Artes para la Paz llevó formación artística a más de 3.000 instituciones educativas y a cerca de 800.000 personas. En territorios históricamente golpeados por el conflicto, vinculó el arte con la convivencia, el tejido social y la construcción de paz. Su continuidad importa porque permitiría sostener una red territorial de formación artística, trabajo cultural y acceso a las artes que el programa construyó durante los últimos tres años.
Por: Juan Sebastián Lozano
Artes para la Paz fue la apuesta cultural más ambiciosa del gobierno de Gustavo Petro, liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en articulación con el Ministerio de Educación. El programa se inscribió en el Sistema Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural para la Convivencia y la Paz (Sinefac), reglamentado por el Decreto 458 de 2024, y en la Ley 2555 de 2025, conocida como Ley Artes al Aula, que estableció medidas para incorporar las artes y la cultura en las instituciones educativas oficiales. Entre 2023 y el 30 de junio de 2026 llegó a cerca de 800.000 personas en más de 3.000 instituciones educativas oficiales, con procesos de música, danza, teatro, escritura creativa y producción audiovisual. El programa no se limitó a enseñar disciplinas artísticas: incorporó cultura de paz, inclusión, género, bienestar psicosocial y diversidad como parte de los procesos de formación y convivencia en los territorios.
Esa cifra de beneficiarios necesita una precisión. Manuel Calderón, quien coordinó el Grupo Interno de Trabajo en Educación y Formación Artística y Cultural (GIT EFAC) del ministerio saliente, le dijo a RAYA que entre 2023 y junio de 2026 el programa reportó más de 1.408.609 cupos ofertados, cifra que corresponde a 791.838 personas únicas atendidas. "La cifra de cupos no debe interpretarse como personas diferentes, sino como participaciones acumuladas en los procesos de formación; un mismo estudiante pudo ser beneficiario en más de un ejercicio de formación artística en un mismo período o año escolar."
Detrás de esos números hay una maquinaria de siete convenios interadministrativos con universidades públicas —Caldas, Cauca, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Antioquia, el Atlántico, entre otras— y con la Fundación Nacional Batuta operando el componente musical. Cada una es responsable de un pedazo del mapa: el eje cafetero y el Tolima, el Amazonas y la Orinoquía, el Pacífico caucano, el Urabá antioqueño.
Lo que las cifras no cuentan
La importancia del programa va más allá de los números. Para el gobierno de Petro, Artes para la Paz fue una manera de educar para fortalecer la vida en comunidad y promover cambios culturales orientados a la convivencia y la construcción de paz: la formación artística como apuesta por despertar la sensibilidad humana y social y, sin duda, también una manera de generarle empleo a profesores de artes y gestores culturales. Ambos aspectos hablan de una concepción del Estado y de una idea de la cultura.
Algunos gestores de Artes para la Paz estuvieron en la última Feria Internacional del Libro de Bogotá y allí hablaron del programa. Maryland Núñez, gestora territorial en Yopal, Casanare, contó que "el programa Artes para la Paz ha transformado el territorio casanareño de gran manera, dado que ha llegado a la mayoría de los colegios y establecimientos educativos de mi departamento". "Artes para la Paz es una oportunidad de que se visibilice el arte como una de las maneras de decir que estamos vivos en un territorio", dijo, por su parte, Iván Alexánder Ágreda, gestor cultural del Putumayo, indígena y formador en Sibundoy. Y Adrián Alonso Perán Ramírez, indígena del pueblo Cubeo y sabedor en Guaviare, resumió el sentido comunitario del programa con una frase sencilla: "nos sentimos muy agradecidos porque este programa ha llegado a todos los rincones del país y, en especial, a los más olvidados, que han sido también los territorios y comunidades indígenas".
Desde otro lugar de la operación, la de quien tiene que armar el rompecabezas logístico para que esos formadores lleguen a tiempo, Héctor Yovanny Betancur Santa, director del programa Artes para la Paz en la Región 4 —la que opera la Universidad de Caldas en el eje cafetero, el Tolima, el Valle del Cauca y Cundinamarca— hablaba en marzo, al arrancar la vigencia 2026, con el mismo entusiasmo de quien no sabía todavía que en pocos meses cambiaría el gobierno: "ya tenemos bastante adelantada la contratación de los equipos territoriales y de los artistas formadores que estarán en los territorios impartiendo esta formación artística que nos lleva a la construcción de paz a través del arte". Esa región, solo ella, proyectaba 159.400 beneficiarios directos entre 2025 y 2026, en más de 1.000 instituciones educativas.
Ana Milena Pérez, madre de una beneficiaria del Centro Musical de Turbo, Antioquia, cuenta en un testimonio recogido por la Fundación Batuta: "este programa ha generado un cambio positivo en mi familia [...] nos ha permitido fortalecer la comunicación, crear vínculos mucho más fuertes, mejorar la confianza de mis hijos. Yo como madre me he vinculado más en la educación de ella". En el mismo registro de testimonios, Jhoselin Coral Núñez, violinista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Asís, Putumayo, resume lo que le ha dejado la música con una frase que va más allá de lo técnico: "la música me ha servido para darme cuenta de que la música no solo es tocar un instrumento, sino que también llena el vacío en mi interior y en el mundo, si no hay música se pierde el color de la vida".
Las grietas que el propio Ministerio admite
La ejecución de Artes para la Paz tuvo varias dificultades, dice Manuel Calderón: "un programa de esta escala territorial tuvo desafíos importantes, y creo que es conveniente reconocerlos con objetividad porque también constituyen aprendizajes institucionales". El primero, el más estructural: el choque entre el calendario del Estado y el calendario escolar. "Los procesos de formación requieren comenzar oportunamente y conservar continuidad durante el ciclo escolar, mientras que la estructuración, celebración y ejecución de convenios está sometida a los tiempos propios de la gestión presupuestal y contractual." En la práctica: el Estado tarda en firmar lo que los niños necesitan que empiece a tiempo. A eso se suman los retos de vinculación y permanencia de los artistas formadores, el cierre de un número considerable de convenios, y la falta de un sistema capaz de diferenciar con precisión personas, cupos, sedes e inversión.
También están las dificultades del territorio, en zonas con poca presencia del Estado y gravemente afectadas por el conflicto armado. El entonces viceministro Fabián Sánchez lo contó así en 2025, en una entrevista con El Tiempo: "al Cauca fue casi imposible llegar. Primero fue complejo encontrar al profe y eso ya se hizo. Después no lo dejaban entrar. Luego, al profe de artes lo dejaron entrar en situaciones de guerra con un chaleco amarillo. En Catatumbo, por ejemplo, pudo entrar porque lo identifican y por ser el profe de música del colegio".
Esa misma fragilidad volvió a aparecer justo en el momento del cambio de gobierno. En agosto, la Universidad del Cauca —operadora del programa en Cauca, Nariño y Huila, la Región 2— reportó una demora en el cuarto desembolso del convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio, pese a haber cumplido, según una certificación del propio supervisor ministerial fechada el 11 de junio, todos los requisitos contractuales exigidos. El cuello de botella, atribuido a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio de Hacienda, dejó sin pago durante semanas a artistas formadores, sabedores, gestores territoriales y proveedores que ya habían ejecutado su trabajo en municipios de la región —varios de ellos, zonas PDET del Pacífico caucano, donde el arte lleva años intentando ocupar el lugar que antes ocupaba la guerra. Mientras en Bogotá se discutía quién iba a heredar el programa, en el Cauca la gente que ya había dado las clases seguía esperando que le pagaran por dictarlas.
Presupuesto y dudas sobre la continuidad
¿Cuánto presupuesto necesita el programa para seguir? Dice Calderón: "no considero técnicamente responsable establecer una cifra única sin definir primero qué alcance se pretende mantener". El costo depende de cuántos estudiantes y territorios se quiera atender, de la intensidad de los procesos, de las condiciones laborales de los formadores, de cuánto aporten universidades y alcaldías. "La información financiera de las vigencias anteriores debe servir como referencia [...] pero no debería convertirse automáticamente en una obligación presupuestal para la nueva administración."
Detrás de toda esta contabilidad hay una discusión de fondo: qué es la cultura para el Estado, y qué será para el nuevo gobierno. Un cruce de mensajes en la red social X, ocurrido en plena etapa de empalme, expuso esa discusión sobre el lugar de la cultura y la educación artística. El 2 de agosto, la entonces ministra designada Paola Holguín denunció en esa red una supuesta oleada de nombramientos de última hora en el Ministerio saliente. La ministra Yannai Kadamani no tardó en responderle; en un largo trino, sostuvo: "hace apenas unos días su presidente habló de la importancia de la educación artística. La invito a conocer el programa más ambicioso que ha tenido Colombia (Artes para la Paz) para garantizarla en los colegios públicos. Y, de paso, a ampliar la conversación. La cultura puede generar industria, sí, pero antes que eso es un derecho. Confundir una cosa con la otra termina empobreciendo ambas".
Sobre la continuidad del programa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, Calderón traza una línea que conviene tener clara: una cosa es lo que ya está resuelto jurídicamente, y otra lo que depende de una decisión política. Los convenios firmados hasta el 6 de agosto "continúan sujetos a sus respectivos plazos, obligaciones, pagos, informes y procesos de cierre". Pero si habrá o no un Artes para la Paz en 2027, con la misma escala, "corresponde legítimamente al nuevo gobierno, dentro de sus prioridades y del marco presupuestal aplicable". Tampoco hay, dice, una fecha única de vencimiento para los contratos de los formadores: cada convenio, cada universidad, cada calendario regional tiene la suya.
Sobre el empalme, Calderón asegura que el GIT EFAC entregó al equipo entrante información sobre "cobertura territorial y poblacional; convenios y procesos contractuales; ejecución y cierres pendientes; artistas formadores; dotaciones; sistemas de información [...] y riesgos y asuntos que requerían seguimiento". No para condicionar al nuevo gobierno, aclara, sino para que decida "en el marco de su visión y liderazgo".
¿Y hubo algún compromiso concreto de continuidad? Aquí es donde Calderón, con la prudencia de quien todavía cree en las instituciones más que en las personas, hace la distinción que quizás más importa: una cosa es la continuidad de Artes para la Paz "con su actual denominación, estructura operativa, cobertura y esquema presupuestal", y otra muy distinta es la continuidad de los procesos de educación artística en general, que "cuentan con desarrollos institucionales y normativos que trascienden un programa o un período de gobierno". Rescata, en ese sentido, que Abelardo de la Espriella, siendo presidente electo, haya dicho en un encuentro de empalme en Ibagué, el 28 de julio, que le interesa avanzar en la incorporación de las artes en las aulas.
Esa señal convive con un choque más amplio del nuevo gobierno con la institucionalidad encargada de implementar el Acuerdo Final de 2016. Antes de posesionarse, De la Espriella anunció la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, cuyas funciones pasarían a un comisionado de seguridad, bajo la consigna de que no habría más "procesos de falsa paz". La Corte Constitucional ha reconocido el Acuerdo Final como una política de Estado cuya implementación compromete de buena fe a todas las autoridades. Ese choque no equivale a una postura sobre Artes para la Paz ni permite anticipar su continuidad, pero vuelve relevante la pregunta por el lugar que tendrá un programa que articula educación artística, convivencia, tejido social y construcción de paz. Calderón se cuida de no sobreinterpretarlo: "esa manifestación no debería interpretarse, por sí sola, como un compromiso de mantener Artes para la Paz exactamente en los términos en que venía funcionando". La decisión, insiste, "corresponde legítimamente a la nueva administración".
Así que ahí queda la fotografía, incompleta pero verificable: un programa premiado nueve días antes de que se acabara el gobierno que lo hizo posible; siete universidades y una fundación operando en territorios PDET y ZOMAC sin certeza sobre lo que sigue; una crisis de pagos reciente que resume, en un solo convenio, todo lo frágil que puede ser incluso lo que funciona bien; y un gobierno nuevo que habla de fortalecer la educación artística en abstracto, pero todavía no ha dicho si mantendrá una apuesta que vinculó arte, convivencia, tejido social y construcción de paz en los territorios.
RAYA consultó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Ana María Abello Restrepo, sobre el futuro de Artes para la Paz. Al cierre de esta edición, estábamos a la espera de respuesta.
