Hollman Ibáñez, hoy conjuez del CNE en la decisión que sacó a Iván Cepeda de la consulta de marzo, arrastra cuestionamientos desde 2011 cuando la Fiscalía investigó un presunto soborno ligado a la validación de firmas en Cali. Su hoja de vida incluye la polémica por su intento forzado para llegar al CNE en 2019, una sanción disciplinaria en curso y vínculos con sectores del uribismo que ponen en duda su imparcialidad como conjuez.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Hollman Ibáñez Parra era el director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional en 2011. En ese entonces, llegaron a su despacho las firmas de inscripción de dos candidatos que aspiraban a la Alcaldía de Cali: Susana Correa, exmilitante del Centro Democrático y exdirectora de Prosperidad Social, y Rodrigo Guerrero Velasco, médico y exalcalde de esa ciudad en dos oportunidades. Ambas candidaturas fueron invalidadas en agosto de ese mismo año.
Ibáñez tenía a cargo verificar las inscripciones por firmas, pero no certificó las candidaturas al considerar que no cumplían con los requisitos legales, principalmente en el número de firmas exigidas. La decisión no fue sorpresiva. Antes de la invalidación, Correa y Guerrero denunciaron públicamente que habían recibido exigencias de dinero para que la inscripción de sus candidaturas fuera avalada. El entonces Director del Censo Electoral terminó en medio de los cuestionamientos, al ser el responsable del proceso de validación.
Según los testimonios recopilados por la Fiscalía General de la Nación en la investigación por supuesto soborno, integrantes del movimiento ciudadano “Firme con Cali”, que respaldaba a Susana Correa, recibieron llamadas anónimas en las que se exigía a la candidata el pago de 40 millones de pesos a cambio de completar el umbral de firmas para lograr la aprobación de su candidatura, pese a que su equipo consiguió 152.147 apoyos.
En el caso de Rodrigo Guerrero, quien presentó 115.250 firmas, los ofrecimientos se hicieron hacia personas cercanas a él. Primero, por medio de Juan Carlos Nader, un cirujano plástico que había sido su alumno. Según información de la Fiscalía, Nader se habría reunido en Chía con líderes políticos y una persona allegada a la Registraduría, quien le propuso garantizar el aval de las firmas y facilitar que Guerrero fuera elegido como alcalde a cambio de 200 millones de pesos. La segunda advertencia llegó a Guerrero por voz del médico Jimeno Rojas Orozco.
La duda que siempre quedó atravesada en el caso fue sobre quién, dentro de la Registraduría, tenía la capacidad de influir en la validez de las firmas. Los dos registradores especiales de Cali en ese entonces, Rosario Tafur y José Francisco Daza Silva, manifestaron que su trabajo solo se limitaba a recibir los folios de las firmas y enviarlos a la Dirección del Censo Electoral en Bogotá, donde se hacía la revisión técnica. En ese contexto tomó relevancia uno de los testimonios recopilados por la Fiscalía que se señala que Hollman Ibáñez había estado en Cali los días en los cuales se notificaron las inconsistencias en la recolección de firmas que se presentaron ante la Registraduría Nacional.
El escándalo sobre el intento de soborno a ambos candidatos fue destapado por el propio presidente Juan Manuel Santos, quien pidió que se avanzara en las investigaciones para identificar a los particulares y funcionarios que estarían detrás. Para ese momento, la fiscal Viviane Morales y el procurador Alejandro Ordóñez asumieron el caso haciendo llamados públicos a la transparencia. Al mismo tiempo, el hermano de Hollman Ibáñez, Óscar Ibáñez Parra, se desempeñaba como procurador judicial de Bogotá ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y tribunales de arbitramento en contratación estatal. El hermano de Hollman además ha sido abogado personal de la gobernadora Dilian Francisca Toro.
La presión hacia Carlos Ariel Sánchez, quien se desempeñaba como Registrador Nacional, lo llevó a asumir el reconteo de cada una de las firmas. En medio de ese proceso, también trasladó a los registradores especiales Tafur y Daza a la seccional de Cartagena, según él, para garantizar la transparencia en el reconteo de firmas en Cali. Además, removió del cargo a Hollman Ibáñez y lo nombró en el Departamento de Registro Civil de la Registraduría. A los pocos días Holman Ibáñez renunció al cargo y salió definitivamente de la entidad electoral.
Al final, el registrador reconoció la validez de 60 mil de las firmas que le permitieron a Guerrero ser candidato y, posteriormente, Alcalde de Cali. Por su parte, Susana Correa desistió de su aspiración política.
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Hollman Ibáñez dio fin a una carrera de casi cuatro años en la Registraduría. Se desempeñó como jefe de la Oficina de Control Interno, delegado departamental de Caquetá y Cundinamarca y, finalmente, como encargado del Censo Electoral. Ibáñez era uno de los hombres de confianza del entonces registrador Carlos Sánchez. Aunque salió de la Registraduría, se tejieron hipótesis sobre su posible participación en el escándalo.
En ese contexto se mencionó su relación con Eliana Salamanca, secretaria del Gobierno de Cali y cercana al Partido de Integración Nacional (PIN). Según información de medios de comunicación como la revista Semana y El Espectador, Salamanca era cuota del exsenador parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra en el gabinete de Jorge Iván Ospina. El País de Cali también reseñó entonces que “Ibáñez estuvo de visita en Cali durante el mismo fin de semana en que el ex senador condenado por parapolítica tuvo permiso por 72 horas”.
Sobre el escándalo, Hollman Ibáñez y Eliana Salamanca evitaron ahondar en su relación. Por su parte, Ibáñez aseguró que el proceso para no certificar las firmas se dio bajo las reglas establecidas por la Registraduría. En septiembre de 2015, la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía sobre el presunto soborno fue archivada por encontrar que no hubo comisión del delito, pues sólo se había limitado a comentarios, y que ya se había avanzado en la imputación de cargos a distintas personas por las irregularidades.
Ese episodio marcó la salida de Ibáñez de la Registraduría, pero no el fin de los cuestionamientos sobre su papel en los procesos electorales en Colombia. En el año 2010, la firma de abogados Procesos electorales S.A. se encargaba de vender servicios de reconteo de votos a políticos “quemados” en las elecciones al Congreso. La firma había sido creada por tres litigantes, entre ellos, Carlos Ariel Sánchez, quien entregó su participación a Hollman Ibáñez cuando fue elegido como Registrador Nacional en 2007.
Carlos Sánchez fue registrador de Colombia entre 2007 y 2015. Fotografía: Colprensa
Según información revelada por El Espectador, Ibáñez figuró como miembro de la junta directiva hasta marzo de 2009: “Mientras formaba parte de una firma privada que asesoraba en temas electorales, también laboraba en la Registraduría”, reportó el medio. Hollman Ibáñez, quien era director del Censo Electoral, aseguró que el mismo día que recibió las acciones, las entregó a Fernando Zabala Chacón. La Fiscalía archivó la investigación del caso al determinar que no se encontraron méritos sobre la supuesta alteración de resultados electorales y Sánchez ya no tenía participación accionaria.
El nombre de Hollman Ibáñez volvió a estar en el centro del debate público este año por ser el conjuez del Consejo Nacional Electoral (CNE), que definió el futuro de Iván Cepeda en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo. Sin embargo, su designación reactivó cuestionamientos sobre su idoneidad, a partir de su historial como abogado y sus relaciones políticas, en particular con el abogado y candidato presidencial de extrema derecha, Abelardo de la Espriella.
Hollman Ibáñez acompañado del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Fotografía publicada en la cuenta de la oficina de abogados de Ibáñez.
Un historial cuestionado
Hollman Ibáñez es abogado de la Universidad Católica y su principal experiencia ha estado enfocada en asuntos electorales. Tiene especialización en derecho comercial y financiero, un posgrado en derecho probatorio y una maestría en derecho en la Universidad Sergio Arboleda.
Sin embargo, su experiencia en el año 2019 no fue suficiente para acreditarse como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), según la Comisión de Acreditación Documental del Congreso. Aun así, Ibáñez insistía en reemplazar al magistrado fallecido Heriberto Sanabria bajo el argumento de que era el siguiente en la lista de ternados por el Congreso, en una plancha suscrita por los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Mira, Aico y Colombia Justa Libres. En octubre de ese año, se posesionó como nuevo magistrado, ante la Notaría 27 de Bogotá.
La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre la llegada de Ibáñez al CNE e hizo el llamado al Congreso para que asumiera una nueva elección de magistrado para que esta decisión no quedara en manos de un notario. “La determinación de la Comisión de Acreditación Documental de declarar inelegible al abogado Hollman Ibáñez Parra, para ser magistrado del CNE, es suficiente razón para hacer un llamamiento al Congreso en pleno para que se tome de manera urgente una decisión frente a quien debe ocupar ese asiento”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE, en ese momento.
Hollman Ibáñez asumiendo como magistrado del CNE después de su posesión, acompañado de los excongresistas Eduardo Emilio Pacheco y del senador John Milton Rodriguez. Fotografía: CostaNoticias
En medio de la disputa sobre su posesión, Ibáñez logró recoger el apoyo de 86 congresistas como Álvaro Uribe, Rodrigo Lara, John Milton Rodríguez (de quien fue defensor en una demanda que pedía su muerte política) y Gabriel Santos, entre otros. Además, el entonces Presidente de la Cámara de Representantes también había abogado porque se reconociera su perfil. Al final, tras una larga batalla que zanjó el Consejo de Estado, el Congreso de la República eligió a Virgilio Almanza Ocampo como magistrado en reemplazo del fallecido Sanabria.
Hollman Ibáñez también ha hecho carrera defendiendo a integrantes del Centro Democrático y figuras políticas cercanas. En 2022, fue defensor de Jorge “Yoyo” Tovar, hijo de Jorge 40, el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Tovar fue avalado por la Asociación Paz es Vida como víctima para aspirar a una de las curules de paz, creadas tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Farc. Su aspiración había sido denunciada por existir una inhabilidad en representar a las víctimas, teniendo en cuenta que su padre fue un victimario. El Consejo Nacional Electoral (CNE), siendo abogado Ibáñez, determinó que no había ningún obstáculo legal, aunque pudiera haber cuestionamientos éticos.
El círculo ampliado de cercanía con el uribismo incluye a figuras como el expresidente Iván Duque
Actualmente, Ibáñez cuenta con una sanción disciplinaria de la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá para ejercer su actividad por tres años por falta de lealtad en la administración de justicia, como lo reveló Cuestión Pública. La decisión fue apelada en noviembre de 2025. La decisión se dio tras una compulsa de copias del Juzgado Primero Penal del Circuito del municipio de Funza en su contra por el uso de maniobras dilatorias para evitar que se realice la audiencia preparatoria de juicio en contra del mayor Carlos Javier Arenas.
Arenas fue comandante del Esmad en Madrid, Cundinamarca, y está acusado por el homicidio de Brayan Niño Araque, asesinado en el marco del paro nacional. El oficial fue destituido de la Policía Nacional e inhabilitado para ejercer funciones públicas por nueve años, a través de una decisión de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación. El ministerio público encontró que Arenas disparó un arma lanza-gases de manera directa y con plena intención contra Niño, sin que representara un peligro y violando los reglamentos policiales para atender la protesta.
Iván Cepeda también radicó una denuncia contra Hollman Ibáñez, acusándolo de prevaricato por omisión argumentando que debió declararse impedido para decidir sobre su participación en la consulta presidencial de izquierda. Esto teniendo en cuenta que se ha pronunciado en distintas oportunidades en contra del gobierno Petro y sobre la participación de Cepeda y el Pacto Histórico. Además, ha trabajado de cerca con la firma de abogados del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, contraparte política de Cepeda en las elecciones presidenciales de este año. La denuncia también incluyó al magistrado Álvaro Hernán Prada.
Pero la cercanía con el uribismo trasciende el ámbito profesional. La abogada Rosalín Orozco Becerra, ex esposa de Hollman Ibáñez y gerente suplente de HI & Co Advisor- Investment S A S (empresa creada por Ibáñez y actualmente en liquidación), fue candidata de Álvaro Uribe por La Guajira y desistió de continuar con su candidatura en 2013. Orozco, oriunda de Villanueva, trabajó con Jaime Granados –abogado de Uribe en el caso por manipulación de testigos y en el que Cepeda es reconocido como víctima—.
Sobre el futuro de Ibáñez, queda pendiente que la Fiscalía se pronuncie la denuncia de Iván Cepeda por prevaricato por omisión y que la Comisión de Disciplina Judicial defina en el fallo de segunda instancia si Ibáñez ha faltado a su deber de administrar justicia como abogado. Por lo pronto, las investigaciones disciplinarias y las denuncias por prevaricato no han impedido que Hollman Ibáñez tome decisiones que inciden directamente en el mapa electoral del país. Su caso expone las grietas del Consejo Nacional Electoral, CNE, una entidad que en el último año ha estado en el ojo del huracán para ser reformada de cara a garantizar mayores garantías para todos los partidos, principalmente, hoy, para los progresistas.
Al cierre de esta nota, no fue posible obtener respuesta del conjuez Hollman Ibáñez, ni a través de su celular ni por medio del Consejo Nacional Electoral, sobre el caso de las firmas en la Registraduría, su presunta cercanía con el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, la investigación relacionada con Procesos Electorales S.A., la sanción disciplinaria de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, su relación profesional y personal con el candidato Abelardo de la Espriella y la denuncia presentada por Iván Cepeda por prevaricato por omisión.
