La Corte Suprema condenó al general (r) Rodolfo Palomino por presionar a una fiscal para frenar la orden de captura contra uno de los empresarios más poderosos del país: Luis Gonzalo Gallo, acusado de aliarse con los paramilitares para el despojo de más de 20.000 hectáreas a los campesinos de Tulapas. Un audio entre la fiscal y Palomino constituye la principal prueba del proceso. Palomino menciona los nombres de un expresidente de la República y de un colombiano que presidió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como forma de presión a la funcionaria. RAYA revela la grabación:
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, por el delito de tráfico de influencias. Según la Corte, Palomino intervino ilegalmente ante la fiscal Sonia Lucero Velásquez con el fin de beneficiar al empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, quien era directivo del Fondo Ganadero de Córdoba, y así evitar una orden de captura en su contra que era inminente en febrero de 2014. Gallo enfrentaba una investigación por despojo de tierras en la región de Tulapas, entre Córdoba y el Urabá antioqueño.
Para la Corte, la prueba más importante es un audio de 47 minutos, el cual fue grabado por la fiscal Velásquez, quien había iniciado la investigación contra Gallo y otros nueve directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, acusados de despojar más de 40.000 hectáreas de tierra y de desplazar forzosamente a más de 130 familias campesinas de Córdoba y Urabá en una alianza con los paramilitares de Carlos Castaño. Entonces, el Fondo Ganadero estuvo dirigido por Benito Osorio Villadiego, entre 1997 y 2007, un hombre que se convirtió en testigo clave del entramado en la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Cuando el general Palomino visitó la residencia de la fiscal, el 8 de febrero de 2014, acompañado del entonces director de la DIJIN, el Mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, ella decidió grabarlo porque no sabía qué tipo de propuesta le iba a hacer el entonces Director de la Policía Nacional. En uno de los primeros apartados del audio, Palomino fue al grano y le dijo que le tenía una propuesta que esperaba no sea “calificada de indecente” y estaba relacionada con el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo y su investigación por despojo y desplazamiento forzado.
Así se oye decir a Palomino en la grabación a la que accedió la revista RAYA: “Oiga doctora, para no quitarle mucho tiempo, dentro de este listado que son como 14 personas, cuando uno ve el nombre de este personaje: Luis Gallo Restrepo, pues uno se sorprende y sorprende a todo el mundo. Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta, espero que no sea clasificada como una propuesta indecente, qué tal si dejamos eso pendiente”, dice el general retirado en un tono de voz bajo.
Enseguida, el entonces general de la Policía le dió argumentos personales a la fiscal para que considerara su propuesta de dejar la investigación contra Gallo Restrepo pendiente. De esa manera, Palomino le aseguró que Gallo era amigo personal del expresidente Andrés Pastrana y de Luis Alberto Moreno, entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hermano del senador republicano Bernie Moreno, quien ha cuestionado a la justicia tras el fallo condenatorio contra el expresidente Uribe. Ese día, Palomino le dijo a la fiscal: “Ese hombre de bien estaba haciendo, a través de la fundación de él, una recepción de recursos, de donantes, de puros filántropos, gente que con dinero quieren ayudar a las causas más nobles. Amigo personal de Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial, el doctor Moreno, eso tendría una connotación enormemente grave”, se oye decir al ya condenado general en retiro Rodolfo Palomino.
Cuando Rodolfo Palomino le preguntó a la fiscal Sonia Velásquez cómo veía la propuesta, la funcionaria la rechazó enfáticamente y aseguró que las personas tenían que responder por sus conductas, sin importar su prestigio en la sociedad. “La propuesta que me hace es imposible desde el punto de vista de la legalidad, y de todo, porque la prueba existe y tengo los testimonios directos. Lo que pasa es que las personas tienen un presente, pero también tienen un pasado, y uno en la vida responde cuando no han prescrito las conductas y cuando son de ejecución permanente, no por las conductas solo de ahora, de prohombre que es ahora, sino también por lo que alguna vez, cuando no era famoso, hizo. Ese es el detalle con él”, se escucha la fiscal responder a Palomino.
Al rechazar la propuesta de no ordenar la orden de captura contra Gallo Restrepo, fue entonces cuando la fiscal le preguntó a su interlocutor si el Fiscal General, en ese entonces Eduardo Montealegre, sabía ya que era su jefe y entre ellos eran cercanos. Así respondió Palomino. “Yo todavía no le he dicho nada a él. Es más, le digo, yo hablé esto con el ministro de Defensa, (Juan Carlos Pinzón), pero el ministro no sabe que estoy hablando con usted, le digo esta infidencia para que tampoco se vaya a sorprender con esto. No es que él tenga una posición o él me haya dicho que hable con la fiscal, esto lo estoy haciendo a mutuo propio”, afirmó Palomino.
Ante la respuesta, la fiscal Velásquez fue contundente. “Yo, mi general, ya le dije que mi decisión jurídica es mantenerme porque existe la prueba”, concluyó. Ese mismo sábado, luego de la reunión con Palomino, la fiscal continuó en su tarea, el domingo 9 emitió la orden de captura y el lunes 10 el empresario Luis Gonzalo Gallo fue capturado en el Aeropuerto El Dorado, a punto de salir del país.
En su decisión de condenar a Palomino por tráfico de influencias, la Corte Suprema consideró que la grabación de la fiscal fue determinante para evidenciar la intencionalidad de Palomino al influir en el proceso judicial. Según el fallo, lo que hizo Palomino fue un “acto dirigido a interferir en el funcionamiento independiente del sistema penal a través del prestigio y poder del cargo que ostentaba el General”.
La Corte Suprema dejó claro que la grabación realizada por la fiscal Sonia Lucero Velásquez es plenamente legal y válida como prueba. En su fallo, el alto tribunal recordó que una víctima puede registrar una conversación en la que participa para proteger sus derechos y preconstituir evidencia, sin que se configure una interceptación ilegal ni se vulnere la intimidad de su interlocutor. “La influencia susceptible de reproche penal es la que se centra en la satisfacción de intereses que solo atañen al agente o a un tercero y no a la comunidad o al Estado”, señala la sentencia al explicar el alcance de este tipo de conductas y la importancia de documentarlas. En este caso, la fiscal captó en audio, de forma voluntaria y directa, la reunión sostenida con el entonces director de la Policía Nacional, cumpliendo además con la cadena de custodia y la entrega oficial del archivo.
A esta autenticación personal se sumó la verificación técnica del CTI de la Fiscalía. El perito Andrés Vargas Durán sometió el archivo a un análisis forense especializado y concluyó que no presentaba cortes, ediciones ni alteraciones: la señal de audio era continua, uniforme y sin distorsiones. Este doble respaldo —jurídico y técnico— reforzó el valor probatorio del audio de 47 minutos, considerado por la Corte como el elemento central para condenar a Palomino. Con este soporte probatorio, el alto tribunal no tuvo dudas para emitir un fallo condenatorio.
La condena de Rodolfo Palomino no solo afecta al general retirado, también envía un mensaje claro sobre la importancia de mantener la independencia del poder judicial en Colombia. En un país donde las relaciones entre el poder político, económico y judicial a menudo se entrelazan, este fallo se erige como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, sin importar su posición en la estructura de poder. Por este delito, Palomino podría enfrentar una pena de 8 años de prisión. Sin embargo, se espera que en los próximos días el juez dicte la pena y determine si va a una cárcel, a prisión domiciliaria o a alguna guarnición militar.
El despojo que Palomino quería dejar en la impunidad
La historia que llevó a la condena de Rodolfo Palomino comenzó en noviembre de 2014, cuando la Fiscalía investigaba el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de 130 familias de los municipios antioqueños de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, en una zona rural conocida como “Tulapas”. De acuerdo con las investigaciones, alrededor de 20.000 hectáreas de tierras fueron arrebatadas a sangre y fuego a los campesinos de esa región por parte de los paramilitares de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU). Aunque las fincas usurpadas habían sido tituladas a campesinos y colonos, la mayoría de predios fueron “legalizados” después del despojo paramilitar gracias a una compleja red de maniobras corruptas en notarías y oficinas de registro, en un plan criminal que se lideró desde el Fondo Ganadero de Córdoba gerenciado por Benito Osorio Villadiego.
En la junta directiva del Fondo estaba Luis Gonzalo Gallo Restrepo, un empresario con estudios en Georgetown y Harvard, que había ocupado altos cargos en corporaciones como Bavaria y J.P. Morgan en Nueva York. Según la Fiscalía, Gallo Restrepo fue vinculado a las investigaciones por despojo porque como directivo del Fondo Ganadero, era la persona que lideraba las reuniones en las que se planteó la estrategia de comprar las tierras que fueron producto del desplazamiento forzado de campesinos. La entidad también aseguró que Gallo fue uno de los directivos del Fondo que se alió con los paramilitares para el control del territorio y la ganadería expansiva.
Según el expediente, los directivos del Fondo Ganadero, incluido Gallo Restrepo, estuvieron de acuerdo con que Sor Teresa Gomez, familiar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, fuera la persona encargada de obligar a los propietarios y poseedores de los terrenos a vender forzosamente a cambio de pagos irrisorios. Con las pruebas recolectadas en contra de Gallo Restrepo, la fiscal Sonia Lucero Velásquez tenía lista la orden y eso parecía un paso más en la rutina judicial del país. Sin embargo, todo se transformó en un escándalo cuando Rodolfo Palomino, en su calidad de director de la Policía Nacional, fue a visitarla a su casa e intentó torpedear la investigación.
En septiembre de 2019, Luis Gonzalo Gallo Restrepo rindió una declaración en Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, en el marco del Caso 04 que hace referencia a la ‘Situación territorial de la región de Urabá' durante el conflicto armado interno. Ante esa jurisdicción señaló: “Yo he tenido el rótulo de ser el eslabón perdido del paramilitarismo, que no lo soy, y en esa reunión con las víctimas yo dije tres cosas muy claras. La primera yo nunca he tenido relaciones con paramilitares, nunca las tuve ni las tendré”, afirmó Gallo ante los magistrados de la JEP.
Otras investigaciones contra el general (r) Palomino
La condena por tráfico de influencias no es la única investigación que ha enfrentado Rodolfo Palomino. A lo largo de su carrera, el general retirado ha sido objeto de otros procesos, aunque la mayoría han sido cerrados sin sanciones. El caso más mediático fue el de la "Comunidad del Anillo", una supuesta red de prostitución masculina que habría operado dentro de la Policía Nacional, en la que fue señalado de encubrimiento. Sin embargo, en 2021, la Procuraduría General de la Nación declaró la prescripción de los hechos, cerrando el expediente sin que se impusieran sanciones disciplinarias.
De igual forma, Palomino fue investigado por presunto acoso sexual y laboral a un teniente coronel, así como por un posible incremento patrimonial injustificado y por realizar seguimientos ilegales a periodistas. Estos casos también fueron declarados prescritos por la Procuraduría.
Más recientemente, el nombre de Palomino ha sido vinculado a una red de contrabando liderada por el que ha sido considerado el mayor contrabandista del país, alias 'Papá Pitufo'. Aunque el general ha negado cualquier relación con esa organización, las versiones que lo salpican siguen siendo materia de investigación en las instancias judiciales competentes, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos procesos en su contra.
*Espere todo el desarrollo de esta historia, el próximo domingo 17 de agosto en Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la Revista RAYA. A las 8 de la noche, por la televisión pública nacional.
