Este reportaje fue publicado en el libro “Chuza DAS: ocho años de espionaje y barbarie”, escrito por el periodista e investigador Julián Martínez. Devela, con documentos, cómo vivió ese capítulo oscuro de la política colombiana la senadora de izquierda Piedad Córdoba Ruíz. “El ensañamiento tenebroso de Uribe”, lo calificó la senadora.

Por: Julián F. Martínez

La persecución política a la que fue sometida la senadora liberal Piedad Esneda Córdoba Ruíz, por su trabajo en pro del intercambio humanitario para la liberación de secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC y por su relación de amistad con el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, es irreparable. Todo el aparato de inteligencia gubernamental se concentró en hacer una campaña difamatoria cuyo propósito principal, según la subdirectora de Operaciones del DAS Martha Leal, era “para que se abriera una investigación disciplinaria”.

La actividad de desprestigio consistió en manipular la mayoría de información privada y laboral de la senadora —producto de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, infiltración de su esquema de seguridad y seguimientos a ella y su familia—, para luego filtrarla a los medios de comunicación con el objetivo de generar, además de su destitución, el odio de la opinión pública hacia el trabajo por la paz que venía desarrollando la congresista.

Y, en efecto, lograron las dos finalidades. A Piedad Córdoba la desprecian muchos colombianos y la inhabilitaron por 18 años para ejercer cargos públicos. Una sentencia del procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez —cuestionado por utilizar su cargo para perseguir a políticos de izquierda y opositores al gobierno de Álvaro Uribe— la destituyó de su curul en el Congreso de la República, prácticamente, señalándola de ser cómplice de la guerrilla de las FARC.

El fallo, de 141 páginas, fue proferido el 27 de septiembre de 2010 y le declaró la muerte política a la senadora del Partido Liberal. Sin embargo, lo que no se sabía con claridad en esa época, era que la Casa de Nariño le había recomendado al DAS, por orden expresa del presidente Álvaro Uribe, conseguir toda la información posible de Piedad Córdoba, de acuerdo con la versión que le entregó el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, a la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2014, antes de ser condenado. El procurador Ordóñez no tuvo en cuenta los planes difamatorios que ejecutó la policía secreta del Palacio de Nariño en contra de la líder opositora.

En el caso de la ex senadora Piedad Córdoba, en el año 2006 funcionarios de la subdirección de Desarrollo Tecnológico del DAS, a cargo del ingeniero José García Linares, instalaron un micrófono en la camioneta blindada que el Estado le asignó para su protección.

La subdirectora de Operaciones Martha Inés Leal, comisionada para facilitar la operación contra Piedad Córdoba, también reveló que, desde la administración de Andrés Peñate en el DAS, se intensificó el espionaje contra la congresista de la oposición.

El sistemático seguimiento para controlar las actividades de la ex senadora Córdoba llegó al punto de sobornar a la empleada del servicio de su casa para que pusiera otro micrófono en la almohada de la cama de su residencia, ubicada en el centro de Bogotá. De esta forma, la policía secreta no sólo conoció conversaciones de su intimidad, sino que obtuvo copia de la libreta de apuntes de Piedad Córdoba, en la cual tenía consignados sus contactos a nivel nacional e internacional, anotaba las reuniones y las citas que debía cumplir y en donde dejaba plasmados los objetivos de sus viajes al exterior.

El capitán Fernando Alonso Tabares, director de Inteligencia del DAS, afirmó que toda la recopilación sobre Piedad Córdoba era “analizada y se enviaba a la Casa de Nariño, a través de la directora (María del Pilar Hurtado), porque teníamos entendido que esa información era de interés del presidente de la República, según lo manifestó el doctor Bernardo Moreno”.

Dados los requerimientos de la Presidencia, se realizaron seguimientos y registros de los desplazamientos de la congresista dentro y fuera del país, así como de sus actividades públicas y algunas privadas. El DAS hizo un cuidadoso y oculto espionaje a Piedad Córdoba cuando ésta participaba en foros académicos, giras internacionales para hablar de derechos humanos y, específicamente, se intentó violentar su derecho a la confidencialidad de los contactos que tenía al interior de las FARC para finiquitar la liberación de los secuestrados en poder de ese grupo armado ilegal.

Mientras que el presidente Uribe le dio el beneplácito a la intermediación de Piedad Córdoba en el intercambio humanitario con las FARC, el DAS tenía un sofisticado plan para enlodarla por esa labor. No obstante, su lucha por la paz nunca cesó.

Son seis carpetas, cada una con promedio de 750 folios, las que contienen los seguimientos del DAS a la senadora Piedad Córdoba. Allí aparecen cientos de memorandos reservados con informes de inteligencia acerca de sus actividades, transcripción de sus discursos y fotografías de ella. También están los panfletos que elaboraban en las oficinas del DAS para repartir en universidades con el fin de mancillar el nombre de la senadora Córdoba.

“Una cosa tan desastrosa, tan horrible, que uno no se alcanza a imaginar cómo es posible que pueda estar vivo, después de un ensañamiento tan tenebroso como el que hizo este señor”, sostiene Piedad Córdoba, al referirse a Álvaro Uribe como el determinador del escándalo de las ‘chuzadas’.

El jefe de Contrainteligencia del DAS, capital Jorge Alberto Lagos, confesó, asimismo, que en mayo 2008 solicitaron a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) todas las transacciones bancarias de la senadora Piedad Córdoba y de sus asesores en el Congreso de la República. “Esa orden fue dada por la doctora María del Pilar Hurtado, ya que la Casa de Nariño tenía un interés para obtener información sobre la senadora”, puntualizó Lagos León.

A raíz de una invitación que recibió la senadora Piedad Córdoba a Cuidad de México, para participar en un foro, organizado por el Partido de Trabajadores de ese país, el 11 de marzo de 2007, el DAS organizó una operación de inteligencia para obtener la factura del hotel donde se hospedó en esa fecha.

“La Presidencia de la República tenía especial interés en que el DAS consiguiera la factura con la cual el partido de los trabajadores de México pagó su viaje y estadía en México D.F.”, confesó Martha Leal.

El objetivo era filtrarle ese documento a la entonces presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, para que ésta realizara un debate de control político contra la líder del Partido Liberal, con el ánimo de desprestigiarla, argumentando que salía de Colombia sin el permiso del Legislativo y aceptaba dádivas de partidos políticos extranjeros.

La búsqueda del documento inició en 2007 por órdenes de Andrés Peñate Giraldo. Actividad que continuó la directora María del Pilar Hurtado hasta que en febrero de 2008, luego del reclutamiento de una fuente humana, de nacionalidad azteca, se logró conseguir el recibo que Nancy Patricia Gutiérrez exhibió en el Senado el 25 de marzo de 2008, asegurando que Córdoba se ausentaba de las plenarias del Congreso, sin justificación, recibiendo dinero de políticos mexicanos izquierdistas.

Nancy Patricia Gutiérrez y María del Pilar Hurtado tenían una estrecha relación de amistad. Tanto así, que la directora del DAS le proporcionó los documentos, a través de la subdirectora de Operaciones Martha Leal, que había conseguido el organismo de inteligencia acerca de Piedad Córdoba de manera irregular y producto de seguimientos ilegales.

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Gutiérrez Castañeda, por tráfico de influencias. Proceso judicial que duró más de un año hasta que fue absuelta por la Sala Penal, el 14 de junio de 2012. Sin embargo, en el juicio quedó claro que el propósito de la exposición de dichos documentos y la realización del mismo, era para afectar la imagen de la senadora Piedad Córdoba.

La operación para conseguir la factura del hotel Sevilla Palace de Cuidad de México estuvo a cargo de Fabio Duarte Traslaviña, coordinador de la subdirección de Operaciones del DAS. Él se encargó de reclutar al estudiante mexicano Julio Villavicencio Meléndez^[1], a quien la oficina de gastos reservados del DAS le pagó 20 millones de pesos.

Ante la Fiscalía, Duarte Traslaviña declaró que “una vez obtenida la factura por el suscrito (…) es entregada a la doctora María del Pilar Hurtado en su calidad de directora del DAS y tengo entendido que tenía que ser presentada en la Casa de Nariño,” porque “era de total interés para el presidente Uribe”.

La ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, según la versión del capitán Fernando Tabares, obtuvo la carpetas del DAS sobre Piedad Córdoba “por órdenes de la Casa de Nariño” para que las utilizara en dicho debate difamatorio.

Por cuenta de la campaña de desprestigio que padeció Piedad Córdoba, durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, el estigma de “guerrillera” y “terrorista” será irremediable.

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Este artículo fue publicado en el libro “Chuza DAS: ocho años de espionaje y barbarie”, publicado por Penguin Random House en febrero de 2016. Este libro fue galardonado como el mejor libro periodístico en Colombia en 2017 por el jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

^[1] EL TIEMPO. “Abogado mexicano era el espía de Piedad Córdoba”. JUSTICIA. Septiembre 25 de 2011. Bogotá.