Doce habitantes de La Pedregosa, un territorio de paz de Cajibío, murieron en abril pasado en el atentado de El Túnel que dejó 21 muertos. En los cuatro meses siguientes, María Ovidia Palechor y James Flor reclamaron protección, reparación, salud, inversión social y garantías para permanecer en el territorio, mientras la Defensoría advertía que la respuesta en Cauca no podía ser únicamente militar. Mauricio Capaz, coordinador del Programa de Derechos Humanos del CRIC, denunció “varias persecuciones” contra el grupo comunitario que lideraba María Ovidia. El 31 de agosto pasado, ella y James fueron acribillados en su casa.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
La noche del 31 de agosto pasado, María Ovidia Palechor había llegado a su casa para dormir y cenar junto a su compañero y líder campesino James Flor. Hasta antes de cruzar la puerta, su esquema de seguridad la había acompañado en sus tareas de liderazgo. Minutos más tarde, cuando estaban en la cocina, un grupo de hombres armados llegó a su vivienda en el corregimiento La Pedregosa, de Cajibio (Cauca), quienes les dispararon causándoles la muerte inmediatamente. Los vecinos no escucharon ningún disparo. Sospechan que los autores materiales usaron silenciadores, lo que para ellos es diferente a los otros ataques que ha habido en el departamento. Solo encontraron sus cuerpos en la cocina la mañana siguiente, según la información preliminar que tienen las autoridades indígenas y campesinas del departamento.
María Ovidia Palechor junto a James Flor. Eran dos de los liderazgos más visibles de La Pedregosa.
María Ovidia Palechor llevaba ocho meses advirtiendo que su pueblo —Cajibío— estaba en riesgo por la disputa entre grupos armados ilegales en la zona. Su voz de alerta se amplificó a finales de abril de este año, cuando una de las disidencias de las extintas Farc atacó con un cilindro explosivo una chiva y otros vehículos que transitaban por el sector El Túnel, en la Vía Panamericana, la principal ruta de conexión entre el suroccidente y el centro del país. Ese atentado, ocurrido el 25 de abril, dejó 21 personas muertas y 45 heridas, principalmente de Cajibío.
“Salen los comunicados, todo el mundo habla del hecho que es gravísimo, no hay palabras para describir lo que sucedió allí. Pero el territorio de paz que ha sido el más afectado, que ha colocado más víctimas, el que está en crisis, no ha sido abordado por ninguna institución, nadie nos ha visitado ni preguntado”, dijo María Ovidia dos días después de la masacre en entrevista con Caracol Radio.
Velatón en honor a María Ovidia Palechor y James Flor a las afueras de Medicina Legal en Popayán. Fotografía: @CRIC_Cauca
Ese atentado abrió un nuevo capítulo para el liderazgo de María Ovidia Palechor en el Cauca. Después del ataque en El Túnel las comunidades reclamaron una respuesta integral del Estado con atención humanitaria, salud, protección y alternativas económicas. La Defensoría respaldó esos pedidos y advirtió que la respuesta no podía ser únicamente militar.
En cada espacio institucional en el que se hablaba de las afectaciones que provocó la masacre, María Ovidia exigía acciones de reparación del Estado a las víctimas, medidas de protección colectiva y acompañamiento psicosocial para la población ante el riesgo que significaban los actores armados en el municipio. Al mismo tiempo, la lideresa exigía a los grupos armados respeto por la población civil, principalmente en el Territorio de Paz La Pedregosa, donde ella vivía.
María Ovidia era indígena yanakuna, psicóloga comunitaria y había sido coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estudiaba Derecho Propio en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (Uaiin) en Popayán. Él era representante departamental de la Mesa de Participación de Víctimas, había sido candidato a la alcaldía y adelantaba un emprendimiento de producción de panela.
En 2022, ambos lograron el reconocimiento de su corregimiento La Pedregosa como “Territorio de Paz en Equilibrio y Armonía”, del que hacen parte 20 veredas y un consejo comunitario. Buscaban exigir medidas para la permanencia en el territorio, la reparación colectiva y las garantías de no repetición frente a los crímenes de lesa humanidad de los que habían sido víctimas. James Flor y María Ovidia Palechor dedicaban gran parte de su vida al trabajo comunitario, al reconocimiento de las víctimas y a la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y el campesinado caucano, como parte de la construcción de paz en el territorio.
“María Ovidia era una persona muy maternal y eso la llevaba a sentir mucho lo que las víctimas están pasando y lo convertía en un carácter fuerte a la hora de reclamar y defender sus derechos. Eso marcó su defensa comunitaria”, cuenta Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del Programa de Derechos Humanos del CRIC. “Sus últimas acciones más fuertes fueron sobre la respuesta del Estado después del ataque a El Túnel y por eso estamos seguros que fue asediada y estigmatizada”, agrega Capaz. En otra entrevista, Capaz precisó que en los últimos meses hubo “varias persecuciones” contra el grupo que lideraba María Ovidia, la comunidad de paz de Cajibío.
En los últimos meses, Flor también se había dedicado a acompañar a las juntas de acción comunal para reclamar los derechos de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de La Pedregosa. Además, asesoraba jurídicamente a las juntas de acción comunal con base en lo que aprendía mientras estudiaba para ser abogado. “Lo que sabía siempre lo compartía”, recuerda un campesino que asistió a sus reuniones. Flor defendía especialmente la subsistencia del campesinado, la comercialización de sus productos y la soberanía alimentaria, así como el derecho a la salud en la zona. “Se pedían las necesidades básicas de una comunidad”, agrega el campesino que pidió mantener su nombre en el anonimato por miedo a represalias.
“En varias ocasiones denunciaron sobre las amenazas y riesgos concurrentes, solicitando medidas de respuesta mediante acción urgente al Estado. Hoy, con gran tristeza sus nombres se suman a la dolorosa e interminable lista de líderes y lideresas sociales asesinados vilmente para silenciar sus voces, acciones y liderazgos”, señaló el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en un comunicado.
El asedio sobre Cajibío
La situación humanitaria en el municipio de Cajibío se ha agudizado en los últimos meses. Hace cuatro días, José Deifer Giraldo Herrera y Yerlion Andrey Giraldo Marín, quienes eran firmantes del Acuerdo Final de Paz, fueron asesinados en zona rural de Cajibío después de haber sido interceptados por hombres armados. Tras esos homicidios, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que eran diez los firmantes del acuerdo de paz con las Farc asesinados en 2026.
La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la persistencia de los ataques contra los liderazgos sociales en el país. Según sus datos, entre el primero de enero y el 31 de mayo de 2026, 67 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. El departamento del Cauca había registrado más víctimas, con 16 casos identificados. Por su parte, el CRIC denunció que desde la firma del Acuerdo Final de Paz hasta la fecha, 108 líderes indígenas fueron asesinados en el departamento.
Fuentes consultadas por RAYA en el territorio atribuyen la crisis humanitaria a la confrontación entre el Ejército y las disidencias de las extintas Farc, y denuncian la presencia de estructuras paramilitares en la zona. En agosto se presentaron enfrentamientos entre el Ejército y presuntos integrantes del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas bajo el mando de alias "Iván Mordisco", en los corregimientos de Ortega y Chaux, municipio de Cajibio, como lo reportó la Defensoría. Según esa entidad, hubo hostigamientos y ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones, que pusieron en riesgo a la población civil en siete veredas.
Alerta temprana 007 de 2023 de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo inminente de la población en Cajibío.
Según Leonardo González, director de Indepaz, el Frente Jaime Martínez de las disidencias tiene presencia en la zona y, además, realiza “patrullajes, instala retenes ilegales y restringe la movilidad de la población”. Asimismo, señaló que se registra movimiento en la zona de los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, también del Bloque Occidental, y de otras bandas locales. En ese marco de asedio, ocurrieron los asesinatos de María Ovidia, James y los dos firmantes de paz.
Un defensor de derechos humanos del Cauca, quien pidió mantener el anonimato por miedo a represalias, dijo que a ese panorama se han sumado las investigaciones contra el general Federico Mejía, quien había sido comandante de la Tercera División del Ejército, y su presunta relación con grupos paramilitares en el corregimiento de Ortega, Cajibío. En mayo de 2025, la revista Semana publicó unos videos en los que presuntamente soldados del Ejército patrullaban junto a civiles armados, vestidos de negro.
El reportaje reveló chats en los que Mejía aparentemente hablaba con “Joselito”, un hombre que, según la publicación, organizaba grupos paramilitares para enfrentar a las disidencias de las Farc en la zona. Sobre la denuncia, Mejía reconoció que sí tenía contacto con “Joselito” y que el sargento Berrío, otro de los señalados en los chats, formaba parte de su unidad militar. Asimismo, le dijo a Semana que la información hacía parte de una campaña de desprestigio en su contra por las operaciones contra las disidencias.
Durante meses, María Ovidia Palechor y James Flor reclamaron atención del Estado para que garantizara su vida y la de su comunidad. Su demanda no era solo en materia de seguridad sino de oportunidades y de alternativas de desarrollo; de atención como víctimas históricas de una violencia que no ha menguado en su territorio.
La Defensoría del Pueblo durante años ha documentado el caso Cajibío. Ese proyecto comunitario, liderado por Flor y Palechor, entendía la paz como algo más que seguridad: permanecer en el territorio, sostener la vida, producir, organizarse y decidir sobre su propio futuro. Su desaparición física no solo afectó a Cajibío sino a todo un departamento que año tras año sigue ocupando las cifras más altas de ataques a líderes sociales y masacres contra la población civil. “Esperamos respuestas integrales en torno a protección, prevención y acceso a la justicia, a ella la asesinaron pidiendo esto”, dijo Mauricio Capaz, quien advirtió que los pueblos indígenas siguen padeciendo el exterminio físico y de su cultura.
