Una hacienda que la Fiscalía le quitó a Hugues Rodríguez Fuentes, el ganadero condenado por promover grupos paramilitares en el Cesar, fue entregada por el gobierno Petro en mayo de este año a campesinos sin tierra de este departamento. Desde entonces, mientras Hugues permanece prófugo de la justicia, sus trabajadores presionan a los labriegos para que no levanten cultivos ni trabajen la finca. RAYA además conoció que funcionarios del nuevo Gobierno están indagando por el expediente del predio. Abelardo de la Espriella fue apoderado de una de las empresas que tuvo La Alquería y la actual directora de la Unidad para las Víctimas trabajó en su bufete.
Por: Sebastián Forero Rueda
Todos los días, desde hace varias semanas, los campesinos que recibieron la finca La Alquería, en el marco de la reforma agraria de Petro en el Cesar, reciben la misma advertencia por parte de antiguos trabajadores de esa hacienda: “no se pongan a sembrar tanto, no se pongan a invertirle a esa tierra, que esto lo van a quitar nuevamente”, cuenta en una llamada telefónica el líder de una de las dos asociaciones campesinas que recibieron esta tierra en mayo pasado y quien pidió mantener su nombre en reserva. Esas presiones las confirma el líder campesino Guillermo Pérez Rangel, representante de la otra asociación: “Esa es una presión casi a diario porque ellos tienen otra finca en la parte de atrás donde tienen el ganado, entonces ellos cruzan todos los días por La Alquería y al que se encuentran en el camino le dicen eso; es reiterado, es sistemática la presión que ellos ejercen contra los campesinos”.
Los trabajadores a los que se refieren estos dos testigos son los jornaleros del antiguo poseedor de la finca: Hugues Rodríguez Fuentes, conocido como “el Comandante Barbie”, un ganadero condenado por promover grupos paramilitares en el Cesar y a quien en 2007 la Fiscalía le quitó dicho bien por medio de un proceso de extinción de dominio y lavado de activos en su contra. A raíz de eso, el predio pasó a manos de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes, que se transformó luego en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, en 2024 el bien fue incorporado además a Justicia y Paz por su relación con Jorge 40 y Mancuso y pasó a ser administrado por el Fondo para la Reparación de las Víctimas. En noviembre de ese año, cuando se realizó la diligencia de secuestro del bien, en el terreno había más de 620 cabezas de ganado, según el acta de esa diligencia. Pese a que ese año la finca había quedado bajo administración del fondo de reparación, sus antiguos ocupantes siguieron en el predio hasta que en mayo de este año, la Agencia de Tierras lo compró, lo recuperó materialmente y lo entregó a los campesinos en el marco de la reforma agraria del gobierno Petro.
A las presiones intimidantes de los mayordomos del “Comandante Barbie” se suma otro hecho contra los campesinos: Rodríguez Fuentes ha sido cercano al ahora presidente De la Espriella y este último puso al frente del fondo de reparación, de la Unidad de Víctimas, a una abogada de su propio bufete, Jensy Johana Osorio. Según lo relataron varias fuentes cercanas al proceso de esta hacienda, tras su llegada a la dirección de la entidad sus funcionarios han indagado por el expediente de este predio “con el objetivo de revisarlo en detalle”.
La Alquería está ubicada a ocho kilómetros de camino por la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia, Cesar. Se trata de un extenso terreno de 466 hectáreas, ubicado en pleno corredor ganadero del departamento y avaluado comercialmente en unos 6.500 millones de pesos. Materialmente fue entregado a la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar y a la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas. Según sus representantes, quienes hablaron con RAYA, los hostigamientos han generado en varias familias plantearse dejar el terreno. “Pero habemos otros que estamos aquí en el predio y nosotros nos vamos hasta las últimas consecuencias porque no estamos invadiendo ni estamos aquí de manera ilegal; a nosotros este predio nos lo entregó la entidad que administra las tierras en el país”, aseguró Pérez Rangel.
El documento que en este momento tienen los campesinos para defenderse es una resolución que emitió la Agencia Nacional de Tierras el 6 de agosto pasado, un día antes del cambio de Gobierno, que certifica la entrega provisional de la finca a sus asociaciones, mientras se formalizaba la titulación. Pero el nuevo Gobierno ha arremetido contra esas decisiones y ha dicho, básicamente, que no tienen validez porque a los campesinos no se les ha entregado el título. La propia directora de esa agencia, Lina Garrido, anunció que revisarán esos casos y que tendrán que decirles “la verdad” a los campesinos, en declaraciones que parecen anticipar eventuales desalojos: “Vamos a limpiar la casa; hay muchos campesinos a quienes les entregaron tierras que ni siquiera eran propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, los engañaron, y eso es lo que nosotros necesitamos llegar a arreglar; no se les puede mentir a los campesinos, no se les puede dar entregas anticipadas de predios que no están saneados, eso es lamentable así que nosotros tenemos que llegar a decirles la verdad”, dijo Garrido desde Montería el pasado 20 de agosto.
Los campesinos de La Alquería relataron a RAYA, además, un episodio que les sucedió el pasado 23 de julio, 15 días antes de la posesión presidencial. Una contratista de la Sociedad de Activos Especiales, de la dirección territorial Caribe, llegó hasta el predio acompañada del antiguo administrador para anunciarles que haría una inspección. Preguntó por las labores que venían adelantando y les pidió directamente el acta de entrega provisional de la finca —en ese momento no tenían aún la resolución—, y el representante de la Asociación de Mujeres Rurales de Tierras Nuevas se la envió al correo electrónico institucional de la contratista, como consta en el mensaje enviado ese día. Cuando la comunidad la increpó por el motivo de su visita al predio, la contratista terminó retirándose.
Lo que les llamó la atención es que, primero, quien la llevó al predio era el administrador del antiguo propietario; además, que no es un predio que tenga que ver actualmente con la SAE sino con el Fondo de Reparación a las Víctimas y la Agencia de Tierras, y que, en todo caso, si la SAE necesitara documentación de esa tierra la pediría formalmente a esas entidades. Consultada oficialmente, la SAE aseguró que a la visita sí acudió un contratista del fondo de reparación, que delante de los campesinos no se identificó ni interlocutó con ellos. Sin embargo, ni la SAE ni ese contratista del fondo, consultado por RAYA, pudieron explicar por qué fueron a la finca en compañía del administrador del antiguo dueño.
La cercanía del entorno de Hugues Rodríguez con el hoy presidente Abelardo de la Espriella está documentada. De hecho, De la Espriella ha sido apoderado de la empresa Inversiones Rodríguez Fuentes —una de las antiguas titulares de la finca La Alquería—, también de la esposa del “Comandante Barbie”, María Consuelo Pavajeau, y de varios de los hijos de ella que son hijastros de Rodríguez Fuentes. Además, una hermana de Hugues, Elisa Rodríguez Fuentes, es socia de Dominio de la Espriella, la empresa dueña del Ron Defensor de De la Espriella y el cantante vallenato Silvestre Dangond. También son socios de esa compañía dos hijastros del “Comandante Barbie” y la empresa Monte Horeb Group, que estuvo vinculada a dos hijos directos de Hugues.
El temor de los campesinos que hoy ocupan La Alquería no es infundado. Aunque en la opinión pública el nombre del antiguo propietario Hugues Rodríguez Fuentes no sea muy conocido, ni tampoco su alias de ‘Comandante Barbie’, ni haya acaparado las primeras páginas de la prensa, se trata de una figura clave para la entrada del paramilitarismo en el departamento del Cesar. Y la finca donde hoy están los campesinos la adquirió cuando ya se había convertido en patrocinador del Bloque Norte de los paramilitares, al mando de su amigo Jorge 40.
En 1996, las autodefensas de la Casa Castaño y de Salvatore Mancuso hicieron las primeras reuniones en el Cesar con ganaderos y comerciantes de la región con el objetivo de concertar la entrada de ese grupo al departamento. A esas reuniones, según documentos de la Fiscalía y del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), acudieron ganaderos como Rodrigo Tovar Pupo y Hugues Rodríguez. El año anterior, en 1995, el ELN había secuestrado y asesinado a la hermana de este último, la odontóloga Margarita Rodríguez Fuentes. Con el propósito de aportar recursos a esa estructura paramilitar, Hugues Rodríguez creó en diciembre de 1996 la Convivir Salguero, según el CNMH; Tovar, por su parte, se convirtió en el comandante de esa naciente estructura.
Según el testimonio que el propio Hugues Rodríguez aportó en el proceso para ser incluido en el Registro Único de Víctimas, revelado por el portal especializado Verdad Abierta, así describió él mismo su relación con ‘Jorge 40’: “Rodrigo Tovar fue el comandante de las AUC en nuestro departamento, hemos sido amigos como todo el mundo en Valledupar, crecimos en el mismo pueblo compartiendo en los mismos clubes sociales y eventos y por consiguiente las mismas amistades por haber nacido él en un hogar de una familia muy honorable en Valledupar. Desafortunadamente por la incapacidad y negligencia de nuestro Gobierno de combatir a las guerrillas, nuestro paisano empuñó las armas tomando la decisión de combatirlas”.
Exparamilitares han declarado ante Justicia y Paz que Rodríguez Fuentes sirvió de patrocinador al grupo, que daba orientaciones y que sus fincas sirvieron de base para la estructura. Alcides Mattos Tabares, conocido como el Samario, declaró, según su testimonio recopilado por el CNMH, que para cometer la masacre de la parcelación de El Prado, en La Jagua de Ibirico, en mayo de 2002, los paramilitares salieron desde la finca El Carmen, de Hugues Rodríguez, que colindaba con esa parcelación. “Esa acción fue ordenada por alias Barbie, un rico hacendado amigo de Jorge 40 que dio la orden y los recursos para perpetrar asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos masivos”, declaró el Samario.
Rodríguez Fuentes, o el ‘Comandante Barbie’, fue condenado en 2007 a nueve años de cárcel por promover grupos paramilitares. Al año siguiente, 2008, la condena fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Valledupar. Y en 2011, ante un recurso de casación que presentó su defensa, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme esa condena al no casar la sentencia. Aun así, su defensa presentó ante esa misma corte una demanda de revisión, que el alto tribunal inadmitió en 2014. Pese a ello, el ganadero no ha purgado un día de cárcel en Colombia, pues desde antes de ser condenado salió hacia Estados Unidos, donde era investigado por lavado de activos y delitos asociados al narcotráfico, en 2008 se entregó a las autoridades norteamericanas, con las que habría llegado a un acuerdo del que no han trascendido detalles que terminó en el desistimiento del proceso en su contra. En Colombia continúa siendo un prófugo de la justicia.
Cinco años antes de esa condena, La Alquería pasó a manos de Rodríguez Fuentes en 2002, con el paramilitarismo en pleno auge, según el certificado de tradición de la finca. El origen del predio es baldío y fue adjudicado en la década de los 40 a una familia de la zona, que la tuvo durante años, luego la vendió y fue pasando de mano en mano. En mayo de 2002, Rodríguez Fuentes se la compró a la señora Esilda Peralta Brito, por $420 millones de la época y dos años más tarde, en 2004, este la vendió a dos empresas asociadas a él —Inversiones Rodríguez Fuentes e Inversiones Guatapurí— por $1.244 millones.
Los campesinos que recibieron la finca en mayo pasado hoy están trabajando en esa tierra y han sembrado las primeras plantaciones de plátano, yuca, ajonjolí y auyama. “Estamos haciendo vida campesina, que es lo que sabemos hacer”, dice el campesino Guillermo Pérez Rangel. Oficialmente no han recibido ninguna notificación de parte de la ANT, pero esperan que la finca finalmente sea titulada a sus organizaciones, ya que pertenece al Estado luego de luego de ser recuperada e incorporada al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
