La Cristalina es una costosa propiedad ganadera de 817 hectáreas en Caucasia (Antioquia), incautada en 2013 luego de que el Ejército descubriera que la banda de Los Rastrojos la utilizaba para el tráfico de cocaína. Hoy, un fiscal de Bogotá quiere devolverla a Jaime Orrego Arenas, un ganadero señalado de ser socio de Los Rastrojos. Su familia está envuelta en otra disputa mafiosa por la propiedad de una mina.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
La muerte de Ángel de Jesús Pacheco, alias “Sebastián” o “El Carnicero”, como lo conocían en el Bajo Cauca, estuvo signada por una traición de la mafia. Seis disparos con silenciador le propinaron sus propios escoltas, quienes lo amarraron a un árbol cerca al corregimiento de Piamonte, en Cáceres (Antioquia), antes de que se entregaran con el cadáver.
“El Carnicero” era un veterano paramilitar del Bajo Cauca con dos décadas en el mundo del crimen. Se había formado en las filas del Bloque Central Bolívar de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) bajo las órdenes de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; luego fue desertor del proceso de Justicia y Paz con las AUC y volvió a las armas a través de una banda conocida como “Los Paisas”, una estructura ilegal que fundó y que sostuvo la primera de varias confrontaciones sangrientas con “Los Urabeños”, hoy llamados AGC o Clan del Golfo, por el control de esa región.
“El Carnicero” buscó más tarde aliarse con la banda de narcos “Los Rastrojos”, provenientes del Valle del Cauca. Por aquella alianza, que permitió el ingreso de Los Rastrojos al Bajo Cauca, se le atribuyen más de cien homicidios perpetrados en la zona antes de su muerte.
El paramilitar Ángel de Jesús Pacheco alias “Sebastián” o “El Carnicero” fue el principal jefe de Los Rastrojos en el Bajo Cauca. Murió ejecutado por sus propios escoltas en 2011 desatando un escándalo judicial en el que terminaron vinculados miembros del Ejército y la Policía.
Con la ejecución de “El Carnicero” cayó el principal jefe de Los Rastrojos en el Bajo Cauca antioqueño, lo que dio origen a una investigación judicial que terminó salpicando a ganaderos, comerciantes y miembros de la Fuerza Pública bajo su nómina, ya que en poder del narco se hallaron varios cuadernos, carpetas y documentos donde llevaba un registro detallado de la estructura de su organización, cuáles eran sus propiedades y quiénes le colaboraban.
La Cristalina es una hacienda de 817 hectáreas que suma varios lotes, incluso baldíos de la Nación. Según la inteligencia militar, allí se instalaron laboratorios para procesar cocaína. / Foto: Revista RAYA
En medio de la investigación, una identidad y una finca llamaron la atención de las autoridades: se trataba de Jaime Orrego Arenas, minero propietario de una veintena de fincas en el nordeste antioqueño, entre ellas la hacienda La Cristalina, extenso terreno de 817 hectáreas dedicado a la ganadería entre Cáceres y Caucasia. RAYA obtuvo varias fotografías del predio gracias a una fuente de la región.
Consta en el expediente del caso, que en tres informes de inteligencia de la Policía y el Ejército Nacional se menciona que Jaime Orrego era uno de los presuntos socios de las actividades criminales de Los Rastrojos en la zona, mientras que su hacienda La Cristalina fue relacionada como el lugar usado por la banda para realizar las actividades de narcotráfico y procesamiento de la pasta base de cocaína durante su operación en la zona que fue de cinco años.
Otra finca mencionada en el documento fue la hacienda La Cabaña, también en Caucasia, con más de 2.000 hectáreas. Su titularidad recaía sobre Gustavo Díaz Villegas, un ganadero oriundo de Tuluá (Valle del Cauca) asesinado el 11 julio de 2011 por sicarios en Medellín. El homicidio ocurrió en medio de lo que parece un ajuste de cuentas apenas una semana antes de la muerte a traición de Ángel Pacheco, “El Carnicero”.
Jaime Orrego, quien figura como propietario de la hacienda La Cristalina, es reconocido en el norte de Antioquia como un comerciante y minero con muchas propiedades en el Nordeste y el Bajo Cauca, entre otras, posee fincas en los municipios de Caucasia, Segovia, Remedios, Nechí y El Bagre.
El fiscal José Guillermo Castaño encontró suficientes méritos en 2013 para vincularlo a un proceso de extinción de dominio por sus supuestos vínculos con Los Rastrojos. Ese año le incautaron una docena de vehículos, varios apartamentos y casas, una veintena de fincas y hasta dos mil acciones de Ecopetrol que estaban a nombre suyo y de su esposa.
No obstante, once años después del hecho, otro fiscal que asumió el caso busca de manera extraña revertir el proceso declarando que Orrego y su esposa son “terceros de buena fe”, lo que en la práctica allana el camino para devolverles los bienes incautados, entre ellos, la hacienda La Cristalina, que debería servir para la reforma agraria para la que se dice que no hay tierras.
El fiscal 40 de extinción de dominio de Bogotá, Javier Huertas Gómez, declaró a Javier Orrego y su esposa como “terceros de buena fe”, medida que les permitirá reclamar una finca incautada a Los Rastrojos.
Se trata del fiscal 40 de extinción de dominio de Bogotá, Javier Huertas, quien por medio de varias órdenes de Policía Judicial determinó que no había forma de comprobar ningún vínculo de Orrego y su familia con Los Rastrojos, pese a que los informes de inteligencia y la declaración de miembros de la estructura criminal a la que pertenecía “El Carnicero” indicaron que Orrego era colaborador del grupo, agregando que en su finca se desarrollaban actividades de narcotráfico.
La oscura fortuna de un cuestionado clan minero
RAYA obtuvo, por medio de derechos de petición y rastreos en bases de datos, varios documentos, entre ellos, los registros de la Cámara de Comercio de Medellín del señor Jaime Orrego Arenas. Con esos papeles pudimos encontrar información como las direcciones de sus propiedades, la trazabilidad del incremento exponencial de su fortuna, incluso, un correo electrónico que lo vincula a un clan minero presuntamente relacionado con actividades criminales.
Es el mismo correo con el que aparece registrado el Hotel Cacique Bolívar de Amalfi, Antioquia, cuyo representante legal era Saúl Orrego Arenas, uno de sus hermanos. Jaime Orrego anotó siempre como domicilio de sus empresas dos direcciones del barrio Laureles de Medellín que corresponden a modestas viviendas de uso residencial.
Arriba: Orrego registró como domicilio de sus empresas una casa en Laureles (Medellín). Abajo: El modesto taller “Mazda Camperos” en Caucasia. Jaime lo compró hace dos décadas a su hermano Octavio de Jesús, padre de Patricia Orrego Barrios, la “reina del oro” asesinada en enero de este año en una vendetta mafiosa por la propiedad de una mina en Amalfi (Antioquia).
Sus reportes de activos ante la Cámara de Comercio de Medellín para el año 2006 fueron de tan solo 12 millones de pesos. Tres años más tarde, en 2010, reportó ingresos por cincuenta millones, los cuales, apenas en el transcurso de un año se multiplicaron casi por ocho, pues reportó 380 millones de pesos en 2011. Pero el salto abrupto ocurrió en 2013, el mismo año en que inició el proceso de extinción de dominio en su contra. Entonces Orrego informó poseer activos totales por 40 millones que contrastaron con una desproporcionada cifra de ingresos operacionales de 4.313 millones de pesos.
Este sospechoso crecimiento exponencial de su fortuna no fue tenido en cuenta por la Fiscalía en febrero pasado, cuando decidió declarar improcedente la extinción de dominio en su contra. Como argumento para absolverlo, el fiscal del caso se decantó por las explicaciones de un perito contable que había sido pagado por la defensa de Orrego. Obviamente, el concepto de ese perito era favorable a su cliente y, en todo sentido, contrario a otro informe pericial de la Policía que indicaba un posible enriquecimiento ilícito del ganadero.
Según este documento de la Cámara de Comercio de Medellín el señor Jaime Orrego movió más de cuatro mil millones de pesos en 2013, una cifra desproporcionada para un comerciante que sólo declaró ante la entidad poseer una taberna y un modesto taller de carros en Caucasia
Lo que no establecieron en su momento los investigadores de la Fiscalía, pero sí lo pudo confirmar RAYA, es que Jaime Orrego Arenas pertenece a un clan de mineros oriundo de Zaragoza y Amalfi, el cual es señalado de sostener múltiples relaciones con grupos criminales.
Miembros de su familia llevan una década inmersos en una guerra mafiosa por el control de La Comba, una mina de oro en el cañón del río Porce, confrontación que ya ha dejado una masacre, múltiples atentados y más de treinta homicidios en lo que va corrido de este año, incluyendo el asesinato de su sobrina, Patricia Orrego Barrios, conocida como “la reina del oro” y relacionada con la banda criminal El Mesa. Documentos judiciales dejan ver que Patricia mantuvo una relación sentimental con un jefe preso del ELN apodado “Horqueta”.
Antes del ataque de sicarios que le quitó la vida el 7 de enero de este año a las afueras de Medellín, Patricia Orrego había logrado esquivar otro proceso de extinción de dominio en su contra gracias a presuntas maniobras corruptas sobornando a los agentes de inteligencia militar y funcionarios de la Fiscalía que llevaban las investigaciones, según indicó a RAYA una fuente enterada del caso. Patricia Orrego era hija de Octavio de Jesús Orrego Arenas, otro minero ya fallecido y hermano de Jaime. Ambos tuvieron negocios en común en Caucasia.
El asesinato de Patricia Orrego en una gasolinera de Girardota a comienzos de este año se atribuye a una retaliación de la banda criminal El Mesa por incumplir los tratos con ellos
Jaime Orrego tampoco se ha librado de las venganzas mafiosas. Un antiguo comerciante de oro que se movía entre Segovia y Zaragoza contó a RAYA que a comienzos de este año hubo un conato de atentado contra él, que se suma a otro ataque en el que estuvo a punto morir en 2020, cuando un comando de sicarios fue neutralizado a tiros por sus escoltas en el barrio La Y de Caucasia, cerca al sitio donde funcionaba uno de sus establecimientos comerciales.
RAYA intentó comunicarse con Orrego, a través de los correos electrónicos que registró en la Cámara de Comercio de Medellín, pero al cierre de este reportaje no había sido posible conocer su versión de los hechos aquí narrados.
Por ahora, será la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá la que tendrá que decidir en segunda instancia si La Cristalina regresa a las manos del cuestionado ganadero o, por el contrario, queda en poder del Estado para engrosar el fondo de tierras que son entregadas a los campesinos en el marco de la reforma agraria para la que siempre se ha dicho que no hay tierras productivas disponibles.
