Se cumplieron 35 años del magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990 mientras viajaba en un vuelo comercial de Avianca. RAYA revela detalles inéditos del expediente que apuntan a exmilitares y a un antiguo empleado del Grupo Santodomingo como presuntos responsables de introducir el arma homicida en el avión.
Unidad Investigativa Revista RAYA
El 28 de febrero de 1991, la Policía de Cocorná (Antioquia) reportó el hallazgo de un cadáver en una vía desolada que desde la vereda El Higuerón conduce al paraje de Vihao. Se trataba de Neguib de Jesús Espinosa, alias “Álvaro Neguí” o “Picotazo”, cuyo cuerpo reposaba en la cuneta de la carretera, con señales de haber sido golpeado hasta la muerte y luego quemado en el lugar. Los forenses anotaron en el informe que “habría sido arrojado vivo” y además “incinerado al grado de la calcinación”.
El cadáver presentaba “quemaduras de tercer grado en el cien por ciento de la superficie corporal”, a tal punto que no fue posible identificar las vísceras durante la necropsia. El asesinato quedó evidenciado por una fractura de quince centímetros en el cráneo, producto de los golpes que recibió.
Este homicidio, aún sin esclarecer, podría estar relacionado con los atentados y magnicidios ordenados por los jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño Gil a comienzos de la década del noventa, entre ellos los asesinatos de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa, miembro de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M-19. Neguib Espinosa cumplió un papel en ambos crímenes y era un testigo potencial, pues conocía a sus determinadores intelectuales. Habría participado en una reunión en la terraza del Hotel Nutibara de Medellín donde se acordaron los magnicidios con empresarios, militares y políticos.
Neguib de Jesús Espinosa era un teniente que fue expulsado del Ejército en 1983. Posteriormente trabajó para el clan mafioso de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, narcotraficantes, fundadores de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Su salida del Ejército ocurrió tras hechos de corrupción cometidos cuando era comandante de un distrito militar, por ello, él mismo contó a varios de sus excompañeros y amigos cómo acabó uniéndose a los paramilitares de Carlos y Fidel Castaño.
Así lo relató Fabio de Jesús García Velásquez, amigo de infancia de Neguib, en un testimonio rendido a la Fiscalía en 2016: “estaba trabajando en Urabá, no me dijo con quién trabajaba, y al tiempo fue que me dijo que estaba trabajando con las Autodefensas. Me dijo “yo estoy perteneciendo”, no eran las Autodefensas [Unidas] en ese tiempo, tenían otro nombre, eran de Córdoba y Urabá”. De acuerdo con García, Neguib Espinosa le dijo que lo único que había aprendido a hacer en la vida era “combatir a la guerrilla”.
La esposa de Neguib, Gloria Cecilia Montoya Cifuentes, confirmó a los investigadores que aquel fue hombre de confianza del paramilitar Carlos Castaño Gil y que ambos compartían una misma afinidad ideológica: la furia antisubversiva y el odio a la izquierda. También contó que ella había conocido a la mayoría de los hermanos Castaño en visitas frecuentes a la mansión de Montecasino, en el exclusivo sector de El Poblado al sur de Medellín, centro de operaciones del Clan Castaño, agregando que en su apartamento había recibido las visitas del veterano paramilitar Ramón Isaza y de Jesús Ignacio Roldán “Monoleche”.
Los paramilitares “Monoleche” y Manuel Salvador Ospina Cifuentes alias “Móvil 5”, también ratificaron, en otros procesos judiciales, que Neguib de Jesús Espinosa hizo parte de la estructura criminal del Clan Castaño.
Pero fue Elías Hernando Salas Barco, sargento retirado del Ejército, que llegó a ser chofer y escolta de Carlos Castaño, quien identificó al fallecido Neguib de Jesús Espinosa como alias “Álvaro Neguí”, diciéndole a la Fiscalía que aquel “era amigo de muchos oficiales del Ejército y de la Policía”, al detallar cómo había sido el encargado de ingresar armas en varias ocasiones al Aeropuerto El Dorado, gracias a una cédula militar fraudulenta que poseía. La primera vez que lo hizo fue para asesinar al dirigente de la UP Bernardo Jaramillo Ossa: “Carlos [Castaño] y yo viajamos a Bogotá, estando allá el teniente Álvaro [Neguib Espinosa], que era el que movía los pelados y las armas, [él] metió el arma [...] Neguí, por su condición de exmilitar, tenía todos los contactos”.
Salas confirmó en 2009 ante la Fiscalía que Neguib de Jesús Espinosa realizó la misma labor días más tarde, el 26 de abril de 1990, cuando Carlos Castaño ejecutó el magnicidio de Pizarro enviando un sicario para matarlo a bordo del Boeing HK-1400 de Avianca: “Yo supe que Álvaro Neguí subió el arma porque luego de que pasó eso [el homicidio] él mismo me lo contó, ya que el ‘chapeaba’ [se hacía pasar] como mayor del Ejército, él era el hombre clave para mover gente”. Más adelante, en la misma declaración, Salas añadió que “Neguí entró directamente al hangar [de Avianca], por eso no pasó por la seguridad”.
El paramilitar Elías Hernán Salas confesó que Neguib Espinosa tuvo un rol central en los magnicidios de los candidatos de izquierda Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro
La conexión con Avianca y un ‘consentido’ del Grupo Santodomingo
La acción penal en contra de Neguib Espinosa se extinguió en 2019, cuando la Fiscalía cerró la investigación tras confirmar que había muerto menos de un año después del magnicidio de Pizarro, en los hechos descritos al comienzo de este reportaje, que tuvieron las características de un asesinato mafioso para silenciarlo.
No obstante, la mención del hangar por parte de uno de los testigos, sumado al hecho de que Neguib de Jesús Espinosa no ingresó al avión donde ocurrió el magnicidio, llevó a que la Fiscalía vinculara a Ernesto Munarriz Salcedo mediante una resolución del 29 de enero de 2019. Munarriz era el contratista de Avianca encargado de supervisar la seguridad de los vuelos internacionales con perros entrenados, y fue la última persona que inspeccionó el avión antes del abordaje, aunque esa tarea no estaba dentro de sus funciones.
“El ingreso a un hangar no es lo mismo que acceder a la cabina de pasajeros, de lo que se infiere que la participación comprendió a otras personas, porque la presencia de alguien ajeno a las cuadrillas de aseo y comisariato o cafetería de la firma SERDAN y de vigilancia a cargo de VISE LTDA, incluido el mismo contratista de Avianca que se sumó a la Dirección de Seguridad de la Aerolínea”, se lee en la resolución que definió la situación jurídica de Neguib Espinosa.
El propio contratista Ernesto Munarriz contó, a un juez de instrucción criminal cuando fue interrogado como testigo poco después del magnicidio, que él estuvo casi media hora revisando el baño trasero del avión antes del abordaje, pero declaró no haber visto la subametralladora mini-Ingram calibre .380 modificada, el arma que usó el sicario Gerardo Gutiérrez, alias “Jerry” para matar a Carlos Pizarro. En su primera declaración ante la justicia por el caso, Munarriz reconoció que él fue la última persona que estuvo en el avión antes del abordaje de la tripulación y los pasajeros.
Tres décadas después, cuando fue vinculado formalmente a la investigación en 2019, Munarriz cambió su versión y dijo apenas recordar que no fue el único dentro del avión. Mencionó a unas “supuestas” patrulleras de la Policía, y aseguró no haber permanecido mucho tiempo revisando el baño trasero, contradiciendo su primera declaración, donde habló de un lapso de veinte minutos.
Los hechos posteriores al ingreso de Munarriz al avión fueron probados por la justicia: alias “Jerry” pasó sin inconvenientes con una cédula falsa por todos los filtros de seguridad del aeropuerto, ya que no llevaba el arma consigo, subió a la aeronave junto a los demás pasajeros y, tras ocho minutos de vuelo, se levantó desde la quinta fila, a pesar de que tenía un baño casi al frente de su silla, fue al fondo y en el baño trasero “Jerry” tomó la subametralladora oculta en el tanque de la taza del inodoro, y salió directo hacia el puesto de Carlos Pizarro descargando por detrás todas las balas del proveedor sobre el líder político. Segundos después, Jaime Ernesto Gómez, un agente del DAS designado como escolta de Pizarro, disparó su arma de dotación sobre la cabeza del sicario Jerry, a pesar de que aquel ya estaba desarmado y reducido en el pasillo del avión.
Por estos hechos, Gómez fue condenado como copartícipe del crimen, pues el objetivo de su disparo no fue proteger al candidato presidencial ni a los demás pasajeros, sino que buscaba eliminar al autor material del asesinato borrando pistas yque declarara en el proceso judicial. Alias “Jerry” fue utilizado como un “suizo”, el término como llamaba la mafia a los sicarios suicidas eliminados después de cometer los crímenes que les eran encomendados. El propio Carlos Castaño contaría esto años más tarde.
En el proceso judicial contra Jaime Ernesto Gómez -el agente del DAS implicado en el crimen-, Otty Patiño, hoy Comisionado de Paz y entonces parte de una comisión independiente que investigó el caso, aseguró que la impunidad continuaría mientras no se aclarara cuál había sido el rol que jugaron en el magnicidio Neguib de Jesús Espinosa y el contratista de Avianca Ernesto Munarriz Salcedo. Dos antiguos miembros del M-19 Otty Patiño y Álvaro Jiménez pudieron conversar con el jefe paramilitar Fidel Castaño, hermano de Carlos, y aquel le confesó ser el autor del crimen. Carlos Castaño también asumió su responsabilidad en el libro “Mi confesión”, que fue escrito por el relacionista público Mauricio Aranguren, prologado y promocionado por la Salud Hernández.
En el libro se leen las palabras del jefe criminal que hoy emergen como una pista fundamental para esclarecer quién introdujo el arma al aeropuerto: “El arma, una metra mini-Ingram, calibre .380, la entró un civil por la salida de los vuelos nacionales del aeropuerto El Dorado. Se consiguió una escarapela que lo identificaba como mayor de la Policía Nacional”.
Hay tres indicios que señalan a Ernesto Munarriz como sospechoso de haber llevado el arma hasta el baño del avión. Primero, en su calidad de contratista de Avianca él tenía acceso al hangar, donde el paramilitar Salas dijo que Neguib Espinosa fue a dejar la subametralladora. Segundo, él fue la última persona que ingresó al avión para inspeccionarlo cuando estaba vacío antes del abordaje.
Finalmente, el tercer indicio es que Munarriz experimentó un inusual incremento patrimonial después del magnicidio. Su empresa, una compañía de seguridad canina llamada Dog Master de Iscala LTDA, una de las primeras de su tipo en el país, no tenía más que media docena de perros adiestrados y una camioneta manejada por él, pero tres años después contaba con más de trescientos sesenta empleados y sumaba millonarios contratos con varias aerolíneas del país.
La empresa de Munarriz habría llegado a tener miles de millones de pesos en capital y sedes en varias ciudades, lo que sugiere que podría haberse beneficiado de un millonario pago del Clan Castaño por presuntamente ingresar el arma. La empresa también estuvo salpicada en escándalos de narcotráfico. Este hombre nunca explicó a profundidad a los investigadores cómo obtuvo los recursos para incrementar su patrimonio y cambiar por lo menos cuatro veces de carro en aquellos años.
Hasta entonces Munarriz había sido una especie de dandy aficionado a los perros de raza, sin propiedades ni mayores recursos económicos, cómo él mismo admitió ante los investigadores, pues todos los trabajos que tuvo le habían llegado por influencias de quien fuera su suegro: el industrial Ernesto Soto, miembro de la junta directiva y presidente de Bavaria. Soto además era hombre de confianza del magnate Julio Mario Santodomingo, para esos años uno de los empresarios más ricos del país.
Munarriz le contó a los investigadores que sus viajes a Miami y Europa en los ochenta fueron cubiertos por sus padres, mientras que el costoso colegio de los hijos de su primer matrimonio en realidad era pagado por su suegro, quién además lo empleaba a él como conductor de una volqueta en la que transportaba residuos de la producción cervecera para engordar vacas en una finca del municipio de Guasca.
Gracias a su suegro, Ernesto Munarriz trabajó como vendedor de seguros, tuvo luego un puesto en FINCA SA, otra empresa de Julio Mario Santodomingo, y finalmente consiguió el contrato con Avianca -también propiedad de Santodomingo en ese momento- para inspeccionar los vuelos con perros adiestrados, la que era su pasión desde hacía años.
Meses antes del magnicidio de Carlos Pizarro, por la “época en que murió Galán”, según sus palabras, Ernesto Munarriz visitó dos veces Medellín asistiendo a exclusivos eventos de criadores de perros de raza, donde presuntamente también habrían asistido poderosos narcotraficantes de la época. Uno ocurrió en el Recinto Quirama, otro tuvo lugar en el Club de Caza y Pesca, por la vía a Las Palmas, cerca de Rionegro.
Este expediente judicial durmió en los anaqueles de la Fiscalía durante tres décadas, incluso tuvo un saboteo directo del exfiscal general Francisco Barbosa, quien trasladó al Chocó al fiscal Mauricio Ponce y le arrebató el caso de las manos, cuando aquel era uno de los pocos funcionarios que había avanzado a fondo en las investigaciones.
No obstante, el caso revivió bajo la actual administración de la entidad y en los próximos meses se sabrá qué camino va a tomar la Fiscalía para definir la situación jurídica de Ernesto Munarriz Salcedo, con dos posibilidades a seguir: la absolución o el llamado a juicio por ser uno de los presuntos colaboradores en el magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongomez, artífice de uno de los acuerdos de paz más importantes en la historia reciente de Colombia.
