Mientras millones de usuarios enfrentaban la crisis del sistema de salud entre 2019 y 2022, la Nueva EPS escondía bajo la alfombra una deuda de 5.5 billones de pesos. Al frente estaba su presidente, José Fernando Cardona, quien, según la Fiscalía, maquilló balances y ocultó al gobierno Petro la verdadera situación financiera. RAYA accedió a documentos internos y audios que demuestran que Cardona sí sabía del desfalco y decidió callarlo.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, reapareció esta semana en medios de comunicación como El Tiempo, Blu Radio y Caracol Radio para negar su responsabilidad en el escándalo que lo tiene a las puertas de un juicio. Aseguró que “no existe” un hueco de 5,5 billones de pesos y se burló de las cifras que ha denunciado el presidente Gustavo Petro y quienes recibieron la Nueva EPS cuando Cardona salió del cargo en enero de 2024. Sin embargo, en el expediente judicial reposan pruebas que contradicen su relato: una carta de su vicepresidente financiero y tres interceptaciones telefónicas que revelan cómo Cardona buscaba pactar el silencio y señalar a uno solo como responsable.Todo está atravesado con otra línea de investigación de la Fiscalía y que busca establecer cuál es la responsabilidad de la revisoría fiscal y de una Junta Directiva que durante esos años (2019-2022) aprobó estados financieros hoy señalados por el ente investigador de estar maquillados.
En esas entrevistas Cardona ironizó con que el presidente Petro lo había llamado “genocida”, un tono que muestra su estrategia de defensa pública: desacreditar las cifras y ridiculizar la acusación. También cuestionó a la Fiscalía por lo que considera cambios en la acusación: primero, aseguró, “hablaron de 14,5 millones de facturas ocultas y después esas facturas desaparecieron del escrito”, dijo. Con ello busca sembrar dudas sobre la consistencia del proceso judicial que lo llevará al banquillo de los acusados el próximo 14 de octubre.
La primera pieza probatoria de este entramado, es la carta del 20 de mayo de 2024 escrita y remitida por el vicepresidente financiero de la Nueva EPS, Juan Carlos Isaza Correa, al interventor de ese momento, Julio Rincón. Allí, Isaza escribió que Cardona conocía la crítica situación antes de abandonar la presidencia en enero de ese año. Recordó que en la sesión de Junta Directiva del 29 de febrero de 2024 presentó un cálculo del impacto oculto: 5,5 billones de pesos en facturas no contabilizadas. Y agregó que Cardona se negó a revelar esa información al gobierno corporativo y a los delegados del presidente Gustavo Petro, que al momento de su salida de la presidencia era Aldo Cadena. Ese documento derrumba el argumento de Cardona de que el ocultamiento de las facturas sea una “invención política”.
En la carta, Isaza también advierte que para él fue insostenible guardar silencio, por lo que decidió contarle a la Junta sus preocupaciones. “Ese cálculo (…) no soportado en sus reservas costaba 5,5 billones de pesos”, escribió. Con esta evidencia, quedó claro que las maniobras no fueron improvisadas sino parte de una estrategia: ocultar pasivos, presentar balances maquillados y evitar que el gobierno conociera la situación real de la EPS, para que Cardona siguiera al frente de ella al igual que la Junta Directiva que siempre alegó que la entidad público privada estaba funcionando bien.
Las interceptaciones telefónicas que realizó la Fiscalía a cinco de los ejecutivos, incluido Cardona, completan el rompecabezas oculto. El 21 de septiembre de 2024, el exgerente contable de la Nueva EPS, Édgar Pedraza, le confesó a su hija que Cardona lo había invitado a un almuerzo y que temía que lo presionara para culpar al vicepresidente financiero, es decir, a Juan Carlos Isaza: “Yo creo que lo que me van a proponer es que diga: mire, échemosle la culpa a Juan Carlos. Usted sale bien, yo salgo bien y solamente hay un culpable. (…) Pero realmente, ¿quién tiene la responsabilidad es el presidente? Nadie más. Quien toma una decisión es él”, dice la conversación.
Cuatro días después, el 25 de septiembre, Cardona conversó con una mujer que pareciera su secretaria o asistente y le contó cómo había ido en su encuentro con Edgar Pedraza: “¿Cómo le fue con Édgar? —Muy bien. Los dos estabamos prevenidos con el otro, él creía que era que yo no quería hablar con él… Y ya está, él está tranquilo con estos temas… Yo le dije, yo ya estoy en la fase de que hablaré cuando me llamen. Y dijo: yo también doctor, yo ya superé eso allá”.
En ese mismo diálogo, Cardona contó que Pedraza estaba “traumatizado” y que incluso una funcionaria, Ángela María, había dejado de hablarle. Detalles que muestran cómo las acciones de la Fiscalía habían fracturado relaciones personales y aislado a los antiguos directivos cuando el Gobierno Petro también empezó a presionar con denuncias penales para que los responsables contaran realmente lo que había sucedido y estaba pasando con las finanzas de la Nueva EPS.
La tercera interceptación telefónica, del 3 de diciembre de 2024, recoge la voz del propio Juan Carlos Isaza en diálogo con una funcionaria de la EPS. Allí expresó su aislamiento y relató la forma en que Cardona lo estaba responsabilizando: “Con el doctor Cardona nunca más volvimos a hablar porque hay dos cosas que pasaron antes de irme y que definitivamente me hicieron pensar que no había forma: Una, que antes de ir le dije al doctor Cardona usted tiene que informar, cuando llegó el doctor Cadena tiene que informar la situación en que está la compañía,no lo hizo; y lo otro fue una frase que me dio, ahí si fue como, mejor dicho me hubiera pegado un balazo y era menos…En algún momento me dijo, Juan Carlos, yo soy médico, como diciéndome, usted responda porque yo soy médico, yo no soy el financiero, entonces vaya y ponga la cara. Con ese par de comentarios creo que ya entendía que tipo de persona era”.
Un año después de la carta y de las interceptaciones, la Fiscalía le imputó al expresidente Cardona los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control en salud. Según la investigación, entre 2019 y 2023 esa directiva de la Nueva EPS dejó de procesar cerca de 14 millones de facturas, lo que permitió proyectar solvencia y evitar una intervención de la Superintendencia de Salud. No era solvencia, era ocultamiento. Ese ocultamiento, según la investigación, no sólo se diseñó en la presidencia sino que se mantuvo con la aprobación reiterada de los estados financieros por parte de la Junta Directiva.
Además de los más de 5 billones de pesos en facturas, la Fiscalía sostiene que Cardona y sus tres directivos más cercanos —Isaza, Pedraza y Fabio Peralta Núñez— se apropiaron de más de 70.000 millones de pesos entre 2019 y 2022. La maniobra consistió en presentar balances maquillados, inventar excedentes y manipular pagos para desviar recursos del sistema. En palabras del fiscal auxiliar Jairo Giraldo: “consignaban una realidad económica distinta a la que tenía la Nueva EPS”. Es decir, los 5,5 billones eran pasivos ocultos a hospitales y clínicas que presentaban sus facturas a tiempo, mientras que los 70.000 millones de pesos fueron recursos directamente apropiados por la cúpula para otros fines.
El testimonio de Daniela Rueda, funcionaria de la gerencia de cuentas médicas, confirmó que el maquillaje era una práctica deliberada. Según declaró ante la Fiscalía, en las reuniones de directivos se imponían topes de facturación: no se trataba de procesar todas las cuentas que ingresaban, sino solo hasta el límite fijado por la presidencia. Un funcionario que superó el tope recibió un llamado de atención. Así se construyó la ilusión de estabilidad financiera mientras se escondía una deuda monumental que hoy tiene quebrada a la Nueva EPS.
La Fiscalía investiga a la Junta Directiva
El otro frente de la investigación apunta a los revisores fiscales. En los estados financieros firmados durante la gestión de Cardona aparece el nombre de Gleidson Macgyver González Sarmiento, revisor fiscal de la multinacional KPMG. Su rol era garantizar transparencia, pero su firma quedó estampada en balances que omitían los pasivos ocultos. Hoy es investigado en un proceso paralelo por la Fiscalía. El historial de KPMG refuerza las sospechas: en 2015 elaboró un informe para Odebrecht en el que aseguró que las licitaciones de la constructora eran transparentes; años después, se comprobó la trama de sobornos. En 2022 fue multada en Reino Unido por fallas graves en auditorías y en 2023 sancionada en Colombia por incumplimientos financieros. Incluso en 2024, la filial de KPMG en Holanda fue sancionada con 25 millones de dólares por fraude en exámenes internos, lo que golpeó la credibilidad global de la firma.
Gleidson Macgyver González, revisor fiscal de la Nueva EPS entre 2019 y 2021, delegado de KPMG.
La auditoría externa de la Nueva EPS también estuvo en manos de Deloitte, otra multinacional con antecedentes de sanciones en Reino Unido, África, Vietnam y Australia por corrupción y negligencia. Ambas firmas terminaron avalando los estados financieros que no reflejaban la realidad financiera, sino que estaban maquillados.
Aprobar o no esos informes estaba en manos de la Junta Directiva de la Nueva EPS, integrada por figuras de peso político que permanecieron hasta una década: Fernando Jiménez (exviceministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque), Mauricio Olivera (expresidente de Colpensiones del presidente Juan Manuel Santos), Noemí Sanín (excandidata presidencial conservadora), el médico Ricardo Rueda Sáenz y Enrique Vargas Lleras, viejo abogado de EPS quebradas como Saludcoop y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Durante años, la Junta aprobó los balances presentados por Cardona; solo en febrero de 2024, cuando el gobierno Petro presionó la salida de Cardona y dos meses después de que saliera, se conocieron las irregularidades, y la junta se negó a firmar los estados. Esas aprobaciones reiteradas permitieron sostener la apariencia de estabilidad y son hoy parte del escrutinio judicial, que busca establecer si hubo negligencia o complicidad.
En junio del año pasado, uno de los únicos miembros de la Junta Directiva que salió a responder fue Enrique Vargas Lleras, dos veces presidente de la misma, quien ha cuestionado la intervención de la Nueva EPS, sobre todo, aseguró que “nunca se ocultaron deudas en la Nueva EPS… Toda la información financiera, los actos y las operaciones realizadas durante mi permanencia como integrante de la Junta Directiva se desarrollaron de acuerdo con las normas legales y con la debida transparencia y pulcritud que dicha dignidad impone. De todo lo cual han dejado constancia, tanto el contador como los revisores fiscales, prestigiosas firmas internacionales Deloitte and Touche y KPMG”, afirmó.
Días después, solicitó la rectificación del presidente Petro por responsabilizarlo directamente del ocultamiento y el Consejo de Estado falló a su favor. Petro acató la decisión, pero advirtió que era un hecho que la Fiscalía adelantara pesquisas para establecer la trama que quebró a la Nueva EPS. En septiembre de 2024, el entonces director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Salas, denunció a Vargas Lleras y a otros de sus colegas de la Junta por los delitos de estafa, administración desleal y peculado. Según Salas, la Junta aprobó documentos que ocultaban alrededor de 5 billones de pesos en facturas ocultas, lo que llevó directamente a la crisis financiera de la EPS. En los años previos, las cuentas maquilladas pasaron por su aprobación sin reparos, lo que convierte a la Junta en un eslabón decisivo de la trama.
La figura de Vargas Lleras aparece con mayor fuerza en el centro de la trama, aunque aún la investigación judicial está en desarrollo: fue presidente de la Junta en varias ocasiones, permaneció más de una década en ella y, según testimonios de trabajadores, se le veía con frecuencia en la sede principal de la Nueva EPS en San Cayetano, Bogotá. Más aún, ha mentido sobre la información que el vicepresidente financiero entregó en cartas y confesó en una interceptación telefónica. Vargas Lleras no fue un miembro más: su rol de presidente de la Junta y su peso político lo convierten en un actor clave del blindaje que permitió sostener el modelo de balances maquillados. La presencia de Noemí Sanín, por su parte, le dio a la Junta un sello político de alto perfil que hoy está bajo escrutinio judicial.
Cardona llegó a ese lugar tras una carrera tejida en varios gobiernos: fue funcionario del Seguro Social durante el gobierno de Andrés Pastrana, secretario de Salud de Bogotá con Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, asesor de salud del Ministerio de Defensa con Juan Manuel Santos y vocero del gobierno de Álvaro Uribe frente a la epidemia de la AH1N1. En 2009, Uribe estructuró el sistema de salud para privatizarlo más y creó la Nueva EPS como una entidad más privada que pública, pues metió a las cajas de compensación en el negocio a las cuales les entregó el 51% de las acciones de la entidad contra el 49% que conserva el Estado colombiano.
Tras afianzar y lanzar ese modelo al público, llamado Nueva EPS, el presidente Uribe nombró como presidente de la entidad a José Fernando Cardona quien consolidó un poder político y económico al tiempo que la Nueva EPS crecía absorbiendo afiliados de otras EPS liquidadas como Caprecom y Coomeva, hasta convertirse en la más grande del país con más de 11 millones de afiliados y miles de millones de pesos en facturación anual. Su apodo de “superpoderoso de la salud” reflejaba no solo el control sobre la EPS más grande del país, sino también su cercanía con al menos cuatro expresidentes de Colombia.
El interventor Julio Rincón, designado en abril de 2024, destapó el hueco: más de 5 billones de pesos en pasivos ocultos, facturas repetidas y pagos duplicados. Según explicó a Señal Investigativa, la situación tomó por sorpresa al propio gobierno Petro, que no esperaba un déficit de esa magnitud. Rincón comparó el tamaño del hueco con una reforma tributaria, para dimensionar su gravedad.
La investigación judicial sugiere que el ocultamiento comenzó a mediados de 2022, cuando Petro ganó las elecciones y sin que hubiese posesionado como presidente. Ese año, la contabilidad muestra que clínicas y hospitales facturaron 14,7 billones de pesos por 10 millones de afiliados. En contraste, en 2023, con apenas un millón más de afiliados, la facturación saltó a 21,9 billones de pesos. El salto de las deudas por más de 5 billones de pesos no se correspondía con el crecimiento real de la EPS y por el contrario demuestra un aumento inusitado de facturación que empezó a entrar al sistema cuando Petro empezó a asumir el cargo de primer mandatario.
Lo que está en juego en el juicio no es solo la responsabilidad personal de Cardona y sus exdirectivos más cercanos. Se trata de esclarecer cómo un entramado de directivos, revisores fiscales, auditoras internacionales y una Junta con nombres de alto perfil político y empresarial permitió ocultar más de 5 billones de pesos, apropiarse de más de 70 mil millones de pesos y engañar al Estado. No fue un descuadre contable: fue una operación de ocultamiento y saqueo en la EPS más grande del país. El impacto lo vivieron clínicas desfinanciadas, hospitales en crisis y millones de usuarios que enfrentaron barreras en la atención, mientras el Estado recibía balances falsos y auditorías complacientes.
Vea más detalles de esta trama en nuestro capítulo de Señal Investigativa: Los cerebros que estarían detrás del desfalco de la Nueva EPS: https://www.youtube.com/live/Qc2Im3-HZVc
