Reinaldo Quebrada, exgobernador del pueblo Nasa en Caquetá, fue encarcelado por el gobierno del presidente Iván Duque, acusado de ser el mayor deforestador del Parque Nacional Natural Chiribiquete, donde vivía con 28 familias nasa. Su caso evidencia cómo la política ambiental terminó criminalizando a comunidades indígenas y campesinas y no a los grandes deforestadores con extensas tierras para la cría de ganado.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Reinaldo Quebrada lo perdió todo, y ni su libertad se lo ha regresado. Hace tres años fue despojado de su tierra, su comunidad, su familia, su liderazgo y su libertad. El 5 de abril de 2022 fue capturado mientras esperaba a funcionarios del gobierno de Iván Duque en San Vicente del Caguán, Caquetá. Quebrada era gobernador del Cabildo Indígena Amazónico La Esperanza y había asumido la vocería para denunciar las vulneraciones a los derechos de campesinos e indígenas en el marco de la operación militar Artemisa, desplegaba en la región desde 2019.
Ese día, el entonces fiscal general Francisco Barbosa, y el ministro de Defensa, Diego Molano, lo señalaron públicamente de ser “uno de los mayores auspiciadores de la deforestación” en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. La Fiscalía lo acusó de talar más de 33 hectáreas -equivalentes a unas 47 canchas de fútbol profesional- entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, y de financiar la invasión a áreas de especial importancia ecológica. También le imputaron cargos por porte ilegal de armas y secuestro extorsivo. Desde entonces, organizaciones sociales y sus abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) han alertado sobre las irregularidades en el proceso, incluso ante el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
Semanas antes de su captura, la operación Artemisa, una estrategia implementada por el gobierno Duque para enfrentar la deforestación en la Amazonía se había intensificado. El 6 de marzo de 2022, uniformados del Ejército realizaron una incursión en la vereda El Triunfo y el cabildo La Esperanza: quemaron dos casas de la comunidad y dispararon en medio del diálogo con la población que vivía en la zona, según denunciaron en su momento el medio de comunicación El Cuarto Mosquetero y habitantes de la región. En esa intervención militar fue asesinado el campesino Julián Andrés Suárez y cinco personas desaparecieron. Tres de ellas retornaron y dos fueron judicializadas bajo los cargos de deforestación.
Una de las casas destruídas en el marco de la Operación Artemisa en El Triunfo. Foto: Lina Álvarez
Sin embargo, esa no fue la primera incursión militar en la zona. Seis meses atrás —el 18 de septiembre de 2021—, ya habían sido incineradas cuatro casas de campesinos señalados de deforestadores. En esa oportunidad, el exgobernador Reinaldo Quebrada fue imputado por daño a los recursos naturales, ecocidio, invasión de área de especial importancia ecológica y aprovechamiento ilícito de los recursos forestales. Aunque fue dejado en libertad, quedó vinculado al proceso con la condición de no volver al parque. Aun así, Quebrada decidió volver. Su comunidad, asentada en la zona desde el 2015, debía ser reubicada para evitar nuevos conflictos con el gobierno Duque. Él asumió la responsabilidad de acompañar ese proceso y garantizar el traslado de las familias.
“Al ver que había un conflicto territorial, no con los grupos armados, sino con el mismo Estado, habíamos tomado la decisión de reubicarnos. Si el Estado nos garantizaba las mínimas condiciones, nos íbamos a otro lugar. Cuando estábamos viendo cómo hacer ese proceso, Reinaldo fue detenido y es la fecha que aún sigue ese compromiso”, dice José Elías Inseca, actual gobernador del cabildo La Esperanza.
Reinaldo haciendo su denuncia ante organizaciones de derechos humanos, tras haber sido capturado en septiembre del 2021. Foto: Lina Álvarez.
Las dudas sobre el caso
Reinaldo Quebrada fue recluido en la cárcel de Florencia, Caquetá. Su detención en una prisión ordinaria se decretó a pesar de la solicitud expresa de su comunidad y de su defensa para que fuera acogido en un centro de armonización de la justicia indígena. Entre los cargos que pesan sobre él, el más grave es el de secuestro extorsivo agravado. El 7 de abril de 2022, Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lo señaló como responsable de la privación de la libertad del soldado Juan Sebastián Bonilla Melo, quien “participaba en un procedimiento de la Operación Artemisa”. La retención ocurrió en medio del caos del operativo en el cual varias casas de la comunidad fueron incineradas y el campesino Julián Suárez fue asesinado, presuntamente por la fuerza pública.
Sin embargo, la versión de Quebrada y su defensa contradice la acusación. El exgobernador asegura que no estaba en el lugar cuando ocurrió la retención del soldado. “Me llama la comunidad y me cuenta lo que está pasando. Estaba a unas cuatro horas en carro y cuando llego busco cómo remediar la situación”, relata. Según su testimonio, su papel fue el de mediador, dada la autoridad que ostentaba en su pueblo Nasa. “Informé a la Defensoría del Pueblo, al Personero municipal y pedí una ambulancia para que se llevara a los heridos. Después entré a negociar con el soldado y la comunidad para soltarlo”, cuenta.
La salida al conflicto se dio bajo los principios de la justicia indígena. “Él me dice que se someterá a cualquier sanción con tal de recuperar su libertad. Se sometió a unos latigazos e incluso firmó un acta junto a las instituciones presentes”, agrega.
Acta de constancia de la entrega del soldado a las entidades, firmada por el uniformado y el exgobernador.
La Fiscalía indicó que hubo “tortura moral” contra el soldado, quien habría recibido golpes con palos, 15 latigazos y fue obligado a grabar una prueba de supervivencia. Sin embargo, en el video de liberación -publicado por el Informativo 7/24 Caquetá- un funcionario del Ministerio Público reconoce que se respetaron los derechos humanos del uniformado.
Para Nelson Camilo Garzón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el castigo que ejerció Quebrada se hizo en el marco de la justicia propia de los pueblos indígenas y, en particular, él actuó como autoridad reconocida constitucionalmente para hacerlo. La liberación del soldado contó con la veeduría de la Personería municipal, la iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.
“Acá tenemos una autoridad indígena aplicando los mecanismos de justicia propia, que respetó los lineamientos de esta y de su comunidad”, explica Garzón. “La Fiscalía hace su acusación teniendo solo como referencia una entrevista realizada por un profesional del Ejército, en la que el mismo soldado reconoce que el gobernador actuó como un mediador durante el tiempo que estuvo retenido por miembros de la comunidad indígena”, agrega.
A Reinaldo Quebrada también lo acusa la Fiscalía por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Pero este cargo ya había sido desestimado durante su primera captura, el 18 de septiembre de 2021. En ese momento, un juez de control de garantías del Caquetá rechazó las pruebas presentadas tras un allanamiento a una vivienda dentro del resguardo y dentro del Parque Nacional natural Serranía de Chiribiquete, donde se encontraba el gobernador junto a otro indígena. En el lugar, se encontraron “camas, escopetas, guadañas, motosierras entre otras cosas”, según el acta de la audiencia preliminar. El juez determinó que no había méritos para el delito de porte ilegal de armas, al encontrar “serias contradicciones” en los informes de la Policía Judicial. Aun así, en la segunda captura en 2022, la Fiscalía retomó el mismo cargo —ya desestimado— bajo el argumento de conexidad procesal, sumando los hechos de ambas detenciones.
La raíz del conflicto: tierra, territorio vs conservación
Más allá de las acusaciones por secuestro o porte ilegal de armas, el centro del proceso contra Reinaldo Quebrada está en la disputa por la tierra y la conservación ambiental. La Fiscalía sostiene que el exgobernador invadió un área protegida y propició la deforestación en el PNN Serranía de Chiribiquete, declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco en 2018. Ese mismo año, el gobierno de Juan Manuel Santos amplió el área protegida en 2.781.419 millones de hectáreas, pasando de 1.486.676 a 4.268.095 millones de hectáreas. Con esa ampliación, muchos asentamientos que existían desde años atrás quedaron, súbitamente, dentro de los límites del parque, y fueron catalogados como “invasores”.
Sin embargo, la comunidad de Quebrada se asentó allí antes del reconocimiento y la ampliación. Llegaron huyendo de la violencia en el departamento del Cauca. “Teníamos claro la limitación del Parque Nacional del Chiribiquete con las juntas de acción comunal de los alrededores, y nos indicaron que ese territorio era baldío, una zona de amortiguación. Con las comunidades aledañas llegamos al acuerdo de ubicarnos ahí”, relata Quebrada.
Por su parte, José Elías Inseca, actual gobernador del cabildo La Esperanza, detalla que cuando llegaron a la zona, campesinos del Valle del Cauca y del Tolima ya habían talado árboles para sacar madera. “Cuando recuperamos el territorio y no permitimos que esas familias se quedaran, vinieron amenazas bastante graves. Pero nosotros no tuvimos nada que ver con la deforestación”, afirma Inseca. El abogado Garzón insiste en que no existen pruebas que vinculen directamente a Quebrada con la tala: ni fotografías, ni videos ni interceptaciones telefónicas. La deforestación registrada, sostiene, correspondía al uso cotidiano de la comunidad asentada.
Tras su asentamiento en la zona, presentaron la solicitud de legalización del resguardo indígena —de aproximadamente 200 mil hectáreas entre las veredas El Triunfo y Chamuya— ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el 20 de febrero de 2019. “La respuesta que dieron en ese momento fue que no era posible porque ya era un territorio que estaba constituido como ampliación del parque, así que deberíamos desalojar”, relata Quebrada. Seis años después, ni la constitución ni la reubicación de las familias se ha llevado a cabo.
Delimitación del polígono solicitado por el Cabildo La Esperanza para la constitución como resguardo indígena.
A las dudas sobre los delitos se suma un conflicto más profundo: la tensión entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. En particular, Reinaldo Quebrada fue recluido en una cárcel común y no en un centro de armonización, como solicitó su comunidad. Para los Nasa, estos centros son espacios de reeducación dentro del territorio, administrados por sus propias autoridades, donde las personas se reconectan con su cultura a través del trabajo comunitario, la participación activa y los rituales espirituales .
“La Corte Constitucional ha sido muy clara que en el caso de los reclusos indígenas, deben afrontar sus penas en centros penitenciarios especiales para evitar que pierdan sus derechos étnicos, su cosmovisión y arraigo con sus comunidades y los procesos políticos que ellas promueven”, explica el abogado. El resguardo Nasa La Gaitana, en Florencia, tiene un centro de armonización, donde se encuentran otros reclusos indígenas, que tiene convenio con el Inpec. A pesar de que las autoridades indígenas y la defensa solicitaron su traslado, el juez de control de garantías negó la petición.
Además, la Corte Constitucional dejó en manos de la justicia ordinaria el caso de Quebrada. Los argumentos de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán, que buscó ser reconocida como juez natural de Quebrada, no fueron considerados suficientes para demostrar capacidad “mínima de coerción” ni garantías que “proteja los derechos de las víctimas”, si se llegara a demostrar que era culpable.
Según Garzón, este conflicto de competencias evidencia un vacío legal que algunas iniciativas legislativas buscan resolver. Ese es el caso del Proyecto de Ley para coordinar la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional presentado este año por el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia ante el Congreso de la República. Sin embargo, agrega el abogado, ya existen antecedentes que pudieron haberse tomado en cuenta, como la reclusión del excongresista indígena Feliciano Valencia, quien fue llevado al centro de armonización del resguardo Munchique los Tigres, en el Cauca.
Reinaldo Quebrada pasó 1.071 días —más de 35 meses— en la cárcel de Florencia, hasta que fue dejado en libertad por vencimiento de términos. La Fiscalía no cumplió con los plazos legales establecidos para desarrollar el proceso penal. Aunque recuperó su libertad, su inocencia aún no ha sido reconocida.
“Cuando recobré la libertad, por temor, no pude volver ni a la región porque la Fiscalía me tenía prohibido regresar. Debido al sufrimiento que había pasado, tomé la decisión de retirarme del territorio y de las organizaciones que representaba”, cuenta Quebrada. “A pesar de mi proceso, que sigue, es diferente estar preso a estar libre. Puedo moverme, andar, trabajar, comer e inclusive dormir”, añade.
Las huellas de la Amazonía militarizada
El caso de Reinaldo Quebrada no fue un hecho aislado. Los operativos de la Operación Artemisa terminaron por criminalizar a campesinos e indígenas bajo el argumento de frenar la deforestación. El Ejército ingresó a zonas rurales de los departamentos Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, priorizando la intervención en los parques nacionales naturales Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, Picachos, Puré, la Reserva Natural Nukak y la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía.
Más de 22 mil integrantes de la Fuerza Pública participaron de la Operación Artemisa, según cifras del Ministerio de Defensa. Fotografía: MinDefensa
Organizaciones de la sociedad civil han advertido del peligro de atender la deforestación exclusivamente con la militarización, que fue lo más visible para las comunidades, a pesar de que se esperaba una articulación interinstitucional entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, el IDEAM, la Fiscalía y el Ejército.
Según información obtenida con corte a 2022 por la Fundación Ideas para la Paz en un derecho de petición presentado al Ministerio de Defensa, la operación intervino 27.043 hectáreas, se capturaron 116 personas por orden judicial o en flagrancia delitos ambientales. De estas, al menos 13 fueron condenadas, según información suministrada por la Fiscalía al medio Mongabay. Entre los resultados operacionales, también se inhabilitaron 53 edificios, 23 puntos de acceso vehicular ilegales y 10 puentes en una zona de protección natural; se incautaron 13 hierros para marcar ganado, 34 motosierras, 18 guadañas, 29 armas decomisadas y 7 vehículos.
El balance de Artemisa contrasta con los índices de deforestación registrados entre 2019 y 2021, los años en que la operación estuvo más activa. Según cifras del IDEAM, la Amazonía perdió 98.250 hectáreas en 2019, 109.302 en 2020 y 112.899 en 2021. Solo descendió en 2022, cuando cayó a 71.185 hectáreas, el mismo año en el que Iván Duque salió de la Presidencia.
“Las operaciones militares de este tipo buscan mostrar resultados operativos y eso implica una presión grande cómo se desarrolla la operación y los resultados pueden ser cualquier cosa. No hubo resultados significativos sobre la deforestación y en cambio sí hubo unos impactos grandísimos en violaciones de derechos humanos”, explica Angie Durán, investigadora senior de la Asociación Ambiente y Sociedad. “En el marco de los operativos pues no hubo una lectura del contexto de la gente que habitaba la zona, ni una investigación sobre quiénes eran los financiadores ni los autores intelectuales a gran escala”, agrega.
Las violaciones a los derechos humanos registrados por organizaciones sociales como Cealdes y Ambiente y Sociedad incluían desplazamientos forzados, capturas de líderes comunitarios, rompimiento del tejido social y “abuso de la fuerza pública alrededor sin tener en cuenta un mínimo de cuidado y protección de la vida de niños y mujeres embarazadas”, asegura Catalina Oviedo, investigadora asociada de Cealdes, organización que acompañó a varias de las comunidades del Caquetá durante los operativos.
La quema de casa implicó para cientos de familias campesinas perder las pocas pertenencias con las que contaban. Aún hay varias no han podido recuperarlas. Foto: Lina Álvarez.
En el Caquetá, el caso de Reinaldo Quilcué y el miedo frente a la persecución del Estado y grupos armados legales e ilegales está lejos de desaparecer, principalmente, en un contexto en el que las comunidades se sienten presionadas. Un informe Crisis Group alerta sobre una combinación de incentivos y presiones contra las comunidades indígenas y campesinas para cortar la selva en la Amazonía. En particular, para la construcción de carreteras, en las que obligan a los residentes a trabajar gratis, o prometen tierras a personas de otras zonas del país para que puedan vivir allí. Estas tierras incluso están en parques naturales o resguardos indígenas.
Un líder ambiental del Caquetá denuncia que los grupos armados no actúan solos en la zona, sino que están aliados con actores políticos y económicos. “Después del 2017 empezó a entrar gente con mucha plata, que mandó abrir parques y compró los predios a peso de huevo. Lo volvió un hato ganadero, grandísimo e instrumentalizaba a algunos campesinos para ir tumbando con la excusa de que estaban haciendo la reforma agraria directa. Eso era básicamente repartir el parque. El grupo armado decía a quién le tocan 100 hectáreas, 120, 130. Los campesinos no tenían cómo sostener esas extensiones de tierra y, mágicamente, llegaba alguien y se las compraba y así se repetía la cadena”, agrega el líder que prefiere mantener el anonimato por miedo a represiones.
Este contexto adquiere mayor importancia al evidenciar que la Amazonía se ha convertido en el centro de la agenda mundial ambiental. Esto implica presión política, económica y de militarización, ilegal y legal, para países como Colombia que asumen responsabilidades ante la comunidad internacional para proteger la selva tropical más grande del mundo. Para Angie Durán será clave la COP30, la conferencia que reunirá a gobiernos, organizaciones ambientales y sociales, para discutir sobre el cambio climático y cómo este cruza los derechos humanos.
En la Amazonía aumentó la deforestación en un 74% en comparación con el 2023, según cifras del Ideam presentadas este año. Fotografía: MinDefensa
La COP30 será la oportunidad para poder abordar la urgencia de reconciliar la protección ambiental con los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que habitan la Amazonía. “Se debe pensar más allá de la militarización y poner el foco en el fortalecimiento de la tenencia de la tierra, fortalecer los esquemas de gobernanza ambiental, avanzar en los procesos de territorialidad campesina en en la región y reconocer al campesinado como un actor clave en la conservación”, afirma Durán.
Otro de los puntos clave de Colombia, para las expertas consultadas en esta nota, es abordar el enfoque diferencial étnico y con el campesinado alrededor de la Ley de Delitos Ambientales, creada el 29 de julio del 2021. Esta establece nuevos delitos ambientales relacionados: deforestación, invasión de áreas protegidas o baldíos adjudicables de la nación y tráfico de fauna. Uno de los casos que fue cobijado por esta nueva ley es el de Reinaldo Quebrada. “No tiene un enfoque diferenciado cuando los delitos comprometen a grupos poblacionales vulnerables como indígenas, comunidades campesinas y demás. La Defensoría del Pueblo también ha observado esto y se quiere promover una acción de inconstitucionalidad”, dice Nelson Garzón.
Mientras gobiernos, líderes mundiales, científicos, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil discutirán sobre el cambio climático, el rol de los pueblos indígenas en el cuidado de la naturaleza y la protección de la cuenca amazónica, Reinaldo Quebrada estará enfrentando nuevas audiencias por los cinco delitos en su contra. El 19, 20 y 21 de noviembre, se seguirá avanzando con la práctica de pruebas solicitadas por Fiscalía en el marco del juicio.
Quebrada tiene claro que, más allá del resultado, su proceso debe servir para que la justicia reconozca las leyes y los derechos que cobijan a los pueblos indígenas. “La verdad no siento que me haya pasado los límites en el actuar de la justicia propia y en mis derechos. Ojalá aprendamos a reconocer los derechos y los límites de cada justicia, para que no atropellen a las personas como lo han hecho desde un principio conmigo y aún lo siguen haciendo”, afirma el ex gobernador nasa.
Por el momento, la historia de Reinaldo Quebrada resuena en la selva como un recordatorio de que no habrá conservación mientras sus guardianes —indígenas, afrodescendientes y campesinos— siguen siendo vistos como invasores.
