En el municipio de San Juan del Cesar (Guajira) la empresa internacional BCC busca una licencia ambiental que le permita extraer 7 millones de toneladas de carbón. Sin embargo, la solicitud de la multinacional generó una diferencia en el Gobierno Nacional, ya que el Ministerio de Minas aprobó el plan de trabajo de la empresa para operar en una región que fue catalogada de importancia para la producción de alimentos por el Ministerio de Agricultura.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
En la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) se está evaluando darle luz verde a una licencia ambiental solicitada por la empresa turca Best Coal Company (BCC), con el propósito de que pueda extraer siete millones de toneladas de carbón durante diez años en el sur de La Guajira. El proyecto ha generado una diferencia de criterios entre los ministerios de Agricultura y de Minas, pues la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobó el plan del trabajo de la empresa en una zona declarada de importancia forestal y agrícola. Las comunidades afectadas han denunciado que no se ha garantizado el derecho a la consulta previa y que tienen muy poca información sobre los impactos del proyecto.
El proyecto minero, conocido como mina Cañaverales -pues lleva el nombre del corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, donde se espera opere la mina a cielo abierto- es impulsado por la empresa turca Best Coal Company, que llegó al país en 2014, cuando la empresa MPX, de origen brasileño, le vendió el título minero 081 que suscribió con el extinto Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) en 2006. Desde que se presentó el proyecto, se detectó que se ubica a menos de un kilómetro del manantial Cañaverales que en 2012 fue declarado como reserva forestal de La Guajira.
La decisión de declarar al manantial Cañaverales como reserva forestal la tomó Corpoguajira. De acuerdo con la corporación regional, el manantial es la fuente principal de agua para consumo humano. Además, es un ecosistema donde habitan osos hormigueros, tigrillos y guacamayas, y se ubica en una región clave como lo es la Serranía del Perijá.
Sumado a la protección de Corpoguajira, la zona donde está el manantial Cañaverales está inscrita en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), lo que hace que cualquier intervención minera represente un riesgo directo a la biodiversidad y al acceso al agua para cientos de familias campesinas y comunidades que habitan cerca a él.
Estas medidas hicieron que tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como Corpoguajira, rechazaran las solicitudes de licencia ambiental realizadas por la empresa desde su llegada al país. A pesar de los rechazos, la empresa presentó un nuevo programa de trabajo ante la ANM en octubre de 2022.
Entre los cambios presentados destacan: la reducción de 10 a 7 millones de toneladas de carbón a extraer, la disminución del tiempo de operación de 30 a 10 años desde 2023, y el establecimiento de una zona de amortiguación de 800 metros desde los centros poblados hasta la mina para mitigar impactos.
Dos años después de recibir el nuevo plan de trabajos de la empresa minera, la ANM emitió un auto, el 28 de noviembre de 2024, mediante el cual aprobó el Programa de Trabajo y Obras de BCC para iniciar sus trabajos de exploración y explotación de carbón en el sur de La Guajira. La entidad dio visto bueno a los trabajos de la empresa turca, a pesar de que en el auto -que conoció RAYA- quedó establecido que existe una superposición entre la mina y el manantial de Cañaverales, declarado zona de reserva forestal. El mismo documento señaló que la mina se sobrepone con seis centros poblados del municipio de San Juan del Cesar.
En su decisión, la ANM subrayó que sólo se autorizará el inicio de los trabajos de explotación una vez la empresa turca haya obtenido la licencia ambiental correspondiente. “Una vez revisado el expediente se evidenció que no reposa copia del acto administrativo emitido por la autoridad ambiental competente, ejecutoriado y en firme, que otorgue la viabilidad ambiental del título”, se lee en el auto de la entidad minera.
La Revista RAYA se comunicó con la Agencia Nacional de Minería para conocer más sobre el por qué decidió aprobar el plan de trabajo de la empresa en una zona de influencia del manantial Cañaverales. La cartera de energía manifestó que para el proyecto minero, “la empresa presentó un estudio hidrológico e hidrogeológico completo. Este estudio determinó que el flujo de agua subterránea se dirige en sentido contrario a la zona donde se desarrollará la explotación. Desde el punto de vista técnico, esto indica que el manantial no se vería afectado por las actividades mineras previstas”, aseguraron.
Así las cosas, ahora quien deberá tomar la decisión final para la explotación de carbón en esta zona del país será Corpoguajira, que el próximo 14 de junio dará una audiencia pública en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, ubicado en San Juan del Cesar, donde anunciará si le da o no la licencia ambiental a la mina Cañaveral.
Mientras llega la decisión final, Revista RAYA habló con Jenny Ortiz investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), organización que ha documentado y denunciado las irregularidades presentadas durante el proceso del proyecto minero de carbón en Cañaverales.
Para Ortíz, el nuevo programa presentado por BCC ante la ANM tiene ciertas inconsistencias: primero, que fue presentado en paralelo al licenciamiento ambiental ante Corpoguajira: “Ellos hicieron un maniobra mañosa, porque sólo cuando se tiene la aprobación del plan de trabajo y obra pueden pedir un licenciamiento ambiental, pero los radicaron al mismo tiempo”.
La segunda inconsistencia que señaló Jenny Ortíz es que la BCC no presentó un programa claro de transporte y embarque del carbón extraído. “Dicen que lo van a sacar por Puerto Bolívar o Puerto Brisas, incluso dicen que puede construir otro puerto. Entonces uno se pregunta: ¿cómo se puede aprobar un plan de trabajo sin saber por dónde van a sacar el carbón”?
Otro punto que manifestó la investigadora de CINEP es que, sumado a que la empresa turca no tiene licencia ambiental, tampoco cuenta con licencia social por parte de la comunidad, al haber violado el derecho fundamental a la Consulta Previa, libre e informada que fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Riohacha en 2019.
Aunque el fallo judicial ordenó la consulta previa, la empresa negó la presencia de comunidades étnicas y solicitó al Ministerio del Interior la certificación de no existencia de sujetos de consulta. Fue la comunidad quien interpuso una tutela y logró que un juzgado fallara a su favor, ordenando realizar la consulta.
Sin embargo, el Ministerio del Interior aplicó el test de proporcionalidad, un mecanismo menor que la consulta previa, en dos ocasiones, lo que fue señalado por CINEP como irregular por desconocer el carácter obligatorio de la consulta. “Los funcionarios ven el territorio sin gente y creen genuinamente que no están causando violaciones de derechos humanos”, finalizó Jenny Ortíz.
El hecho de que la empresa no haya dialogado con la comunidad de Cañaverales ha generado una relación tensa entre ambas partes. En abril de 2024, la comunidad, liderada por el Consejo Comunitario Ancestral Los Negros, realizó una asamblea y ratificó su rechazo al proyecto minero de BCC, declarando a la empresa no grata en la región por las presiones externas y las maniobras que hicieron para reiniciar el proceso de solicitud de licencia ambiental.
Precisamente otra de las fuentes que consultó RAYA para esta investigación fue Óscar Gámez, líder del Consejo Comunitario Ancestral Los Negros, que desde hace más de una década lucha contra las multancionales para proteger su territorio. “Un día le dan un título minero a una transnacional y se presenta sin decirle nada a nadie con maquinaria amarilla para hacer trabajo de campo. Así nos enteramos de que nuestro territorio hacía parte de un título minero”, recordó el líder social.
Uno de los problemas que identificó el líder social es que la empresa se negó, durante meses, a entregar el estudio completo del proyecto minero, lo que impidió que la comunidad pudiera conocer en detalle los impactos de la actividad minera en su territorio. “Esta omisión vulnera el principio de consulta informada y limita la participación ambiental garantizada por la ley”, dijo.
Además agregó que por la complejidad técnica de los documentos que recibieron exigieron que los impactos ambientales sean evaluados por universidades como la Nacional o Los Andes, y no por consultores financiados por la empresa. Sin embargo, la petición del consejo comunitario no fue atendida por ninguna entidad nacional.
Para Óscar Gámez los trabajos que quiere hacer BCC son los mismos que se realizan en El Cerrejón, a 30 kilómetros de Cañaverales. “Es la misma política y el mismo funcionamiento. Usan el mismo sistema operativo: dividen a la gente, extraen toneladas de carbón, dañan el medio ambiente y al mismo tiempo dicen que ayudan a la comunidad con trabajo. Pero la realidad es que los trabajos pequeños, como de aseo o mantenimiento, son para la gente de acá, pero ningún funcionario administrativo es de La Guajira, son de otros departamentos”.
En su conversación con RAYA el líder del Consejo Comunitario también se refirió al programa de trabajo y obra de la BCC que fue aprobado por la Agencia Nacional de Minería. Para Gámez es contradictorio que en el documento se plasmara la disminución en las toneladas a extraer, pero, sin embargo, se aumentara el número de empleados para hacer el trabajo. “Ahora van a trabajar menos y son más personas, es un absurdo total, pero es parte del engaño. La minería no es buena para nadie y la única forma de justificarla es con mentiras. Acá está la despensa agrícola del departamento de La Guajira y no se están dando cuenta de eso”, finalizó.
Esta contradicción no solo se evidencia en las declaraciones de los líderes comunitarios, sino también en el conflicto institucional. El mismo territorio está siendo planificado de manera simultánea para fines agrícolas y mineros. Mientras el Ministerio de Agricultura declaró la zona como Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), la ANM aprueba actividades extractivas. No existe articulación entre entidades como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Ministerio de Minas, lo que refleja una grave falla de la política pública de ordenamiento del suelo y contradice las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
La despensa agrícola del norte de Colombia
El sur de la Guajira, donde se ubica Cañaverales y donde se planea extraer carbón, fue declarado Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) por el Ministerio de Agricultura. En la resolución 161 de junio de 2024 se estableció que un total de 79.900 hectáreas serían protegidas con el objetivo de evitar la pérdida de los suelos y se permita garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada. Ocho municipios del sur del departamento fueron declarados como territorio APPA: San Juan del Cesar, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, Distracción, Fonseca, y Barrancas, donde habitan más de 240.000 personas.
El área protegida se conoce como la despensa agrícola del norte de Colombia por ser ideal para cultivar frutas como melón, patilla o banano. Un análisis realizado por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) destacó que el maíz, café, arroz y yuca son los cultivos más importantes del sur de La Guajira, representando el 63% de las cosechas del departamento.
A pesar de esto, el estudio identificó que más del 90% de las personas que viven en esta zona del país compran sus alimentos y no los cultivan “evidenciando la dependencia alimentaria y la poca autonomía que tienen las personas sobre los alimentos y sus recursos naturales”, dice el documento.
Hay que destacar que en 2024, La Guajira fue el departamento donde más se registraron muertes de menores de edad por desnutrición, con un total de 31 casos, según la Procuraduría. En 2017, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el departamento por la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de los niños y niñas Wayúu, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a desnutrición.
La declaración del sur de La Guajira como territorio APPA tuvo como objetivo impulsar el desarrollo rural para garantizar el derecho humano a la alimentación, promover el uso eficiente del suelo rural y de los recursos hídricos, y asegurar la disponibilidad permanente de alimentos adecuados y culturalmente aceptados.
El anuncio lo hizo la entonces ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, el 6 de julio de 2024, en el municipio de San Juan del Cesar, en los últimos días de su gestión. Ante las comunidades campesinas Mojica afirmó que los APPA eran fundamentales para avanzar hacia una reforma agraria:
Así lo dijo: “Ustedes son el ejemplo de las bases populares y campesinas, porque esta Reforma Agraria no es un capricho, sino que es de todo el pueblo que decide hacerla. Y no estaríamos protegiendo estas 80.000 hectáreas de tierra para la producción agrícola de no ser porque ustedes se movilizaron exigiendo esto".
Aunque las comunidades esperaban que en las 80.000 hectáreas protegidas se empezara a producir y cosechar alimentos, cuatro meses después recibieron la noticia de que la Agencia Nacional de Minería había aprobado el plan de trabajo de BCC, ubicado en municipios declarados como áreas de protección de alimentos.
La noticia también inquietó al Ministerio de Agricultura, que se encuentran en vilo por la decisión que vaya a tomar Corpoguajira: si concede o no la licencia ambiental a la empresa de Turquía. “Para nosotros es importante que se proteja la producción de alimentos, pero somos respetuosos de las decisiones que tome la autoridad ambiental. Hemos visto que la corporación ha protegido los recursos y confiamos en que siga ese camino”, le dijo a RAYA una vocera del equipo jurídico del ministerio.
Para el Ministerio de Agricultura, lo más importante es visibilizar todos los riesgos que corre la región por cuenta de la actividad minera y la relación que tiene el funcionamiento de la mina con la producción de alimentos que se da en el territorio. “Hemos dialogado con la autoridad minera y saben cuál es nuestra posición jurídica y también desde lo técnico respecto al proyecto. Hemos sido enfáticos en decir que la explotación minera a cielo abierto no tiene derechos adquiridos”, remató la vocera.
En su comunicación con RAYA, la ANM subrayó que la aprobación del plan de trabajo y obra se debió a la disminución de la producción y el recorte del área del título minero. Sobre el estado actual del proyecto respondieron que la empresa se encuentra al día en las obligaciones contractuales y cursando la etapa de explotación. “En las visitas de inspección de campo no se han evidenciado labores de explotación minera, sino que sólo se ha registrado los pozos exploratorios realizados para determinar el yacimiento de carbón presente en el área y para monitorear y medir los niveles de agua subterránea”.
Por ahora Best Coal Company no se ha pronunciado respecto a la mina Cañaverales. Por ahora se sabe que tendrá una inversión de 82 millones de dólares y creará 250 trabajos directos en la fase de producción. Es decir, que de las 240.000 personas que viven en el sur de La Guajira tan sólo el 0,1% tendría trabajo en una mina, que amenaza con destruir sus suelos y aguas bajo los ojos de un Gobierno que no sabe hacía donde apuntar: minería o producción de alimentos.
