Las protestas en Perú amenazan con un estallido social insospechado. La salida de Dina Boluarte como presidenta encargada, deja ver la profunda debilidad de un sistema democrático que en una década ha tenido más de siete presidentes. Hasta ahora, un joven ha sido asesinado durante las manifestaciones y más de 20 detenidos. A pesar de ello, la juventud se levanta contra la corrupción y la desigualdad que golpean al país.
Por: David González M.
En la noche del pasado miércoles 15 de octubre, fue asesinado Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, en el centro de Lima. Según su confesión, el suboficial Luis Magallanes, de la Policía Nacional del Perú, fue quien disparó. Ruiz Sanz es el primer muerto tras una nueva serie de protestas que lideran jóvenes de la Generación Z contra la corrupción política, un paquete de leyes aprobadas por un desacreditado Congreso y el nombramiento de un nuevo presidente, José Jari, quien ha sido acusado incluso de violencia sexual.
El eslogan que más se repite en las protestas ciudadanas es “que se vayan todos”. Las movilizaciones llevan ya un par de semanas, incluso antes de la llegada del nuevo mandatario. La anterior presidenta, Dina Boluarte —exvicepresidenta del hoy detenido Pedro Castillo—, tenía una aprobación de apenas 3 % y se mantenía en el poder gracias al respaldo de una coalición autoritaria y mayoritaria en el Congreso, formada por fuerzas políticas de derecha y extrema izquierda. Pero ante el costo político y la proximidad de las elecciones al Congreso y a la Presidencia, ese respaldo se desvaneció en cuestión de horas.
El excongresista y precandidato presidencial Richard Arce dijo a RAYA que el país vive un presente incierto por las tensiones entre “una mayoría que se moviliza y una mafia política en el Congreso que se aferra al poder”. Según él, José Jari “representa a ese grupo del Congreso, más de lo mismo”.
“Representa a estos grupos de poder; yo los llamo las mafias de la política, porque están involucrados en delitos muy graves de corrupción, en un reparto de beneficios con dinero malhabido e, inclusive, en el copamiento de las principales instituciones del Estado. No representan el sentir de la población”, explicó Arce.
El nuevo presidente arrastra denuncias por participar en un sistema de coimas y una acusación por violación sexual, archivada por fiscales involucrados en casos de corrupción dentro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. “Siendo congresista y presidiendo la comisión de presupuesto, ha sido denunciado por empresarios por pedir coimas a cambio de favorecerlos”, señaló Arce.
Cada día crecen las denuncias contra Jari y los miembros de su nuevo gabinete, que lleva apenas una semana. Las principales ciudades del Perú se llenan de jóvenes hartos del sistema de corrupción que los gobierna. “Por eso es que el día de hoy los jóvenes, la Generación Z, universitarios básicamente, han salido a las calles a manifestarse (...). Salió Dina Boluarte y se cambió por José Jari; para la ciudadanía es simplemente un cambio de figuras, un títere por otro títere”, concluyó Arce.
La mafia política que se tomó el Perú
El periodista y analista político Enrique Castillo asegura que en el país no ha sido posible garantizar la continuidad de los procesos democráticos desde que comenzó la crisis, hace más de diez años. “La crisis en el Perú empieza en 2016, con un enfrentamiento sin precedentes entre el fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que el fujimorismo termina siendo una fuerza políticamente predominante en el Perú, pero que genera casi un bipartidismo: por un lado el fujimorismo, y por otro el antifujimorismo”, explicó a RAYA.
El fujimorismo agrupa a las fuerzas de derecha que respaldan el modelo del fallecido presidente Alberto Fujimori, un mandatario popular y autoritario condenado por crímenes de lesa humanidad, especialmente por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). En oposición surgieron fuerzas políticas del centro y la izquierda que conformaron el antifujimorismo.
En 2016, el fujimorismo obtuvo 73 congresistas, pero la presidencia fue ganada por Pedro Pablo Kuczynski. Su gobierno fue débil y el movimiento liderado por Keiko Fujimori avivó una confrontación permanente contra el Ejecutivo. Ese choque desembocó en un bloqueo político y en la primera de siete vacancias y renuncias presidenciales ocurridas en los últimos diez años.
“De ahí en adelante, la historia es más conocida. Tenemos ya casi un presidente por año hasta que llega Pedro Castillo, con Dina Boluarte como vicepresidenta. Él termina con una renuncia o un golpe de Estado justo antes de que se votara su vacancia, e ingresa ella. Y se produce entonces una nueva crisis, a partir de la cual se enfrentan quienes habían sido los seguidores de Pedro Castillo y quienes se alinearon con Boluarte, del lado más de derecha”, explicó Castillo.
Las fuerzas del fujimorismo y de Alianza para el Progreso, mayoritarias en el Congreso, sostuvieron a Boluarte, mientras la izquierda la calificaba de traidora. Durante su gobierno se produjo una brutal represión contra las movilizaciones que defendían a Castillo, especialmente en el sur andino, donde más de 60 personas fueron asesinadas en Puno, Chucuito y Ayacucho. “Esto marca un antes y un después con toda la línea de izquierda en el Perú y no solamente en el Perú, internacionalmente también, porque a partir de ahí se genera este enfrentamiento con México, Colombia y Chile”, dijo Castillo.
Boluarte se sometió a las fuerzas fujimoristas del Congreso y aceptó sus condiciones a cambio de mantenerse en el poder. “Se convirtió en una presidencia sin mayor iniciativa, con mucha ineficiencia en la gestión del gasto público, en proyectos y en grandes obras”, agregó el analista.
La presidenta se transformó en una especie de “títere” del Congreso, mientras ese bloque afianzaba su poder y se volvía el epicentro de la política peruana. “Los congresistas han aprobado las leyes que han querido: las más absurdas en algunos casos, las más dañinas en otros, tanto financieramente como desde el punto de vista de la delincuencia. Han promulgado leyes a favor de la informalidad y de sectores que realmente le hacían mucho daño al país. Y esto ocurría sin el equilibrio de poderes”, sostuvo Castillo.
Otra herencia del fujimorismo es la Constitución de 1993, que en su artículo 113 permite destituir a un presidente elegido popularmente con una moción firmada por el 20 % de los congresistas y aprobada por el 40 %. Esa figura de “vacancia por incapacidad moral” ha sido usada para derrocar a seis presidentes en menos de diez años.
“Boluarte, 48 horas antes de su vacancia, no tenía ni la más mínima idea de que podían vacarla. Es más, ninguno de nosotros hubiera apostado doble contra sencillo a que la iban a vacar. Pero unos disparos de una metralleta en un concierto de cumbia generaron un escándalo generalizado”, recordó Castillo.
Lo cierto es que esta herramienta ha dado un poder desproporcionado al Congreso, cuyas mayorías lo han usado sin control. “El nivel de desaprobación del Congreso es del 96 %. Lo que lo sostiene es una legislación que le permite no ser vacado, no ser acusado, nada. Ellos no pueden ser disueltos, no le rinden cuentas a nadie, pero sí pueden tumbar a un presidente”, dijo el analista.
Según varios observadores, detrás de las bancadas mayoritarias hay sectores económicos vinculados a la minería ilegal y a la alta informalidad, que afecta al 70 % de la población peruana.
“¿Cómo choca usted con mineros ilegales que están sacando oro y que le financian a usted la campaña política, el partido? ¿Cómo lucha usted contra eso o con un oro a cuatro mil la onza?”, agregó Castillo.
Arce, uno de los más de 30 precandidatos presidenciales para las elecciones del próximo año, recuerda que la mayoría de los presidentes destituidos han estado procesados o investigados por corrupción. “Al día de hoy tenemos tres presidentes en cárcel, otros con procesos judiciales o restricciones para salir del país y hasta uno que iba a ser detenido y se suicidó: Alan García”, señaló.
Arce sostiene que la inestabilidad política es la razón principal por la que decidió lanzarse a la carrera presidencial y culpa al fujimorismo, que ha perdido tres balotajes consecutivos. “No saben aceptar los resultados electorales”, dice. “Y en respuesta, deciden sabotear desde el Congreso al Ejecutivo.”
“Lo lamentable de esta situación es que esta crisis política pone en riesgo la estabilidad económica que tiene el Perú, reconocida en América Latina, que nos permitiría ser un país boyante con el superciclo de precios altos de los minerales que estamos teniendo”, agregó Arce.
El boom económico peruano en jaque por la inestabilidad política
Pese a la tormenta política, el Perú mantiene un inusual escenario de estabilidad económica. El PIB crece en promedio 3 % anual después del bache del COVID-19; el déficit fiscal se ha reducido y la moneda, el sol peruano, se mantiene como una de las más fuertes de la región. Sin embargo, estos logros no alcanzan a la mayoría de la población.
El país presenta altos índices de desigualdad, 70 % de informalidad laboral y 29 % de pobreza monetaria. El economista Jorge González, profesor emérito de la Universidad del Pacífico, sostiene que el país podría crecer más si resuelve su inseguridad institucional y los problemas de inseguridad ciudadana.
“Hay inflación, pero pequeña. En el Perú se considera que hay un problema de inflación cuando esta supera el 3 % anual. Hoy estamos en 1,3 %, y ya no tenemos recesión, porque el año pasado crecimos 3,3 %; este año vamos a crecer 3,2 % y el próximo año estaremos por ahí también.”
González considera que la autonomía del Banco Central y la disciplina fiscal son claves. “En el Perú, el poder político no manda la máquina del Banco Central”, explica. Esto ha creado un sector privado resiliente que se beneficia de los altos precios de los minerales y un sistema financiero sólido desarrollado en los últimos 20 años.
“Esto permite que, cuando algo golpea la economía peruana, esta tenga capacidad de recuperarse”, dice el profesor. Pero advierte: “A largo plazo, la informalidad laboral y empresarial es una carga muy pesada que retrasa el crecimiento potencial del país. Impide que el Perú alcance un crecimiento adecuado, que yo estimo debería ser del 6 % anual.”
Las protestas ciudadanas de la Generación Z
La frustración frente a esa desigualdad y corrupción ha llevado a los jóvenes peruanos nuevamente a las calles. Esta generación no ve con optimismo el futuro del país, menos aún con un presidente acusado y un Congreso que actúa con impunidad.
Arce sostiene que el Parlamento modificó la Constitución para restablecer la bicameralidad con fines electorales y eliminó las elecciones internas, que buscaban frenar las prácticas mafiosas de los dueños de los partidos. “Esto ha generado que hoy tengamos 39 partidos para las próximas elecciones de 2026”, señala.
Esta atomización garantiza la dispersión del voto y una baja representación, lo que socava la legitimidad del poder político. Según Arce, los partidos dominantes son investigados por la Fiscalía como presuntas organizaciones criminales. “Esas fuerzas se deshicieron de Dina Boluarte para evitar el lastre de cargar con la responsabilidad política de haberla sostenido. La población ya entendió que esto no fue una estrategia para mejorar el país”.
En 2026, el Perú celebrará elecciones con más de 30 candidatos presidenciales y cerca de 2.000 aspirantes al Senado. Pero los jóvenes no quieren esperar. Han perdido la fe en las elecciones y mantienen protestas constantes frente al Congreso y en las calles de Lima. “La juventud en el Perú se está movilizando. Parecía que habíamos entrado en un marasmo, donde la población aceptaba condescendientemente cada acto de ignominia del poder”, dice Arce.
“Estas movilizaciones no tienen un líder visible: son colectivos universitarios de distintas regiones del país.” Para el analista Enrique Castillo, el panorama sigue siendo incierto: “El 65 % de los peruanos dice hasta ahora que no ha decidido por quién votar y que no quiere a ninguno de los candidatos presentes. No aparece ese líder ni ese partido renovador que pueda ganarse la confianza de la población.”
Y alerta sobre el futuro inmediato: “Si Dina Boluarte, al asumir el poder, hubiera convocado a elecciones, las cosas serían diferentes ahora. Pero tres años con Boluarte, durante los cuales el Congreso ha hecho lo que ha querido, le dieron fuerza a estas bancadas. Hoy pueden pensar: ‘¿Por qué no cinco años más de lo mismo?’ Les funcionó.”
