Abelardo de la Espriella propone tratar la naturaleza como un “activo económico real” y ampliar el turismo en 25 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales con vocación ecoturística. Para dirigir Parques Nacionales —la entidad estatal que administra esas áreas protegidas— escogió a Sandra Bessudo, hija de Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur, una de las principales empresas turísticas del país, que durante años participó en concesiones para operar servicios ecoturísticos en Tayrona, Gorgona, Amacayacu y Los Nevados. Aunque esas concesiones ya terminaron, ese antecedente reabre una disputa sobre el uso de bienes públicos: ¿quién controla los negocios que se desarrollan dentro de los parques?, ¿quién captura sus rentas? y ¿qué reciben el Estado, la conservación y las comunidades que habitan esos territorios?
Por: Redacción Revista RAYA
El pasado 30 de julio, Abelardo de la Espriella anunció a Sandra Bessudo como la nueva directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, una de las entidades ambientales más importantes del país, encargada de administrar más de 60 áreas protegidas que van desde parques nacionales y santuarios de fauna y flora hasta zonas marinas. Su designación reabre una discusión conocida en el país: ¿hasta dónde deben entrar operadores privados a explotar servicios turísticos dentro de bienes públicos y cómo evitar que la rentabilidad del negocio se imponga sobre la conservación y los derechos de las comunidades? El antecedente que vuelve relevante su llegada es claro: Aviatur, el grupo empresarial presidido por su padre, Jean Claude Bessudo, se benefició durante años de concesiones en servicios ecoturísticos dentro de cuatro parques. Ahora, con Sandra Bessudo al frente de la autoridad que administra esas áreas protegidas, ese pasado empresarial coincide con una nueva política gubernamental que quiere aumentar el valor económico del turismo de naturaleza. La discusión pública es cómo se separarán las decisiones de la funcionaria de los intereses empresariales de su familia y bajo qué reglas el Estado permitirá que privados obtengan rentas dentro de los parques.
Parques administra 61 áreas del Sistema de Parques Nacionales y cuatro Distritos Nacionales de Manejo Integrado, que suman cerca de 38,9 millones de hectáreas. Veintidós de esas áreas se traslapan total o parcialmente con 58 resguardos indígenas. Esa escala vuelve concreta la discusión: no se trata solo de cómo conservar esos territorios, sino de quién decide sobre ellos y quién captura la renta que produce su explotación turística.
El programa de turismo de De la Espriella define la naturaleza como un “activo económico real”, identifica 25 parques nacionales con vocación ecoturística y propone productos de alto valor, mayor inversión y segmentos de mayor gasto. Al mismo tiempo, afirma que la biodiversidad “no será saqueada”, promete participación comunitaria y la presenta como una “ventaja competitiva” del país. Esa tensión permite leer la propuesta como una lógica de mercantilización de la naturaleza: conservarla, pero también organizarla para producir valor económico y rentas. Bessudo fue, además, una de las autoras clave del plan ambiental ABC de la campaña. El programa no precisa mediante qué figuras se desarrollará esa expansión turística ni qué papel tendrán los operadores privados. Ese vacío vuelve central el antecedente Aviatur y obliga a preguntar qué límites tendrá la participación empresarial y cómo se distribuirán los beneficios entre operadores, Estado, conservación y comunidades.
Aviatur participó durante años en la administración de servicios turísticos dentro de áreas protegidas emblemáticas del país. El modelo, impulsado desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entregó a operadores privados actividades hoteleras, gastronómicas y recreativas a cambio de inversiones en infraestructura y promoción del ecoturismo. Tayrona se convirtió en el caso más visible y generó un fuerte debate entre sectores ambientales y sociales, que denunciaron precios excluyentes y una orientación hacia visitantes de altos ingresos.
En total, Aviatur participó, mediante distintas uniones temporales, en concesiones ecoturísticas en cuatro áreas protegidas: Tayrona, Gorgona, Amacayacu y Los Nevados. Los parques siguieron siendo públicos y la autoridad ambiental permaneció en el Estado; a operadores privados se les entregaron actividades como alojamiento, alimentación, transporte, recaudo y guianza. Esa diferencia es central: cuando este artículo habla de “privatización” se refiere a la captura privada de rentas dentro de bienes públicos, no a la transferencia de la propiedad.
La hija de Jean Claude Bessudo realizó estudios entre Colombia y Francia y cursó Ciencias de la Vida y de la Tierra en la École Pratique des Hautes Études de Perpiñán. El alcance académico de esa formación fue cuestionado públicamente porque correspondía a un diplomado y no a un grado universitario. Ese debate fue uno de los factores que rodearon su fallido nombramiento como ministra de Ambiente en 2010, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El otro fue un posible conflicto de intereses con Aviatur, que entonces participaba en la operación ecoturística del Tayrona.
Ese conflicto de intereses ya había sido reconocido públicamente por la propia Bessudo: en 2010 dijo que se apartaría de las decisiones relacionadas con ecoturismo y parques cuando estuvieran involucradas las concesiones de Aviatur y que pediría que otra persona actuara en esos asuntos. Dieciséis años después, la discusión reaparece con una diferencia sustancial: ahora fue escogida para dirigir directamente la entidad que administra los parques.
La trayectoria de Sandra Bessudo también incluye una extensa relación con entidades privadas y de cooperación internacional dedicadas a la conservación. Desde 1999 preside la Fundación Malpelo y ha trabajado con Conservación Internacional y Fondo Acción. Esos vínculos no demuestran por sí mismos injerencia extranjera sobre Parques Nacionales. Una fuente del sector ambiental consultada por RAYA —que pidió reserva de su identidad— considera, sin embargo, que la nueva administración debe transparentar cómo se tomarán decisiones cuando confluyan financiadores, operadores turísticos y comunidades en un mismo territorio.
Jean Claude Bessudo, según medios de comunicación, pidió a empleados de Aviatur no gestionar trámites ambientales en los que estuviera involucrada Parques Nacionales para no ser “fuente ni de problemas ni de suspicacias”. Esa decisión empresarial busca marcar distancia frente a la nueva función de su hija, pero no sustituye los mecanismos de impedimento y transparencia que correspondan a Sandra Bessudo como funcionaria pública.
El modelo Aviatur
La concesión para el manejo turístico del Parque Tayrona se otorgó el 4 julio de 2005 y fue celebrada por Julia Miranda, en representación de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y Jean Claude Bessudo, representante legal de la Unión Temporal Concesión Tayrona, conformada por Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y la empresa Alnuva, una agencia de turismo de Santa Marta, cuyo dueño era Elías George, empresario samario dedicado al turismo y alcalde de la ciudad en los años ochenta.
Contrato entre Parques Naturales y Aviatur para la concesión del Parque Tayrona.
El objeto del contrato consistió en que el consorcio se encargó de prestar, durante diez años, los servicios ecoturísticos y la dotación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, construcción y mejoramiento de la infraestructura física del Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los lugares más visitados de Colombia que atrae a los turistas por su riqueza natural y diversidad de flora y fauna.
Aviatur y sus socios manejaban las taquillas de entrada, el alojamiento en Cañaveral y Arrecifes, los restaurantes, la enfermería y los recorridos por senderos. El contrato también permitía desarrollar infraestructura dentro del área concesionada. A cambio, la Unión Temporal se comprometió a pagar 366 millones de pesos anuales durante los diez años de vigencia, más el 16 % de los ingresos percibidos por el concesionario cada año.
En 2009 el consorcio liderado por Aviatur y PNNC suscribieron otrosí en el contrato, el cual incluyó el control de la boletería de ingreso al parque por vía marítima: “El recaudo de la tarifa de ingreso será llevado a cabo por parte del concesionario, disponiendo para ello de los medios físicos y humanos necesarios, y sin que deba ser considerado como un nuevo punto de ingreso tal que implique su fijación o la construcción de taquillas o casetas para atenderlo”, dice el documento.
Firma del otrosí en el contrato de concesión de Parque Tayrona.
Sin embargo, fue 2011 el año en que el consorcio de Bessudo empezó a ocupar los titulares de los medios de comunicación. Una de las controversias fue económica. La Contraloría sostuvo entonces que la Unión Temporal tenía obligaciones pendientes con el Estado por cerca de 960 millones de pesos, correspondientes al mayor valor cobrado al público por el ingreso al Tayrona durante 2010, recursos que, según el ente de control, debían llegar al Fondo Nacional Ambiental. Aviatur y la propia Dirección de Parques controvirtieron esa conclusión y negaron que existiera una deuda. La disputa tuvo un desenlace en marzo de 2013: un tribunal de arbitramento concluyó que la Unión Temporal Tayrona no debía entregar esos recursos a Parques Nacionales y falló en contra de la interpretación que había sostenido la Contraloría.
Ese mismo año un escándalo mayor sacudió a Jean Claude Bessudo y sus socios. Fue la supuesta injerencia que tuvo el Frente Tayrona de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la unión temporal que manejó el Parque Tayrona. En una audiencia ante Justicia y Paz en 2011, el desmovilizado José del Carmen Gélvez, alias "el Canoso", mano derecha del jefe paramilitar Hernán Giraldo, declaró que las AUC habrían metido dinero en el proyecto de la concesión Tayrona, a través de la agencia Alnuva. En su versión, que fue replicada por varios medios de comunicación nacional, dijo que Bessudo era consciente que dentro de la sociedad había testaferros de los paramilitares.
De acuerdo con su relato, él mismo acordó una reunión con el presidente de Aviatur en las oficinas de la empresa, en el centro andino, a comienzos de 2005 a las que asistió junto con Hector Ignacio “Nacho” Rodríguez, concejal de Santa Marta, reconocido por ser una de las fichas políticas de Hernán Giraldo y quien fue extraditado a Estados Unidos en 2007 por los delitos de narcotráfico, uso de armas de fuego y concierto para proveer apoyo material a las AUC. Según registros de prensa, “Nacho” cumplió una pena de cinco años de prisión en Estados Unidos y luego quedó en libertad, posteriormente regresó a Colombia, donde se encontraría en libertad.
Cuando se conoció la declaración de alias “El Canoso”, Jean Claude Bessudo dijo que era falso que había sostenido una reunión con el paramilitar. “Consulté con varias personas que estuvieron en esta reunión incluyendo a Elías George. Todos coincidieron que si bien estuvo el señor Ignacio Rodríguez, no estuvo presente el señor Gelves Albarracín”, dijo en una entrevista con Noticias Uno en ese entonces.
Sin embargo, en 2012, el propio paramilitar sostuvo su versión ante la Unidad Anti Terrorismo de la Fiscalía. En una audiencia realizada esa año agregó que a esa concesión los paramilitares le aportaron 800 millones de pesos. Así quedó registrado en una nota publicada en Noticias Uno en mayo de 2012. “Hay una declaración del señor Bessudo donde decía que era mentira que yo había estado en la oficina de él. El señor Bessudo está mintiendo y él fue socio de nosotros los paramilitares en ese proyecto. Nosotros sacamos las cuentas y nos íbamos a volver multimillonarios, era nuestra pensión”, dijo.
Sobre los dineros entregados por la empresa Alnuva, la que supuestamente habría servido para que las AUC participaran en la concesión del parque Tayrona, Bessudo agregó en ese entonces que el total entregado fue 400 millones y no 800 como dijo “El Canoso”: “En la versión anterior en el mismo noticiero yo dijo que había invertido 1.800 millones de pesos. Ni lo uno ni lo otro. En realidad, la firma Alnuva, a través del señor Elías George trajo a esta empresa entre el año 2005 y 2006, 15 pagos diferentes para un total de 400 millones de pesos”, dijo Bessudo.
En 2013, la Fiscalía ordenó el archivo de la investigación contra Jean Claude Bessudo. Según lo publicado entonces, el ente investigador concluyó que las acusaciones de alias “El Canoso” no quedaron sustentadas y que el exparamilitar incurrió en contradicciones durante el contrainterrogatorio. Años después surgieron nuevos señalamientos, pero no una condena ni una decisión judicial contra Bessudo: en 2022, durante su sometimiento ante la JEP, el exgobernador del Magdalena Trino Luna habló de presuntas relaciones entre Aviatur, Bessudo y las AUC alrededor de la operación del Tayrona. Ese señalamiento debe leerse junto con el archivo de la Fiscalía de 2013.
En medio de las acusaciones de “El Canoso”, sectores ambientalistas cuestionaron también el modelo de concesión por sus efectos sociales. En una carta enviada al entonces presidente Juan Manuel Santos y firmada, entre otros, por los exministros Manuel Rodríguez y Cecilia López, el exviceministro Ernesto Guhl y la exsenadora Alegría Fonseca, advirtieron que una noche en la cabaña más sencilla del Tayrona costaba 335.000 pesos y pidieron revisar si la política estaba creando un esquema de exclusión social que, en sus palabras, conducía a una “privatización de los parques naturales”.
La carta, publicada por La Silla Vacía, sostuvo: “Señor Presidente, la política hotelera en los parques nacionales que se ha venido adoptando desde el gobierno anterior, es a nuestro juicio inaceptable, puesto que estos bienes públicos deben ser espacios para la inclusión social, y para el encuentro democrático de los colombianos, y no para la exclusión y para exacerbar las grandes inequidades y conflictos existentes en nuestro país”.
Los firmantes pidieron a Santos una revisión drástica de la política de ecoturismo y reclamaron que se garantizara “un amplio y democrático acceso de los ciudadanos colombianos a los parques nacionales, en virtud de que son un bien público”.
Aviatur continuó operando los servicios ecoturísticos del Tayrona hasta 2015, cuando vencía la concesión original. En ese momento comenzó el proceso para un nuevo contrato, que debía incorporar la consulta previa con comunidades indígenas de la Sierra Nevada. El 17 de septiembre se realizó una reunión de preconsulta en la que no hubo acuerdo sobre la metodología ni el cronograma.
El 21 de octubre de 2015, Parques y la concesión firmaron un otrosí que extendió la operación mientras avanzaban los procesos de consulta y se preparaba una futura licitación. La discusión territorial siguió abierta. En julio de 2019, Parques Nacionales y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo protocolizaron el procedimiento para un nuevo contrato ecoturístico en el Tayrona. Meses después se abrió una licitación, pero en diciembre un juez la suspendió mientras resolvía otra tutela relacionada con el derecho a la consulta previa de comunidades indígenas de la zona. Aviatur dejó de operar el Tayrona ese año.
El estudio “Los problemas socioambientales a raíz del ecoturismo en el Parque Nacional Natural Tayrona”, de la investigadora Elena Marina Müller, reconstruyó el crecimiento acelerado de visitantes desde el inicio de las concesiones. Según el documento, el parque pasó de 91.000 turistas en 2005 a 159.000 en 2006 y registró nuevos aumentos, especialmente entre 2012 y 2019, cuando volvió a duplicarse el número de visitantes.
El estudio también recoge una disputa por la distribución de los ingresos turísticos. Las cifras de 80 % para el operador y 6,3 % para las comunidades que cita el documento provienen de la discusión pública sobre la licitación de 2019 y no de un balance financiero probado de la concesión de Aviatur. En cuanto a los impactos ambientales en el Tayrona, la investigación documentó polución, extracción de arena, vertimiento de aguas fecales y contaminación de suelos y aguas asociadas al ecoturismo. “Estos impactos también incluyen deforestación, disminución de especies marinas y terrestres, y contaminación de corales y playas”, señala el estudio.
El antecedente Aviatur no demuestra que la nueva directora vaya a reproducir las concesiones del pasado. Sí vuelve inevitable una discusión que el programa de De la Espriella ya puso sobre la mesa al presentar la naturaleza como un “activo económico real”: qué actividades se entregarán a privados, bajo qué controles y cómo se distribuirán las rentas generadas dentro de bienes públicos. La respuesta definirá si el ecoturismo fortalece la conservación y a las comunidades o si vuelve a privilegiar la rentabilidad empresarial sobre esos territorios.
