Según el nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, un operativo militar impactó el pasado 10 de agosto búnkeres del ELN en el Catatumbo y permitió la incautación de 440 granadas de dron; sin embargo, esta guerrilla negó que el ataque hubiera impactado sus campamentos y en las fotos oficiales no aparecen las granadas mencionadas; al mismo tiempo la población civil denuncia afectaciones tras la ofensiva oficial. RAYA solicitó al Ministerio las fotografías del operativo y recibió las mismas ocho que habían sido publicadas en sus redes sociales, pero no se ven las granadas. Líderes sociales denuncian que podría tratarse de un “falso positivo” del que han sido víctimas.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Mientras los colombianos miraban atónitos los estragos del devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que azotó al suroccidente del país y que dejó cientos de muertos y miles de damnificados, al otro lado, al norte, la recién posesionada cúpula militar del presidente Abelardo de la Espriella comenzó a materializar las promesas de intensificar bombardeos contra los grupos ilegales. La novedad es que, en la noche del lunes 10 de agosto, en medio de los destrozos que provocó el sismo, De la Espriella se reunió con el Ejército y hacia la medianoche publicó un video en el que aseguró: “Compatriotas, 12 de la noche. En este momento acabo de culminar una importante reunión en el Ejército y mañana voy a tener grandes noticias para Colombia”. La frase sería relacionada horas después con la operación militar en el Catatumbo.
Al día siguiente, el 11 de agosto, llovieron las denuncias que apuntaban a que los ataques, por aire y tierra, habían impactado a la población civil dejando tres campesinos heridos y 40 familias desplazadas. De hecho, De la Espriella no se refirió al tema y, en su lugar, el Ministerio de Defensa expidió un comunicado para aclarar que los ataques se habían dirigido contra un blanco legítimo y que producto de ello se había incautado material de guerra y reportado la muerte de dos presuntos integrantes del ELN. Hasta ahora, no aparece ningún reporte de que entre los muertos se encuentre algún mando de la guerrilla tras los bombardeos que, según las denuncias, se ejecutaron en la vereda Sinaí, perteneciente al municipio de San Calixto (Norte de Santander).
Sobre el hecho se pronunció la Personería de El Tarra, un municipio contiguo a San Calixto: “Como resultado de estos hechos, fueron ubicadas tres personas que presentaban heridas de consideración ocasionadas por esquirlas, quienes, ante la gravedad de sus lesiones fueron extraídas del lugar de manera segura con el acompañamiento de líderes sociales y posteriormente trasladadas hacia un centro asistencial, con el propósito de garantizar la atención médica requerida”, dice el comunicado. Posteriormente, el miércoles 12 de agosto, el nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, habló de “desinformación en redes” y aseguró que las Fuerzas Militares habían actuado bajo estándares internacionales.
Mora aseguró además que la operación fue en Tibú y San Calixto, “no en la vereda El Sinaí”. Sin embargo, El Sinaí es una vereda de San Calixto y habitantes de la zona, la Personería y organizaciones de derechos humanos ubican allí las afectaciones a civiles y los impactos de la operación.
Trino del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, luego del operativo en el Catatumbo en el que habló de “desinformación en redes”, negó que la operación hubiera ocurrido en la vereda El Sinaí y anunció la incautación de 440 granadas para drones.
Ante la controversia que genera el primer bombardeo en la era De la Espriella, RAYA se comunicó con un habitante de la vereda Sinaí, quien pidió la reserva de su identidad y aseguró que uno de los puntos afectados por los bombardeos ocurrió en una vivienda donde se encontraban las tres personas heridas. Es más, denuncia que, a pesar de que tropas del Ejército se encontraban a escasos 200 metros de la vivienda impactada, mientras las víctimas gritaban auxilio esa madrugada, ningún uniformado atendió el llamado. “Fue la propia comunidad la que al amanecer logró trasladar a los heridos hacia el casco urbano de El Tarra en una camioneta”, aseguró este testigo.
Fotos de lesiones y afectaciones a comunidad del Sinaí, luego del operativo militar del pasado 10 de agosto en la región del Catatumbo.
Por su parte, un grupo de organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Integración Social del Catatumbo; el Equipo Jurídico Pueblos y la Asociación MINGA, emitieron un comunicado rechazando el ataque en el que resultó afectada la población civil de la vereda El Sinaí. “El bombardeo se realizó de manera indiscriminada hacía viviendas de la población civil, infringiendo los principios de distinción, precaución y proporción del Derecho Internacional Humanitario”, dice el documento firmado por 22 organizaciones de derechos humanos que tienen influencia en la zona del Catatumbo.
En ese mismo comunicado, las 22 organizaciones denunciaron el pronunciamiento del presidente De la Espriella a la medianoche del 10 de agosto cuando anunció que al día siguiente daría “grandes noticias para Colombia”. “Esto genera gran preocupación, pues a pocos días de haber iniciado su gobierno, este hecho parece confirmar un enfoque de militarización y ataque indiscriminado contra la población civil; esto guarda una relación directa con los hechos que hoy son materia de denuncia”, señala el documento.
La Defensoría del Pueblo también se refirió a esta acción militar. En un comunicado, la entidad manifestó que sus equipos en el territorio están coordinando con las autoridades municipales para hacer seguimiento a las necesidades de las comunidades afectadas. “Instamos a las autoridades municipales y departamentales a disponer oportunamente de los recursos y mecanismos necesarios para garantizar la atención humanitaria de emergencia de las personas que hayan resultado afectadas o se vean obligadas a desplazarse”.
En su carta, la Defensoría enfatizó que este hecho evidencia los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna. “Solicitamos a la Fuerza Pública reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares a la luz de los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario en las operaciones militares para prevenir afectaciones a la población civil”, enfatizó la entidad.
Según información conocida por RAYA en el territorio, desde la tarde del martes 11 de agosto cerca de 40 familias de la vereda El Sinaí llegaron a la zona urbana de El Tarra, desplazadas por las acciones militares. Mientras crecían las denuncias sobre las afectaciones a civiles y todavía no se conocía públicamente la versión oficial del Ministerio de Defensa, comenzaron a circular detalles sobre los resultados militares de la operación. A las 3:50 p. m., Blu Radio informó que comandos especiales de las Fuerzas Militares habían ejecutado el bombardeo desde aviones de combate K-FIR y A29 Super Tucano, que fueron impactados cinco campamentos y dos búnkeres y que se había incautado armamento, municiones y elementos de comunicación. Además, señaló que se verificaba si había sido abatido algún cabecilla del ELN.
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Esa noche también se pronunció el ELN. A las 9:29 p. m., el Frente de Guerra Nororiental publicó un comunicado en el que aseguró que la operación había afectado a la población civil, una situación que para entonces ya había sido denunciada por habitantes, organizaciones sociales y autoridades locales. El Ministerio de Defensa, en medio de los reclamos de la sociedad civil, se pronunció cerca de 24 horas después de la operación, luego de que se conocieran las denuncias de entidades y organizaciones de derechos humanos. RAYA había solicitado el comunicado oficial a las 6 p. m. de ese día y lo recibió a las 10 p.m.; el Ministerio lo publicó en sus redes sociales a las 12:27 a. m. del miércoles 12 de agosto.
En las redes oficiales se publicó un video del Ejército en el que se aprecian dos helicópteros despegando en medio de la noche, un mortero que dispara a lo lejos y la llegada de dos bolsas blancas con dos supuestos cadáveres. Igualmente, muestra unas cuatro mochilas con pañoletas con logos del ELN, con sus cantimploras, unas cinco armas largas de distintos modelos, proveedores, munición y equipos de celular; todo a la vista, menos las 440 granadas adaptadas para drones que, según el comunicado, habían sido incautadas en el marco del operativo. RAYA solicitó al Ministerio de Defensa las fotografías del operativo y recibió las mismas ocho que fueron publicadas en sus redes sociales. En ellas no aparecen las granadas que menciona el comunicado. Posteriormente, la jefatura de prensa aseguró que consultaría a la unidad militar que está en el Catatumbo y respondió: “Son granadas hechizas, parece que hicieron la destrucción en el punto por riesgo”. El Ministerio no explicó dónde fueron destruidas, qué procedimiento se utilizó ni si existe registro fotográfico o audiovisual de esa destrucción.
Las granadas adaptadas para drones, mostradas en incautaciones anteriores por el Ejército, son del tamaño de un arma corta y tienen forma de mortero. Las 440 reportadas en este operativo no fueron mostradas en dicho video ni en las fotos difundidas por el Ministerio, como sí sucedió el 18 de febrero de este año cuando los militares incautaron en El Castillo, Meta, unas 190 granadas para adaptar a drones, como se ve en la siguiente imagen.
A la izquierda, las granadas para drones incautadas por las Fuerzas Militares en febrero de 2026. A la derecha, la foto del material incautado en el operativo del 10 de agosto en el Catatumbo. En las fotos del pasado 10 de agosto no aparecen las 440 granadas incautadas y anunciadas por el Ministerio de Defensa.
Horas después del comunicado de las Fuerzas Militares, ya en la mañana del miércoles 12 de agosto, la guerrilla del ELN publicó un video en el que Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental, se refirió al bombardeo y aseguró que el ataque no cayó en campamentos guerrilleros, sino en zonas habitadas por civiles. “Desde el nuevo gobierno, al igual que el anterior, justifican estas acciones criminales en la idea de golpear al ELN; incluso, por la dimensión del operativo y los alardes del impuesto presidente, al parecer falsean atacar posiciones insurgentes cuando en realidad arrojan bombas contra centros poblados y comunidades campesinas. Esto constituye una grave violación al derecho internacional humanitario”, aseguró la también exnegociadora de paz de esa guerrilla.
Declaración de "Silvana Guerrero", comandante del frente de guerra nororiental del ELN donde advirtió que el ataque de la Fuerzas Militares cayó en zonas habitadas por civiles.
Por ahora, las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos siguen verificando los daños que denuncian en cultivos y viviendas de la zona donde habrían caído explosivos durante la operación: "Está demostrado que la primera acción militar que hace este gobierno no afectó al grupo armado, sino afectó a la población civil", dicen los líderes sociales que han denunciado lo que, en sus palabras, sería el primer “falso positivo” del gobierno de De la Espriella contra los campesinos del Catatumbo.
