El Gobierno Nacional sancionó la jurisdicción agraria que deberá resolver los pleitos sobre la tenencia de las tierras en el país. Una de las tareas de los nuevos jueces agrarios es resolver los conflictos interétnicos, esos que surgen entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes cuando no hay claridad jurídica respecto a las decisiones estatales sobre sus límites territoriales. Uno de esos conflictos se viene presentando en Silvia, Cauca, entre los resguardos indígenas Guambia y Pitayó, a raíz de una resolución de la ANT que ha generado distintas interpretaciones jurídicas.
Por: Enrique Gamboa
En un paso clave para el cumplimiento del Acuerdo de Paz el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, la cual tiene la misión de resolver los pleitos sobre la tenencia de tierras en el país. Lo hizo el pasado 31 de marzo, desde Cereté, en el departamento de Córdoba. El nuevo sistema jurídico permitirá, entre otros, resolver problemas de derechos de predios agrarios, uso del suelo y realizar acciones de nulidad sobre actos jurídicos. Entre los problemas que se deberán resolver desde la jurisdicción agraria están los relacionados con los conflictos interétnicos; esos que surgen entre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, cuando no hay claridad jurídica respecto a los límites territoriales de cada uno. Uno de esos casos se vive hoy en el Cauca, donde una resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reavivó una disputa territorial entre los pueblos Misak y Nasa por 800 hectáreas de tierra.
En Colombia, los conflictos interétnicos territoriales van desde desencuentros socioculturales, hasta confrontaciones jurídicas y de violencia, relacionadas con el traslape de territorios y reclamos por el acceso y control sobre tierras. Por esa razón, el nuevo sistema jurídico contará con una base de jueces y equipos interdisciplinarios que deben abordar los casos con un enfoque étnico y de género. Entre las tareas de la jurisdicción agraria estará la de revisar las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que hayan generado una disputa territorial a lo largo del país. Muchos de los conflictos que deberá revisar no responden a una sola causa: suelen cruzar omisiones estatales, procesos de delimitación incompletos, traslapes de títulos, compras de predios para una comunidad en áreas reclamadas por otra y disputas entre jurisdicciones y acuerdos propios.
Una vez la jurisdicción agraria tuvo la sanción presidencial, desde el Ministerio de Justicia destacaron que este tribunal es “un nuevo poder que la Constitución Política le otorga a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país”, explicó la cartera en un comunicado. La jurisdicción agraria deberá entrar a operar una vez el Congreso apruebe el documento y el Estado asigne los fondos para su operación.
En un trabajo titulado: “Conflictos territoriales rurales en las fronteras interétnicas e interculturales de tres departamentos fronterizos de Colombia”, la Universidad Javeriana de Cali destacó que los conflictos interétnicos que nacen a partir de decisiones estatales originan confusiones jurídicas y “por tanto, generan una situación de incertidumbre para los actores de la ruralidad; tal como ocurre con los títulos de origen colonial y republicano, con los procesos administrativos agrarios o cuando hay indefinición respecto a los límites topográficos entre las territorialidades étnicas y campesinas”, dice el trabajo publicado en 2025.
En el trabajo del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana también se estableció que estas situaciones de conflicto aparecen cuando las entidades del Estado no reconocen, o no respetan, las normas y jurisdicciones propias de las comunidades étnicas y los acuerdos que se han gestado entre ellas para la solución de conflictos interétnicos e interculturales que no tuvieron la presencia del Estado. En ese mismo trabajo se analizó una base de datos de la ANT sobre cifras de conflictos interétnicos en Colombia que decía que hasta 2024 había un registro de cerca de 160 conflictos. De ese total, 35 eran entre indígenas y campesinos; 29 entre indígenas y particulares y 22 entre solo indígenas. En términos regionales los departamentos con mayor afectación por conflictos territoriales fueron Cauca con 31 casos reportados, Meta con 14 y Chocó con 13.
Según el análisis que hizo la universidad, los conflictos interétnicos caracterizados por la ANT suelen darse donde hay concentración de la propiedad, o cuando se confronta la vocación, el uso y el aprovechamiento de los territorios mediante diferentes modos de producción entre las comunidades rurales que lo habitan, “tal como ocurre con afrodescendientes e indígenas cuando algunos de ellos aspiran a la constitución, clarificación o ampliación de sus territorios y se traslapan entre sí. Ahora bien, también se pueden gestar este tipo de conflictos cuando no hay claridad jurídica respecto a los límites topográficos entre las territorialidades étnicas”, se lee en el trabajo universitario.
Según se anotó en la base de datos de la ANT, el Cauca es el departamento donde más se presentan casos de conflictos interétnicos con 31. Sobre la conflictividad en esta zona del país, el Observatorio Nacional de Paz elaboró un texto llamado “Escenarios, actores y dinámicas de la conflictividad socioterritorial en Colombia” que dice que muchos de los conflictos que se presentan entre las comunidades étnicas en Cauca se gestan por una problemática de la ancestralidad del territorio y el desconocimiento del Estado colombiano frente a esto. “Los conflictos interétnicos en la región se derivan principalmente de la entrega de tierras, por parte del gobierno, a comunidades en lugares donde históricamente han habitado otras comunidades”.
Precisamente, un caso de estos se viene presentando en el Cauca, entre el resguardo de Guambia del pueblo Misak y el resguardo de Pitayó del pueblo Nasa, que desde hace semanas viven una situación de tensión. Desde un lado, los Guambia denuncian que comuneros Pitayó han ingresado a su territorio, causando daños y desplazamientos de semovientes, mientras que desde el otro lado sostienen que su comunidad no está invadiendo, sino realizando una minga en una tierra que consideran propia y plantando árboles. En lo que ambas partes coinciden es que la raíz del problema radica en una resolución de la ANT que ha generado diversas lecturas sobre la tenencia de la tierra.
Guambia y Pitayó, dos resguardos enfrentados por una vieja disputa territorial en Cauca
En las montañas del municipio de Silvia, en el oriente del departamento del Cauca, conviven desde hace siglos varios resguardos indígenas que forman parte de una de las regiones con mayor diversidad cultural de Colombia. Entre ellos se encuentran los resguardos de Guambia, habitado por el pueblo Misak, y el de Pitayó, del pueblo Nasa. Aunque estos territorios comparten historia, geografía y procesos organizativos dentro del movimiento indígena, hoy se encuentran en medio de un conflicto interétnico territorial por una resolución de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la cual ha generado distintas interpretaciones sobre los límites reales de cada resguardo.
La resolución de la discordia se emitió en diciembre de 2023 cuando la ANT le reconoció el título colonial al resguardo Pitayó, consignado en una escritura pública de 1966, en medio de un proceso de reconocimiento legal que había iniciado la comunidad. Sin embargo, ese reconocimiento generó un conflicto interétnico por 800 hectáreas de tierras entre Guambia y Pitayó. Por un lado, los Pitayó destacaron que la resolución les reconoció la propiedad sobre esa tierra, mientras que los Guambia afirman que esas tierras les pertenecen a ellos, luego de unos acuerdos interétnicos suscritos entre ambos resguardos en 1981 y 2005. Además, sostuvieron que en la decisión de la ANT se dejó claro que no afectaba las ocupaciones de tierras existentes.
Resolución de la Agencia Nacional de Tierras en el que declaró vigente el título ancestral del resguardo Pitayó y ha generado diferentes lecturas en las comunidades indígenas.
Para entender el alcance de esa decisión, RAYA habló con autoridades de Guambia y Pitayó, así como con la Agencia Nacional de Tierras. Para la entidad el problema radica en las lecturas distintas que cada comunidad hace de la resolución. Según la ANT, aunque se reconoce la validez de los procesos de clarificación relacionados con el resguardo Pitayó, no se le dan derechos sobre las 800 hectáreas de tierras que pertenecen a los Guambia. “Cuando se hacen los acuerdos del 81 y 2005, el resguardo Guambia se reestructuró y se legalizó, por eso ellos gozan de esa propiedad. Mientras que Pitayó no lo hizo, y hasta ahora empiezan a hacer su verificación. La resolución es clara: el título colonial de Pitayó está vigente, pero eso no quiere decir que lo que está dentro de él sea propiedad de ellos”, aseguró a RAYA el subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT, Olinto Mazabuel.
El subdirector Mazabuel también señaló que el objetivo de la resolución no era declarar pueblos “vencidos” ni “vencedores” y que la agencia actuó dentro del marco normativo, pues el proceso de validación del título de Pitayó comenzó por solicitud del mismo resguardo en 2012. “Desde la época colonial las escrituras ya estaban superpuestas, por eso hicieron los acuerdos en 1981 y 2005 que tienen las firmas de los gobernadores de la época y están refrendados legalmente”, aseguró a RAYA el subdirector. El funcionario añadió que desde la ANT se han programado reuniones con ambas comunidades para explicar el alcance técnico y jurídico de la situación.
Por su lado, desde el resguardo Pitayó, la lectura es otra. Edinson Pacho, gobernador del resguardo, aseguró que el problema está en que la ANT reconoció el título de su comunidad, pero al mismo tiempo mantuvo efectos sobre una zona de traslape que hoy está bajo control de Guambia. A su juicio, esa tensión técnica debe ser resuelta por la propia entidad, ya que fue la misma que lo generó.
El gobernador Pacho también cuestionó la legitimidad de los acuerdos de 1981 y 2005. Según dijo, esos documentos fueron firmados por los gobernadores de la época, pero no contaron con el respaldo de la asamblea comunitaria. “En las comunidades indígenas la asamblea es la que ordena sobre su territorio. Acá somos miles de personas, pero en ese momento fueron dos personas las que decidieron. Uno de los gobernadores que firmó, que se llama Donías Conda, sacó un video y manifestó que fue engañado. Por eso, desde Pitayó decimos que ese acuerdo no es un mandato de la comunidad”, apuntó.
Precisamente porque Pitayó no reconoce esos acuerdos, este año comuneros de ese resguardo comenzaron a ingresar a la zona en disputa. Según su versión, lo que han hecho allí es una minga de fortalecimiento ambiental. “Tomamos posesión del terreno y lo que hemos hecho es un fortalecimiento al tema ambiental, sembrando árboles con los estudiantes de las diferentes instituciones que hacen parte de nuestro territorio. Cuando hicimos esas plantaciones, al otro día vimos que la comunidad Guambia había arrancado todos los árboles”, relató Pacho a RAYA.
Desde Guambia, en cambio, sostienen que desde la expedición de la resolución de la ANT en 2023 se han presentado interpretaciones que, a su juicio, han sido usadas para justificar el ingreso de Pitayó a tierras que reclaman como propias. Esa posición aparece recogida en un concepto técnico del abogado Guillermo Yalanda, quien asesora jurídicamente al resguardo Guambia. En ese documento, compartido con RAYA, Yalanda señala que desde 2024 se vienen presentando acciones que generan desarmonía en el territorio, como “quitar el aviso de la casa comunal, construir una especie de trincheras, armar bases en concreto para izar sus símbolos, arremeter contra los cercos, ranchos y ganados de la Comunidad Misak, lo cual se ha agudizado durante este año 2026, con nuevas prácticas que llaman a la agresión y a la confrontación”.
En ese mismo concepto, Yalanda cuestiona la respuesta de distintas instituciones frente a lo que está ocurriendo en el territorio. “Seguramente están esperando a que esta situación pase a mayores consecuencias. Queda la tarea a nuestros pueblos originarios de acudir al diálogo y la conversa como hermanos, porque solo el pueblo salva al pueblo”, señaló.
En las voces consultadas para este texto aparece de manera reiterada el llamado al diálogo, la concertación y la armonización como mecanismos para tramitar la disputa. Así lo planteó también la periodista Diana Jembuel, quien se refirió al efecto que este tipo de conflictos puede tener sobre los procesos organizativos y el gobierno propio en el Cauca. “En medio de este contexto, insistimos en que la voluntad política de las autoridades será clave para avanzar hacia una solución que permita superar las tensiones actuales y reafirmar el compromiso con la convivencia comunitaria y el respeto por los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, afirmó.
Desde la ANT también insistieron en esa salida. “Es hora de parar los ataques en la zona y en las redes sociales. Hoy se está buscando un problema en la institucionalidad, pero lo cierto es que se deben sentar a hablar porque hay unos acuerdos que hoy siguen en pie. Tienen que llegar a un acuerdo”, dijo Mazabuel. Por ahora, la disputa entre Guambia y Pitayó sigue abierta y sin un panorama claro para una solución, mientras crece la presión para que la respuesta institucional no llegue cuando el conflicto haya escalado en la zona.
