RAYA revela el documento con el que la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá avaló las llamadas interceptadas al celular del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y a otras nueve personas de su círculo, quienes construyeron con presuntos hechos de corrupción dos CAI de Policía en el municipio de Rionegro cuando Rendón fue alcalde. Según el Tribunal, en las llamadas el mandatario aseguró que los CAI nunca entraron en operación, pero públicamente ha dicho que sí. Además, las llamadas telefónicas revelan que se habrían concertado para tratar de ocultar pruebas durante la investigación de la Fiscalía.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
Una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, del 13 de agosto de 2025, avaló nuevas pruebas que podrían terminar de armar el rompecabezas de la investigación por corrupción, que se surte desde hace tres años, en contra de Andrés Julián Rendón, actual gobernador de Antioquia. La razón: no sólo fueron interceptadas las llamadas de Rendón, sino también, nueve funcionarios, contratistas y subcontratistas cuando él fue Gobernador, quienes aún habiendo pasado casi siete años después de inaugurados dos CAI de Policía en el municipio de Rionegro (Antioquia), donde Rendón fue alcalde, ellos seguían hablando preocupados por ese tema y de cómo ocultar pruebas que la Fiscalía estaba recabando.
La Fiscalía indaga sobre dos delitos que en 2023 iba a imputar a Rendón: peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. No obstante, varias jugadas de su defensa frenaron el proceso y terminó aforado al ser elegido Gobernador. Por eso, su caso lo definirá la Corte Suprema de Justicia en caso de que la Fiscalía le realice una imputación de cargos en las siguientes semanas. A las pruebas de las llamadas interceptadas se suman documentos y testimonios que no dejan bien parado a Rendón y su círculo de interceptados, algunos de ellos que, incluso, pasaron a ocupar importantes cargos en su actual Gobernación.
Junto al gobernador Rendón también fueron escuchadas, entre mayo y junio pasado, también fueron escuchadas las llamadas de Hugo Alberto Parra Galeano, un político de Rionegro, quien en abril de 2016 fue el secretario de gobierno y tránsito, encargado de crear, junto a Rendón, precisamente la Empresa de Desarrollo Sostenible de Oriente, Edeso, a la que meses después contrataron a dedo para la construcción de los CAI de Policía. Otro de los celulares interceptados, del círculo cercano del gobernador Rendón, es el de Carlos Andrés Gómez Franco, el exgerente de la empresa Edeso, la empresa a la que el entonces alcalde, hoy gobernador Rendón, habría dado la orden de contratar a dedo la construcción del CAI en el sector de San Antonio de Pereira, por 836 millones de pesos, pero el cual no entró en operación durante seis años, a pesar de que los recursos públicos fueron girados por el entonces alcalde Rendón. Gómez luego se convirtió en secretario de desarrollo territorial del alcalde Rodrigo Hernández Alzate, quien había ocupado antes con Rendón la gerencia de la Edeso.
En 2019, Hernandez Alzate fue elegido alcalde de Rionegro, con las banderas de Rendón, quien le impuso la banda. Cinco años después, en enero de 2024, fue nombrado por el ahora gobernador Rendón como el gerente general de la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA.
La otra línea telefónica interceptada fue la de Hernán Darío Álvarez Suárez, el último secretario de Gobierno en Rionegro del entonces alcalde Rendón, y quien es una persona muy cercana al hoy Gobernador de Antioquia. Además, Álvarez Suárez fue el encargado de firmar varios de los desembolsos de dinero para la construcción de los CAI. Junto a él, también se ordenó interceptar el celular de Carlos Enrique Lopera Naranjo, quien fue el supervisor del contrato del CAI de San Antonio de Pereira y el encargado de avalar la liquidación tardía, en 2021, de un CAI que el alcalde Rendón había inaugurado en 2019.
Finalmente, el 27 de mayo de 2025, la Fiscalía ordenó interceptar el celular de Marta Patricia Correa Taborda, quien también fue gerente de la empresa Edeso en 2021, una de las encargadas de firmar el contrato, presuntamente ilegal, para la construcción del CAI de San Antonio de Pereira por 836 millones de pesos, y quien actualmente es la Secretaria General de la Gobernación de Rendón.
Los otros dos interceptados fueron, Duverney Pérez Echeverry, exsubsecretario de la alcaldía de Rionegro; Carlos Andrés Morales Castro, representante legal de Sistemas Integrados De Gestión Unidad Empresarial - Siges, empresa subcontratada por Edeso para construir el primer CAI de cuatro esquinas; y María Teresa Vélez Durango representante legal de Conincal SAS la otra empresa que subcontrató Edeso para la construcción del CAI de San Antonio de Pereira. Según documentos que conoció Señal Investigativa, en una de las llamadas interceptadas se habla de la aparente instrucción por parte del entonces alcalde Rendón para que los contratos se hicieran con determinadas empresas, en este caso con Edeso, quien tenía como gerente a quien es su actual secretaria de confianza siendo gobernador: Marta Patricia Correa Taborda.
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Por estos hechos, la Fiscalía también indaga si hubo sobrecostos y desvío de recursos públicos, por “irregularidades en la contratación de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas [...] siendo que las personas atrás mencionadas fungían como contratistas y otros como funcionarios de dicho ente territorial, toda vez que los contratos fueron celebrados de manera directa con la Empresa de Desarrollo Sostenible –Edeso, la cual no contaba con experiencia ni idoneidad para la ejecución de los contratos, lo cual derivó en la contratación de terceros para la realización del objeto contractual y en el detrimento patrimonial del municipio, con intervención de funcionarios y particulares”, dice el documento del Tribunal.
En un primer momento la magistrada Marcela Márquez negó la legalidad de las interceptaciones bajo el argumento de que no obedecían a conductas puntuales que justificaran la intrusión en la intimidad y las comunicaciones personales de los involucrados. Sin embargo, una sala de tres magistrados avalaron en segunda instancia las interceptaciones, que, se lee en esa decisión, “eran necesarias para investigar los delitos denunciados, recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física relevante para la actuación, con el fin de poner al descubierto el relacionamiento y vínculos de los presuntos autores o partícipes de los hechos denunciados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, sin que exista otro mecanismo menos invasivo para dicho propósito, debiendo así el derecho a la intimidad ceder ante la prevalencia de interés general”.
De acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, las pruebas que llevaron a interceptar los celulares de Rendón y su círculo cercano, se obtuvieron después de una inspección a la Alcaldía de Rionegro, “de donde se extrae la necesidad de monitorear dichas líneas telefónicas para recopilar elementos materiales probatorios útiles a la investigación, teniendo en cuenta que se detectaron conversaciones de estos referentes a la construcción de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, aunado que Martha Patricia Correa es la actual secretaria privada del Gobernador de Antioquia y fue la secretaria general de la Alcaldía de Rionegro”.
Esto significa que, siete años después de los hechos, los implicados aún conversaban sobre el escándalo de los CAI por teléfono y aportaban información sobre cómo ocurrieron las supuestas negociaciones e irregularidades en la adjudicación de los contratos, al parecer con el fin de tapar la realidad a la justicia.
Sobre esto, el Tribunal agregó: “la investigadora líder del caso resaltó que probablemente algunos funcionarios públicos y particulares que habían participado en la contratación directa eventualmente podrían relacionarse y comunicarse a efectos de develar cómo había sido ejecutado este entramado, de modo que era necesario establecer si había o no relacionamiento entre estas personas para recoger elementos materiales probatorios y evidencia física, con los cuales sustentar la teoría del caso de la Fiscalía y desarrollar el programa metodológico”. Eso efectivamente sucedió.
Contrario a lo que ha dicho en público el procesado gobernador Andrés Julián Rendón, asegurando que se trata de una persecución política, existen evidencias de presuntos hechos de corrupción en los contratos de los CAI, por ello, a juicio del Tribunal “la interceptación se muestra adecuada para el fin propuesto, como es enriquecer la investigación y arribar eventualmente a la inferencia de si en dichas comunicaciones se hacía referencia a actuaciones respecto de las irregularidades en la etapa de contratación directa para la construcción de los CAI de Cuatro esquinas y San Antonio de Pereira con la empresa de Desarrollo Sostenible- Edeso, lo cual produjo un detrimento patrimonial del municipio”.
Pero más grave aún es que en una de las llamadas que le interceptaron a Rendón, este mismo habría dado a entender que sí direccionó el contrato de los CAI, así se desprende del documento del Tribunal en poder de RAYA: “Una presunta instrucción por parte del entonces alcalde de ese municipio [Andrés Julián Rendón] para que los contratos se hicieran con determinadas empresas, máxime que esos CAI no fueron puestos en funcionamiento en esa época, según una de las conversaciones interceptadas al aforado”. Contradiciendo lo que ha sostenido el Gobernador en público desde la inauguración de los CAI hasta la actualidad: que los CAI sí entraron en funcionamiento y que le han servido mucho a la comunidad de su pueblo.
El Tribunal fue más allá y puntualizó que el gobernador Rendón “podría estar hablando a través de su línea celular con otras personas que se encuentran cuestionadas en los hechos que se investigan en la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte, por ser personas que laboraron o contrataron con él durante el periodo que se desempeñó como alcalde de Rionegro y con quienes actualmente continúa en contacto, así sea de manera ocasional y desde la posición de gobernador de Antioquia, máxime que los informes de Policía Judicial aportados por el ente acusador dan cuenta de que, efectivamente, sí existen algunas conversaciones de las personas interceptadas en las que se trata el tema de la contratación y funcionamiento de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas en Rionegro”.
Los informes a los que se refiere el Tribunal serían un informe de investigador de campo con fecha del 23 de mayo de 2025 en el que varios de los involucrados durante sus conversaciones “tocan puntualmente el tema de los CAI de San Antonio y Cuatro Esquinas, en las que relacionan a la secretaria general de la alcaldía de Rionegro, quien actualmente labora como secretaria privada del aforado [Andrés Julián Rendón], lo que permite inferir la necesidad e idoneidad de la medida para continuar acopiando información útil para la investigación [...] pues si bien han transcurrido cinco años desde que se produjeron los hechos materia de indagación, quienes conocieron de esos hechos en razón de sus cargos o labores como contratistas, actualmente continúan sosteniendo conversaciones sobre el particular, esto con ocasión de la investigación que adelanta la Fiscalía 4ª Delegada”.
El documento del Tribunal concluye que Rendón, presuntamente, habría sido el cerebro del desvío de recursos pues dispuso “que los contratos se celebraran de manera directa con Edeso, a pesar de no reunir los requisitos para realizar la labor contratada, lo que propició subcontratación de terceros y el detrimento patrimonial que afecta a la sociedad”.
Las pruebas que la Fiscalía tiene desde 2022
Este caso, conocido como el escándalo de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, por el nombre de los barrios donde fueron construidos, dejó dos “elefantes blancos” que a precios de 2019 costaron más de mil doscientos millones de pesos sin incluir el valor de los terrenos que había adquirido antes la alcaldía con presuntos sobrecostos. Uno de los desembolsos para construir el segundo de los CAI, en San Antonio de Pereira, ocurrió en 2019 cuando Rodrigo Hernández Alzate, amigo y mano derecha de Rendón, lanzó su campaña a la alcaldía con el apoyo del grupo político de Rendón, en medio de un amplio despliegue de recursos económicos. Hernández ganó las elecciones, había sido gerente de la empresa que contrató la construcción del primer CAI y, años después, fue designado por Rendón como gerente de VIVA, la empresa de vivienda del departamento.
Rodrigo Hernández Alzate, amigo y aliado de Rendón, llegó a la alcaldía como su sucesor con el apoyo del mismo grupo político que impulsó a Rendón: el Clan Quintero, encabezado por el parapolítico Rubén Darío Quintero. Abajo: Andrés Julián Rendón, Gregorio Orjuela y Rodrigo Hernández
En RAYA investigamos a profundidad sobre este tema y el año pasado revelamos pruebas del expediente, que pasó a una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia cuando Rendón ganó las elecciones a la Gobernación en octubre de 2023, por lo cual adquirió fuero constitucional. Pocos días antes de las elecciones una fiscal anticorrupción de Medellín estuvo a punto de imputar a Rendón y ordenar su captura, pero una “jugadita” de Enrique del Río, su abogado de entonces, impidió la audiencia, pues solicitó un aplazamiento argumentando vacaciones.
La Contraloría declaró que la empresa EDESO no era idónea para realizar contratos de obras públicas
Andrés Julián Rendón ordenó la construcción de los CAI a través de una empresa descentralizada creada por su alcaldía, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente Antioqueño (EDESO), catalogada como un “contratadero” por la Procuraduría General de la Nación. Los “contrataderos” son empresas de papel utilizadas para direccionar recursos en contratos interadministrativos, lo que permite a alcaldes y gobernadores saltarse los requisitos de la Ley 80 de contratación pública, que obliga a realizar licitaciones con varios proponentes.
En palabras sencillas, los “contrataderos” sirven para entregar contratos a dedo, que luego se subcontratan con particulares y empresas ligadas a clanes políticos. La Edeso no tenía capacidades ni experiencia previa en obras civiles o de infraestructura, por ello subcontrató la construcción de los CAI. El proceso tuvo retrasos, falencias técnicas y problemas de planeación, como quedó en evidencia en las propias actas oficiales. El CAI de San Antonio de Pereira solo se terminó en 2021, cuando Rendón ya llevaba más de un año por fuera de la alcaldía, y quien liquidó el contrato fue su sucesor Rodrigo Hernández Alzate, aliado político de Rendón.
El CAI de Cuatro Esquinas recibió una adición presupuestal del 50% de su valor inicial porque fue mal planificado y faltaron excavaciones, blindajes, canalizaciones y otras obras que no se contemplaron en el primer desembolso
Aunque las obras se terminaron, la Policía nunca las recibió en su inventario argumentando falencias técnicas, y estuvieron abandonadas durante años, causando un detrimento patrimonial al municipio de Rionegro. Un fallo de un juzgado administrativo obligó a la alcaldía a incluir ambas construcciones en el registro nacional de obras inconclusas o “elefantes blancos”, pues no cumplían con el fin para el cual habían sido construidas. Apenas en junio pasado la Policía Nacional recibió formalmente los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, que estuvieron abandonados siete y cinco años, respectivamente.
