La captura de Ruth López, abogada anticorrupción, y de otros defensores, marca una nueva fase del autoritarismo en El Salvador. Mientras el régimen de excepción permite detenciones sin proceso, el Congreso aprueba una ley que criminaliza a organizaciones que reciben fondos del exterior. En este clima, protestar o defender derechos humanos se ha vuelto un riesgo de cárcel en el país centroamericano.
Por David González M.
El pasado 18 de mayo, Ruth López, abogada de DD.HH. y jefa de la unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue capturada en su casa en El Salvador. No fueron claras las razones de su detención hasta el pasado 3 de junio, cuando la Fiscalía presentó una acusación formal y luego el juez impuso reserva total al proceso. López era una de las principales voces críticas contra los abusos de poder del mandatario Nayib Bukele. Una de sus denuncias más importantes señaló el uso de fondos públicos para espiar a periodistas y defensores de DDHH.
Por información filtrada, se sabe que la Fiscalía la acusa de presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el Tribunal Supremo Electoral. Pero no mucho más: todo se maneja con secretismo, incluso para los pocos periodistas independientes que quedan en el país. Cristosal rechazó la detención a través de un comunicado y aseguró que se dio mediante engaños.
La última imagen de López se conoció recién el pasado 4 de junio. Escoltada por la policía pasó frente a los periodistas con una Biblia en la mano. Gritó: “No me van a callar, quiero un juicio público”. Todo el proceso ha sido llevado a puerta cerrada. La abogada fue enviada a un centro penal.
Con la captura de López, vino la aprobación —por parte del Congreso de mayoría oficialista— de una Ley de de Agentes Extranjeros que otorga facultades al mandatario para sancionar o cerrar organizaciones etiquetadas como “agentes extranjeros”. La ley fue aprobada sin debate ni consulta pública y le da al gobierno el poder de controlar organizaciones o medios independientes que sobreviven o reciben fondos de cooperación internacional.
En ese marco de represión, el pasado 13 de mayo, Alejandro Enrique, un abogado ambientalista, fue capturado mientras acompañaba una protesta pacífica de campesinos de la cooperativa El Bosque, que estaban a punto de ser desalojados. Junto a él fue detenido un pastor cristiano que también acompañaba la protesta. El pasado 30 de mayo, un juez, en menos de tres minutos, dictaminó que los acusados deberían permanecer en prisión preventiva por seis meses mientras se determina si son responsables de “desórdenes públicos y resistencia agresiva a la detención”.
Carlos Flores, líder del Foro del Agua y cercano a Enrique, dijo a RAYA: "La situación posterior a su detención nos deja muy claro que el caso tiene un fundamento principalmente político. Tiene que ver con la desarticulación de la organización comunitaria y la generación de terror en las organizaciones sociales que trabajamos con las comunidades."
Bukele y el régimen del miedo
Lo cierto es que hoy en El Salvador cualquier persona puede ser capturada, con o sin proceso judicial, llevada a una de las famosas cárceles Bukele y pasar meses o años antes de que se defina su situación. La razón: el régimen de excepción y la alta popularidad del mandatario, quien logró reducir la tasa de homicidios a un alto precio social y se ha convertido en un cheque en blanco para la deriva autoritaria.
En 2015, la tasa de homicidios en El Salvador era de 106 personas por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. La respuesta de Nayib Bukele, una vez electo, fueron las capturas masivas: 85.000 personas, equivalentes al 8% de los hombres jóvenes del país, fueron detenidas. Gracias a un estado de excepción, los detenidos pueden permanecer indefinidamente en prisión sin ningún proceso. La estrategia de seguridad a corto plazo dio resultado: en 2024, la tasa de homicidios era de 1,4 personas por cada 100.000 habitantes.
Pero ahora que las medidas se vuelven insostenibles en el mediano plazo, la figura de Bukele empieza a agrietarse. En parte, por las denuncias del periodismo independiente que apuntó a las sombras de esa estrategia. Además de detenciones masivas, medios como El Faro denunciaron que Bukele pactó con pandillas al comienzo de su mandato, incluso antes de su primera elección.
A estas denuncias se suma el declive económico del país. Sus mediáticas estrategias con la criptomoneda oficial, alianzas con los sectores conservadores trumpistas de Washington y lanzamientos de ciudades bitcoin no han logrado mayor impacto en la vida diaria de los salvadoreños Según encuestas locales, 8 de cada 10 personas han disminuido la cantidad de alimentos que consumen al día. Hoy, hay un millón de personas más bajo la línea de pobreza en comparación con la situación antes de su llegada al poder.
La respuesta de Bukele a las críticas ha sido más autoritarismo.
En un space en la red X, varios líderes sociales denunciaron lo que significa hoy ejercer la defensa de derechos humanos en El Salvador. La abogada Ingrid Escobar describió lo que está pasando en el país centroamericano; “Así fue como comenzó toda esta gran alerta en el régimen de excepción. ¿Ustedes recuerdan? Comenzaron capturando a José León y Bonilla, que en paz descanse, quien fue torturado y duró cuatro meses en las cárceles.”
Y agregó: “Acto seguido, (capturaron) al compañero sindicalista Giovanni Antonio Irrelopez, quien en este momento se encuentra desaparecido, en desaparición forzada en los centros penitenciarios. También a la compañera Lolita Mendares, que tenía un trabajo enorme en la Alcaldía de Cuscatancingo y quien estuvo siete meses presa injustamente, dejando a sus niños menores de cinco años prácticamente al cuidado de sus hermanitos mayores.”
Escobar explicó que otros compañeros y compañeras sindicalistas y defensores de derechos humanos también han sido criminalizados. Mencionó que, por el simple hecho de alzar un megáfono para defender a sus representados, denunciar la corrupción gubernamental o las detenciones arbitrarias, han enfrentado consecuencias. Cerca de 30 sindicalistas, bajo el régimen de excepción, han sido enviados a centros penales. En muchos de estos casos, han sido acusados de agrupaciones ilícitas, aplicando el protocolo completo del régimen de excepción. En otros, se les ha imputado el cargo de "desórdenes públicos y resistencia", lo que les ha permitido aplicar el régimen de excepción en cuanto al tiempo de detención, extendiéndolo de 72 horas a 15 días, incluso cuando se trata de delitos comunes.
Además insistió en que más allá de los compañeros sindicalistas procesados, existen miles y miles de víctimas inocentes que, sin ser defensores, fueron detenidos de manera arbitraria. “Actualmente, cumplimos 38 meses de esta medida, es decir, tres años y dos meses viviendo bajo el régimen de excepción. ¿Y qué ha significado todo esto?”
Bertha Deleon, defensora de DDHH, dijo que el agravante es que no tienen a quién acudir ante estos abusos de poder: “¿Ante quién vamos a señalar las nulidades si el sistema de justicia entero está cooptado? Eso es lo grave y lo que nos hace también alzar la voz”
Carlos Flores, de la plataforma de organizaciones sociales que promueve el derecho humano al agua en El Salvador, no duda en señalar que Bukele apunta a las organizaciones civiles como sus enemigos. La ley mordaza, o de agentes extranjeros, es prueba de eso. “No tiene sentido que a los fondos que van orientados a resolver problemas sociales, problemas de desabastecimiento de agua, de falta de medicina en los hospitales, de construcción de unidades de salud, de escuelas, entrega de equipamiento, no es racional que se les cobre el 30% de impuestos”, explicó a RAYA.
Y agrega que cree que la discusión va más allá de los fondos. “Lo vemos como una herramienta para callar a las voces más críticas que tiene el el presidente Nayib Bukele.” Explica que con la ley podrían establecer sanciones de miles de dolares que llevarían a varias organizaciones a cerrar. “El mensaje es clarito, si se meten, los vamos a cerrar, les vamos a quitar sus bienes o los vamos a meter presos, ¿verdad?”
Flores hizo un llamado a no mantenerse en silencio ante lo que pasa en El Salvador. Para él la deriva autoritaria además tiene como trasfondo facilitar la intensificación extractivista y la explotación de lo público. “La gente debe mantenerse pendiente, vigilante y, sobre todo, debe emitir sus opiniones en este momento más que en otros. El mensaje que está dando el presidente es claro: este es un enfrentamiento entre los oligarcas y los empobrecidos, hasta quitarles el último atisbo de vida que tengan. Van por todo. Van por el agua, por la tierra, por el bosque, por el aire limpio y por cualquier elemento que pueda generar ganancias y que aún esté en mano de la gente.”
