La Revista RAYA habló con voceros indígenas del Putumayo para conocer qué está pasando en sus territorios, a raíz de la quema de casas, toque de queda y enfrentamientos que sostienen el frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera desde el pasado 15 de septiembre. Hasta la fecha cerca de 714 personas y 264 familias del pueblo Siona han quedado confinadas y otras han sido desplazadas de su territorio ancestral.  

Por: Redacción Revista RAYA

En los últimos días el conflicto armado en el territorio del pueblo Siona se ha recrudecido. Los indígenas, asentados en Puerto Asís (Putumayo), se han confinado en la selva, mientras otros se han desplazado, a raíz de los enfrentamientos entre el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central (EMC), y los Comandos de la Frontera. Los principales afectados han sido los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, cuyos comuneros no pueden movilizarse por su territorio ancestral a raíz de que los actores armados se disputan su control, paso obligado para el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. El primer hecho violento se registró el pasado viernes 15 de septiembre en horas de la tarde. Aunque una semana antes organizaciones de derechos humanos alertaron a la Fuerza Pública y demás instituciones del Estado, la situación no pudo ser evitada y se ha intensificado en los últimos días. 

“Se oyó el tatatatata, al principio uno no le para mucha atención porque pensaba que esta lejos, pero cuando volví a oírlo tipo 3:00 de la tarde y oí que sonaba como si movieran unas canecas grandes me fui de la chagra para la casa y cuando llegué me dicen: viejo, venga, tenemos que evacuar ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos”, narró un indígena Siona dichos enfrentamientos, quien ahora está desplazado de su territorio. El testimonio fue acompañado por una denuncia pública que emitió el resguardo indígena Buenavista y la organización internacional Amazon Frontlines el fin de semana pasado. No obstante, han pasado los días y la situación sigue igual.

^{Fuente: Comunicadores Comunitarios}

Un día después de los enfrentamientos, es decir, el 16 de septiembre, las autoridades políticas y la Guardía Indígena del pueblo Siona visitaron la zona de Puerto Silencio, donde se presentaron los hechos de violencia, y confirmaron la compleja situación. Luego de su visita aseguraron que existe presencia activa de actores armados en los espacios comunitarios y que estos les prohibieron la movilidad por tierra y por agua a los comuneros. “La comunidad se encuentra totalmente incomunicada porque se suspendió la ruta de movilización fluvial, la red de telefonía y el internet no funciona. Las familias que decidieron quedarse en la comunidad se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad por la falta de acceso a medios de subsistencia. El miedo es constante porque los enfrentamientos pueden afectar sus casas; así como lo es la incertidumbre sobre el paradero e integridad de los jóvenes reclutados y la falta de garantías para la movilidad en la zona”, se lee en la denuncia pública.

La Revista RAYA habló con diferentes voceros indígenas y defensores de derechos humanos, quienes dieron a conocer la situación actual que viven las comunidades indígenas en el Putumayo. Por seguridad, RAYA se abstiene de publicar sus nombres. Hasta el momento confirmaron que además de los combates se han reportado la quema de casas, destrucción de chagras, de cultivos, bombardeos a casas de comuneros, cierres de escuelas y de tiendas de abastecimiento. “La situación sigue en pie. Por el río que atraviesa a los resguardos se está viendo mucha presencia de los armados, no se sabe si están sacando o metiendo gente, pero pues se ve mucho movimiento. No tenemos la información de cuándo llegará la normalidad, nada nos garantiza que las cosas se estén calmando en el territorio”, dijo una de los líderes entrevistados. Hasta el 25 de septiembre las autoridades Siona contabilizaron un total de 714 personas y 264 familias indígenas de las comunidades Buenavista y Piñuña Blanco afectadas por el desplazamiento forzado y el confinamiento, cifra que ha aumentado con el paso de los días. 

Los protagonistas de esta guerra son el Frente Carolina Ramírez del EMC, que se creó por orden de “Iván Mordisco” con la intención de controlar el corredor de narcotráfico que va desde el Meta, en el centro del país, hacia la frontera con Ecuador, concretamente en Putumayo, quienes se enfrentan por el control territorial con Los Comandos de la Frontera, que dependen de la Segunda Marquetalia de las Farc. En el territorio ambos grupos armados han manifestado sus intenciones de ganar la confrontación en esa región estratégica para el narcotráfico en el sur del país. “Las hostilidades aún continúan porque las familias nos dicen que se escuchan los tiroteos y las detonaciones. El toque de queda empieza a las 6 de la tarde. La situación nos preocupa muchísimo porque es un sufrimiento psicológico, de incertidumbre y de gran miedo por no saber cómo se va a resolver”, dijo una fuente del territorio en conversación con RAYA.

^{Fuente: Comunicadores Comunitarios}

El mismo testimonio detalló que en el transcurso de los días se han registrado sobrevuelos  de  aviones militares, la salida de botes con heridos y la orden de evacuar las casas de los puntos más alejados del centro poblado, así como de los espacios comunitarios. Según el relato, ambos grupos armados han amenazado con reclutar a menores de edad con el fin de ganar la disputa por el corredor colombo-ecuatoriano. Respecto a la situación de confinamiento, expresó, la situación es grave ya que hay desabastecimiento de alimentos y medicinas. “En términos de provisiones alimenticias el desabastecimiento es total, pues durante el confinamiento se les ha prohibido salir a las chagras a realizar actividades de pesca o de cacería y pues la poca alimentación que tenían la han consumido a lo largo de los días. El Estado debe garantizar el acceso a los alimentos a las comunidades hasta que se permita la producción o el acceso a las chagras”, puntualizó el líder. 

Hasta ahora, la única acción humanitaria para atender a la población afectada se realizó el pasado sábado 23 de septiembre a través de una misión médica que ingresó al resguardo Buenavista. Sin embargo, uno de los defensores de derechos consultados por RAYA destacó que antes de iniciarse los trabajos de atención algunos médicos manifestaron su temor de ingresar a la zona, por lo que se abstuvieron de prestar sus servicios y de ingresar. Misma decisión que tomaron los funcionarios de la alcaldía de Puerto Asís. “Toda esa falta de coordinación generó que la misión médica no pudiese realizarse con las condiciones que habíamos acordado. Solamente ingresaron al territorio el día sábado: tres médicos, una auxiliar de enfermería, un auxiliar de farmacia. Además, una funcionaria de la Unidad de Víctimas, un funcionario de la Secretaría de Gobierno del Putumayo, del alto Comisionado para la Paz y un funcionario del Ministerio del Interior”.

Además de realizar la misión médica, las entidades presentes acordaron con los gobernadores de los resguardos indígenas de Buenavista y Piñuña Blanco una serie de compromisos para atender la crisis humanitaria en la que se encuentran. Por ejemplo, el Ministerio del Interior se comprometió a reconstruir los espacios comunitarios, la Gobernación de Putumayo a activar respuestas de atención humanitaria con componentes humanitarios, de educación, salud y seguridad. Por su parte, la Alcaldía de Puerto Asís aseguró que se iba a encargar de entregar kits de alimentos y de salud a las familias afectadas, pero según lo denunciado resultaron insuficientes porque no alcanzó para toda la población. 

Uno de los acuerdos de los funcionarios estatales con el pueblo Siona fue garantizar su participación en el subcomité departamental de Derechos Humanos a realizarse el pasado lunes 25 de septiembre a las 9 de la mañana, con el fin de exponer la situación actual de riesgo que viven los resguardos. Sin embargo, a pesar del compromiso la reunión nunca se realizó. Así lo denunció un defensor de derechos humanos consultado por RAYA. “No se hizo la reunión, porque desde allá dijeron que no habían podido concluir una cosa en el tema de salud. Lo que pasa es que ellos tienen mucha desinformación entre ellos mismos. No se han podido articular entre Gobierno nacional, territorial, la Alcaldía y la Gobernación para dar una respuesta a lo que está sucediendo”.

^{Fuente: Comunicadores Comunitarios}

El Estado y los oídos sordos

La situación de riesgo que vive el pueblo Siona es latente. En mayo de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado colombiano, a través de medidas cautelares, adoptar estrategias de protección para garantizar los derechos de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco. Para cumplir con esas tareas, el pasado 8 de septiembre la Oficina de Derechos Humanos de la Cancillería convocó a una mesa de trabajo para tratar las necesidades del pueblo originario. En esa reunión, Amazon Frontlines, el Colectivo José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), como organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, advirtieron de la avanzada del Frente Carolina Ramírez hacia la zona indígena y que se iban a presentar hostilidades con los Comandos de la Frontera. 

A la reunión asistieron funcionarios de siete ministerios, de la Gobernación del Putumayo, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y del Ministerio Público (Defensoría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación). Sin embargo, ninguno atendió las alertas de los combates que se materializaron una semana después. “Ante los ministerios, entre ellos, el de Defensa, alertamos que si eso sucedía habría desplazamiento y confinamiento, pero este Ministerio y las Fuerzas Militares nos dijeron que la inteligencia no tenía esa información y, que por lo tanto, lo que nosotros estábamos diciendo era falso. Hoy, lo estamos ratificando no con palabras, sino con hechos. Entonces si el Gobierno nacional y departamental no acatan y toman la información que nosotros les damos y no escuchan a la comunidad, lo que sucede es que la situación empeorará”, dijeron los voceros de las organizaciones.

Una de las personas que estuvo presente en la reunión del 8 de septiembre pasado fue María Espinosa, defensora de derechos humanos e integrante de la organización internacional Amazon Frontlines, peticionaria de las medidas cautelares ante CIDH, quien evidenció la falta de coordinación entre las entidades presentes. “Cuando llegamos al acuerdo de realizar la mesa de trabajo ante la CIDH, acordamos con el Gobierno que iban a estar presentes funcionarios de alto nivel que puedan tomar decisiones. Después de la instalación nos dejaron con funcionarios que no tenían capacidad de decisión y que ni siquiera conocían el alcance de las medidas cautelares. Los escuchamos con paciencia y les hicimos un llamado a que se pusieran de acuerdo entre instituciones porque era una vergüenza que, cinco años después, nos hicieran salir a Bogotá para volvernos a repasar la fórmula que nos repasan a diario en territorio”.

La Revista RAYA se comunicó con la Oficina de Derechos Humanos de la Cancillería para conocer su versión de lo sucedido. La respuesta fue corta: "Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores no se hará ningún comentario al respecto. En lo que concierne a los asuntos conversados en las reuniones de seguimiento y concertación esta información goza de la correspondiente reserva y son espacios confidenciales". La respuesta del Ejército fue en el mismo sentido y no se refirieron al encuentro en Bogotá. Aunque la institución confirmó que los enfrentamientos del pasado 15 de septiembre, entre el Frente Carolina Ramírez y los Comando de la Frontera, dejaron un saldo de siete hombres muertos.

Con el paso de los días, el miedo y la zozobra se apoderan del pueblo indígena Siona del Putumayo. La incertidumbre de un nuevo enfrentamiento entre los grupos armados, que los obligue a salir desplazados de ese territorio donde se refugian, es latente en los resguardos. Son cerca de 2000 personas que componen este pueblo milenario que está condenado a desaparecer en medio de la guerra. En los llamados y alertas que han realizado en diversas oportunidades, el pueblo indígena Siona expone un mensaje en común: la ilusión de seguir con vida. “La guerra nos ha quitado tanto… le tenemos miedo, somos un pueblo de paz, un pueblo que ama y defiende la vida, un pueblo que quiere seguir perviviendo”.