Existe un amplio expediente en Estados Unidos, que relaciona al general Martínez, mano derecha del gobernador Andrés Julián Rendón, con el Clan Cifuentes Villa, el principal aliado del Chapo Guzmán en Colombia. El general reconoció que voló en uno de los helicópteros de Pacho Cifuentes Villa, por estar contratado por la Gobernación en 2006. A esto se suma, un misterioso aparato de espionaje que la Gobernación quiere comprarle a la Fiscalía de Antioquia, pero el nivel central no sabe ni ha autorizado.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La información llegó a la Revista RAYA a mediados de junio gracias a una funcionaria de la Fiscalía en Medellín que fue testigo presencial de la manera en que varios integrantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, seccional Antioquia, acudían reiteradamente al edificio de la Gobernación para recoger equipos y vehículos que desde la Secretaría de Seguridad se estaban entregando en comodato al ente de investigación. En medio de esas gestiones, habría una en particular sobre la cual el nivel central de la Fiscalía en Bogotá no tendría conocimiento: el proceso de compra de un aparato de espionaje que permite conectarse a la señal de teléfonos móviles para extraer información como mensajes, ubicación y llamadas, sin consentimiento de los afectados.
Vea acá el reportaje de Señal Investigativa sobre este tema: https://www.youtube.com/watch?v=Oc0JbovvYdI&t=6s
Estos aparatos se conocen bajo la denominación genérica de IMSI Catcher o Receptores de Identidad de Suscriptor Móvil, pueden cargarse en una maleta o instalarse en un vehículo y su funcionamiento replica el de una torre de celular que “atrapa” las señales de teléfonos y dispositivos cercanos. Los IMSI Catcher son fabricados por distintas empresas, entre ellas se encuentra el modelo StingRay de la compañía Harris Corporation.
Los IMSI Catcher son portátiles y “engañan” a los celulares para robar sus datos simulando ser una antena de telefonía. Imagen: Fundación Karisma
Las preocupaciones que genera esta tecnología son diversas. En primer lugar, la violación a la intimidad y las comunicaciones personales, pues los IMSI Catcher interceptan todas las señales y dispositivos que se encuentran en su rango de acción, por lo que eventualmente podrían violar las comunicaciones de personas contra las que no hay ninguna orden legal de interceptación.
De acuerdo con Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que monitorea la relación entre derechos humanos y tecnología, la manera como los sistemas de IMSI Catcher funcionan podría ser ilegal pues recaban información de manera indiscriminada y “las autoridades aprovechan que no existe una prohibición exacta del uso de distintas tecnologías para usarlas, desconociendo los derechos de todas las personas. Si no tienen una ley que las autorice para el uso de tecnologías, no podrían usarlas por más atractivas que resulten”.
“En Colombia tan sólo la Fiscalía y las autoridades que tienen función de Policía Judicial están habilitadas para hacer interceptaciones”, insiste Moreno. “Las interceptaciones no pueden ocurrir de cualquier manera, deben ser controladas por un juez, no pueden dirigirse contra personas indeterminadas y no pueden prolongarse en el tiempo [...] en nombre del mantenimiento del orden y la seguridad pública no está permitido que las autoridades usen cualquier herramienta”.
En segundo lugar, no está claro por qué la Gobernación de Antioquia es la que está adquiriendo este aparato que debería provenir del nivel central de la Fiscalía. Aunque la Gobernación puede adquirir equipos e implementos para la Fuerza Pública y la Fiscalía, a través del Fondo de Seguridad Territorial, esto requiere una coordinación con el nivel central de la Fiscalía que aparentemente no se ha realizado.
Alejandro Giraldo, el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, respondió a un derecho de petición enviado por esta Unidad Investigativa. Según él, sobre posibles gestiones de la Fiscalía en Antioquia para adquirir software y equipos tecnológicos, “la dirección Seccional Antioquia, no está habilitada legalmente para suscribir con entidades departamentales o municipales, contratos o convenios de ninguna naturaleza”.
Los aparatos ya han funcionado, al parecer sin un marco legal claro. Desde junio se han realizado pruebas con esta tecnología en varios lugares del Oriente Antioqueño, fortín político del gobernador Rendón. En estas pruebas han participado choferes de la entidad y un funcionario de criminalística del CTI de la Seccional Antioquia, quien conversó con RAYA. Nuestra revista reserva su identidad para no ponerlo en peligro.
RAYA confirmó con este funcionario que existe un proceso de contratación para adquirir esta tecnología de espionaje con al menos cuatro empresas proponentes, no solamente la fabricante del modelo StingRay. Añadió que el dinero saldría, según él, de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Seguridad en cabeza del general retirado Luis Eduardo Martínez. Incluso, aseguró que ya hay un proceso de contratación en el SECOP para tal fin, aunque no aportó más detalles.
En entrevista con el programa Señal Investigativa y la Revista RAYA, Martínez no desmintió la información, se limitó a contestar que él conocía los aparatos de IMSI Catcher de la marca StingRay, y agregó: “si desde el CTI le están confirmado un proceso para esa compra, entonces es porque es así y lo más probable es que la Secretaría de Seguridad de Antioquia esté realizando las gestiones”. Martínez fue nombrado por Andrés Julián Rendón desde el comienzo de su mandato el 1 de enero de 2024.
Opositores al gobernador Rendón como Juan David Muñoz, diputado por el Partido Verde, y el activista Miguel Gutiérrez, reaccionaron con preocupación a estas revelaciones emitidas en el programa Señal Investigativa, pues consideran que este tipo de tecnologías de espionaje podrían ser usadas para perseguir a la oposición y a los críticos de Rendón. “Cada día es más cuestionable la forma en que se gobierna el departamento y las prácticas que se están normalizando”, aseguró Gutiérrez: “quienes hacemos oposición nos sentimos en riesgo. Pierde Antioquia y pierde la democracia, ¿quién responde por nuestra integridad? ¿Entonces, quiénes nos espían?”.
Por su parte, el diputado Muñoz expresó que “este nuevo proyecto que quieren imponer en Antioquia, considerando los antecedentes del secretario de seguridad y del gobernador de Antioquia, debe ponernos en máxima alerta. ¿Quieren crear un centro de inteligencia y espionaje, controlado por el general Martínez?”, preguntó.
El oscuro pasado del general (r) Luis Eduardo Martínez
Andrés Julián Rendón y el general retirado Luis Eduardo Martínez
Luis Eduardo Martínez es un brigadier general retirado de la Policía a quien desde sus años en esa institución apodaban “General Veneno”. Martínez fue subcomandante en Antioquia en 2006, luego comandante de Medellín y el Valle de Aburrá, comandante en el Magdalena Medio, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y finalmente llegó a ser máximo jefe de los carabineros. En noviembre de 2015 estaba a punto de ascender al rango de mayor general cuando se destaparon en el Congreso de la República sus presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares, lo que frustró su ascenso a comienzos de 2016.
El senador Iván Cepeda rindió en ese entonces una ponencia negativa para el ascenso del general argumentando que existían tres memorandos de la agencia antidrogas norteamericana DEA señalando desde el 2008 los vínculos de Martínez con diversos narcotraficantes. Declaraciones de una fuente anónima indicaron que los narcos habían sobornado a Martínez y al también general Mauricio Santoyo para que entregaran información reservada sobre operativos en contra de los cargamentos de cocaína que pertenecían a Franciso Iván Cifuentes Villa, alias “Pacho Cifuentes”, un socio del Chapo Guzmán en México.
Otros narcotraficantes y paramilitares como Carlos Mario Jiménez “Macaco”, Salvatore Mancuso y Dagoberto Giraldo alias “Percheron” declararon también contra Martínez en los Estados Unidos. “Luis Eduardo Martínez, quien recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades, por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas, respecto a las actividades operativas propias de la Policía Nacional, ya que esta información suministrada permitía la evasión de las acciones en contra de estos grupos de narcotráfico alertándolos para así truncar la acción de las Agencias Americanas”, se lee en uno de los documentos en poder de la DEA.
Dos parientes cercanas de Álvaro Uribe hicieron parte del clan mafioso de los Cifuentes Villa: su sobrina Ana María Uribe Cifuentes y su cuñada Dolly Cifuentes Villa
“Pacho Cifuentes” fue asesinado en una venganza mafiosa en 2007 en Antioquia, pero en vida fue uno de los grandes capos invisibles de la droga en el país. Fue piloto y lugarteniente de Pablo Escobar, tras la muerte de este, se convirtió en uno de los mayores proveedores de cocaína para el Chapo Guzmán y el Cartel de Sinaloa.
El general Martínez reconoció en entrevista que sí conoció al narco “Pacho Cifuentes” pero aseguró que se trató de una relación profesional, pues este mafioso le alquilaba helicópteros a la Policía de Antioquia gracias a un contrato con la Gobernación durante el mandato de Sergio Fajardo.
Pacho Cifuentes era la cabeza del Clan mafioso de los Cifuentes Villa. Su hermana Dolly Cifuentes Villa mantuvo una larga relación conyugal con Jaime Alberto Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe. Dolly Cifuentes también fue extraditada a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico por los cuales se declaró culpable. Su hija Ana María Uribe, sobrina de Álvaro Uribe, fue perfilada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como una lavadora de activos de la mafia y varias de sus propiedades terminaron incautadas, como lo reveló recientemente la Revista RAYA.
Lea la investigación: La narcofortuna de la sobrina del expresidente Álvaro Uribe Vélez
El general Martínez terminó expulsado de la Policía después de que los Estados Unidos le quitaran la visa a comienzos de 2016. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto llamándolo a calificar servicios el 15 de febrero de ese año. Martínez aseguró a RAYA que no le interesa recuperar su visa y, según él, aquello se trató de una persecución política. Indicó que la Fiscalía de Francisco Barbosa archivó en 2023 todas las investigaciones en su contra por la presunta relación con la mafia, por ello el general no tiene a la fecha cuentas pendientes con la justicia.
Aún con estos escándalos a cuestas, Martínez fue rescatado por Andrés Julián Rendón pocos meses después de salir de la Policía. En 2016 Luis Eduardo Martínez fue nombrado gerente de la Empresa de Seguridad del Oriente Antioqueño (ESO), una empresa descentralizada creada por la alcaldía de Rionegro en cabeza de Rendón en esa época. Esta empresa ha sido cuestionada por ser un “contratadero” similar a otras empresas creadas por Rendón en su paso por la alcaldía.
Hoy Martínez volvió a trabajar de la mano de Rendón, esta vez en la Secretaría de Seguridad de Antioquia, donde está en el ojo de la opinión pública porque se ha negado a entregar las cifras de homicidios y violaciones de derechos humanos a las organizaciones de Antioquia, quienes han tenido que obligarlo a entregar la información con sentencias de tutela ante los jueces.
“Se ha presentado un boletín donde se dice que está pasando día a día en los municipios. Las cifras muestran cómo es la realidad, donde hay hechos de violencia, cómo va cada subregión, cuál es la subregión más violenta”, asegura el analista Luis Fernando Quijano de la organización CORPADES: “De un momento a otro conocimos la información de que dieron la orden de que no se presentara ningún boletín más. La orden presuntamente la dio el general Martínez”.
Andrés Julián Rendón y Luis Eduardo Martínez están impulsando una ordenanza en la Asamblea Departamental, presentada en agosto pasado, para reformar el centro de analítica de seguridad, convivencia y derechos humanos, estableciendo que toda la coordinación de seguridad se hará a través de la Sala Situacional de Orden Público (SITOP) bajo subordinación del secretario de seguridad de Antioquia, recibiendo la información de inteligencia de todas las fuerzas de seguridad en Antioquia para procesarla. Lo problemático es que dicha sala, que en la práctica es una pequeña central de inteligencia, sería controlada por la Gobernación, usurpando funciones de la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional.
Además establecen que la información de homicidios, violencia y seguridad podría clasificarse como reservada, es decir, no estaría disponible al público.
Al tiempo que oculta las cifras negativas de seguridad, el gobernador Andrés Julián Rendón empezó a cobrar un nuevo impuesto que golpea el bolsillo de los antioqueños: la sobretasa de seguridad para implementar una política que según defensores de derechos humanos como César Nicolás Mendoza, aún no ha dado resultados.
“Está cobrando una sobretasa que no ha alcanzado a recaudar ni el 40 % de lo que aspiraban a recaudar en este periodo. Una “vaca” que no funcionó, y ahora una tasa que no alcanzaron a llenar, la tasa de seguridad. Son políticas de improvisación”, insiste Mendoza: “Los grupos narcotraficantes derriban un helicóptero y el gobernador estaba haciendo un acto para entregar doscientos morrales. ¿Esa es la seguridad? ¿Doscientos morrales?”.
El general Martínez ha sido el cerebro detrás del impuesto de la sobretasa de seguridad y también detrás de la idea de resucitar las famosas CONVIVIR a través de los llamados Frentes de Seguridad de Antioquia, otra propuesta de Andrés Julián Rendón que busca crear organizaciones de civiles para reemplazar las funciones de la Fuerza Pública en un modelo parecido al que dio origen a los sanguinarios grupos paramilitares a mediados de los años noventa.
Por ahora, ni el gobernador ni su secretario de seguridad han cumplido con la promesa de campaña de garantizar la seguridad en Antioquia, un departamento sumido hoy en una grave crisis de violencia y violaciones de derechos humanos, que ellos achacan al gobierno central evadiendo su propia responsabilidad.
“Cuando empezamos a mostrar todo este tema de homicidios, a mirar subregión por subregión, nos encontramos que está subiendo en muchos municipios. Incluso en el informe que sacamos se ve aumento. ¿Qué muestra eso? Un fracaso en la estrategia de seguridad. ¿Qué muestra eso? Que no es culpa de Petro. ¿Qué muestra eso? Que los que diseñaron esa estrategia o esa política de seguridad está mal elaborada, no funciona bien y reconocer eso parece que no les gusta”, concluye el analista Luis Fernando Quijano.
Las movidas de Andrés Julián Rendón para incidir en la Fiscalía de Antioquia
Estos hechos se suman al intento del gobernador Andrés Julián Rendón para presuntamente cooptar la Fiscalía seccional de Antioquia y ponerla a su servicio. Presuntamente Andrés Julián Rendón se habría enterado de información reservada de los casos por corrupción que lo comprometen, gracias a filtraciones de personas en la Fiscalía que lo alertaron sobre el monitoreo a sus comunicaciones.
La gobernación de Rendón ha entregado algunos equipos tecnológicos y vehículos a la Seccional de Antioquia, todos en comodato o donación. No obstante, en los registros oficiales de la Fiscalía General en Bogotá no figuran aparatos de interceptación como los descritos antes.
Rendón también ha condecorado con la medalla Atanasio Girardot de la Gobernación a varios funcionarios de la Fiscalía que serían de su entera confianza. Entre este círculo se cuentan varios funcionarios del CTI que vienen del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Algunos de los funcionarios condecorados fueron los fiscales Andrés Felipe Montoya Moreno, Diana Isabel Rincón Laverde y el investigador Paulo César Castaño, quien era el segundo al mando del CTI en Antioquia. Todos trabajan bajo las órdenes de la doctora Lina Xiomara Arias, nombrada como directora seccional de Fiscalías en Antioquia desde el 2024.
Rendón condecoró a varios funcionarios y miembros de la Fuerza Pública el pasado 20 de julio, entre ellos funcionarios del CTI y la Fiscalía
La última movida en la seccional de Fiscalías de Antioquia tuvo que ver con el traslado de parte de las instalaciones y dependencias al municipio de Rionegro, controlado por el grupo político del gobernador Rendón, en donde se habilitaría un edificio en comodato a través de la alcaldía de esa municipalidad para instalar allí parte de las oficinas de la Fiscalía. El actual alcalde de Rionegro es el médico Jorge Rivas, quien llegó al cargo con el apoyo del grupo político de Rendón para suceder a Rodrigo Hernández Alzate, otra ficha muy cercana a Rendón. La movida fue interpretada por varias personas de la entidad como un intento desde sectores afines al gobernador para controlar aún más lo que ocurre dentro de la seccional de Fiscalías.
Esta maniobra tuvo el rechazo inmediato del sindicato de trabajadores de la entidad y aún no ha sido aprobada por el nivel central, según confirmó a este medio el director ejecutivo de la Fiscalía Alejandro Giraldo: “La Fiscalía General de la Nación a la fecha no ha emitido ningún acto administrativo que indique trasladar dependencias de la Dirección Seccional Antioquia al municipio de Rionegro, aunque es una opción que se está estudiando, dentro de la estrategia de enfoque territorial, uno de los pilares estratégicos de la entidad”.
Esta Unidad Investigativa se comunicó con Andrés Julián Rendón enviándole mensajes a su número telefónico y también a su correo electrónico personal. Le preguntamos por el escándalo de corrupción que hoy lo tiene inmerso en un proceso penal que podría llevarlo a la cárcel. Se trata de los presuntos hechos ilegales en la construcción de dos CAI en Rionegro entre 2017 y 2019 que terminaron convertidos en elefantes blancos cuando él fue alcalde de esa localidad.
También le consultamos por las filtraciones de informes reservados de la Fiscalía a los cuáles el gobernador ha tenido acceso, lo que le ha permitido obtener información privilegiada y secreta sobre los procesos en su contra. Como ha sido usual desde que comenzamos a cubrir su gestión al frente de la Gobernación de Antioquia, Andrés Julián Rendón no contestó ninguna de nuestras preguntas.
