La desaparición y asesinato de un reconocido sacerdote en 2024 dejan al descubierto una trama de crimen y poder que apunta, una vez más, hacia la banda criminal La Cordillera. RAYA revela negocios del sacerdote Darío Valencia con un emisario del narcotráfico y pistas que la Fiscalía deberá analizar en su investigación.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La tarde del viernes 20 de septiembre de 2024 hombres del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontraron los restos del sacerdote Darío Valencia Uribe en un paraje boscoso a una hora de Pereira, en jurisdicción de Belalcázar (Caldas). El cura Valencia desapareció el 25 de abril del año pasado, cuando acudió a una cita con Julián Eduardo Cifuentes, un exescolta y chofer, amigo suyo, con quien iba a cerrar la venta de una camioneta.
Esa misma semana, Cifuentes se fugó a París (Francia), donde fue encarcelado e interrogado meses después. Durante el interrogatorio, entregó las coordenadas del cadáver y confesó que asesinó al sacerdote. Según su versión, le disparó dentro del vehículo aún en Pereira, para luego trasladar y ocultar el cuerpo en un paraje de difícil acceso a más de treinta kilómetros de la ciudad, en jurisdicción del departamento de Caldas. No explicó las motivaciones del crimen, que tiene similares características a un ajuste de cuentas mafioso.
Julián Eduardo Cifuentes, quien fuera chofer y presunto escolta de mafiosos, se adjudicó la responsabilidad por el crimen y entregó las coordenadas para hallar el cadáver
Cifuentes, quien era chofer y presunto escolta de mafiosos, asumió la responsabilidad del asesinato y entregó las coordinadas del cadáver. Sin embargo, uno de los disparos impactó el tablero de la camioneta, lo que sugiere la posible participación de una tercera persona, ya que el disparo provendría de la parte trasera del vehículo. Además, resulta poco creíble que Cifuentes haya cargado solo el cadáver hasta el lugar donde fue encontrado.
Otra versión puesta en duda es que el homicidio y la desaparición estuvieran motivados por el robo de la camioneta, pues aquella fue hallada, días después, en un parqueadero de Viterbo (Caldas) con rastros de sangre y disparos. Cifuentes había dejado el vehículo en ese lugar, pagando un mes de parqueo por adelantado.
Tampoco se ha probado una relación sentimental entre ambos hombres, como se especuló en un primer momento, aunque está confirmada la amistad del sacerdote Valencia con Cifuentes, quienes se conocían desde que Valencia fue párroco en Apía (Risaralda), años atrás. Además, videos de las cámaras de seguridad, de una gasolinera en el centro de Pereira, donde Cifuentes laboraba como pistero, evidencian que el sacerdote se había reunido con él en múltiples oportunidades.
Imágen de las cámaras de seguridad de la gasolinera en el centro de Pereira que el propietario entregó a la Fiscalía para esclarecer el crimen. En varias ocasiones Julián Eduardo Cifuentes y el sacerdote Valencia se encontraron en este sitio aparentemente para cerrar negocios
Según personas allegadas al caso, Cifuentes estaba involucrado en negocios de préstamos ilegales, más conocidos como “gota a gota” y mantenía cercanía con Diego Pereira o Don A, alias del narcotraficante perfilado por varios informes de inteligencia como cabeza de la banda criminal La Cordillera, de quien Revista RAYA reveló, en una investigación anterior, que había celebrado su cumpleaños, en plena pandemia, con un concierto privado del reguetonero paisa José Balvín.
Estas evidencias hacen poco probable que Julián Eduardo Cifuentes sea el único implicado en el asesinato y desaparición del cadáver del sacerdote, como él mismo aseguró ante las autoridades francesas y colombianas. Es posible que este caso se trate de un “bola de mugre”, término usado por delincuentes para referirse a los procesados que, bajo amenazas, asumen toda la responsabilidad de un crimen, y sus consecuencias judiciales, para encubrir a los verdaderos autores intelectuales.
Un negocio con la mafia
RAYA encontró una pista que demuestra que el sacerdote Darío Valencia Uribe manejaba costosas propiedades y que, al menos, cuatro de ellas terminaron en poder de personas cercanas a la mafia mediante transacciones que el sacerdote hizo unos meses antes de su asesinato.
Entre las propiedades figuran un apartamento y un parqueadero en el Edificio Aida, junto a un local comercial; y otro parqueadero en el Edificio Palacio Hermanos, todos en el centro de Perira. El sacerdote transfirió estos bienes el 10 de agosto de 2023 a un hombre y una mujer mediante escrituras sucesivas realizadas el mismo día en la Notaría Quinta de Pereira. Las transacciones superaron los 300 millones de pesos, pero no reposan junto a las escrituras recibos de consignaciones, transferencias o cheques que respalden que el sacerdote recibió tal dinero.
El supuesto comprador fue identificado como Jorge Eliécer Blandón Llanos, quien registra antecedentes por narcotráfico. La otra compradora, de quien omitimos su identidad, es una mujer domiciliada en Dosquebradas (Risaralda), quien en 2008 figuró en un proceso de divorcio con Blandón. Ambos firmaron junto al sacerdote Darío Valencia ese 10 de agosto en la notaría.
RAYA logró establecer que Jorge Eliécer Blandón Llanos es un emisario de la mafia pereirana relacionado en noticias judiciales por lo menos desde diciembre de 1994, cuando el diario El Tiempo mencionó su nombre en una nota sobre capturas tras un allanamiento en Pereira con el que se incautaron 60 kilos de cocaína.
Jorge Eliécer Blandón Llanos fue sentenciado a diez años de cárcel por narcotráfico. Su nombre aparece vinculado a la mafia pereirana desde diciembre de 1994 cuando El Tiempo lo mencionó en la noticia de un allanamiento.
Blandón volvió a aparecer en expedientes judiciales dos veces más. La primera en 2009, en el contexto de un pleito por una estafa, pues demandó a Diana Marcela Puerta Sánchez y su hermano Alexánder Puerta Sánchez, alias “Company”, otro conocido de la mafia pereirana, ambos actualmente inmersos en un proceso de extinción de dominio por su pertenencia a un brazo de La Cordillera que exportaba cocaína a Hong Kong y Europa. Puerta Sánchez era el socio de Jhonny Bedoya Herrera, otro narcotraficante que tuvo negocios y líos jurídicos con César Giraldo, alias “Calzones”, como lo reveló la Revista RAYA.
En 2015 Jorge Eliécer Blandón fue condenado en Ecuador a diez años de prisión luego de que fuera detenido en flagrancia el primero de mayo de ese año en la provincia de Esmeraldas mientras transportaba cocaína y 112 mil dólares en efectivo desde la frontera con Colombia, hacia Guayaquil. Blandón cumplió menos de cinco años de cárcel al beneficiarse de una medida de libertad condicional, comprometiéndose a trabajar como obrero en una empresa a las afueras de Guayaquil, agregando que viviría en la casa de su novia ecuatoriana en el Fortín de la Flor, un sector empobrecido y violento al norte de esa ciudad. Terminó de pagar su condena en 2022.
Así informó la prensa ecuatoriana del operativo en que cayó Blandón. Diario La Hora Tungurahua del 5 de mayo de 2015.
Detalles de las sentencias judiciales que hallaron culpable a Blandón de tráfico de cocaína
No se ha establecido el origen del dinero con que Jorge Eliécer Blandón supuestamente compró las propiedades al sacerdote Darío Valencia ocho meses antes del asesinato, toda vez que Blandón apenas hacía un año que había terminado de pagar su condena en Ecuador, donde declaró vivir en un barrio empobrecido de Guayaquil.
La dirección de residencia que registró en la notaría al momento de concretar el negocio con el sacerdote Valencia en agosto de 2023 corresponde a una humilde vivienda de la carrera segunda con calle 20 de Pereira, un populoso sector de estrato bajo aledaño al río Otún.
Blandón tampoco consignó ante la notaría su verdadero número de teléfono y correo electrónico, en cambio dejó los datos de un primo suyo propietario de un taller de reparación de vehículos. RAYA contactó a este hombre que se negó a facilitar una forma de comunicación con Jorge Eliécer Blandón, asegurando que aquel se encontraba fuera del país.
Los testamentos
Las propiedades que el sacerdote Darío Valencia transfirió al narco Jorge Eliécer Blandón, así como otra valiosa casa con lote en el centro de Pereira, las cuales fueron vendidas por 540 millones de pesos a una desconocida empresa hotelera, tendrían en realidad que haber sido destinadas a la beneficencia. El sacerdote las había recibido como herencia de una acaudalada anciana que lo incluyó en su testamento con la expresa condición de que los bienes sirvieran para labores sociales de la iglesia católica local.
El asunto se remonta a 2014 cuando el sacerdote Darío Valencia apareció mencionado en el testamento de la señora María Edilma Aristizabal Cañas, una anciana devota y ama de casa, soltera y sin hijos, nacida en Santa Rosa de Cabal en 1925, quien figuraba como propietaria de millonarios títulos valores, acciones de empresas y una docena de bienes inmuebles, entre ellos, fincas, casas, apartamentos y locales comerciales del centro de Pereira y Santa Rosa. La señora Aristizabal había adquirido aquel patrimonio por una herencia que le dejó su hermano Camilo Aristizabal Cañas quien falleció en 2004.
En su testamento, protocolizado con la escritura 3.552 de 2014 de la Notaría Primera de Pereira, la señora Aristizabal declaró que deseaba legar la mayoría de sus bienes a la iglesia en cabeza de la diócesis local, con los propósitos manifiestos de que se creara una fundación diocesana que llevaría sus apellidos, además, para que se construyera una nueva parroquia bautizada San Camilo -el nombre de su hermano millonario-, y para que se brindara ayuda económica a las parroquias pobres de la ciudad así como a la Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza. El documento establecía que el sacerdote Valencia Uribe sería parte de aquella fundación diocesana que iba a administrar dichas propiedades.
En contraprestación la señora Aristizabal solicitaba que se celebraran treinta misas gregorianas después de su muerte y una eucaristía mensual a nombre de la familia Aristizabal Cañas mientras existiera la fundación que, no obstante, jamás se constituyó.
Pero las cosas cambiaron en 2019 cuando un nuevo testamento revocó al anterior con la escritura 3.875 de la Notaría Tercera de Pereira. Aunque la señora Aristizabal seguía anhelando las mismas treinta misas y la construcción de una parroquia con el nombre de su hermano, ya no legó la mayoría de sus bienes a la iglesia, sino tan solo un apartamento y una finca rural de Santa Rosa de Cabal, junto a dos pequeños lotes funerarios en el cementerio Prados de Paz.
En cambio, quien aparecía en el nuevo testamento como el heredero de dos de sus apartamentos, dos parqueaderos y dos casas en Pereira y Santa Rosa, era el sacerdote Darío Valencia Uribe. Además, en el entretanto de ambos testamentos, el de 2014 y el de 2019, una valiosa casa con su lote en el centro de Pereira dejó de pertenecer a la señora Aristizabal y pasó, a través de un Fideicomiso, a nombre del sacerdote Valencia y de su madre María Doris Uribe. Valencia la vendió el 9 de diciembre de 2022 a una empresa hotelera llamada Luma Plaza por más de quinientos millones de pesos.
No obstante, aquella no era todavía la última voluntad de la señora Aristizabal, pues el 13 de mayo de 2021, a sus 95 años cumplidos volvió a revocar el testamento y suscribió uno nuevo a través de la escritura pública 2.970 de la Notaría Tercera de Pereira. En este nuevo documento ya no se habló de misas gregorianas y la iglesia tampoco figuró como heredera de ninguno de sus bienes, sino que la mayoría quedaron como herencia para el sacerdote Darío Valencia Uribe. Estos eran: un automóvil, una casa en Santa Rosa de Cabal, tres apartamentos, cuatro parqueaderos y el local comercial que el padre Valencia le entregó luego al narco Blandón Llanos.
Detalles del último testamento de la señora Aristizabal Cañas donde el sacerdote Valencia quedó con la mayoría de sus bienes
Otro sujeto llamado Luis Carlos Jaramillo Murillo, que no figuraba en los testamentos anteriores, recibió como herencia uno de los apartamentos de la señora Aristizabal con la condición de que no podría venderlo. La finca de Santa Rosa de Cabal que antes era para la diócesis quedó en poder de una sobrina de la señora Aristizabal.
La señora María Edilma Aristizabal Cañas falleció meses más tarde, el 14 de abril de 2022, sin que hubiera dejado un nuevo testamento. Como testigos de los tres testamentos comparecieron dos amigas del padre Darío Valencia, una modelo y una joven estudiante universitaria, que restringieron sus perfiles en redes sociales tras la desaparición del sacerdote en abril de 2024.
La jerarquía eclesiástica, aunque ha ofrecido ruedas de prensa, no entregó mayor información sobre el crimen del sacerdote Valencia más allá de admitir que las posibles motivaciones fueron “económicas”. Monseñor Rigoberto Corredor, anterior obispo de Pereira, sostuvo no tener ningún conocimiento sobre los negocios y las herencias que había recibido el sacerdote: “no hay un control total en las diócesis con respecto a las propiedades de los padres diocesanos, no tenemos ningún dato al respecto”, aseguró.
La iglesia contrató a tres reconocidos abogados de la ciudad que también suelen llevar casos penales por narcotráfico: se trata de Renato Marín, el veterano Benjamín Herrera y Julián Dávila, quienes actúan en el proceso defendiendo los intereses de la diócesis en calidad de víctima por la desaparición y asesinato del sacerdote.
RAYA contactó por diferentes medios a los encargados de prensa de la diócesis pero al cierre de este reportaje no había obtenido respuesta. Aún no hay claridad sobre por qué el sacerdote Darío Valencia Uribe administraba y negociaba costosas propiedades que terminaron en manos de condenados por narcotráfico, por ello, la Fiscalía esclarecerá con urgencia las reales motivaciones del crimen y quiénes fueron sus determinadores.
