La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reconoció que su sistema de medición de cocaína en Colombia tiene errores metodológicos que afectaron la actualización de datos en varias regiones desde 2019. La admisión pública respalda lo revelado por Señal Investigativa sobre el ocultamiento de las cifras reales en el gobierno de Iván Duque. El Gobierno Petro exigió transparencia y el sistema de medición se reformará.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Durante más de dos décadas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sido la fuente principal de las cifras sobre cultivos de coca y producción potencial de cocaína en Colombia. Una fuente confiable, por ejemplo, para Estados Unidos que, según lo dijo el presidente Gustavo Petro, usó las mismas para descertificar a Colombia este año en la lucha contra las drogas. Esa decisión generó tal controversia en el gobierno colombiano, que más allá de expresar que la decisión del presidente Donald Trump había sido ideológica, al tiempo recordaron que las cifras de la ONU que le sirvieron de pretexto al presidente estadounidense eran falsas o cuando menos estaban distorsionadas.
Por eso, el pasado 6 de octubre, la oficina regional para los Andes y el Cono Sur reconoció públicamente que su modelo de medición enfrenta limitaciones técnicas, presupuestales y de seguridad que han afectado la actualización de datos en varias regiones del país. “@UNODC reconoce que estos datos enfrentan limitaciones propias de los estudios científicos, como factores presupuestales y de seguridad que han impactado la frecuencia de actualización de los datos en varias regiones”, dijo la entidad a través de un comunicado.
El reconocimiento llega luego de los cuestionamientos sobre el salto del 53% en la producción potencial de cocaína en el año 2023, una cifra que alarmó a la comunidad internacional y que fue el resultado de errores acumulados en el sistema de medición. La UNODC es la entidad encargada de medir cada año las hectáreas sembradas de hoja de coca y de calcular la estimación del potencial de producción de cocaína en Colombia. Para ello, mantiene convenios con el gobierno de turno. Sin embargo, durante la administración de Iván Duque esta oficina dejó de medir lo que ocurría en el Pacífico colombiano, una de las zonas con mayor densidad productiva del país. Lo mismo ocurrió con el Putumayo, región con presencia de cultivos y laboratorios.
El tema reapareció en 2024 cuando el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, y su viceministro, Camilo Umaña, revelaron que el presidente Petro había advertido sobre las inconsistencias de la UNODC. De hecho, en el pasado consejo de ministros televisado, Petro advirtió que la cifra estaba distorsionada pues la UNODC había dejado de medir durante varios años la región del Pacífico, el territorio con mayor concentración de cultivos de coca y principal ruta de salida de la droga hacia Estados Unidos.
Petro afirmó que la duplicación repentina de las cifras no tenía sustento técnico: “Ahora sabemos por qué se duplicó: compararon un año que no era comparable (...) Los señores cometieron el error de no hacer más pruebas de productividad”, dijo el presidente y aseguró que los técnicos de la ONU reconocieron la falla en privado, aunque se negaron a hacerlo públicamente. Finalmente, el martes pasado esta oficina reconoció sus errores.
Según los registros de la UNODC, la última actualización completa de la región del Pacífico se realizó en 2019 y durante los años 2020, 2021 y 2022 no se llevaron a cabo pruebas de cosecha ni encuestas rurales en esa zona. En ese lapso, el rendimiento nacional de hoja de coca se mantuvo estable en 6,4 toneladas por hectárea, al igual que durante casi todo el gobierno de Iván Duque, dando la impresión de que la producción estaba controlada. No obstante, ocurrió todo lo contrario en 2023 cuando se actualizó finalmente la región Pacífico y el rendimiento nacional subió a 8,5 toneladas por hectárea, un incremento del 33% que explica el 53% en la producción potencial de cocaína reportada por la ONU.
La investigadora en estadística Hanwen Zhang, consultada por Señal Investigativa, explicó: “durante el 2020, 2021 y 2022 el rendimiento de hoja de coca nacional se mantuvo estable en 6,4 toneladas por hectárea. No obstante, al actualizar la información del Pacífico en el 2023, el rendimiento nacional también se actualiza pasando de 6,4 a 8,5 toneladas por hectárea con un aumento del 33%, el cual contribuyó directamente al aumento del 53% de la producción potencial de cocaína. Si se hubiera actualizado la información del Pacífico antes de 2023, el rendimiento nacional también habría aumentado y la producción potencial de cocaína no habría tenido ese salto del 53% en 2023”.
El cálculo de la producción potencial depende de cuatro factores principales: cantidad de hectáreas cultivadas, rendimiento de hoja por hectárea, cantidad de alcaloide extraído de las hojas y nivel de pureza del producto final. Según Zhang, los dos primeros —área sembrada y rendimiento— son los que más afectan las variaciones anuales. Sin embargo, en 2022 no se realizaron mediciones en ninguna región del país, y el informe de la UNODC no explicó cómo se obtuvo la cifra nacional de 6,4 toneladas por hectárea, que se sostuvo desde 2020, ni por qué algunas regiones conservaron los valores históricos mientras otras los modificaron.
En el caso del Pacífico, los datos mostraron incluso una leve disminución de rendimiento frente a 2019, a pesar de que no se había hecho trabajo de campo. “El error —señala Zhang— es que se compararon periodos sin información homogénea, lo que distorsionó la serie estadística y dio la impresión de un crecimiento repentino cuando, en realidad, el fenómeno venía en aumento progresivo desde el año 2020”.
En Colombia y en Estados Unidos, la derecha ha usado esa descertificación como un arma política electoral contra el presidente Petro de cara a las elecciones de 2026, pero la realidad es que, incluso, el gobierno había acordado expedir un comunicado conjunto con esa oficina de la ONU, explicando la situación, pero al final el comunicado se quedó en borrador. “El error científico de estos jóvenes de Naciones Unidas es que no hicieron las pruebas de productividad por zonas, sino que reprodujeron una que hacía cuatro años no se hacía; no se puede comparar 23 con 22, no se puede”, dijo el presidente Petro durante el consejo de ministros.
Petro se refiere a un gráfico, resultado del análisis realizado por el Ministerio de Justicia al informe de la ONU, en el que se evidencia que, aunque desde 2005 se viene desarrollando el estudio de productividad de cocaína año a año, la ONU no lo hizo en 2022 y, además, no actualizaba los datos de la región Pacífico desde 2019, a pesar de ser la zona con mayor extensión de cultivos de coca. “Las pruebas de productividad del 22 fueron hechas en 2019 así que toda esa musaraña que crea Duque es mentirosa, tenía que haberse dicho, además, que el 22 y 23 no son comparables, sino que tenían que haber hecho muestras en cantidad en la zona de alta productividad que llaman enclave“, dijo el mandatario.
Las cifras provienen, según la propia metodología de esta oficina de la ONU, de dos fuentes principales: las pruebas de campo realizadas en las zonas de cosecha y las entrevistas directas con los productores de la hoja de coca; sin embargo, la especialista Zhang concuerda con el presidente Petro al señalar que en el 2022 no se adelantaron ni las verificaciones en terreno, ni las encuestas a campesinos, lo que abre dudas en la solidez de los resultados presentados.
Ese incremento, acumulado por años sin actualización, se reflejó de golpe en la cifra global; y el resultado fue lo que erróneamente mostró el informe de la ONU, que el cálculo del potencial de cocaína se disparó en un 53 %, aunque en realidad ese crecimiento había venido ocurriendo desde 2020, de manera progresiva como muestra esta otra gráfica. “El enfoque de estimación anual permite evidenciar que el incremento en la productividad no se concentra en 2023, sino que se inicia desde 2020 y alcanza su mayor intensidad en 2023, ofreciendo una lectura más precisa y contextualizada de la evolución del potencial de producción de clorhidrato de cocaína”, dice el documento de análisis del Ministerio de Justicia, reconocido por la oficina de la ONU.
El gobierno llamó a esto un “rezago estadístico”. Para Petro, el error metodológico de Naciones Unidas distorsionó la percepción global y facilitó que Estados Unidos aplicara la sanción más dura del régimen antidrogas. “Ese es el mayor error y sobre ese error Trump descertifico a Colombia después de que murieron 13 policías tratando de hacer una desertificación forzosa que no vuelve a haber solo volverá a haber cuando corrija el informe y solo cuando hayamos priorizado la sustitución voluntaria”.
Sin embargo, Estados Unidos no aplicó esta sanción a gobiernos anteriores como el de Juan Manuel Santos cuyas cifras de producción de cocaína fueron alarmantes durante su segundo periodo entre 2014 y 2018, o durante el gobierno Duque cuando la producción de cocaína llegó al 61%; pese al aumento en la erradicación forzada, las hectáreas no disminuyeron de manera sostenida.
Según cifras del Ministerio de Justicia, en Colombia se han incautado 889 toneladas de cocaína, el nivel más alto en la historia del país. A eso se suma la inmovilización récord de aeronaves usadas por el narcotráfico, la entrega de 122.000 hectáreas de tierras para la reforma agraria de las arrebatadas al crimen organizado y la destinación de recursos del FRISCO —el fondo de bienes incautados— hacia proyectos de educación, cultura y salud en territorios afectados.
El comunicado de la ONU confirma lo que el gobierno colombiano había advertido: el modelo de medición del SIMCI se había vuelto obsoleto. La propia agencia reconoció que la falta de recursos y las condiciones de seguridad impidieron realizar mediciones regulares, lo que derivó en vacíos de información que afectan la continuidad de la serie histórica.
También admitió que los cambios en el narcotráfico exigen ampliar los indicadores: ya no basta con calcular la “producción potencial”, sino que es necesario estimar la “cocaína disponible” en los mercados, un indicador más completo que incluirá incautaciones, producción no cosechada, consumo interno, usos lícitos, inventarios y flujos internacionales.
En entrevista con Señal Investigativa, Marcela Tovar, directora de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, señaló que el informe de la UNODC “no refleja las condiciones reales del país” y que es necesario “revisar la periodicidad de las mediciones y garantizar que las zonas con mayor peso productivo, como el Pacífico, se actualicen con mayor frecuencia.”
La funcionaria explicó que el Ministerio de Justicia advirtió a Naciones Unidas sobre las inconsistencias metodológicas y propuso revisar conjuntamente la manera en que se evalúa el rendimiento y la productividad de la hoja de coca en el país. A partir de esas observaciones, y a través de mesas técnicas con el Gobierno colombiano, la UNODC anunció que ajustará el sistema de monitoreo para reducir la incertidumbre y mejorar la calidad de la información que sustenta las políticas antidrogas.
