En medio de la incertidumbre jurídica miembros de las estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá e integrantes de la delegación negociadora del Gobierno llamaron al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a acelerar el proceso. Ambos grupos aseguran que existe voluntad de parte y parte, pero el tiempo se agota.
Redacción Revista RAYA
“El silencio de la oficina de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es inexplicable, injustificable, irrespetuoso con la contraparte que está sentada al frente sin interlocutor alguno” expresó Sebastián Murillo Echeverry, conocido como “Lindolfo”.
Murillo Echeverry es un antiguo jefe criminal de la llamada Oficina de Envigado y actualmente vocero de paz desde la cárcel de Itagüí, Murillo se beneficia de una resolución presidencial que reconoció a viejos integrantes de las estructuras ilegales de Medellín que están presos y ahora actúan como intermediarios para establecer un espacio de diálogo que conduzca a un proceso de paz urbana en Medellín y el Valle del Aburrá.
Las quejas de Murillo se hicieron públicas durante su intervención en la tercera audiencia de paz urbana, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en Medellín el pasado 5 de septiembre. Lo acompañaban Juan Carlos Mesa Vallejo “Tom” y Mauricio Morales, también voceros de paz de las estructuras armadas. Este evento fue convocado por la senadora Isabel Zuleta, quien también forma parte de la delegación negociadora del Gobierno para hablar con dichas estructuras armadas.
Jóvenes de los barrios populares de Bello (Antioquia) durante una manifestación en la plaza de ese municipio en junio de 2023 para respaldar los diálogos con las estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá.
Sebastián Murillo no está solo en su descontento; miembros de la delegación negociadora del Gobierno, como la senadora Zuleta, así como organizaciones sociales y líderes barriales, también han expresado su preocupación por el evidente desinterés que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha demostrado hacia este proceso después de la salida de Danilo Rueda.
Un líder social, cuyo nombre mantenemos en reserva, criticó al comisionado Otty Patiño, afirmando que “parece no conocer las cifras y mira con displicencia a las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la ciudad y en la construcción de paz”. Este líder insistió en la urgencia de generar acciones de paz en el territorio tras la expansión en el oriente antioqueño de un nuevo bloque paramilitar bajo el control del Clan del Golfo, conocido como Bloque Carlos Mauricio García “Doble Cero”.
Una investigación de la Revista RAYA expuso los planes criminales del Clan del Golfo para tomar el control de territorios que antes estaban en manos de bandas locales.
Lea la investigación: Testigo falso de Uribe comanda la expansión del Clan del Golfo
A pesar de estas preocupaciones, el silencio de Otty Patiño es elocuente. El Comisionado, quien está próximo a cumplir un año en el cargo, solo se ha reunido una vez a comienzos de 2024 con los voceros de las estructuras armadas recluidos en la cárcel de Itagüí. Según Sebastián Murillo, desde la cárcel le han enviado múltiples mensajes que han quedado sin respuesta. Murillo aseguró que las estructuras armadas han enviado “cinco mensajes y correos a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, además de varios comunicados públicos llamándolo a que regrese a la mesa”.
En dos entrevistas anteriores concedidas al diario El Colombiano y al programa Noches de Opinión de Señal Colombia, tanto Sebastián Murillo como su compañero Freiner Ramírez, conocido como “Carlos Pesebre”, pidieron la presencia del Comisionado en Medellín para agilizar la mesa de conversaciones.
“Así las otras personas que hacen parte de la delegación del Gobierno estén presentes, sin la voluntad del Comisionado es muy difícil avanzar”, aseguró Murillo Echeverry: “No hemos encontrado respuesta alguna a una voluntad que la ciudadanía ha visto que es seria. Mientras otros tiran las puertas de paz en las narices de la ciudadanía, nosotros seguimos con las puertas abiertas”.
“Con el Gobierno del presidente Petro se abrió la posibilidad de resolver otro tipo de violencias que nunca fueron incluidas como parte del conflicto armado colombiano, y que hoy son las violencias más habituales en conflictos de cualquier país del mundo. Colombia tiene la oportunidad de generar una experiencia innovadora”, insistió Murillo Echeverry, haciendo énfasis en que “estas estructuras [criminales] han sobrevivido a más de 40 años y podrían sobrevivir unos años más, pero no es esa la voluntad, al día de hoy esta mesa ha dado resultados parciales efectivos en materia del desescalamiento de la violencia y debería tener una ruta clara para el desarme y la desmovilización”.
Las estructuras armadas ilegales controlan todos los barrios populares y de ladera en Medellín y su área metropolitana. Fotografía desde lo alto de Manrique Oriental, en la comuna 3 de Medellín, una zona de fuerte dominio territorial de la banda “La Terraza”.
Los avances parciales del diálogo con las estructuras ilegales se reflejan en las cifras de violencia en la ciudad, que han mostrado una disminución sostenida gracias a un pacto de no agresión entre bandas acordado al inicio de los diálogos con la mediación del antiguo Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Los índices de homicidios en el área metropolitana del Valle de Aburrá han disminuido notablemente, en contraste con épocas anteriores en las que Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Según datos de la Alcaldía de Medellín, en comparación con 2019 —durante el primer mandato de Federico Gutiérrez—, hacia 2023 se registró una disminución de hasta el 49% en los homicidios en la ciudad, reducción que coincide con el inicio del espacio socio-jurídico con las estructuras armadas en la cárcel de Itagüí.
“Lo pueden evidenciar todas las estadísticas del último año, así algunas personas quieran capitalizarlas erróneamente”, concluyó Sebastián Murillo “Lindolfo”: “toda la ciudadanía sabe a quién o a quiénes se debe este descenso”.
Una larga tradición de gobernanzas ilegales
El poder de las estructuras armadas ilegales en los barrios del Valle de Aburrá es anterior al auge del Cartel de Medellín. Su evolución y transformación han estado marcadas por las fases de la violencia colombiana en el último medio siglo y por la evolución de la industria del narcotráfico.
Las primeras “galladas” o “combos” de barrio surgieron a mediados de la década de 1960, cuando Medellín experimentaba un proceso de urbanización acelerado sin orden ni control. En este contexto, proliferaron tugurios insalubres que luego se conocieron como “comunas”. Miles de campesinos expulsados del campo por la violencia bipartidista y la pobreza se asentaron en lotes baldíos, basureros y laderas aledañas al centro de Medellín, levantando barriadas sin servicios públicos ni presencia estatal, donde los “combos” impusieron su ley regulando aspectos básicos de la convivencia.
Vista panorámica de los barrios San Pablo y Santo Domingo, famosos por ser epicentro de múltiples violencias desde hace décadas, en la Comuna Nororiental de Medellín.
Grupos criminales como Los Triana, en el barrio Zamora y la comuna nororiental; Los Mondongueros, en el Doce de Octubre; La Terraza en Manrique; o Los Pachelly en Bello, han ajustado cuatro décadas de trayectoria con incontables relevos, disputas internas y cambios en sus jefaturas.
Estas bandas fueron instrumentalizadas primero por el Cartel de Medellín y luego por los paramilitares en su guerra contra las milicias guerrilleras en la ciudad, aunque siempre han conservado una relativa independencia y un fuerte arraigo local. Algunas se entremezclan con clanes familiares que ajustan décadas en la ilegalidad.
Desde la desmovilización paramilitar, entre 2004 y 2008, el control de las bandas en Medellín se coordina a través de lo que la prensa bautizó como la “Oficina de Envigado”, tomando el nombre de la vieja oficina de sicariato y cobros ilegales fundada por Pablo Escobar y heredada luego por el narcoparamilitar Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”.
Algunas bandas adscritas a La Oficina, cómo La Terraza, jugaron un rol central en los magnicidios y crímenes contra líderes de izquierda ordenados por los comandantes paramilitares Carlos Castaño y Don Berna. Entre ellos estuvieron los asesinatos del humorista Jaime Garzón, de los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón, o de los abogados Eduardo Umaña y Jesús María Valle.
Don Berna aseguró en audiencias de Justicia y Paz que detrás de la instigación de crímenes ometidos por La Terraza, como los ataques a ONGs de derechos humanos, estuvieron José Miguel Narvaez, Pedro Juan Moreno y el general retirado Rito Alejo del Río, funcionarios que eran muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe desde su paso por la Gobernación de Antioquia a mediados de los noventa.
El narcoparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano “Don Berna” señaló a hombres de confianza de Álavaro Uribe de haber instigado los crímenes ordenados por él y cometidos por la banda La Terraza.
Hoy la Oficina de Envigado opera como una especie de dirección colegiada en donde tienen voz y voto los principales jefes criminales de la ciudad.
El camino fallido para la paz urbana
Los intentos para que la llamada Oficina de Envigado llegue a un proceso de paz no son nuevos. De hecho, vienen desde 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por iniciativa de los propios integrantes de las estructuras armadas, según pudo confirmar RAYA en un diálogo anterior con algunos de sus principales voceros.
Emisarios de la Oficina viajaron a La Habana durante las conversaciones de paz con las FARC para tender puentes en ese sentido y, según algunas fuentes, buscaron un acercamiento con miras a un sometimiento a través de Gustavo Villegas, quién fuera secretario de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez.
Villegas terminó condenado por sus vínculos con miembros de la banda La Terraza y en ese proceso judicial quedó claro que Villegas acordaba con integrantes de la estructura criminal golpes escenificados, entregas y falsos positivos que luego eran promocionados por el alcalde Federico Gutiérrez ante los medios de comunicación como resultados de su estrategia de seguridad, según lo denunció La Silla Vacía.
En esos años, informó El Colombiano, se llegó a contemplar incluso un borrador de ley de sometimiento, en cuya elaboración estuvieron involucrados los abogados Diego Alejandro Gaviria y Jorge Fernando Gaviria, sobrino y hermano de José Obdulio Gaviria, respectivamente, quien fuera asesor privado, congresista y hombre de entera confianza de Álvaro Uribe Vélez.
La senadora por el Centro Democrático Paola Holguín, hija de un señalado testaferro de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín y representante del ala más radical del uribismo paisa, alcanzó a radicar en 2017 aquel proyecto de ley para el sometimiento de estructuras criminales como La Oficina y el Clan del Golfo, aunque dicha iniciativa nunca prosperó en el Congreso.
En julio de 2018, aún durante el gobierno Santos, Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como “Tom” o “Carlos Chatas”, fundador de la banda de Los Chatas y señalado máximo jefe de La Oficina al momento de su captura en diciembre de 2017, hizo pública una carta en la que manifestaba su “disposición de acogimiento” con miras “a la paz urbana y a la paz rural, esa voluntad la pongo a disposición del nuevo presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez”.
Después, una nueva propuesta firmada de puño y letra por varios jefes criminales presos, entre ellos Leonardo Muñoz “Douglas”, antiguo jefe de la banda La Terraza, fue enviada a finales de 2019 desde la cárcel de Cómbita al presidente Iván Duque. Ninguna de esas iniciativas prosperó.
Por ello el abogado penalista Edison López, acompañante de la mesa de paz instalada en mayo de 2023 con las estructuras ilegales en la cárcel de Itagüí, asegura que es un buen comienzo que el Gobierno de Gustavo Petro haya promulgado la ley 2272 de 2022, llamada “ley de paz total”, que fue revisada por la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2023. Ambas leyes consiguieron que se habilitara el diálogo con estructuras armadas no beligerantes como las bandas criminales que controlan buena parte de Medellín y su área metropolitana.
Edison López, quien ha sido defensor de Mauricio Alberto González “El Ronco”, un veterano jefe criminal de la banda La Unión en Itagüí, aseguró que la ley de paz total es “un logro porque el ordenamiento jurídico ha desconocido las violencias urbanas y tratarlas como simple delincuencia común, con las fallidas intenciones de combatirlas a través de la represión y la cárcel, lo único que ha hecho es reproducir esas formas de violencia”.
López instó a “que la búsqueda de la paz urbana no se convierta simplemente en una política de Gobierno, sino en una política de Estado”, para lo cuál deben integrarse “todos los esfuerzos necesarios” entre ramas del poder público y destacó que el gobierno de Gustavo Petro tenga como una de sus reformas la humanización carcelaria. No obstante, lanzó una pregunta: “¿Cómo lograr que esas formas de violencia no se repitan, que sea una paz urbana duradera y no cometa los errores de otros procesos de pacificación fallida?”.
Ese es el mismo interrogante que deberá resolver el proceso de diálogos que aún no arranca en firme. “El diálogo hace parte de la solución, conocernos entre actores ya hace parte de la solución. Debe darse continuidad a este espacio”, puntualizó la senadora Isabel Zuleta, el rostro más visible por el lado del Gobierno.
Zuleta agregó que hay aspectos de la negociación que “no se han hecho públicos porque necesitamos el acuerdo para hacerlo público. Tengo que rechazar las expresiones que dicen que acá ha habido secretismo, no podemos hacer pública la agenda [de conversaciones] porque todavía no está acordada entre todos, puede ser que llegue al fracaso en lo que se ha avanzado”.
Sin embargo, la senadora confirmó que ya existe un protocolo de participación para que la sociedad civil haga parte del proceso, aunque se lamentó por la desidia que la administración de Federico Gutiérrez ha mostrado ante la posibilidad de lograr avances en la paz urbana: “Sin el concurso del alcalde es muy difícil la inversión local, no se puede pasar por encima de los alcaldes”, agregando que parte de lo que se ha propuesto es intervenir los barrios con programas alimentarios.
“Buscamos garantizar tres comidas al día para los sectores populares y dos ciudades no la aceptaron, una de esas fue Medellín y otra Bogotá, ¿cómo así que los barrios de Medellín no necesitan una comida caliente?”, cuestionó Zuleta, “¿Cómo así que barrios de esta ciudad no tienen agua potable?, esta ciudad, que tiene la empresa de servicios públicos más grande del país. Eso es inconcebible, esas son las causas estructurales de la violencia”.
En opinión de la senadora, son tres los pasos que deben darse de manera urgente para lograr que el proceso de paz urbana llegue a buen termino. El primero es que el Congreso logre aprobar un marco jurídico para que las estructuras armadas no beligerantes hagan su tránsito a la legalidad -la llamada “ley de sometimiento”, que se hundió en la primera legislatura del 2023-, lo segundo es priorizar la inversión social en los barrios, una medida para contrarrestar lo que ella llama “causas estructurales de la violencia”. Y lo tercero es la política de humanización carcelaria que lleve la paz a las cárceles de Medellín y Antioquia: “con eso le cumplimos a la paz”.
Sebastián Murillo Echeverry, el más joven y a la vez el más visible de los voceros de paz de las estructuras armadas, ha sido enfático en señalar que la paz urbana implica “instrumentos desde la justicia transicional y restaurativa: una combinación entre justicia ordinaria, transicional y restaurativa, que podría dar a luz a un proceso de paz transparente y seguro”.
Según él “las estructuras tienen toda la convicción de hacer el tránsito a una ciudadanía pacífica, plena, en el marco de las reglas de la democracia participativa, pero para ello necesitamos un marco jurídico que se adapte a esas necesidades y por supuesto a los derechos de las víctimas”.
Sin embargo, Murillo remató con una opinión que revela el profundo conocimiento que él y los suyos tienen de las lógicas de reciclaje de la violencia en la ciudad, una violencia latente, que puede despertar en cualquier momento: “Nos han buscado las víctimas pidiendo respuestas. Son muy importantes para nosotros en este proceso, pero sin un marco jurídico y sin la presencia del Comisionado, no podemos avanzar. La ciudadanía sabe perfectamente la diferencia entre una ciudad hundida en el caos y una ciudad que camina hacia la paz. Nosotros solos, aunque queremos, no podemos”.
