El 63% de los asesinatos contra sindicalistas en el mundo ocurren en Colombia. RAYA revela una base de datos de más de 6 mil amenazas documentadas entre 2001 y 2022 por la Fiscalía, pero apenas dos casos están en etapa de juicio. Dicha violencia antisindical se atribuye a grupos paramilitares en alianza con multinacionales como Chiquita Brands, a las puertas de un fallo, y la carbonera Drummond; además de connivencias estatales que incluyen a la estatal Ecopetrol y que afectaron a 700 sindicatos. Reformas laborales como la Ley 50 y 60 de 1990 precarizaron los derechos laborales por los que siguen protestando los sindicatos.
Redacción Revista RAYA
Al caer la tarde del 5 de agosto de 2004 un pelotón de treinta soldados de la Octava Brigada al mando del subteniente Juan Pablo Ordóñez rodeó la casa de Jorge Eduardo Prieto y su esposa María Constanza Jaimes en la vereda Caño Seco de Saravena, Arauca.
Allí capturaron a Prieto, un trabajador del sector salud y miembro de la junta directiva del capítulo local de la Asociación de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), junto al maestro Leonel Goyeneche, quien a su vez era uno de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor confederación sindical del país. Con ellos estaba también Héctor Alirio Martínez, un conocido líder campesino de la región.
Los tres líderes sociales fueron capturados y posteriormente ejecutados a sangre fría con tiros de fusil y en completo estado de indefensión, señalados falsamente como miembros de la guerrilla. Este crimen, enmarcado en la política de seguridad democrática impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en uno de los casos de la violencia reciente contra los sindicalistas en Colombia.
En hechos como este, la Comisión de la Verdad estableció que 700 sindicatos fueron afectados directamente por la violencia en el marco del conflicto armado en el país y entre estos 322 vieron morir asesinado alguno de sus miembros o directivos por causas estrictamente relacionadas con su militancia sindical.
La mayoría de los crímenes se atribuyen a los grupos paramilitares en franca alianza con sectores económicos y empresariales de las regiones en donde operaron, responsables de un 53% de los casos según datos de la Fiscalía citados por la Comisión, aunque también existe responsabilidad probada de agentes estatales como el Ejército, la Policía y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), e igualmente hubo crímenes atribuidos a los grupos guerrilleros.
Los docentes ocupan de lejos el mayor número de trabajadores víctimas en razón de su pertenencia a organizaciones sindicales. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, 6.901 trabajadores del sector de la educación fueron víctimas de algún tipo de violencia, seguidos por los trabajadores agrarios cuya cifra asciende a 2.439 y después de ellos los empleados del sector minero energético, con 1.274 víctimas.
Datos del Sistema de Información de Derechos Humanos (SINDERH) recopilados por la Escuela Nacional Sindical dan cuenta que entre 1986 y 2018 se cometieron 15.317 hechos victimizantes que atentan contra la vida, libertad e integridad de los sindicalistas. Esos registros incluyen 3.277 homicidios, 428 atentados contra la vida, 253 desapariciones forzadas, 7.541 amenazas de muerte y 1.952 desplazamientos forzados.
De cada 10 sindicalistas asesinados en Colombia en ese mismo lapso, 9 estaban afiliados a alguna organización cobijada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal confederación sindical del país.
Esta última organización denunció en su informe del 2020 “Genocidio al sindicalismo: caso CUT” que el ciclo de violencia desatado en el marco de las políticas contrainsurgentes de las últimas cinco décadas derivó en “la criminalización de la protesta social y de la oposición política, además de equiparar el delito de rebelión al delito de opinión”. Según el informe, esto condujo a la calificación de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de oposición política o de defensa de los derechos humanos, como “fachadas de la subversión” o “brazo desarmado de la subversión”.
Así registró la prensa de la época la masacre de Santa Barbara en Antioquia, donde el Ejército Nacional disolvió una huelga pacífica de trabajadores con fuego de fusil.
Ejemplos de esta criminalización abundan a lo largo de la historia colombiana. Uno de ellos es la orden dada por el entonces ministro de trabajo Belisario Betancur al Ejército en 1963 para levantar la huelga de obreros de Cementos El Cairo en Santa Bárbara, Antioquia. Esta acción represiva dejó un saldo fatal de 11 trabajadores y una niña asesinados por tiros de fusil.
La narrativa de vincular a los líderes y organizaciones sindicales con el "terrorismo" ha sido recurrente, especialmente bajo la influencia del expresidente Álvaro Uribe y sus asesores, como José Obdulio Gaviria. Esta estrategia, amplificada por la gran prensa, ha estigmatizado a los sindicatos, presentándolos como "fachadas" de los grupos guerrilleros. El informe de la CUT confirma esta tendencia, destacando casos como el de José Obdulio Gaviria, quien desde una columna en el diario El Tiempo acusó a varios directivos sindicales colombianos de pertenecer “a la cofradía universal del terrorismo”, al lado de los máximos comandantes de las extintas FARC y el ELN, afirmaciones por las cuales tuvo que retractarse.
La estigmatización ha sido una constante en contra del movimiento sindical. Fotos: CUT
No en vano, el periodo de mayor violencia en contra del sindicalismo, de acuerdo con el SINDERH, está comprendido entre 1996 y 2010, que coincide con la expansión y consolidación del proyecto paramilitar por todo el país, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez. Las cifras son reveladoras: durante el segundo gobierno de Uribe, entre 2006 y 2010, ocurrieron 1.756 amenazas contra sindicalistas y sus organizaciones, la cifra más alta de todas las mediciones.
“Tal asimilación de los sindicalistas como combatientes de guerra no solo se presta para situar sus acciones colectivas en la frontera de la institucionalidad, sino también para que actores armados interfieran en su actividad reivindicativa”, concluyó la CUT en su informe: “a todo esto se suma la rutina de presentar ante la opinión pública a las víctimas de la represión oficial como “guerrilleros muertos en combate”, vistiendo muchas veces sus cadáveres, “post mortem”, con uniformes de combatientes”.
Las grandes deudas de la Fiscalía General
Las altas cifras contrastan con la matriz de casos de la Fiscalía General de la Nación, que demuestra una falta de voluntad histórica del ente investigador para resolver los crímenes que han exterminado al movimiento sindical y sus miembros en el país.
RAYA accedió a una base de datos de la Fiscalía en la que se detallan 6.503 noticias criminales relacionadas con amenazas ocurridas entre 2001 y 2022, en donde la víctima pertenecía a un sindicato o fue afectada en el marco de agresiones al movimiento sindical.
En ese enorme universo de más de seis mil amenazas sólo dos casos se relacionaron en el documento como en etapa de juicio, es decir, procesos en donde la Fiscalía pudo establecer que hubo un crimen y sus presuntos responsables fueron llevados ante los tribunales.
Uno es un proceso de 2018 al que fue vinculada como víctima una sindicalista de Barranquilla sobre el que no hay mayor información.
El otro caso es más conocido: se trata de un plan de asesinato contra Luis Antonio Hernández y otros líderes de izquierda en el Valle del Cauca, entre ellos el excongresista Alexánder López y la activista Berenice Celeyta, fraguado en 2004. Luis Antonio Hernández era directivo del sindicato de las Empresas Públicas Municipales de Cali (EMCALI), en ese entonces tuvo que exiliarse del país tras sufrir un atentado. Por estos hechos fueron condenados varios oficiales en retiro del Ejército Nacional en 2019.
El resto de denuncias y noticias criminales por amenazas relacionadas en la matriz quedaron en estado de indagación, algunas en etapa de instrucción, pues son tan viejas que pertenecen al sistema penal de la ley 600. Valle del Cauca es el departamento que encabeza las denuncias con 1.240 amenazas reportadas, seguido por Santander con 836 casos, Atlántico con 579 casos, Bogotá con 525 y Córdoba con 521.
Impunidad en la participación de multinacionales y otras empresas en la violencia antisindical
El informe "Verdades inaplazables: Violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano" expone la alarmante realidad de la violencia contra los trabajadores sindicalizados en el país. El sector minero-energético, con un 44,5% de las victimizaciones, es el más afectado. Empresas como Ecopetrol y Drummond se encuentran entre las más señaladas, mientras que la Unión Sindical Obrera (USO) y Anthoc son las organizaciones sindicales más perjudicadas.
Chiquita Brands y los pagos a las AUC
17 años después de reconocer pagos ilegales a las AUC, Chiquita Brands aún no ha indemnizado a las víctimas y el proceso judicial en Colombia sigue estancado. Un grupo de víctimas finalmente logró llevar el caso a los tribunales estadounidenses y esperan un fallo a su favorecer en el mes de mayo de 2024 para encontrar justicia tras años de impunidad.
La historia de Chiquita Brands en Colombia está plagada de intentos por desestimar el caso En 2008, un panel judicial ordenó la consolidación de los casos en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Sin embargo, la empresa intentó infructuosamente desestimarlo en 2011, argumentando que debía juzgarse en Colombia. Esta solicitud fue rechazada en 2016 por dicha Corte.
Un revés judicial en 2019 puso en duda la participación de las AUC en los crímenes. El tribunal estadounidense consideró que no había pruebas suficientes debido a la exclusión de documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia. Sin embargo, en 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito revocó este fallo, determinando que sí había pruebas suficientes sobre la participación de los paramilitares.
Este revés finalmente abrió el camino para el presente juicio. Documentos desclasificados revelaron que los "pagos sensibles" eran considerados como "gastos normales" por algunos ejecutivos de la empresa, equiparándolos a la compra de insumos agrícolas básicos.
En Colombia, el proceso penal iniciado en 2007 ha sido irregular y con pocos avances. A pesar de las pruebas presentadas, varios fiscales han pasado por el caso, lo que ha obstaculizado el progreso de las investigaciones. Incluso hubo un intento de cerrar la investigación en 2012, pero fue revocado.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que intervenga en el caso.
El caso Drummond
En marzo de 2001, durante un desplazamiento rutinario de trabajadores de la multinacional minera Drummond hacia Valledupar, se desató una tragedia en el Cesar. Un grupo armado perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptó a los empleados, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, líderes sindicales de Sintramienergética. Posteriormente los asesinaron. A estos se les sumó el asesinato de Manuel Enrique Charris Ariza y Gustavo Soler Mora, también directivos sindicales. A pesar de las siete condenas por los crímenes materiales, la autoría intelectual permanece en la impunidad.
En este capítulo, Jaime Blanco Maya y Alfredo Araujo emergieron como figuras centrales. Blanco Maya, antiguo contratista de Drummond, fue condenado a 37 años de prisión por su participación, en alianza con grupos paramilitares, en el asesinato de los dos sindicalistas mencionados. Su testimonio, conocido en el 2023 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), arrojó luz sobre los vínculos entre la multinacional y los grupos armados durante los años noventa en el Cesar.
Por su parte, Araujo, ascendido a vicepresidente de Drummond, también se vio envuelto en esta trama. A pesar de haber sido investigado y dejado en libertad en 2015, testimonios de paramilitares lo volvieron a vincular al caso. Sorprendentemente, en 2022, la empresa decidió ascenderlo, generando interrogantes sobre su compromiso con la verdad y la justicia.
Enrique Charris es una figura clave en el caso de los asesinatos de sindicalistas en el Cesar, específicamente en la multinacional minera Drummond. Charris, en su rol de paramilitar desmovilizado, proporcionó información detallada sobre la presunta relación entre la multinacional y grupos paramilitares en la región. Sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluyeron acusaciones contra varios directivos y empleados, así como contra otros individuos externos a la empresa.
Charris implicó a Alfredo Araujo Castro, quien en ese momento era el gerente de Relaciones con la Comunidad de Drummond. Según Charris, Araujo Castro estuvo supuestamente involucrado en la planeación de los asesinatos de los sindicalistas. Además de Araujo Castro, Charris también acusó a otros individuos, incluidos directivos de Drummond como Augusto Jiménez Mejía, Jean Jakin, May Traicy, así como a figuras de las AUC como Jorge 40, alias Tolemaida, y alias Daniel.
La deuda de la justicia colombiana con los trabajadores fue remarcada por una comisión especial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó el país en 2011 y llamó con urgencia al Estado a “dar justicia a las víctimas de violencia y sus familias” pidiendo que se acabara con la impunidad como “forma más eficaz para disuadir nuevos actos de violencia en el futuro”.
Todas las cifras de impunidad contradicen dichas recomendaciones y rajan al Estado colombiano en su deber constitucional de proteger la vida y el derecho de los trabajadores de asociarse libremente.
Factores que alimentan la violencia estructural contra el sindicalismo
La violencia estructural contra el sindicalismo ha sido alimentada por una serie de factores que han erosionado las garantías laborales y debilitado el sector sindical. Reformas laborales y modificaciones en los contratos, como la proliferación del término fijo, han minado la capacidad de los sindicatos al reducir el número de trabajadores sindicalizados. Por ejemplo, antes de la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos en 2012, se crearon solo 1.767.000 empleos en sectores productivos en siete años, y el sector productivo apenas contribuyó con el 10,3% de ellos.
Además, reformas como la Ley 50 de 1990 y la Ley 60 de 1990 han introducido medidas desfavorables para los trabajadores, desde la flexibilización de las relaciones laborales hasta obstáculos para la negociación colectiva y la reducción del derecho de sindicalización. La desindustrialización del país, impulsada por sucesivos Tratados de Libre Comercio (TLC), ha debilitado el sistema productivo y afectado una de las áreas principales de organización sindical: la industria. En 1991, el agro y la industria representaban el 43,4% del PIB, pero en 2017 cayeron al 17,2%, según un estudio de la Clacso.
Comparativamente, la legislación laboral actual ofrece menos garantías que las consagradas en reformas anteriores, y combinado con la flexibilización del mercado laboral en las últimas décadas, ha expuesto a los trabajadores a formas de contratación más precarias, disuadiéndolos o incluso impidiéndoles sindicalizarse.
Las reivindicaciones que cobraron los victimarios
Desde las luchas históricas de figuras como Betsabé Espinel y las 400 mujeres de la Fábrica de Tejidos de Bello, Antioquia, en 1920, donde se exigía el derecho a trabajar con zapatos, la reducción de la jornada laboral, la igualdad salarial y la lucha contra el acoso sexual; pasando por las batallas del sindicato de sastres para evitar la importación de uniformes policiales y promover la compra a trabajadores locales; hasta las luchas de los bananeros por abolir la tercerización, eliminar el pago con bonos y asegurar mejores salarios; y más recientemente, las demandas de los trabajadores del sector minero-energético por la protección del medio ambiente muestran las causas que lideraron y lideran estos hombres y mujeres, sindicalizados, por exigir derechos. Hoy, aunque el reconocimiento del Gobierno colombiano en 2023 al movimiento sindical como Sujeto de Reparación Colectiva refleja un avance significativo, es evidente el tiempo perdido y la prolongación de las reivindicaciones de los trabajadores.
