Señal Investigativa* accedió a cuatro informes reservados: uno de inteligencia militar y tres de la Defensoría del Pueblo, los cuales detallan un plan del Clan del Golfo para controlar la otrora región del Bloque Metro de los paramilitares. Una reunión clandestina y varias acciones militares revelan que el jefe paramilitar que lidera el nuevo frente de guerra perteneció al otrora Bloque Metro y fue testigo falso del expresidente Álvaro Uribe en su carrera por demostrarle a la justicia que no auspició el nacimiento de ese grupo ilegal.
Señal Investigativa - Unidad Investigativa Revista RAYA
La reunión tuvo lugar el pasado domingo 7 de abril en un solitario trapiche junto a la vía destapada que conduce del cementerio de Santa Ana hacia la quebrada del Oso, en zona rural de Granada, Antioquia. Hasta allí llegaron varios mandos medios del Clan del Golfo para definir la creación de una nueva estructura de ese grupo narcotraficante, destinada a copar e imponer su control criminal sobre todos los municipios del Oriente Antioqueño y algunos del Magdalena Medio. El nombre elegido para bautizar la nueva subestructura criminal no pudo ser más simbólico: la llamaron Frente Carlos Mauricio García, en honor al asesinado exjefe paramilitar alias “Doble Cero”, famoso por haber fundado y comandado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que hizo presencia hace dos décadas en esa misma región del país.
Esta es la finca de Granada, Antioquia, en donde, de acuerdo con el informe de inteligencia, se realizó el encuentro para concretar la fundación del nuevo frente paramilitar del Clan del Golfo.
Un informe de inteligencia militar en poder de la Revista RAYA, rotulado como “secreto”, afirma que en dicha reunión, ocurrida hace menos de tres meses, los nuevos coordinadores del grupo criminal “tocaron el tema de continuar reclutando personal con mayoría de edad, para que hagan parte de la subestructura, especialmente en el componente armado y ajustaron la cuota del pago de cada integrante dependiendo el cargo y función que desempeñen”. Según el documento, se propuso salarios mensuales de 11 millones de pesos para el cabecilla de la subestructura, seis millones para los subcomandantes militares y financieros, cuatro millones para los cabecillas urbanos, tres millones para la secretaria y dos millones para los patrulleros rasos.
Una fuente de alto nivel que ha sido cercana a las negociaciones de paz, plenamente enterada de los movimientos de este grupo criminal, le dijo a RAYA que la expansión por el Magdalena Medio, el Nordeste y Oriente de Antioquia se decidió antes, en otra cumbre mafiosa en la zona del Magdalena Medio, donde se habría concretado el aporte de más de un millón de dólares por parte de narcotraficantes y empresarios que estarían financiando el plan criminal de expansión del Clan por todo el país.
Ahora bien, hay informes de Policía Judicial, Fiscalía e inteligencia de la Fuerza Aérea desde hace años sobre la consolidación de un núcleo criminal adscrito al Clan del Golfo en la zona del Magdalena Medio, que es comandada por antiguos miembros de las Autodefensas oriundos de esa región, y aquello ya había sido objeto de investigación de las autoridades por lo menos desde 2019, cuando una oleada de asesinatos y venganzas mafiosas sucedieron en municipios como La Dorada (Caldas), Puerto Triunfo (Antioquia) y Honda (Tolima).
Esta misma fuente atribuyó el actual plan de expansión nacional del Clan del Golfo a la “frustración” que dejó el congelamiento de los acercamientos con ese grupo criminal, los cuales han sido nulos desde que Danilo Rueda salió de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y su puesto fuera ocupado por el hoy comisionado Otty Patiño.
Ricardo Giraldo, el abogado del Clan, le contó a RAYA que la única reunión que ha tenido con el nuevo comisionado Patiño -quien ya lleva más de seis meses en el cargo- ocurrió por simple coincidencia, quejándose de que, en su opinión, hoy no se se manifieste mayor voluntad del Gobierno para dialogar con el grupo criminal al que él representa.
Viejos conocidos de la guerra
Las cabezas del nuevo brazo criminal que se está creando en el Oriente de Antioquia serían, de acuerdo con la inteligencia militar, un antiguo integrante de las AUC que perteneció al grupo del veterano paramilitar Ramón Isaza en la zona de Puerto Triunfo, por una parte, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, por otra parte. Este último, alias “Simón Fantasma”, es un viejo paramilitar que militó en el extinto Bloque Metro y fue condenado por los asesinatos de los sindicalistas William Mario Upegui Tobón, profesor de la zona y directivo sindical, y Jaime de Jesús Ramírez Alzate, presidente de un sindicato de empleados públicos del municipio de El Santuario, a quienes los paramilitares señalaron de simpatizar con la insurgencia.
Tras declararse culpable de otra veintena de asesinatos cometidos en la desaparecida estructura criminal del Bloque Metro, alias “Simón Fantasma” salió de la cárcel de La Dorada en septiembre del año pasado, luego de un auto con fecha del 11 de septiembre de 2023, en donde el juzgado de ejecución de penas de esa ciudad le concedió la libertad condicional. Pero, de acuerdo con la inteligencia militar, “Simón Fantasma” regresó al Oriente de Antioquia en diciembre, allí “habría sostenido una reunión con integrantes de la Subestructura ‘Jorge Iván Arboleda Garcés’ del GAO – Clan del Golfo, luego de esta reunión llegó hacer presencia [en la zona]”.
“Simón Fantasma” no es cualquier hombre en las filas de los antiguos paramilitares: fue uno de los falsos testigos que en 2014, según la Corte Suprema de Justicia, rindió versiones para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el montaje que aquel presuntamente intentó urdir en contra del senador Iván Cepeda, caso por el cual Uribe hoy afronta un juicio penal que, según sus propias palabras, lo tiene al borde de la cárcel.
Este fue el mismo testigo que en 2014 declaró supuestamente haber recibido ofrecimientos de Cepeda dos años antes para incriminar a Uribe en delitos. Fue a raíz de esas declaraciones, conseguidas en la cárcel por el exmiembro del CTI y abogado de paramilitares Wilser Molina (hoy alcalde de Amagá por el Centro Democrático), que Uribe entabló una denuncia penal contra Iván Cepeda, caso por el cuál el senador fue absuelto y en cambio Álvaro Uribe terminó imputado por tratar de engañar a la justicia con falsos testimonios.
Aunque las versiones de “Simón Fantasma” tratando de incriminar falsamente a Iván Cepeda fueron desestimadas por la Corte Suprema, Álvaro Uribe y militantes de su círculo íntimo como Carlos Felipe Mejía o Paloma Valencia suelen compartir cada tanto un video que aquel paramilitar grabó desde la Cárcel de máxima seguridad de Valledupar en 2018 hablando en favor del expresidente.
“Simón Fantasma” ahora le rinde cuentas al cuarto hombre en importancia en la cúpula del Clan del Golfo: Elkin Posada Casarrubia alias “El Cura”, otro veterano paramilitar desmovilizado durante el proceso de Justicia y Paz, relacionado con la expansión de las Autodefensas al Valle del Cauca y el Pacífico durante la conformación del Bloque Calima a comienzos de la década del 2000.
Este fue el video que, según denunció la Unidad Nacional de Protección, demuestra que “El Cura” volvió a delinquir.
“El Cura” es el famoso jefe del Clan del Golfo que hasta comienzos del 2023 se movía con relativa facilidad por el país en un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección que le había sido asignado durante el Gobierno de Iván Duque. Sólo en marzo de ese año se oficializó su pertenencia a la cúpula de esa organización mafiosa, cuando apareció en un video con otros cuatro comandantes de la organización.
El documento además precisa que esta era una de las subestructuras del Clan del Golfo que estaba siendo coordinada y surtida de armas por Juan Carlos Ramírez, alias “Zeus”, un militar retirado que colaboró con las antiguas Autodefensas y los narcotraficantes del Norte del Valle, relacionado con múltiples crímenes contra integrantes del Partido Unión Patriótica, crímenes en los que él mismo ha aceptado su culpabilidad. “Zeus” fue capturado en flagrancia cuando transportaba un arsenal de guerra que provenía de las Fuerzas Militares, según lo denunció el Ministerio de Defensa, y fue detenido preventivamente el 11 de abril de este año en una comisaría de Cúcuta, de donde se fugó diez días más tarde.
Otras alertas similares
La inteligencia militar no es la única que ha llamado la atención sobre el plan de expansión del Clan del Golfo en el Oriente de Antioquia. Dos informes reservados de la Defensoría del Pueblo, emitidos después de los hechos de la reunión de abril, revelan que pobladores de la zona se han desplazado por la presencia de comandos armados que han aparecido en los caseríos rurales de Granada durante los últimos meses.
El primero de estos informes señala que el Clan del Golfo “se erige en la principal estructura armada en la región, con una estructura que articuló dentro de sus jerarquías de mandos a desmovilizados de las otrora Autodefensas del Magdalena Medio, particularmente a integrantes del Clan Isaza” agregando que dicha estructura está encargada de “custodiar con hombres vestidos de camuflado y armas largas los cañones del Melcocho, Samaná y Arma; espacios empleados para el cultivo de la hoja de coca y la explotación de la minería ilegal. Asimismo, las franjas colindantes de Granada con San Luis y San Carlos; y los corredores de movilidad que comunican a San Rafael y a San Carlos con el norte, nordeste y Magdalena Medio”.
Un segundo documento reservado de monitoreo de la Defensoría del Pueblo registró que los pobladores han informado de “personas foráneas en la zona, movilizándose en vehículos particulares y portando radios de comunicación”. Además, ya es oficial que desde abril hay órdenes en algunas veredas de Granada para que los habitantes no se desplacen después de las seis de la tarde.
En otra vereda, cuyo nombre omitimos por seguridad, la Defensoría reportó que “durante reunión ampliada de la Junta de Acción Comunal en el mes de abril arribaron cuatro civiles en dos motocicletas y les manifestaron a los presentes que seguirían visitándolos y que no permitirían viciosos. De igual forma, la primera semana de abril dos sujetos en motocicletas llegaron al caserío y con aerosoles pintaron los focos de las cámaras de vigilancia”.
Cerca de dicho lugar habría, según este mismo informe de monitoreo, un campamento del Clan del Golfo. Aquello ya motivó la venta de varias fincas por temor de los pobladores, así como la supuesta desaparición forzada de un campesino en la vereda Filo de Hambre.
Una confrontación en ciernes
Las amenazas ya declaradas del Clan del Golfo en contra de otras estructuras criminales que llevan décadas dedicadas al menudeo de drogas y los cobros ilegales en los pueblos de la región tienen en alerta a muchos pobladores, que temen una reedición de las viejas guerras mafiosas como las vividas en Medellín y el Valle de Aburrá en años pasados, tras los reacomodos de las estructuras y jerarquías de mando en las estructuras delincuenciales con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno de Uribe.
Un panfleto intimidante firmado por el Clan, que circuló a partir del 8 de junio en varios municipios del Oriente, con especial énfasis en Abejorral, amenazó a los habitantes de algunos barrios de ese municipio anunciando una limpieza social. Este documento fue publicado además en las plataformas virtuales del grupo criminal.
Tres días más tarde, el Clan emitió un nuevo comunicado que incluso fue colgado en su página oficial de internet, anunciando que combatiría a “todos los grupos armados” que hicieran presencia en la zona, señalando directamente a Gustavo Pérez Peña “El Montañero”, uno de los voceros de paz autorizados por el Gobierno para entablar diálogos socio jurídicos con las estructuras ilegales del Valle de Aburrá, conocidas con el nombre genérico de “Oficina de Envigado”.
Pérez Peña, a quien la Fiscalía consideraba uno de los máximos jefes de la banda El Mesa, salió de la cárcel de Itagüí a comienzos de este año por decisión de un juez, pues ya redimió buena parte de su condena. Ante varios medios de comunicación declaró que seguiría comprometido con el proceso de diálogos iniciado hace un año, del cuál es uno de los voceros.
Curiosamente, el panfleto menciona a la mayoría de municipios del Oriente de Antioquia, incluyendo a Rionegro, ciudad que es el eje articulador de toda esa subregión, pero deliberadamente deja por fuera a Granada, el pueblo desde donde se estaría montando la base de operaciones del grupo criminal en la región, según la inteligencia militar.
Rionegro sería, según otro documento de contexto que conoció RAYA en poder de altos funcionarios del Ministerio de Defensa, el epicentro del lavado de activos de varios capos de la organización, ligados con políticos regionales y constructores que impulsaron un “boom inmobiliario” en ese y otros municipios como el Carmen del Viboral, La Ceja, Marinilla o La Unión.
Los testimonios engavetados del Bloque Metro contra Álvaro Uribe y su hermano
La relación de la familia Uribe Vélez con el extinto Bloque Metro ha sido motivo de controversia judicial desde hace dos décadas, cuando su hermano Santiago comenzó a figurar en expedientes, delaciones, versiones de testigos y señalamientos de antiguos articuladores del paramilitarismo como el mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses. El hoy presidente Gustavo Petro reveló dichos vínculos en su famoso debate en el Congreso sobre la parapolítica en Antioquia, en abril de 2007.
Los supuestos crímenes de los Uribe quedaron registrados incluso en la sentencia de Justicia y Paz contra Javier Alonso Quintero alias “Manguero” y otros miembros de los paramilitares, sentencia con la que se juzgó los delitos cometidos por varios postulados del extinto Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En un aparte de la sentencia proferida el 2 de febrero de 2020 por el Tribunal Superior de Medellín consta que, según el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, entre los creadores y patrocinadores del Bloque Metro estuvo la familia del expresidente:
“Pregunta… Usted dice que la Gobernación de Antioquia estuvo al servicio del grupo, explíqueme o amplíeme esta parte, en qué sentido estuvo al servicio del grupo, qué colaboración le prestó, qué ayuda. Entrevistado. Yo llegué a ir a la Gobernación a dar información sobre ‘Juan Pablo’, se la entregué, me decían que era de seguridad pues de la Gobernación, un militar, no tengo el nombre… porque la obsesión era pues mucha… Estuve en la Gobernación y para nadie era un misterio, en esta región eso era lo que se llama un secreto a voces en la región, que los jefes, los patrones eran los Villegas, los patrones de esta organización porque ‘Jota’, estoy hablando de ‘Jota’, porque Doble Cero llega mucho tiempo después, los Villegas estamos hablando de Juan Villegas y Alberto Villegas, estamos hablando de Santiago Gallón que es el dueño de la hacienda La Quesera, no sé qué otras propiedades tiene allá y los hermanos Uribe, son los dueños de la hacienda Guacharacas y donde este grupo tuvo asentamiento y tuvo sus inicios”.
A raíz de estos señalamientos, que el exparamilitar Pablo Hernán Sierra hizo públicos a través del congresista Iván Cepeda en 2011, aquel fue denunciado por Álvaro y Santiago Uribe por el supuesto delito de injuria y calumnia, pero la Corte Suprema de Justicia falló en 2020 a favor de Sierra, decretando la prescripción de la causa.
Sierra, además, señaló en uno de sus testimonios ante la justicia que Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, estaba involucrado en el asesinato de alias “Darío Granda”, un exguerrillero del ELN responsable de haber incendiado una finca de la familia Uribe. Este fue el testimonio de Pablo Hernán Sierra que quedó consignado en la sentencia judicial:
“Cómo así que ese hijuetantas está por allá, que yo no sé qué, háganlo traer’” y da la orden Santiago Uribe, el hermano del presidente y dan la orden que lo lleven del oriente, que lo lleven para Providencia y a ‘Darío Granda’ le hicieron un juicio a pleno mediodía en Providencia y lo mataron, creo que en el 2002, lo matan el 19 de diciembre de 2002”.
Esa misma sentencia recoge otro testimonio del exparamilitar Jhon Fredy González Isaza alias “Rosco”, quien también señaló a Álvaro y Santiago Uribe de ser los fundadores del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas de San José del Nus, donde se crió otro famoso exparamilitar: Juan Guillermo Monsalve “Guacharaco”, quien ha confirmado lo mismo durante años en sus declaraciones ante la justicia.
El testigo Jhon Fredy González Isaza fue asesinado en una celda de la cárcel Modelo de Barranquilla el 8 de junio de 2011, según informe de Medicina Legal, en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Su cuerpo apareció dentro de la celda ahorcado por un nylon, con las manos amarradas y la puerta cerrada desde adentro.
El Tribunal Superior de Medellín ordenó que se investigara el homicidio del testigo que declaró contra los hermanos Uribe Vélez. No obstante, a la fecha el caso sigue en la impunidad.
Señal Investigativa: Una alianza periodística entre Revista RAYA y Señal Colombia
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