La guerra contra la niñez no quedó en el examen internacional del periodo 2020 a 2024: hoy reaparece en la discusión sobre cómo cumplir las recomendaciones hechas a Colombia. Un informe construido desde los territorios llevó a la ONU tres alertas concretas —reclutamiento, armas y alimentación— y, meses después, la pregunta sigue abierta en el país: ¿cómo ponerle fin a este flagelo?
Por: Nicolas González *
El 45 % de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dirigió a Colombia se concentró en las violencias contra niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado. El balance fue presentado tras la evaluación del Estado colombiano en Ginebra, en enero de 2026, y siguió resonando semanas después, cuando la discusión volvió al país en el debate sobre cómo cumplir esas recomendaciones. Ahí quedó claro que el centro del problema no estaba en el inventario de leyes, planes y programas, sino en una violencia que Colombia ha terminado por volver paisaje.
Esa violencia tiene cifras. La actualización presentada por organizaciones sociales ante Naciones Unidas sostiene que entre 2020 y abril de 2024 fueron asesinados 1.650 menores de edad con armas de fuego en Colombia y que, en ese mismo periodo, más de mil adolescentes fueron aprehendidos por homicidio o por delitos relacionados con armas. Para las organizaciones firmantes, esas cifras muestran una doble exposición: niñas, niños y adolescentes aparecen al mismo tiempo como víctimas de la violencia armada y como piezas utilizables dentro de esos mismos circuitos.
Las armas no entran en la vida de la niñez solo cuando un niño es reclutado por un grupo armado. Ya estaban antes: en barrios y veredas donde matar dejó de ser excepcional, en manos de civiles, en economías ilegales, en delitos cometidos por o contra adolescentes y en propuestas políticas que responden con más castigo y menos control. Por eso la discusión no es solo de seguridad. El texto llevado al Comité la plantea como una discusión sobre infancias y armas.
La actualización fue preparada por organizaciones sociales colombianas que trabajan directamente en territorios afectados por el conflicto, la pobreza y la exclusión. Entre ellas están Humanidad Vigente Corporación Jurídica, FIAN Colombia, Terre des Hommes, FUNSAREP, CECUCOL, PAS y Convivamos, junto a la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niñas, Niños y Jóvenes. Según su presentación, el documento fue construido con estudios de caso, entrevistas, talleres, consultas comunitarias y espacios deliberativos desarrollados entre 2023 y 2025.
Mientras el Gobierno llevó a Ginebra su balance de avances, estas organizaciones llevaron otra lectura, construida desde territorios marcados por la guerra, la exclusión estructural y la ausencia institucional. Lo que pusieron sobre la mesa fueron tres asuntos concretos: el reclutamiento y la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado; la expansión del riesgo armado en su vida cotidiana, desde la circulación de armas hasta su uso en hechos delictivos; y la alimentación de la niñez, atravesada por la publicidad digital de ultraprocesados y por la pérdida de soberanía alimentaria. Leídos juntos, esos temas muestran cómo la violencia contra la niñez se mete en la guerra, en el barrio, en la escuela, en la casa y también en la pantalla.
En el apartado sobre reclutamiento, las organizaciones insisten en que esta práctica sigue siendo una violación grave, sistemática y persistente. Según el documento presentado ante Naciones Unidas, entre 2022 y 2024 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 474 casos de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. El mismo texto señala que la Defensoría del Pueblo reportó inicialmente 184 casos en 2024, pero que cifras posteriores de esa entidad elevaron el número a 624 víctimas. También advierte que en zonas rurales con baja presencia estatal, desescolarización, pobreza crónica y control de grupos armados, la captación sigue ocurriendo mediante engaños, coerción y manipulación emocional.
Ahí aparece uno de los puntos que estas organizaciones no quieren ver diluido en una conversación general sobre niñez y conflicto: la desvinculación. Según la actualización, la salida de niñas y niños de los grupos armados sigue llena de vacíos. Habla de rutas sin continuidad, de protocolos insuficientes para pueblos indígenas y afrodescendientes, de financiación precaria y de una atención que muchas veces no pasa de la fase inicial. La conclusión de las organizaciones es dura: la desvinculación existe en el papel, pero en muchos casos no alcanza a reparar ni a impedir la repetición.
La preocupación es más grave en pueblos históricamente golpeados por la guerra. El texto presentado por las organizaciones afirma que durante 2023 el 68,4 % de los casos documentados de reclutamiento correspondió a niñas, niños y adolescentes indígenas, y recuerda que, según datos del ICBF citados allí, la proporción de niñez indígena atendida en programas de desvinculación ha aumentado en la última década. La lectura que proponen las organizaciones es que el reclutamiento no puede entenderse sin hablar de exclusión territorial, racismo institucional y abandono estatal.
La actualización agrega otra dimensión incómoda: la guerra contra la niñez no se expresa solo en el reclutamiento por grupos ilegales, sino también en respuestas militaristas del propio Estado. Las organizaciones citan como ejemplo la reactivación de bombardeos en zonas rurales con presencia de menores reclutados y recuerdan el caso de noviembre de 2025 en Guaviare, donde murieron al menos siete niñas y niños. En su lectura, ese episodio muestra una regresión en el tratamiento estatal de la niñez en contextos de conflicto armado.
La discusión sobre las armas no se limita al conteo de homicidios. De acuerdo con el documento llevado a la ONU, en Colombia circulan más de 4,9 millones de armas en manos de civiles y esa disponibilidad alimenta la violencia letal contra la niñez. El texto también cuestiona proyectos que buscan bajar la edad de responsabilidad penal y flexibilizar el porte de armas, porque —según las organizaciones— endurecen el castigo sobre adolescentes y al mismo tiempo expanden el riesgo armado en la sociedad. La advertencia no es solo jurídica: es una forma de decir que el país no puede hablar de protección mientras normaliza entornos cada vez más armados.
El tercer tema parece más lejano de la guerra, pero las organizaciones lo conectan con la misma estructura de desprotección. El capítulo sobre alimentación examina la publicidad digital de productos comestibles y bebibles ultraprocesados dirigida a niñas, niños y adolescentes. Denuncia el uso de datos personales, la segmentación publicitaria y la creación de hábitos de consumo que afectan el derecho humano a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria. La tesis del documento es que la violencia contra la niñez no solo se expresa con armas o reclutamiento: también se juega en los mercados y en las plataformas digitales que disputan sus cuerpos, su salud y sus rutinas.
Ese punto dialoga con una preocupación más simple y más brutal que ya había aparecido en ejercicios anteriores de participación infantil. En el informe de voces de la niñez, un niño de Bolívar lo dijo así: “Hay niños que no comen porque la comida está cara, a veces no comen ni dos veces al día”. La frase no pertenece a la actualización de 2025, pero ayuda a leer lo que esta amplía: que la alimentación de la niñez no puede mirarse solo como política asistencial, sino también como una disputa por autonomía, salud y territorio.
Con esa actualización en circulación, Colombia llegó a Ginebra los días 20 y 21 de enero de 2026 para ser evaluada por el Comité de los Derechos del Niño. Según Naciones Unidas, ese Comité es el órgano encargado de revisar periódicamente cómo los países cumplen la Convención sobre los Derechos del Niño, contrastando la posición oficial del Estado con otras fuentes y emitiendo observaciones finales con preocupaciones y recomendaciones.
La delegación colombiana estuvo integrada por entidades como Cancillería, ICBF, Fiscalía y varios ministerios, que defendieron los avances del país en salud, educación y protección. Su mensaje fue que existen programas, rutas e instrumentos para atender a la niñez.
En la sesión, por ejemplo, el Estado afirmó que en 2025 había 12,8 millones de niñas, niños y adolescentes afiliados al sistema de salud y que se habían puesto en marcha más de 13.000 equipos básicos de salud con cobertura sobre 8,8 millones de hogares.
También defendió avances en educación y alimentación escolar. Según la delegación, la matrícula en educación inicial pasó de 1,49 millones en 2019 a más de 2 millones en 2024, y el presupuesto del programa de alimentación escolar subió de 1,1 billones a 2,5 billones de pesos.
En pobreza, la representación estatal afirmó que la pobreza monetaria bajó de 43,1 % en 2020 a 31,8 % en 2024, que la pobreza extrema cayó a 11,7 % y que el índice de pobreza multidimensional bajó de 18,1 % a 11,5 %. También destacó la línea “Colombia sin hambre” como mecanismo para cubrir necesidades alimentarias básicas.
Pero el diálogo en Ginebra no giró solo alrededor de esos avances. Las preguntas del Comité volvieron una y otra vez sobre la violencia estructural, la violencia sexual, el reclutamiento, la desigualdad entre zonas rurales y urbanas, la situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos, la explotación sexual, la seguridad en las escuelas y la implementación real de las políticas. En otras palabras: la evaluación internacional devolvió una imagen del país mucho más cercana a la que venían describiendo las organizaciones que a la autodescripción ordenada del Estado.
Ese contraste es justamente uno de los puntos fuertes del proceso. Mientras el Estado habló de cobertura en salud, ampliación educativa y reducción de pobreza, la actualización presentada por las organizaciones insistió en que esas mejoras no alcanzan a explicar —ni a resolver— la persistencia del reclutamiento, la expansión del riesgo armado y las vulneraciones al derecho a la alimentación en los territorios.
El cierre de la sesión lo mostró con claridad. La coordinadora del grupo de trabajo del Comité dijo que, aunque se reconocían avances en la construcción institucional y normativa, persistían desafíos estructurales que impedían garantizar de manera efectiva los derechos de la niñez. Habló de violencia, pobreza, discriminación, desigualdad regional y debilidades en la implementación de leyes, programas y planes, especialmente en los territorios.
La propia delegación colombiana, en voz del embajador, terminó reconociendo el peso de la guerra sobre la niñez. En una de las intervenciones finales citó el informe de la Comisión de la Verdad para recordar que, durante tres generaciones, niñas, niños y adolescentes en Colombia han sufrido asesinatos, desapariciones, secuestros, desplazamientos, reclutamiento y destrucción de escuelas. Dijo además que las niñas fueron convertidas en cuidadoras y esclavas sexuales y que los niños siguieron siendo tratados como carne de cañón.
De esa sesión salieron 225 observaciones y recomendaciones: 4 avances reconocidos, 27 preocupaciones y 194 recomendaciones. Lo importante no fue solo la cantidad, sino su distribución. Casi la mitad del documento se concentró en violencias contra la niñez y conflicto armado. Ahí quedó fijada la noticia principal: el sistema internacional volvió a poner en el centro la guerra contra la niñez en Colombia.
Pero Ginebra no fue el cierre del proceso. El 19 de marzo de 2026, en un espacio de socialización con el ICBF, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Cancillería y organizaciones sociales, el debate cambió de terreno. Ya no se trataba de sustentar un diagnóstico ante la ONU, sino de traducir las recomendaciones en decisiones, responsables, plazos y presupuesto dentro del país.
La Cancillería llevó a esa mesa una propuesta de seguimiento basada en herramientas técnicas para organizar las recomendaciones, asignar responsables y hacerles seguimiento en el tiempo. Pero en la misma discusión, las organizaciones insistieron en otra cosa: que el seguimiento no puede reducirse a un ejercicio administrativo ni a una conversación entre entidades, porque el problema sigue ocurriendo en los territorios y porque las recomendaciones solo tendrán sentido si se traducen en cambios reales para niñas, niños y adolescentes.
En la presentación conjunta de sociedad civil se insistió en que el seguimiento debe verse como una política de Estado, no de gobierno; que la participación de la niñez no puede limitarse a ser fuente de información; y que las recomendaciones deben traducirse en decisiones presupuestales, evaluación de impacto y mecanismos de veeduría territorial e intergeneracional.
Ahí es donde las voces dialogan y también se separan. El Estado propone instrumentos. El Comité devuelve observaciones. Otras plataformas de sociedad civil hablan de monitoreo, participación y continuidad. Y esta actualización, con su lectura territorial, insiste en que hay asuntos que no pueden diluirse en el procedimiento: quién controla las armas que siguen rodeando a la niñez, quién garantiza una desvinculación real del conflicto armado y quién protege la alimentación de niñas y niños frente a mercados y plataformas que también deciden sobre su vida cotidiana.
Eso es lo que hace que el texto no termine en Ginebra. La actualización ya fue presentada, la evaluación internacional ya ocurrió y la ruta de seguimiento ya está sobre la mesa. Lo que sigue abierto es otra cosa: si Colombia va a convertir esas recomendaciones en decisiones concretas o si volverá a hacer lo que ha hecho tantas veces con la violencia contra la niñez, reconocerla, administrarla y dejar que continúe.
Nota editorial
* Esta publicación hace parte de un contenido financiado por la Organización Humanidad Vigente. Fue elaborada con criterios periodísticos independientes, contraste de fuentes y revisión de información pública, garantizando transparencia frente a la audiencia.
