En medio de bombardeos, operaciones militares y discursos que estigmatizan la defensa de la paz y los derechos humanos por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, doce trayectorias muestran la otra cara del país: mujeres, comunidades y organizaciones que, pese a ese escenario, siguen defendiendo el agua, la tierra, la memoria, la niñez y los derechos de las víctimas en territorios atravesados por la violencia. Aquí los perfiles de esas trayectorias, reconocidas en la XV edición del Premio Nacional de Derechos Humanos, organizado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia.
Por: Enrique Gamboa
De Montes de María al Magdalena Medio y del Cauca al Valle del Cauca, la defensa de los derechos humanos se sostiene en liderazgos con historias y luchas distintas. Yirley Yudith Velasco Garrido, de Montes de María, convirtió la violencia que sufrió como sobreviviente de la masacre de El Salado en una red que acompaña a unas 600 mujeres, niñas y adolescentes rurales. En Barrancabermeja, Magdalena Medio, Yuly Andrea Velásquez Briceño transformó las canoas de pesca en herramientas de monitoreo comunitario del agua. Y en el norte del Cauca, Semillas Guardia Indígena – Luuçx Kiwe Thegna reúne a más de mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes Nasa para resistir el reclutamiento armado.
Ese mapa continúa por Putumayo, Chocó, Tolima, Bogotá y Cali, y revela otra característica: los liderazgos de mujeres tuvieron una presencia mayoritaria entre las candidaturas individuales y varios de los procesos colectivos. María Antonia Caicedo Angulo, del Valle del Cauca, cruza en su trayectoria racismo, discapacidad, violencia de género y conflicto armado; la Asociación Departamental de Mujeres Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo articula cerca de 65 organizaciones comunitarias en los trece municipios del departamento; y Luz Marina Hache Contreras, de Bogotá, convirtió la desaparición forzada de su compañero en una búsqueda colectiva que lleva casi cuatro décadas. No son casos aislados: entre 2022 y 2025, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó y verificó 410 homicidios y 2.018 amenazas y ataques directos contra personas defensoras de derechos humanos.
Ese conjunto de trayectorias llegó a la XV edición del Premio Nacional de Derechos Humanos, organizado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia. RAYA profundizó en cuatro de las historias reconocidas por el jurado: Yuly Andrea Velásquez Briceño, de Barrancabermeja; el proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), del Cauca; la Corporación Jurídica Libertad, con trabajo en Antioquia y Chocó; y María Bernarda Pabón Rosero, de Cali.
Los reconocimientos se entregaron el pasado 7 de septiembre en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá. El primero fue para Yuly Andrea Velásquez Briceño, en la categoría Defensora del Año. Ingeniera ambiental e hija de pescadores, ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del agua de las corrientes del río Magdalena. Como presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan), ha documentado vertimientos, mortandad de peces y derrames petroleros que amenazan la soberanía alimentaria de más de 500 familias. Ha sobrevivido a tres atentados y desplazamientos.
Transmisión del Premio Nacional de Derechos Humanos, desde el teatro Colón de Bogotá.
A Bogotá no viajó sola, la acompañaron seis de sus compañeros de la junta directiva de Fedepesan. Entre ellos, un maestro pescador que le enseña a los niños y niñas las diferentes artes de pesca y las especies que habitan los ríos y ciénagas. También estaba una maestra que transforma las escamas de pescado en colágeno y una que realiza artesanías con las partes del pescado que no se comen: “Ellos han hecho una labor bien importante y son fundamentales porque cuando hay veda de pesca, podemos realizar otras actividades alternas. Entonces, para mí es un honor que ellos estén acá porque esto también es trabajo de ellos, esto no es Yuly, sino que ellos también juegan un eje fundamental dentro de este trabajo que realizamos desde la Federación”.
Con sus compañeros cerca, minutos después de recibir el reconocimiento, Yuly Andrea habló con RAYA sobre el reconocimiento: “Estoy feliz. Siento que se están escuchando las voces de los pescadores artesanales. Esto me motiva porque hacemos una labor en el territorio y a veces es invisibilizada, porque la defensa del cuidado del agua que hacemos es por el bien de todos, no sólo de nosotros. Recibir este reconocimiento es para aquellos que no tienen voz y que defienden la naturaleza”, dijo.
Yuly Andrea Velásquez Briceño recibió el premio como Defensora del Año en el Premio Nacional de Derechos Humanos. Crédito: Prensa del evento / Diakonia y Act Iglesia Sueca.
Las denuncias de Yuly y Fedepesan han producido resultados concretos para su región. En mayo de este año, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó en segunda instancia el fallo de una acción popular interpuesta por Fedepesan por la presunta contaminación del caño El Rosario, en Barrancabermeja. La decisión mantuvo órdenes para realizar estudios ambientales y monitoreos sobre el afluente y vinculó a la CAS (Corporación Antónoma Regional de Santander), al Distrito de Barrancabermeja, Aguas de Barrancabermeja y a Ecopetrol. El Tribunal aclaró que las medidas son preventivas y no sancionatorias y que no constituyen una declaración de responsabilidad. Este resultado fue uno de los motivos que llevó al jurado a entregarle el premio a esta pescadora artesanal.
La resistencia en el territorio es una de las satisfacciones que la sostienen firme en el liderazgo, a pesar de los riesgos: “Quisieron sacarnos para no seguir haciendo el monitoreo, pero la resistencia con mis compañeros que buscamos alternativas y estrategias para seguir monitoreando facilitó el trabajo. Entonces ya con el tema jurídico pues nos sentimos muy contentos. Tengo que agradecer a la corporación Credhos que nos acompañó jurídicamente y al Fondo Noruego y a la embajada de Alemania porque nos dieron un abrazo que nos blindó”, destacó Yuly sobre el reciente fallo del tribunal de Santander.
La escena de las audiencias que describe conduce a un riesgo más amplio: en Colombia, defender el medio ambiente es una labor de alto riesgo. En su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia (2022-2025)”, la ONU documentó 64 homicidios de defensores del medio ambiente en los últimos cuatro años. Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado que otro riesgo que sufren los defensores ambientales es la criminalización por parte de las grandes empresas que usan el derecho penal como una estrategia para frenar, deslegitimar y estigmatizar su labor: “Esto es como David contra Goliat. Para nosotros fue un pánico fuerte en el momento que estábamos en las audiencias a raíz de que veíamos todo un pull de abogados de Ecopetrol, de la misma administración de Barrancabermeja, de la empresa Aguas de Barrancabermeja. Y nosotros éramos los maestros y los pescadores artesanales que tienen 90 años los que estábamos en las audiencias”.
Los 12 finalistas de la XV edición del Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, durante la jornada del 7 de septiembre en Bogotá. Crédito: Prensa del evento / Diakonia y Act Iglesia Sueca.
Cauca: tierra de mujeres cuidadoras
De las ciénagas del Magdalena Medio pasamos al Cauca grande en donde la defensa colectiva del territorio se cruza con una de las geografías más violentas para quienes defienden derechos. De esos 410 homicidios, 312 ocurrieron en 10 departamentos del país. Cauca concentró 84 casos, seguido por Valle del Cauca con 37, y Nariño y Arauca con 36 casos cada uno. Históricamente Cauca registra los índices más altos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia debido a una compleja combinación de factores geográficos, económicos, sociales e históricos frente a la lucha por la tenencia de la tierra.
Por ejemplo, subregiones como el norte del departamento y el cañón del Micay son zonas de intensa disputa entre diversos grupos armados. A parte de ser territorios de comunidades organizadas, afro, campesinas e indígenas, también son corredores de movilidad estratégica para conectar a todo el departamento con el mar Pacífico, lo que hace apetecido un territorio que tiene salida marítima y cuya economía sigue ligada al narcotráfico. Sin embargo, la siembra de comida y la protección de los ecosistemas estratégicos que albergan sus montañas y valles sigue siendo parte de la resistencia de sus comunidades organizadas.
En medio de esa disputa territorial, las mujeres indígenas han sostenido formas propias de cuidado y organización. El proceso de Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), creado en 1993, articula esa resistencia frente a las violencias contra niñas y mujeres indígenas. Trabaja con mujeres de los once pueblos indígenas del Cauca y ha desarrollado un Observatorio de Violencias Basadas en Género, una Política de Cuidado y estrategias propias de protección y acompañamiento a sobrevivientes. Ellas fueron las ganadoras de la categoría Proceso Social Comunitario: “su visión articula el fortalecimiento territorial sin perder de vista a la familia como eje central y responsabilidad colectiva, mediante la investigación, la formación, el ámbito político-organizativo y la administración con asambleas regionales rotativas cada dos años”, expresaron los jurados tras la entrega del galardón.
Cuando Mayer Sánchez Velasco subió a recibir el reconocimiento, ubicó el premio en una historia mucho más larga: la del liderazgo femenino gestado durante décadas por las mayoras y sabedoras ancestrales del Cauca, y recordó a sus compañeros asesinados apenas la semana pasada el 31 de agosto: María Ovidia Palechor Anacona y su compañero de vida James Edimer Flor, ambos asesinados en su vivienda. “Este reconocimiento es también para todas aquellas mujeres que han silenciado por defender la vida. Hoy nos llevamos como proceso un gran reto y ese reto es continuar haciendo defensa de la vida, defensa del territorio, defensa de derechos con mucho más ahínco, con el ímpetu de la juventud, de las semillas, de las niñas y de los niños. Con el acompañamiento de los hombres para poder hablar de prevención real de violencias en los territorios, para poder hablar de atención integral a las mujeres que son sobrevivientes de violencia”, expresó.
Mayer Sánchez Velasco, representante del colectivo de mujeres del CRIC, recibe en el Teatro Colón el premio en la categoría Proceso Social Comunitario. Crédito: Prensa del evento / Diakonia y Act Iglesia Sueca.
La representante del CRIC hizo un llamado de alerta por la estigmatización que enfrentan quienes defienden derechos humanos en el departamento. “Yo siento que no es una lucha perdida y esperamos algún día poder tener un país en el cual quepamos todos y todas, donde el trabajo de ser defensor de derechos humanos desaparezca porque las garantías van a estar plenas desde la institucionalidad, desde el Estado, desde las organizaciones para quienes hoy cuidan los territorios”.
La impunidad, el mal que afecta a los liderazgos sociales
Una de esas garantías sigue siendo el acceso efectivo a la justicia. Tanto el informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en describir a la impunidad como un problema estructural, crónico y alarmante que debilita las garantías de protección de líderes sociales en Colombia. De acuerdo con cifras, de los 800 homicidios de personas defensoras de derechos humanos investigados por la Fiscalía, entre 2022 y 2025 solo se obtuvieron sentencias en 55 casos, lo que equivale al 6,87%. En alrededor del 55% ni siquiera se había logrado identificar a una persona presuntamente responsable.
Para la Corporación Jurídica Libertad, esas cifras no son abstractas. Durante más de treinta años se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa integral de los derechos humanos, la justicia ambiental y la construcción de paz en los territorios de Antioquia y Chocó. Su labor abarca la representación de 380 casos individuales y colectivos que visibilizan el dolor de aproximadamente 900 víctimas, en casos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, la lucha contra la impunidad en sitios emblemáticos de desaparición forzada como La Escombrera o La Esperanza y el acompañamiento constante a liderazgos ambientales que protegen el territorio ante la presión de megaproyectos.
La corporación ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría Organización Social y ONG, y así se refirió Sergio David Arboleda Góngora tras el reconocimiento: “Este nivel de impunidad es preocupante porque históricamente hemos exigido garantías de no repetición y sobre todo que hayan políticas afirmativas por parte del Estado colombiano para que se castiguen las agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, estamos ante un contexto de conflicto armado agudizado, pero también estamos en un contexto donde no hay garantías judiciales para la protección y la defensa de los derechos de los defensores de derechos humanos”, apuntó el representante de la Corporación Jurídica Libertad.
La Corporación Jurídica Libertad ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría Organización Social y ONG. Crédito: Prensa del evento / Diakonia y Act Iglesia Sueca.
En su conversación con RAYA, Arboleda enumeró los problemas más recurrentes que enfrenta la organización: la crisis humanitaria en los territorios, la agudización del conflicto armado en las subregiones de Antioquia, el control del paramilitarismo en el territorio antioqueño, así como la estigmatización, la judicialización y la persecución por parte del Estado colombiano. “Estos obstáculos se ven representados en impunidad, en persecución o incluso en que cada vez haya más regresión y negación de derechos en nuestro país. La labor de los defensores y defensoras es una labor fundamental en una democracia que busca el fortalecimiento de un Estado social de derecho y que la población civil y los ciudadanos y ciudadanas tengan las garantías suficientes para vivir dignamente en este país”, aseguró el líder social.
Tras el premio, la Corporación Jurídica Libertad se alista para un periodo turbulento en materia de derechos humanos para el país: “Hoy públicamente reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las poblaciones vulnerables y con ello reafirmamos también que continúa una mirada de lucha, de resistencia, pero también de enfoques de litigio estratégico. No se trata de decir aquí sí vamos o no vamos a defender los derechos humanos, sino cómo lo vamos a hacer. Entonces, se viene mucho trabajo, aquí o afuera, pero se viene mucho trabajo”, puntualizó Arboleda Góngora.
Toda una vida defendiendo los derechos humanos
Después de la justicia, la historia vuelve a otra disputa que atraviesa el país: la tierra. El reconocimiento a Toda una Vida fue para María Bernarda Pabón Rosero, una mujer que comenzó su labor en la década de los 80s cuando fundó el Centro Cultural Comunitario Las Colinas (CECUCOL), una organización de educación popular que convirtió la Comuna 18 de Cali en un refugio de dignidad para familias e infancias desplazadas por el conflicto armado, promoviendo los derechos de la niñez y la gestión comunitaria del agua digna. Cuando María Bernarda subió al escenario a recibir el galardón no pudo ocultar su emoción por el homenaje: “realizó mi labor desde el amor eficaz”, dijo. Ha participado en procesos que lograron la entrega de 1.042 hectáreas de tierra a más de 480 familias campesinas víctimas del desplazamiento, además de sostener la lucha por la vivienda digna en contextos urbanos.
María Bernarda Pabón Rosero, ganadora del reconocimiento a Toda una Vida. Crédito: Prensa del evento / Diakonia y Act Iglesia Sueca.
María Bernarda es conocida cariñosamente como “La Profe”, por las generaciones de líderes que ha formado durante décadas. Su coherencia ética y su voz crítica ante los poderes establecidos fueron algunos de los motivos que llevaron al jurado a tomar la decisión. “Estoy muy emocionada. No me esperaba este reconocimiento, la verdad. Porque el trabajo que uno hace como líder social, como defensora, lo hace siempre de manera desinteresada. El premio lo llena a uno porque vale todo lo que se ha hecho, no solamente por las comunidades, sino por la visibilización que tiene nuestro trabajo que sirve para proteger, acompañar y brindar un espacio como es el Valle del Cauca tan complejo y como la situación que ahora está afrontando todas las familias que hoy estamos en la tierra y que seguimos luchando por un techo y una vivienda digna”, apuntó la líder social en entrevista con esta revista.
El Valle del Cauca, donde María Bernarda ejerce su labor social, es uno de los territorios más peligrosos para el liderazgo comunal de base. La ONU documentó el homicidio de 12 miembros de Juntas de Acción Comunal en el departamento entre 2022 y 2025, convirtiéndose en el cuarto departamento con más asesinatos de este perfil a nivel nacional. El informe identifica una tendencia creciente de agresiones contra defensores en contextos urbanos del país. Específicamente sobre Cali, la capital departamental; asimismo advierte que los ataques contra líderes comunitarios y defensores de base están estrechamente relacionados con "dinámicas de control barrial, economías ilícitas urbanas y disputas por la gobernanza comunitaria"
María Bernarda no es ajena a esta situación. Según le narró a RAYA, su mayor reto ha sido proteger a su familia, especialmente cuando el paramilitarismo intentó secuestrar a sus hijos. Actualmente sigue bajo amenaza paramilitar debido a su labor frente al acaparamiento de tierras por parte del narcotráfico y testaferros. “Para nosotros este reconocimiento nos va a permitir visibilizar y tener incidencia hoy más que nunca, yo tengo amenazas en mi vida por el paramilitarismo, por el tema de la tierra, por defender la tierra en el Valle del Cauca. Nuestro trabajo es seguir acompañando el movimiento campesino, seguir levantando la bandera de la reforma rural integral, esa que nos quiere ahora arrebatar este nuevo gobierno, y seguir levantando de que el campesino es un sujeto de derecho, no un empresario del campo. Tenemos que seguir liberando tierra y ojalá esta visibilización nos ayude a blindar el proceso que hacemos en lo urbano y a blindar el proceso que también hacemos con las comunidades campesinas”, dijo.
Después de casi 40 años de trabajo social, María Bernarda Pabón Rosero sabe que ahora la misión está en formar a la próxima generación de defensoras de derechos humanos. “Para nosotras es fundamental el papel que cumplen los niños y las niñas en la construcción de paz y de país. Desde CECUCOL, la organización de base que fundé hace ya 39 años, siempre le hemos apostado a entender que la niñez no es pasiva: ellos son actores protagónicos, sujetos políticos y defensores activos de sus territorios, desde sus propias viviendas y barrios”, expresó.
Al final, las voces regresan al presente político. Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, la pregunta ya no es solo cómo resistieron, sino en qué condiciones podrán seguir haciéndolo. A lo largo de la jornada se repitió una idea: el panorama es complejo, pero esta es una historia de resistencia que no depende de quién gobierne. Ante un escenario adverso, juntarse y articularse es la forma de defender lo conseguido y alcanzar otros derechos que siguen pendientes de ser garantizados por el Estado colombiano.
