuertos y puntos de control donde se realizan las operaciones aduaneras inmediatas. Con esto, se esperaría implementar una combinación de acciones preventivas, operativas y tecnológicas orientadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad aduanera y la correcta nacionalización de las mercancías para prevenir el contrabando, proteger el recaudo fiscal y facilitar el comercio legítimo, manteniendo un equilibrio entre el control efectivo y la eficiencia en las operaciones portuarias.
Es necesario igualmente promover soluciones tecnológicas que potencien la capacidad institucional de detección, análisis y respuesta oportuna, como la analítica avanzada e inteligencia artificial, que son algoritmos de perfilamiento para identificar operaciones inusuales y uso de redes complejas que permitan hallar estructuras criminales que se correlacionan entre los integrantes de esta, así como fomentar la participación en redes y sistemas internacionales, como la plataforma CENComm de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), desarrollada para fortalecer el intercambio de alertas, información operativa y buenas prácticas sobre tipologías emergentes de contrabando y fraude aduanero. Según la DIAN, estos sistemas fortalecen la capacidad de detección y respuesta.
Finalmente, en el contexto de búsqueda del desmantelamiento de redes y estructuras poderosas, se puede apelar a conseguir acuerdos de información a través de algunos beneficios, con aquellas figuras ligadas al contrabando que pueden entregar datos sobre sus socios ocultos, actividades en distintos ámbitos y relaciones con sectores institucionales.
Esto permitiría optimizar las acciones anticontrabando y lograr que la aduana colombiana cuente con controles efectivos para detectar incumplimientos en las operaciones de comercio exterior.
Vale decir que varias de estas estrategias han sido implementadas en el gobierno actual y, de hecho, entre el 1 de enero y el 19 de octubre de 2025 ha habido un total de 19.393 aprehensiones que representan un valor de $ 440 mil millones de pesos, principalmente en Cali, Medellín, Cartagena, Bogotá y Barranquilla. Las principales causales de estas acciones fueron la presencia de mercancía no amparada, es decir, sin la documentación requerida para ingresar al territorio aduanero nacional; un 8.9%, correspondiente a $39.034 millones, relacionado con mercancías no presentadas ante la autoridad aduanera; y un 3,4%, valorado en $15.158 millones, que se refiere a mercancías no declaradas en la importación. Sin duda falta mucho y quedan todavía varias respuestas por resolver, sobre todo en torno a ciertas decisiones, pero hay avances en la lucha contra el contrabando que es importante la pena mencionar.
Indudablemente, el desmantelamiento de estructuras delincuenciales de diferentes niveles dedicadas al contrabando de distintos productos puede perjudicar a mucha gente, incluso gente que no es consciente de que su práctica causa un fuerte daño a otros sectores de la sociedad. Sin embargo, son muchos más los beneficios que esto generaría para el grueso de la sociedad que requiere que haya actuaciones “por encima de la mesa” que generen confianza en la gente y la institucionalidad para desarrollar la vida en las mejores condiciones posibles. Por esto, es fundamental dar pasos sólidos frente a estas actividades naturalizadas, normalizadas y tradicionalmente aceptadas, pero que requieren irse superando, ojalá de manera rápida. Y, por supuesto, generar políticas, legislaciones y acciones que permitan a quienes siguen las reglas de la legalidad salir adelante y continuar aportando a la construcción de un sólido tejido social, unas finanzas públicas robustas y un contexto en el que el contrabando masivo resulte siendo solamente una anécdota de viejos tiempos que no volverán.
*Petrit Baquero es historiador y politólogo. Es autor de los libros El ABC de la Mafia. Radiografía del Cartel de Medellín (Planeta, 2012); La Nueva Guerra Verde (Planeta, 2017) y Las Guerras Esmeralderas en Colombia (Planeta, 2025).
* Este es un contenido pautado; RAYA aporta el contexto y la información complementaria que considera necesaria para ofrecer una lectura completa y respetuosa con la audiencia.
