La UNAL quedó con rector encargado y a la espera de un nuevo proceso de elección. Entre tanto, José Ismael Peña sigue insistiendo en ejercer un cargo en el que se posesionó ante notaría en mayo de 2024 y ejerció durante un mes, de espaldas a la institución. Bajo su breve e irregular ejercicio, hoy avalado por el Consejo de Estado, la universidad fue rápidamente desvinculada de la Corporación Rotorr, de la que era única socia. Esta empresa que ejecuta contratación pública por más de $300.000 millones, quedó en manos de particulares. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué hay detrás?
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
En la noche del lunes 24 de noviembre, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional designó a Andrés Felipe Mora como rector encargado, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Leopoldo Múnera. En las próximas semanas, el CSU deberá convocar un nuevo proceso electoral al que se opone el profesor José Ismael Peña —quien se autoposesionó como rector en una notaría en mayo de 2024 luego de ser elegido de manera irregular— y quien insiste en que debe ser restituido. ¿De dónde surge este interés? ¿Por qué su pelea por la rectoría? ¿Quienes están detrás de él?
Sus acciones durante el corto tiempo que ocupó la rectoría, es decir 34 días, podrían dar respuesta a esas preguntas: todo indica que su interés por regresar a la rectoría y devolverle el poder al sector que la ha gobernado por más de dos décadas, está asociado al control absoluto de Rotorr, una corporación creada en marzo de 2023 por la exrectora Dolly Montoya, su aliada, y cuyos contratos públicos, usando el nombre de la Nacional, ascienden hoy a más de 300.000 millones de pesos. Por eso, llama la atención que durante ese periodo, de un mes, Peña se haya concentrado, por encima de cualquier otra obligación de un rector, en restructurar el nivel organizativo de Rotorr.
El 10 de mayo de 2024, Peña delegó a cinco profesores como representantes de la Rectoría ante el Consejo Directivo, otorgándoles periodos de tres años “prorrogables”, sin tener competencia para ello. Estos nombramientos aseguraban un grupo cercano administrando la corporación. Aunque Rotorr nació como una spin off universitaria, en la práctica funciona como una corporación paralela que maneja proyectos y recursos públicos por fuera de los controles administrativos habituales de la U. Nacional. Y aunque también está obligada a transferir parte de sus utilidades a la institución, algo que —según denuncias del revocado rector Munera— no estaría ocurriendo. Este contexto permite entender por qué Peña y sus aliados buscan retomar la rectoría.
Acta en la que José Ismael Peña delega a cinco profesores como representantes ante el Consejo Directivo de Rotorr, pese a no contar con reconocimiento legal como rector. El documento fija periodos de tres años, “prorrogables”.
Precisamente, uno de los aliados del rector Peña es el actual consejero y representante profesoral ante el CSU, Diego Alejandro Torres, quien a su vez es el director científico de Rotorr y el único docente que se ha pronunciado públicamente solicitando la restitución de Peña. De hecho, es una de las voces activas en redes sociales que amenaza a sus colegas del CSU con la Procuraduría y la Fiscalía. “El rector es el profesor José Ismael Peña. En este momento se están cometiendo delitos que van a ser denunciados”, dijo Torres en una entrevista con Caracol Radio un día después de la sesión del CSU.
Es más, el 12 de junio de 2024, ya sin facultad institucional de Peña como rector, sus delegados nombraron a Ana María Velázquez Ángel como gerente financiera y representante legal suplente de Rotorr. Ese nombramiento permitió, semanas más tarde, la firma de millonarios contratos, entre ellos, uno con el ICFES por 26.000 millones de pesos para la logística de las pruebas Saber 11.
Cuando Leopoldo Múnera fue reconocido formalmente como rector, el 6 de junio de 2024, solicitó revertir los nombramientos irregulares en Rotorr. El 20 de agosto envió una carta exigiendo la restitución del orden institucional, pero la directiva de Rotorr —encabezada por Marco Blanco Ariza, nombrado por Dolly Montoya— se negó. Esto obligó a la rectoría a interponer acciones judiciales para recuperar el control de la corporación. Según el equipo jurídico de Múnera, la etapa en la que operaron los delegados de Peña coincidió con el incremento de contratos de alto valor y objetos alejados de la misión inicial de Rotorr.
Fragmento de la denuncia presentada por el equipo jurídico de la Rectoría, donde se señala que los contratos de mayor valor se firmaron justo después de la designación irregular de delegados por parte de Peña.
Uno de esos contratos es el convenio 12344 con el ICFES, del 23 de mayo de 2025, por 26.000 millones de pesos. Fue firmado por Velázquez, designada por los delegados de Peña. El análisis jurídico también reveló que Rotorr subcontrató empresas recién constituidas con capitales mínimos, que en cuestión de semanas recibieron contratos millonarios. Una constante en los documentos revisados es que, tras los nombramientos irregulares, la corporación empezó a contratar firmas sin trayectoria previa, creadas pocos meses antes y con estructuras básicas, lo que elevó las alertas sobre el uso de recursos públicos.
Entre los casos analizados está el de Vortex Bridge, creada en diciembre de 2023 con un capital de un millón de pesos y que, dos meses después, ya había firmado tres convenios con Rotorr. Otra empresa es IA LAB SAS, registrada en junio de 2023 y que acumuló cerca de 5.900 millones de pesos en contratos para desarrollar soluciones tecnológicas. A esto se suma Innovación Legal SAS, creada el 21 de junio de 2023 y que, en menos de un año, obtuvo 482 millones de pesos en contratos relacionados con la corporación.
Certificado de constitución de Vortex Bridge, empresa creada con un capital de un millón de pesos que, dos meses después, recibió contratos millonarios subcontratados por Rotorr.
La subcontratación del 26 de febrero de 2024, por cerca de 5.600 millones de pesos, se firmó entre Marco Blanco (Rotorr) y Leidy Tobón García (Vortex Bridge), en el marco de un convenio con la Contraloría General de la República. Otro caso es IA LAB SAS, registrada el 7 de junio de 2023: dos meses después ya recibía contratos por más de 2.000 millones para desarrollar soluciones tecnológicas. Hoy acumula 5.900 millones. También está Innovación Legal SAS, creada en junio de 2023, que en menos de un año obtuvo 482 millones de pesos en contratos con Rotorr.
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Rotorr, por su parte, afirma haber cumplido con los requerimientos de información y asegura que no existe conflicto de interés. En una comunicación remitida en mayo de 2025 a Caracol Radio señaló: “Dentro de este modelo colaborativo, es natural que varias empresas intercambien servicios y compartan proveedores especializados”.
En el punto central de la disputa entre Rotorr y la Universidad Nacional está la denuncia penal que instauró el equipo jurídico de Múnera. Según el documento, al interior de la empresa paralela se han cometido delitos contra la administración por abuso de función pública y prevaricato por acción. La principal advertencia que se hace es que la empresa ha ocultado información a las directivas de la Universidad sobre cambios en los estatutos y convenios suscritos con entidades nacionales por miles de millones de pesos, lo que ha generado que no se pueda establecer con claridad quiénes son esas personas empresas con las que contrata Rotorr. “Señalaremos una serie de irregularidades y será la Fiscalía y los jueces quienes deben establecer si esas irregularidades constituyen un delito. Queremos que las autoridades judiciales examinen las irregularidades en las actas de las reformas y el incumplimiento de los requisitos para formar una corporación o para formar un spin off”, dijo Múnera en el podcast “En la Raya con Cecilia Orozco”, en mayo pasado.
Mientras las investigaciones en la Fiscalía sobre Rotorr poco avanzan, la Universidad Nacional debe iniciar un nuevo proceso electoral. El fallo del Consejo de Estado anuló la elección de Múnera pero no ordenó la restitución de Peña. A pesar de ello, Peña —junto a sectores del Centro Democrático, encabezados por la senadora Paloma Valencia— sostiene públicamente que volverá al cargo. “El fallo es claro y regresaré a la rectoría de la Universidad Nacional el próximo miércoles”, afirmó en una reciente entrevista, anunciando un nuevo intento de autoposesión.
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