Por: Guillaume Long y Natasha Suñé
CEPR - Center for Economic and Policy Research - Washington D.C

Resumen ejecutivo

El retorno de gobiernos comprometidos con la causa de la integración en América Latina vuelve a poner el tema en el centro del debate político en la región. Se habla, en particular, de la posibilidad de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que, entre 2018 y 2020, siete de sus doce miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de la organización. En especial, la perspectiva de una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil el 30 de octubre de 2022 aviva las especulaciones sobre las posibilidades de retomar la Unasur. Con la notable excepción del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil lleva décadas buscando construir un espacio regional suramericano. 

Para leer el informe, haga clic aquí.

Presentación del Resumen ejecutivo para Revista RAYA

Por: Guillaume Long

La victoria de Lula en las elecciones brasileñas anuncia un giro importante en la política exterior del gigante suramericano. Brasil volverá a tener una política exterior activa, multilateral y con un fuerte anclaje en los intereses del sur global. El propio Lula y su excanciller Celso Amorim han expresado su deseo de volver a darle fuerza a la integración suramericana, lo cual tuvo una expresión organizativa, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y un tratado, constitutivo de esta unión, en 2008.

La Unasur es en realidad un proyecto que tiene sus raíces en la política exterior brasileña de los años 90 cuando Estados Unidos buscó alinear al hemisferio occidental detrás de su Iniciativa para las Américas, que se plasmaría en su propuesta de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) hacia finales de la década. Tanto el presidente brasileño Itamar Franco, como su sucesor Fernando Henrique Cardoso, y luego, con mucha voluntad política, el propio Lula optaron por hacer de la creación de un espacio suramericano una verdadera política de Estado de Brasil que pudiera asegurar un mínimo de autonomía de la región frente a los diseños hegemónicos de Estados Unidos.

Este espacio suramericano implicaba además la convergencia de los ejes atlánticos y pacíficos del subcontinente, del Mercosur y de la CAN para crear en un primer momento un área económica y comercial suramericana y, en un segundo momento, un bloque geopolítico en capacidad de asentar su autonomía estratégica.

En 2004, se creó por lo tanto la Comunidad Sudamericana de Naciones que se transformaría en 2008 en la Unasur. Lastimosamente, la Unasur gozó de pocos años de actividad organizativa. En este breve lapso la organización inició un lento proceso de institucionalización, creando consejos de nivel ministerial que desplegaban una importante agenda de trabajo (por ejemplo, el Consejo de Defensa Suramericano y el Consejo de Salud Suramericano), más allá de la diplomacia presidencial que caracterizó a la organización en sus primeros años. Pero entre 2018 y 2020, una ola de gobiernos con muy bajos niveles de compromiso con la integración regional, y desplegando una política exterior motivada esencialmente por el bilateralismo con la administración Trump, le asestaron varios golpes muy duros. Siete gobiernos, incluyendo el gobierno de Jair Bolsonaro denunciaron el Tratado Constitutivo de la Unasur, aunque varios, incluyendo Argentina y Brasil, lo hicieron de forma irregular y violando los procedimientos establecidos por las Constituciones de sus países.

El retorno de Lula significará sin duda un retorno a un conjunto de políticas de Estado que fueron abandonadas durante el mandato de Bolsonaro. Una de ellas será el relanzamiento de un espacio de convergencia, integración y gobernanza suramericano.

El día siguiente del triunfo de Lula, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteó: “Temas de una agenda con Brasil: 1. El rescate de la selva amazónica y su investigación científica. 2. El camino de una nueva política antidrogas no violento. 3. La red integrada de energía eléctrica de América con energías limpias. 4. La integración económica latinoamericana.” Esta lista de temas para una agenda bilateral y multilateral entre Colombia y Brasil es totalmente acertada. Significativamente, este listado no es solamente compatible con el relanzamiento de la Unasur sino que pareciera encarnar el deber ser de la organización, que cualquier lectura incluso sumaria del Tratado Constitutivo pone rápidamente en evidencia.

Unasur, contrariamente a otras organizaciones y acuerdos regionales con vocación exclusivamente comercial o de seguridad siempre tuvo una mirada multidimensional. El Tratado de la Unasur buscó establecer el marco de una gobernanza regional justamente en las áreas señaladas por el Presidente Petro: en materia ambiental y científica, en materia de seguridad y antidrogas – de hecho el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de la Unasur ofrecía una mirada muy diferente a la que aun encarna la doctrina de la “guerra contra las drogas” de los Estados Unidos. La Unasur también incluía un Consejo Energético Suramericano (el punto 4 del presidente colombiano), y varios consejos en materia económica, financiera y de desarrollo.

Colombia y Brasil pueden ser aliados estratégicos para un relanzamiento inteligente, eficiente, resiliente y estratégico de la integración suramericana. Una asociación de esta naturaleza deberá dedicarse a corregir varios errores del pasado, construir una institucionalidad robusta y ágil, y mejorar los procesos de toma de decisión. Pero en un mundo de creciente rivalidad entre las grandes potencias, la consolidación de organizaciones regionales fuertes es la única manera que tienen los países del Sur para defender sus intereses y elevar su voz.

Resumen ejecutivo

Para leer el informe, haga clic aquí.

El retorno de gobiernos comprometidos con la causa de la integración en América Latina vuelve a poner el tema en el centro del debate político en la región. Se habla, en particular, de la posibilidad de relanzar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) después de que, entre 2018 y 2020, siete de sus doce miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de la organización. En especial, la perspectiva de una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales en Brasil el 30 de octubre de 2022 aviva las especulaciones sobre las posibilidades de retomar la Unasur. Con la notable excepción del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil lleva décadas buscando construir un espacio regional suramericano. 

Este estudio analiza (1) el legado de la Unasur, sus aciertos, errores y vulnerabilidades, (2) la situación jurídica actual de la Unasur y el status de sus miembros fundadores en relación con el Tratado Constitutivo de la organización, y (3) las reformas que se deberían llevar a cabo para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de este proyecto de integración. 

El proyecto de la Unasur

La Unasur surgió de esfuerzos de varios años para establecer un ente de integración suramericano. En 2004, se creó la Comunidad Suramericana de Naciones, rebautizada Unasur en 2007. En la Cumbre de Brasilia de mayo de 2008, las y los presidentes suramericanos firmaron el Tratado Constitutivo de la Unasur que entró en vigencia en marzo de 2011, seis meses después de su novena ratificación parlamentaria. Entre 2009 y 2011, los poderes legislativos de cada uno de los doce países suramericanos, de diversos signos ideológicos, ratificaron el Tratado Constitutivo de Unasur.

El propósito esencial de la Unasur era dotar al subcontinente suramericano de mayor integración y lograr la convergencia entre sus dos ejes principales: los subsistemas atlántico-conosureño y andino-pacífico, históricamente poco interconectados. La Unasur buscaba construir una gobernanza regional propia en todos los ámbitos de la gestión pública, impulsar la conectividad y la articulación de capacidades nacionales para el desarrollo de la región, y consolidar un bloque regional más cohesionado, capaz de proyectarse con eficacia a nivel internacional.

Los primeros años de vida de la Unasur fueron marcados por los importantes posicionamientos colectivos de una diplomacia de corte presidencial, sobre todo en defensa de la democracia y del Estado de derecho. La Unasur también jugó un papel importante para bajar tensiones entre varios de sus miembros.

Progresivamente, la Unasur empezó a desplegar una actividad sectorial más importante. Se establecieron doce consejos ministeriales para facilitar la cooperación y la articulación de políticas en la región. Varios consejos, por ejemplo el Consejo de Defensa Suramericano y el Consejo de Salud Suramericano, entre otros, empezaban a desarrollar una agenda importante, con la concreción de planes y proyectos de largo plazo. 

Pero la Unasur no pudo trascender esta etapa incipiente de consolidación. Con aún escasos años de vida e insuficiente construcción de institucionalidad, recibió golpes que se saldaron en el abandono y la parálisis de la organización.

La falta de consenso entre los Estados miembros para la nominación de un nuevo secretario o secretaria general entre 2017 y 2019 fue el elemento catalizador para que, en el contexto de un cambio radical de signo político en la región, varios gobiernos opten por salir de la organización. En 2018, cinco gobiernos suspendieron su participación en la organización, a pesar de no existir esta figura en el Tratado. Entre 2018 y 2020, siete de los doce países miembros notificaron la denuncia del Tratado Constitutivo y salieron de la organización.

La situación jurídica de la Unasur

Si hoy la Unasur se encuentra paralizada, hay que recalcar que el Tratado Constitutivo de Unasur se mantiene vigente para todos los miembros que no lo han denunciado. Mientras al menos dos Estados sigan perteneciendo a ella, la organización seguirá existiendo jurídicamente a nivel internacional. De haber voluntad política, no hay impedimento legal para que la Unasur pueda ser relanzada por sus Estados miembros.

Es importante recalcar, además, que varios miembros denunciaron el Tratado Constitutivo de Unasur de forma irregular. Brasil y Argentina, en particular, no denunciaron el Tratado de manera apegada a derecho. Ambos países obviaron el tratamiento legislativo especificado por sus respectivas constituciones. 

Nuestro análisis de la situación jurídica actual del Tratado Constitutivo de Unasur en los doce miembros fundadores revela lo siguiente: 

• Argentina: En abril de 2019, el gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019) denunció el Tratado Constitutivo de la Unasur sin seguir los procedimientos constitucionales ya que la denuncia del ejecutivo no fue aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso (artículo 75 inciso 24).
• Bolivia: En noviembre de 2019, el gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) anunció su intención de salir de la Unasur. Sin embargo, no se llegó a concretar el procedimiento porque la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley necesario para completar el procedimiento de denuncia del Tratado Constitutivo.
• Brasil: En abril de 2019, el presidente Jair Bolsonaro (2019-2023) emitió el decreto presidencial 10.086/19 para denunciar el Tratado Constitutivo de Unasur lo que resulta incompatible con la Constitución de ese país. El Partido Socialista Brasileño (PSB) presentó una acción de declaración de inconstitucionalidad del decreto ante los tribunales de justicia, acción que aún se encuentra pendiente de resolución en la justicia y que cuenta con precedentes favorables.
• Chile: En abril de 2019, el gobierno del presidente Sebastián Piñera (2018-2022) procedió a la denuncia del Tratado Constitutivo de Unasur a pesar de que la Cámara de Diputados de Chile rechazó la denuncia del Tratado de forma no vinculante.
• Colombia: En agosto de 2018, el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) declaró unilateralmente el inicio de los procedimientos de la denuncia del Tratado Constitutivo de Unasur. Colombia fue el primer en denunciar el Tratado a pesar de que Bolivia requirió a Colombia “reflexionar” y dijo tener la “predisposición para encontrar las fórmulas y consensos necesarios”. Colombia, como todos los demás Estados que denunciaron el Tratado, no dio lugar a un diálogo político en armonía y respeto mutuo y en ese sentido incumplió las normas del derecho internacional público y el principio pacta sunt servanda. 
• Ecuador:  En mayo de 2019, el gobierno del presidente Lenín Moreno (2017-2021) remitió al legislativo, sin previo dictamen de constitucionalidad, la comunicación de la denuncia del Tratado Constitutivo de Unasur. No obstante, la Corte Constitucional se pronunció y consideró que los derechos humanos que surgen de los acuerdos de la Unasur en materia migratoria no podrían ser regresivos. Es decir, la Corte Constitucional entendió que habría una posible regresión en materia de derechos humanos y en esos casos los efectos jurídicos podrían ser inconstitucionales. Sin embargo, resolvió que el Estado ecuatoriano debía garantizar que no se afecten los derechos de las personas.
• Paraguay: En abril de 2019, el gobierno de Mario Abdo (2018-2023) denunció el Tratado Constitutivo de Unasur a través de un comunicado dirigido a Ecuador, Estado depositario del Tratado. La Constitución paraguaya establece que los tratados internacionales de derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de la Constitución (artículo 142), por lo que queda el interrogante si ante el vacío del texto constitucional respecto a las competencias para denunciar tratados, la denuncia del Tratado Constitutivo debería ser interpretado por la función judicial.
• Perú: En marzo de 2019, el presidente Martín Vizcarra (2018-2020) remitió al Congreso peruano la denuncia del Tratado Constitutivo de Unasur. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó con dictamen favorable la denuncia del Tratado. Sin embargo, el trámite parlamentario estuvo pendiente de envío a la votación del pleno hasta el final del período parlamentario 2016-2021, al cabo del cual, los impulsos procesales para concluir el trámite en el plenario fueron archivados, por lo que no ha sido aprobado hasta la fecha. En 2018, Perú suspendió su participación en la Unasur, una figura que no existe en el Tratado Constitutivo, y una decisión que podría ser revertida fácilmente por el ejecutivo.
• Uruguay: En marzo de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025) anunció que había realizado la denuncia del Tratado Constitutivo de Unasur. No existe evidencia documental de la denuncia, fuera de la documentación en manos de la cancillería de Ecuador – Estado depositario del Tratado – que no es de acceso público. Habrían ya transcurrido los seis meses previstos por el Tratado para hacer efectiva la denuncia.
• Guyana, Surinam y Venezuela: Estos tres países no expresaron su intención, ni iniciaron trámites para la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unasur que se encuentra por lo tanto plenamente vigente en estos Estados. 

En realidad, los siete gobiernos que denunciaron el Tratado Constitutivo de la Unasur (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay) lo hicieron sin tener en cuenta los mecanismos para los tratados multilaterales que exigen la búsqueda de acuerdos. Bolivia objetó las denuncias unilaterales de los países e invitó al diálogo. En su momento, Uruguay demostró una voluntad reparadora para resolver los problemas surgidos en el seno de la organización. Las siete denuncias no cumplieron con lo previsto en el Tratado Constitutivo de Unasur respecto de lo dispuesto para la búsqueda de diálogo político (artículo 14 del Tratado), para la solución de controversias (artículo 21) o incluso, para el procedimiento de Enmiendas (artículo 25). 

Cabe recordar que el derecho internacional público, incluida la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, protege la estabilidad de los Tratados y establece que la interpretación de las normas debe tender a la subsanación de las diferencias en el sentido de proteger  la plena vigencia de los mismos.

Las numerosas irregularidades de este caso abren la posibilidad para que se active un mecanismo de solución de controversias que podría dar cabida a una salida colectiva para subsanar el irregular proceso de debilitamiento de la Unasur.

Una nueva Unasur requerirá sin duda de importantes cambios en su normativa y funcionamiento. Se requiere una Unasur más sostenible, eficaz y resiliente, capaz de sobrellevar los vaivenes ideológicos que han caracterizado la historia política del continente y de garantizar la continuidad de la integración a largo plazo.

Para ello, varias fallas de diseño que obstaculizaron la labor de la naciente organización y precipitaron su caída deben ser corregidas. Con este fin, anexamos a este estudio una propuesta conservadora de reforma al Tratado Constitutivo de Unasur.

El presidencialismo

Es indudable que la Unasur fue marcada por la llamada diplomacia presidencial, que cosechó importantes resultados para la estabilidad de la región. En términos organizativos, este presidencialismo resultó, sobre todo en los inicios de la Unasur, en lo que se ha denominado el “multilateralismo pro tempore”: una práctica que hace que los Estados se turnen al frente de una organización, generalmente por un periodo de un año, durante el cual el servicio exterior del país que ejerce la “presidencia pro tempore” asume el papel burocrático de la organización. 

El multilateralismo pro tempore resulta eficaz en sus inicios: abarata costos en una etapa en que la incipiente organización aún carece de resultados tangibles que mostrar. Pero el traspasar todas las competencias cada año a una nueva burocracia significa perder gran parte de la memoria institucional. A largo plazo, resulta fundamental tener un cuerpo técnico que se dedique exclusivamente a la consolidación de la organización, que adquiera cada vez mayor experticia, y que se deba al conjunto de los países miembros.

El presidencialismo, en ausencia de órganos intergubernamentales fuertes, también significó que la Unasur sea fácilmente presa de los cambios pendulares de las situaciones políticas nacionales. A la ola de gobiernos progresistas siguió una ola de gobiernos con bajo compromiso con la integración regional. Estos últimos no enfrentaron obstáculos institucionales importantes en el momento de tomar decisiones que debilitaron la organización. 

En anexo, sugerimos por lo tanto cambios normativos que podrían contribuir a consolidar la organización y su secretaría general.

La regla del consenso

El artículo 12 del Tratado Constitutivo de la Unasur establece que “toda la normativa de Unasur se adoptará por consenso”. La regla del consenso, virtuosa en su intención de respetar la voluntad de todos los Estados, selló una importante debilidad fundacional: otorgó un poder de veto de facto a cada miembro en cada instancia de decisión, impidiendo el avance de propuestas claramente mayoritarias y el nombramiento de autoridades, lo que profundizó finalmente su acefalía y paralización.

La regla del consenso, por ende, debe ser repensada o, al menos, se debe encaminar a la organización hacia un modelo híbrido de toma de decisión, para que la exigencia del consenso no se aplique a todo el ámbito decisional. Algunas decisiones, por ejemplo, en el caso de la adhesión de nuevos miembros, podrían requerir la unanimidad, pero otras podrían normarse de otra manera, con mayorías, o mayorías calificadas, es decir métodos similares a los que emplean otras organizaciones internacionales.

Relanzar la convergencia

La Unasur se debe relanzar con un fuerte énfasis sobre la necesidad de retomar la agenda de la convergencia entre la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y otros organismos regionales. Los Estados miembros no pueden volver a cambiar de parecer en torno a su membresía de la Unasur, y para que la organización no padezca de futuros boicots o intentos de destrucción se requieren incentivos concretos. Un mayor énfasis en la convergencia, incluyendo en materia comercial, podría ser un aliciente para algunos sectores empresariales que no acompañaron el proceso de consolidación de Unasur con particular entusiasmo.

Añadir una agenda comercial a la Unasur podría ayudar a consolidar un pacto político de largo plazo para que la apuesta al espacio suramericano, a sus instituciones y a su autonomía no sea constantemente puesta en cuestión o traicionada. 

La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, que cambió su nombre a Unasur en 2007, buscaba justamente facilitar – e ir más allá de – la convergencia entre la CAN y el Mercosur. Este anhelo de integración suramericana que antecede a la ola de gobiernos progresistas pero que fue profundizada como nunca antes por estos últimos, puede y debe convertirse en políticas de Estado que trascienden los vaivenes políticos de la región. 

Una moneda común

Otro incentivo importante para que los Estados se comprometan con la integración suramericana podría ser el establecimiento de una moneda común – el sur – y un sistema de pagos común para el comercio intrarregional. Se trataría de una moneda adicional a las monedas nacionales, comparable a lo que fue la Unidad Monetaria Europea, más conocida como el ECU (por sus siglas en inglés) europeo, antes del advenimiento del euro. El emisor del sur sería por ende el Banco Central del Sur. 

Una moneda regional sería sin duda una gran herramienta para que América del Sur pueda relacionarse con el resto del mundo como bloque. América del Sur necesita escalar en la jerarquía monetaria internacional que actualmente encabeza el dólar americano, seguido por las monedas que constan en la canasta de los Derechos Especiales de Giro (euro, libra, yuan, yen) y por las monedas que cuentan con líneas swap con la Reserva Federal de Estados Unidos. Este estudio incluye consideraciones técnicas sobre cómo se podría establecer esta moneda.

Las “alternativas” a la Unasur

Se habla a menudo de posibles “alternativas” a la Unasur. Frecuentemente se hace referencia a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La CELAC es sin ningún lugar a dudas, una apuesta de vital importancia; quizás incluso, el horizonte último de cualquier proceso de convergencia regional en materia de integración. La gran riqueza de la CELAC es su membresía diversa que permite un diálogo entre actores latinoamericanos y caribeños fuera del celoso resguardo de la OEA con sede en Washington. Es también una expresión fundamental del Sur global en el hemisferio occidental, llamada a elevar la voz y las demandas de los pueblos latinoamericanos y caribeños a nivel multilateral y global en materia de desarrollo, paz, justicia global y de lucha contra la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, entre otros.

Sin embargo, la CELAC carece de un tratado constitutivo y de institucionalidad propia, como aquella que fue creada por el Tratado Constitutivo de la Unasur. Además, la amplitud conferida por los treinta y tres miembros de la CELAC impide acuerdos más concretos y vinculantes en materia de gobernanza regional con normativas comunes, confluencia y homogeneización de políticas y un verdadero programa de desarrollo regional.

La Unasur, a diferencia de la CELAC, puede avanzar más rápidamente hacia la integración física y normativa, es decir, hacia una verdadera gobernanza regional, con menos Estados miembros, mayores niveles de autonomía y de homogeneidad estructural productiva incluso, a pesar de las grandes asimetrías que perduran en América del Sur y que la integración suramericana debe afrontar mediante políticas comunes.

De hecho, si el carácter sudamericano de Unasur es inicialmente importante, la organización no necesita establecer límites geográficos muy estrictos de antemano. En el Tratado de Roma de 1957, los europeos dejaron un velo estratégico de ambigüedad sobre lo que significaba el espacio europeo.

La CELAC nació en 2010 en gran medida por el impulso dado desde la Unasur y desde México para transformar el Grupo de Río en una organización internacional. La Unasur y la CELAC son simbióticas, no mutuamente excluyentes. Una Unasur fuerte será siempre el mayor activo de la CELAC: una base de apoyo comprometida con la relevancia, el liderazgo y el éxito de la CELAC.

La segunda alternativa que se suele mencionar es el Mercosur ampliado. El Mercosur se ha ido expandiendo desde su fundación y se ha diversificado a partir de los protocolos de Ouro Preto y Ushuaia. Pero el Tratado de Asunción de 1991, documento fundacional de Mercosur, no deja de ser un acuerdo comercial notificado a la Organización Mundial del Comercio bajo la cláusula de la habilitación, mientras que el Tratado Constitutivo de la Unasur está registrado ante la ONU y conlleva una construcción regional multidimensional, en materia de defensa, seguridad, democracia, derechos humanos, desarrollo, infraestructura, energía, medio ambiente, conectividad, movilidad, salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, gestión de desastres, entre otros.

Existen, además, importantes obstáculos para que el Mercosur ampliado pueda incorporar a los países del eje andino-pacífico, sobre todo, dado el acervo de normativa arancelaria del Mercosur. ¿Qué tan posible resulta que Colombia, Ecuador, Perú o Chile se incorporen al Mercosur como Estados Parte en el mediano plazo? Y ciertamente no será la CAN la que incorpore en su seno a los países del eje atlántico como Estados miembros.

La Unasur puede desempeñar un papel central de convergencia para que se privilegie la proyección, a nivel suramericano, de las mejores prácticas y el mejor bagaje institucional, y no se busque apenas la difícil incorporación del eje Pacífico en el eje Atlántico o viceversa.

Una apuesta estratégica

Frente a un sistema internacional marcado de nuevo por las rivalidades entre las grandes potencias, en especial entre Estados Unidos y China, y de cara a los grandes retos del siglo XXI, la apuesta del Sur global debe ser la consolidación de bloques regionales que tiendan hacia una mayor autonomía estratégica y un no alineamiento renovado y actualizado. Solo una mayor articulación de las voluntades nacionales puede configurar un bloque suramericano capaz de tener algún peso a nivel multilateral y global y conseguir que sus demandas sean atendidas. 

En términos económicos, la integración debe acompañar un proceso de transformación productiva y contribuir a un proceso de diversificación de la tradicional ultra especialización productiva que caracteriza una región dedicada aún desmedidamente a la producción y exportación extra regional de materias primas. Esta integración y diversificación productiva son fundamentales para lograr una paulatina industrialización de la región, mayores niveles de innovación, mayores componentes tecnológicos y cognitivos en las cadenas productivas, y, por ende, una mayor autonomía estratégica y mayor generación de riqueza para las economías suramericanas.

La Unasur goza de un tratado constitutivo que ofrece una mirada integral y multidimensional de las necesidades de articulación de la región. El Tratado también responde a una visión centrada en la autonomía y en los derechos, lo cual constituye un legado fundamental y un instrumento vigente de difícil recreación en actuales o futuras circunstancias. Ningún otro organismo regional abre el abanico de alternativas y posibilidades que ofrece la normativa fundacional de la Unasur. 

Por todas estas razones, creemos que la región debe maximizar la vigencia jurídica del Tratado Constitutivo, y que el mayor número posible de países de la región deben reincorporarse a la Unasur.

Para leer el informe, haga clic aquí.